Carlos Tablante:
Una de las tareas urgentes de la nueva Asamblea Nacional es restablecer la
plena vigencia de la Constitución en todas las áreas.
Las
prioridades están en los temas económicos, sociales y de seguridad ciudadana y
justicia. Sin duda, la corrupción y la impunidad, causas principales de los
males que estamos padeciendo, tendrán especial atención.
Para todo
ello es indispensable convocar a los gobernadores y alcaldes y darles apoyo
para la realización de las tareas que sea necesario acometer. Debemos revisar
el funcionamiento del Consejo federal de gobierno y de los Consejos estadales
de planificación para optimizar y hacer más eficiente el gasto de inversión
pública en estos momentos de grave crisis económica y social.
El artículo
4 de la Constitución Nacional define a Venezuela como un estado federal y
descentralizado. Los artículos 157 y 158 señalan a la descentralización como
una política nacional dirigida a profundizar la democracia transfiriendo
competencias hacia los estados, municipios y comunidades.
La existencia
de una serie de competencias exclusivas y concurrentes entre los distintos
niveles de gobierno hace necesario revisar la aprobación de leyes contrarias a
los principios constitucionales que se han producido en los últimos años. Por
ejemplo, hay que devolver a los gobiernos regionales la administración de
autopistas, puertos y aeropuertos ya que se trata de competencias exclusivas,
entre muchas otras.
Por otro
lado, sin autonomía financiera no hay descentralización posible. Se debe exigir
el cumplimiento estricto de la asignación del Situado constitucional y la
revisión y promulgación de la Ley de Hacienda Pública Estadal, aprobada y
engavetada desde 2004.
Como hemos
dicho, la descentralización es el verdadero poder popular que se debe expresar
mediante la corresponsabilidad y sin las ataduras del control clientelar y
paternalista impuesto por el centralismo autoritario y militarista.
El objetivo
de la descentralización es transferir poder al municipio y a la sociedad como
garantía de un buen gobierno, transparente y eficiente.
No estamos
en desacuerdo con la figura de los consejos comunales siempre y cuando estas
instancias sean verdaderamente representativas de las comunidades y sus
directivos sean escogidos democráticamente, sin necesidad de que sus registros
y proyectos sean controlados por el gobierno central como ocurre ahora con el
ministerio de las Comunas.
Hemos
insistido que la transferencia estado-municipio y la transferencia
estado-sociedad, son los motores de la descentralización que necesitamos en
estos tiempos. Ello significa que las municipalidades y los consejos comunales
deben convertirse en estructuras básicas para el relanzamiento de la
descentralización en Venezuela.
Actualmente,
por las desviaciones autoritarias y militaristas presentes en el gobierno, las
organizaciones de base comunitaria están controladas por el poder central,
anulando a las instancias intermedias: estados y municipios. A través de la
imposición de un estado comunal inconstitucional han intentado borrar del mapa
a los estados, a los gobernadores, a los municipios y alcaldes, los consejos
municipales y las juntas parroquiales. La intención ha sido secuestrar a los
movimientos comunitarios y usarlos como instrumentos de choque y conflicto al
servicio exclusivo de una parcialidad política.
Debe existir la coordinación y la colaboración desde
un Municipio fortalecido para promover así un auténtico poder popular que
funcione en doble vía: de arriba hacia abajo con transferencia de poder del
nivel central a los estados, de los estados a los municipios y de éstos a las comunidades.
Se trata de municipalizar la vida pública, fortalecer la instancia de poder más
cercana a la gente. Y de abajo hacia arriba, con unas comunidades más activas,
más comprometidas y organizadas, movilizadas, contraloras del gasto para evitar
el derroche, la ineficiencia y la corrupción. Organizaciones populares que exijan
transparencia y rendición de cuentas a los administradores de los dineros
públicos.
La verdadera
autonomía fiscal de los estados pasa necesariamente por la reactivación del
aparato productivo. Precisamos de una economía basada en el emprendimiento, la
innovación, que nos permita abastecernos y ser capaces de transformar nuestras
materias primas en productos terminados hechos en Venezuela para convertirnos
en exportadores y depender menos de las importaciones. Nuestra economía debe
ser productiva y solidaria, pero no se puede repartir riqueza si ésta no se
genera.
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