La descentralización es el verdadero poder popular

Carlos Tablante: 

Una de las tareas urgentes de la nueva Asamblea Nacional es restablecer la plena vigencia de la Constitución en todas las áreas.

Las prioridades están en los temas económicos, sociales y de seguridad ciudadana y justicia. Sin duda, la corrupción y la impunidad, causas principales de los males que estamos padeciendo, tendrán especial atención.

Para todo ello es indispensable convocar a los gobernadores y alcaldes y darles apoyo para la realización de las tareas que sea necesario acometer. Debemos revisar el funcionamiento del Consejo federal de gobierno y de los Consejos estadales de planificación para optimizar y hacer más eficiente el gasto de inversión pública en estos momentos de grave crisis económica y social.

El artículo 4 de la Constitución Nacional define a Venezuela como un estado federal y descentralizado. Los artículos 157 y 158 señalan a la descentralización como una política nacional dirigida a profundizar la democracia transfiriendo competencias hacia los estados, municipios y comunidades.

La existencia de una serie de competencias exclusivas y concurrentes entre los distintos niveles de gobierno hace necesario revisar la aprobación de leyes contrarias a los principios constitucionales que se han producido en los últimos años. Por ejemplo, hay que devolver a los gobiernos regionales la administración de autopistas, puertos y aeropuertos ya que se trata de competencias exclusivas, entre muchas otras.

Por otro lado, sin autonomía financiera no hay descentralización posible. Se debe exigir el cumplimiento estricto de la asignación del Situado constitucional y la revisión y promulgación de la Ley de Hacienda Pública Estadal, aprobada y engavetada desde 2004.

Como hemos dicho, la descentralización es el verdadero poder popular que se debe expresar mediante la corresponsabilidad y sin las ataduras del control clientelar y paternalista impuesto por el centralismo autoritario y militarista.

El objetivo de la descentralización es transferir poder al municipio y a la sociedad como garantía de un buen gobierno, transparente y eficiente.

No estamos en desacuerdo con la figura de los consejos comunales siempre y cuando estas instancias sean verdaderamente representativas de las comunidades y sus directivos sean escogidos democráticamente, sin necesidad de que sus registros y proyectos sean controlados por el gobierno central como ocurre ahora con el ministerio de las Comunas.

Hemos insistido que la transferencia estado-municipio y la transferencia estado-sociedad, son los motores de la descentralización que necesitamos en estos tiempos. Ello significa que las municipalidades y los consejos comunales deben convertirse en estructuras básicas para el relanzamiento de la descentralización en Venezuela.

Actualmente, por las desviaciones autoritarias y militaristas presentes en el gobierno, las organizaciones de base comunitaria están controladas por el poder central, anulando a las instancias intermedias: estados y municipios. A través de la imposición de un estado comunal inconstitucional han intentado borrar del mapa a los estados, a los gobernadores, a los municipios y alcaldes, los consejos municipales y las juntas parroquiales. La intención ha sido secuestrar a los movimientos comunitarios y usarlos como instrumentos de choque y conflicto al servicio exclusivo de una parcialidad política.

Debe existir la coordinación y la colaboración desde un Municipio fortalecido para promover así un auténtico poder popular que funcione en doble vía: de arriba hacia abajo con transferencia de poder del nivel central a los estados, de los estados a los municipios y de éstos a las comunidades. Se trata de municipalizar la vida pública, fortalecer la instancia de poder más cercana a la gente. Y de abajo hacia arriba, con unas comunidades más activas, más comprometidas y organizadas, movilizadas, contraloras del gasto para evitar el derroche, la ineficiencia y la corrupción. Organizaciones populares que exijan transparencia y rendición de cuentas a los administradores de los dineros públicos.

La verdadera autonomía fiscal de los estados pasa necesariamente por la reactivación del aparato productivo. Precisamos de una economía basada en el emprendimiento, la innovación, que nos permita abastecernos y ser capaces de transformar nuestras materias primas en productos terminados hechos en Venezuela para convertirnos en exportadores y depender menos de las importaciones. Nuestra economía debe ser productiva y solidaria, pero no se puede repartir riqueza si ésta no se genera.