domingo, 29 de noviembre de 2015

Kirchner y Maduro ¿fin de una época?

Nelson Acosta Espinoza
Bien, amigos lectores,  en Argentina se ha producido un cambio político de carácter sustancial. El candidato opositor Mauricio Macri ha puesto fin a la hegemonía ejercida por el kichnerismo en estos últimos doce años (2003-2015). En las actuales circunstancias políticas (a ocho días del 6D), parece pertinente reflexionar sobre esos resultados y, desde luego, su posible impronta en las próximas elecciones parlamentarias en el país.

¿Qué revela el resultado de esas elecciones? ¿Cuál podría ser su enseñanza de cara a las  votaciones el 6D? En principio, podríamos señalar que evidencian la derrota de una lógica política. En Argentina, al igual que en nuestro país, se instrumentó un discurso político que escindía a la sociedad en dos partes mutuamente excluyentes.  Esta “razón” funcionó mientras los ingresos del estado fueron altos. En el caso de la argentina, los dividendos provenientes del sector agro exportador, en nuestro país, los derivados de la exportación petrolera.

El gobierno de los esposos Kirchner, al igual que la dupla Chávez- Maduro,  aplicaron a sus respectivos países un discurso que podemos definirlo como populista. Tres elementos centrales podemos subrayar en ese relato: se idealiza al pueblo, se privilegia una relación directa entre dirigente y las masas, y, finalmente, una aversión a las instituciones del pluralismo democrático. Esta narrativa generó una apuesta de naturaleza “mágica”: democracia de plaza llenas, puños alzados y caudillos afectuosos. En fin, una democracia sin ciudadanos y carente de diversidad pluralista. 

Ambos modelos construyeron una política de nosotros o ellos. Se atornillaron en torno a la creencia de que era posible que una vanguardia iluminada estuviera llamada a liderar a las masas. Este culto al personalismo, desde luego, trajo consigo cancelación de la condición de ciudadano.

Ahora bien, el fracaso de este dispositivo discursivo, hoy día, es un hecho. En consecuencia, es válido preguntarse qué opción podría presentarse como sustituto a esta relación política concebida en términos de “amigo-enemigo”.

Bien, amigo lector, voy recurrir al concepto de “elección crítica” (V.O. Key, 1955.) para caracterizar nuestra próxima elección parlamentaria. La ciencia política define este tipo de elección de la manera siguiente. “Proceso en el que se produce una transferencia masiva del voto de una a otra fuerza política, es decir, como un movimiento del electorado que altera los patrones de comportamiento electoral y la distribución del poder”.

Las elecciones del 6D, en consecuencia,  podrían  calzar la definición adelantada por V.O. Key. ¿En qué sentido? Bien, si las predicciones de casi la totalidad de los estudios de opinión se cumplen, estaríamos en presencia de unas elecciones de naturaleza crítica. Una nueva mayoría se estaría constituyendo alrededor del rechazo al gobierno. En consecuencias los patrones de distribución de poder podrían ser  afectados seriamente.

Los vientos del sur alientan los cambios por venir en el país. Una mayoría parlamentaria oposicionista, por ejemplo, tendría la misión de introducir iniciativas legislativas para iniciar el desmantelamiento de este estado socialista. Desde luego, la tarea no será fácil. La violencia comienza a ensombrecer el panorama político. El Presidente, continuamente lanza amenazas de recurrir a la calle, sí es derrotado en estas elecciones. Vamos a pensar que las mismas constituyen una táctica de quien se siente derrotado.

Indudablemente, son históricas estas elecciones. Sus resultados iniciaran la senda que conducirá hacia la restitución democrática en el país. Esperamos que esta unidad dentro de la diversidad (MUD) permanezca en el tiempo y proporcione sólido soporte a nuevas iniciativas políticas  por venir.




Nicolás Maduro, el demócrata



El presidente de Venezuela se refería recientemente a qué pasará en el caso de que la oposición llegase a obtener la mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre. “Nosotros no entregaríamos la revolución y… gobernaríamos con el pueblo en unión cívico-militar”, dijo. Como buen demócrata, Nicolás Maduro se apresuró a aclarar que todo eso lo haría con “la Constitución en la mano”. Al presidente se le olvidó comentar el pequeño detalle de que la Constitución no contempla un Gobierno “cívico-militar” ni la posibilidad de desconocer los resultados electorales. De lo que no se olvidó fue de pronosticar que, “si fracasa la revolución, habrá una masacre”.
Pero el presidente también ha dejado claro que la oposición no va a ganar. Esa posibilidad la describe como un “escenario negado y transmutado” (no; yo tampoco sé qué es un escenario transmutado). Sorprende la seguridad que tiene Maduro de que es imposible (o “transmutado”) que la oposición gane la mayoría parlamentaria, ya que todas las encuestas registran un abrumador repudio al Gobierno en general y a él en particular. Entonces, ¿por qué está tan confiado? Por muchas razones, la mayoría de las cuales no tienen que ver con eso que llaman “elecciones limpias”. Por dar un ejemplo, Maduro sabe que cuenta con miles de funcionarios como José Miguel Montañez, el gerente de la aduana del aeropuerto de Maracaibo. El señor Montañez fue grabado por uno de sus subordinados cuando ordenaba a todo el personal que votara por los candidatos del régimen y les exigía que al día siguiente de las elecciones llevaran una foto de su voto, como prueba de que lo hicieron “correctamente”. Maduro también sabe que puede contar con el uso indiscriminado del dinero del Estado para apoyar a sus candidatos.

Además, inhabilitar a los líderes de la oposición, encarcelarlos (y, a veces, asesinarlos) o que milicias armadas ataquen frecuentemente las marchas contrarias al oficialismo seguramente nutre su confianza de que es imposible que el “escenario transmutado” prevalezca.
Finalmente, Maduro sabe que controla los medios de comunicación que llegan a las grandes mayorías. Una reciente evaluación estadística de Javier Corrales y Franz von Bergen revela que la televisión (pública y privada) apenas menciona a la oposición —salvo para denunciarla— mientras que el oficialismo es omnipresente y sus iniciativas reciben calurosos halagos. Un buen indicio de la férrea censura del Gobierno a los medios es el hecho de que la televisión no ha informado o discutido sobre la detención, en Haití, de dos sobrinos de la primera dama, acusados de estar involucrados en el tráfico de 800 kilos de cocaína. Tampoco que estos jóvenes están siendo procesados en un tribunal en Manhattan.
Pero el arresto de los sobrinos y lo que ellos están contando a las autoridades estadounidenses no son la única preocupación de Maduro y su Gabinete. Con creciente frecuencia altos funcionarios venezolanos piden asilo en EE UU y hacen graves revelaciones sobre la criminalidad del Gobierno.
Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) parece haber despertado de su letargo y su nuevo secretario general, Luis Almagro, ha enviado una carta de 18 páginas a Tibisay Lucena, la jefa del Consejo Nacional Electoral (CNE), documentando las irregularidades y abusos gubernamentales que tolera de modo complaciente y cómplice el organismo que ella —una conocida simpatizante del régimen— supervisa desde 2006. Almagro concluye que las elecciones del 6 de diciembre “no están garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral que usted desde el CNE debería garantizar”. El nuevo jefe de la OEA también se atrevió a condenar el asesinato de un líder opositor, lo cual generó la inmediata y sofisticada reacción del estadista venezolano: “Almagro es una basura, con el perdón de la basura”.
Las inéditas denuncias de Almagro simbolizan la erosión del benevolente ambiente internacional del que ha disfrutado durante 15 años el Gobierno de Venezuela. Cristina Kirchner está fuera y Dilma Rousseff se tambalea. Los cubanos están “normalizándose” con Estados Unidos. Los elogios de la izquierda del mundo a la “Revolución Bolivariana” se han hecho menos automáticos o patentes (véase Podemos). Está por publicarse una carta firmada por numerosos y muy prestigiosos jefes y ex jefes de Estado exigiendo a Maduro que libere a los presos políticos y garantice elecciones limpias. El petróleo está a la baja y en Venezuela la inflación, la devaluación de la moneda y los asesinatos baten récords mundiales. Desabastecimiento y desmoralización. Los problemas son muchos y las soluciones, inexistentes.
Pero entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela? Hay tres escenarios:
1. La patada al tablero: el Gobierno suspende las elecciones o perpetra un fraude masivo y visible.
2. El Gobierno hace milagros: Gana en buena lid y demuestra así que todas las encuestas estaban equivocadas.
3. Maduro se da un baño de democracia: la oposición gana y Maduro le concede la victoria. Eso lo legitima ante el mundo y suaviza las presiones internacionales. Sus aliados declaran con alivio que, “una vez más, se demuestra que en Venezuela hay una democracia”.
Creo que este último es el escenario más probable. También creo que, de ganar la oposición, el régimen le quitará presupuesto, atribuciones y poder a la Asamblea Nacional. Este no sería un truco nuevo: en 2008 el opositor Antonio Ledezma ganó la alcaldía de Caracas e inmediatamente el presidente Hugo Chávez transfirió el presupuesto y las principales atribuciones del cargo a un nuevo ente bajo su control. Después, Maduro —ya como presidente— ordenó arrestar a Ledezma, quien ha pasado así a engrosar las filas de los muchos presos políticos del régimen.
El mensaje: una democracia no se mide por lo que pasa el día de la votación, sino por la manera en la que el Gobierno se comporta durante su mandato. Y una tiranía lo sigue siendo aunque haga elecciones. Y aunque las pierda.


domingo, 22 de noviembre de 2015

Cuidado con el “gatopardismo”

Nelson Acosta Espinoza
Se acerca el 6D. Fecha que será emblemática en nuestra historia. Marcará el inicio del cambio que tanto anhela la mayoría de los venezolanos y requiere el país. Esta afirmación descansa en la evidencia que muestra la casi totalidad de los estudios de opinión. Sin excepción,  señalan  una ventaja considerable de la tarjeta de la unidad en estas elecciones parlamentarias. La nación se encamina, sin la menor duda, hacia la clausura de este régimen político y de su modelo económico.

Estamos, pues, ante una oportunidad histórica. ¿En qué sentido? Las elecciones parlamentarias abrirán el camino para iniciar la construcción de un nuevo modelo de desarrollo político y económico. Una ruta que cancele, de una vez y para siempre, la que ha predominado a lo largo de estos quince años de socialismo del siglo XXI. Desde luego, estas votaciones per se no provocaran este cambio. Se requerirá iniciar un debate intenso sobre las alternativas a desarrollar en el futuro inmediato. En este intercambio habrá de procurar que intervengan el mayor número de actores posibles y se analicen diversidad de propuestas en torno a la dirección de la transformación política que tanto ansían los ciudadanos.

Desde luego, es vital estar pendiente acerca de los posibles peligros que siempre amenazan situaciones de esta naturaleza. ¿Qué queremos decir?  En otras palabras, ¿de que naturaleza son los riesgos que se deben enfrentar? Bien, las eventualidades son  diversas. La primera que viene a mi mente es sortear el llamado “gatopardismo”: Hace falta que algo cambie para que todo siga igual. Este concepto alerta acerca de la tendencia de crear una apariencia de cambio con el fin último de que la base, el núcleo del sistema, permanezca incólume e inalterado.

El “gatopardismo” es un peligro real que se ha experimentado en distintas ocasiones a lo largo de nuestra historia contemporánea. La renta petrolera, para mencionar un ingrediente, ha servido de sustento a este modelo de “cambio” que se ha ejercitado en el país desde finales de la década de los setenta del siglo pasado.

Asociada a esta práctica se encuentra, lo que autores como Terry Lynn Karl ha denominado, la “paradoja de la abundancia” (The Paradox of Plenty). “La profusión de recursos naturales tiende, entre muchos otros procesos endógenos de carácter patológico, a distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos, a redistribuir regresivamente el ingreso nacional y a concentrar la riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la pobreza, se originan crisis económicas recurrentes y se consolidan mentalidades «rentistas», además de profundizar la débil y escasa institucionalidad, alentarse la corrupción y deteriorarse el ambiente”.

Toda nuestra historia reciente se encuentra contaminada por estas dos “enfermedades”. Expertos en el país la han diagnosticado. Sin embargo, la estructura cognitiva de nuestra clase política le ha impedido ir a la búsqueda de nuevos modelos que superen estas dos calamidades.

El 6D será necesario derrotar el chavismo (expresión radical de estas dos desgracias), pero, igualmente, es indispensable iniciar un debate que permita desplazar esta estructura narrativa. Creo no equivocarme al afirmar que la misma  ha predominado consistentemente  en el núcleo “duro” de la clase política del país.

Las negociaciones  y sus resultados asociados al conflicto universitario, por ejemplo,  ejemplifican esta práctica “gatopardiana”. El oficialismo la asumió como política. Los dirigentes gremiales fueron cooptados y convalidaron que “hacía falta que algo cambie, para que todo siguiera igual”. Los universitarios vamos a sufrir, en el futuro inmediato,  el “éxito” de esta práctica política.

Hay que estar atentos para poder derrotar estas dos desviaciones que han estado  presentes a lo largo de nuestra historia reciente.

La universidad en su laberinto




Argenis Urdaneta

Crisis universitaria: antecedentes y soluciones

La situación de la universidad venezolana en nuestros días no es la misma de la universidad con el régimen democrático. Es cierto que en el pasado tuvo momentos de perturbación y de tensión, pero estos fueron  superados en beneficio de un desarrollo armónico de la universidad.

El régimen político actual, aún manteniendo formas democráticas, tiene características autoritarias: militarismo con expresiones de fascismo y totalitarismo, acompañado de populismo. Es un régimen que se se caracteriza por la concentración de poder, que procura el control de la economía y asegurar el control sobre la Fuerza Armada.

Se define como socialista, identificándose como “socialismo del siglo XXI”, mezclado con el “bolivarianismo”, conformando el fundamento de una ideología (en sentido arendtiano) para la dominación.

Debido a la dependencia de la renta petrolera la reciente caída de los precios del crudo deriva en una muy grave crisis económica. Además, en esto ha incidido la manera en que el gobierno ha manejado la economía al no enfrentar un descenso previsible de los precios, propias del mercado petrolero.

En ese sentido, el marco de la crisis universitaria es la crisis política, económica y social que vive el país. Y para entenderla es necesario incluir en su estudio tanto elementos estructurales como los de orden cultural e histórico.

Petróleo y militarismo

El debate sobre la actual situación de la universidad no puede divorciarse de la condición de petro-estado, y todo lo relacionado con la renta petrolera. Tampoco puede obviarse el carácter militarista del actual régimen. La universidad venezolana es una organización altamente dependiente del financiamiento estatal, y siendo el venezolano un petro-estado, la dependencia económica financiera de la universidad se da con la renta petrolera. Esa relación dependiente es una herencia del siglo pasado, pues a Venezuela se le considera un petro-estado desde los años 20 (Gómez). Y desde entonces la economía venezolana ha estado sometida a los vaivenes de los precios del crudo.

Tal dependencia incide de manera indirecta en los problemas relacionados con la autonomía aunque son de naturaleza fundamentalmente política más que normativa. La autonomía lo encontramos en el artículo 9 de la Ley de Universidades y el artículo 109 de la Constitución

Ahora, en el siglo XXI, con un desarrollo mayor del capitalismo de Estado, con un mayor control estatal de la economía, y una utilización más política de la renta petrolera, dirigida a un mayor control para la dominación, la autonomía universitaria tiende a debilitarse. La concentración de poder que se ha desarrollado en los primeros años de este siglo, conduce a un mayor control político, y la universidad no escapa a sus efectos. En ese contexto, la dinámica de las relaciones con el Estado hace que una universidad, débil por su dependencia, tienda a ser convertida en un instrumento para la dominación. De allí que desde temprano el CNU-OPSU (Consejo Nacional de Universidades – Oficina de Planificación del Sector Universitario) condicione los aportes económicos para la actividad de investigación, a que haya una sincronía con los Planes Nacionales en la orientación de esa función universitaria.

Lo grave es que la universidad haya ido acomodándose a ello. Por lo que se ha reducido la autonomía, en tanto que no se asume su ejercicio ni se reclama su respeto, en lo que resulta emblemático el problema de las elecciones universitarias, asunto en el que ha habido sumisión y conformidad. No ha habido en ese tiempo una respuesta institucional reivindicatoria de la autonomía.

La militarización de las instituciones y de la sociedad es otro aspecto que ha venido desarrollándose en los primeros años de este siglo, y que en los últimos dos años (2014-2015) se ha asentado con más fuerza; y esa militarización también ha afectado a las universidades. La vida militar no es compatible con la universitaria. La toga es un símbolo, no es un uniforme, y el birrete no cumple la función de la gorra. Y la universidad autónoma y democrática se hace inviable. Y en esto se hace preocupante las expresiones del gobierno universitario, que asemeja más a los principios de jerarquía, disciplina y obediencia, que a expresar los principios de libertad e igualdad.

Es necesario tomar en cuenta rasgos culturales del venezolano vinculados con la dependencia de la renta y con la cuestión militar. Existe una cultura rentista que no valora suficientemente el trabajo y que convierte al venezolano en una especie de heredero que reclama su participación, y que desarrolla una relación con el ciudadano caracterizada por el paternalismo o patrimonialismo, que a su vez afecta el ejercicio de ciudadanía.

Asimismo, la cuestión militar también es un problema cultural e histórico. Desde nuestra independencia, se da una relevante importancia a lo militar. Desde 1830 en las constituciones se le otorga derechos, en sentido de privilegio, al ciudadano soldado o al soldado ciudadano. Se trataba del reconocimiento de los héroes, los soldados que “con su sacrificio dieron la independencia”. Y se extiende a “sus herederos”, los soldados de la patria. Así, se ha consagrado una mentira según la cual el actual ejército venezolano es identificado como continuación del Ejercito Libertador, cuando en realidad fue creado por Juan Vicente Gómez. Además, nuestra historia política está llena de gobiernos militares, y muy pocos años de gobiernos civiles (los pocos meses de Vargas en el siglo XIX y Gallegos en el siglo XX, además de los vilipendiados 40 años de la experiencia democrática de la segunda mitad del siglo pasado). El venezolano, sin hacer conciencia de ello, ve natural rendirle culto al militar y a lo militar.

Viabilidad institucional

El funcionamiento de la universidad tiene una estrecha relación con la organización universitaria. Es importante debatir sobre la si de debe mantener la organización en Facultades o en departamentos. O buscar una fórmula que integre ambas experiencias. Esto incluiría la estructura del gobierno universitario en los diversos órganos de decisión y de dirección, cuestión a la que el régimen ha dado un manejo demagógico, con una expresión propagandista sobre la democracia participativa; de allí que, para el momento en el que se debatía sobre la posible reforma a la Ley de Universidades, se propusiera la paridad en la conformación del gobierno universitario.

En lo que respecta a las reglas de juego en el ámbito interno, ellas deben estar relacionadas con las características de la organización de la universidad, desarrollando el juego suma variable (negociación y ganar-ganar), propio de la política, y no el juego suma cero (gana-pierde), propio de la guerra. La pluralidad propia de la dinámica universitaria se enfrenta a la dominación de un solo sector, como quiere el régimen, y eso incluiría mecanismos ideologizantes en la actividad docente. Por lo que hay que destacar y reivindicar la importancia del principio de la libertad de cátedra.

El debate de ideas relacionado con lo académico, que también alcanza la política como ciencia, conocimiento y arte, incluye lo relacionado con la vida económica y social de los actores. Lo que implica atender a problemas gremiales y sindicales, debido a la existencia de dos patronos, uno interno (la universidad) y otro externo (el Gobierno o Estado). Para los estudiantes, la participación es de tránsito, pues sus objetivos son la adquisición de los conocimientos de una profesión, que se formaliza con la obtención de un título. Por lo que tienen intereses que en el futuro se plantean hacia lo externo.

En cambio. los intereses de quienes trabajan en la universidad tienden a arraigarse en ella. Asimismo, hay que incluir el ámbito orgánico de las autoridades y sus relaciones con la vida interna universitaria, así como en sus relaciones con el Estado (especialmente el gobierno nacional). La complejidad de la participación de este actor consiste en su doble rol de profesor y gobierno, mientras que a lo externo es la representación formal de la universidad.

En cuanto a las relaciones de la universidad con la sociedad y sus organizaciones, en el último tercio del siglo pasado comienza a darse un distanciamiento y un aislamiento de la universidad con respecto de esa sociedad a cuyo desarrollo debería contribuir.

En lo que refiere a las relaciones con el Estado, ello obliga a tratar la materia presupuestaria y el financiamiento universitario, así como a las condiciones laborales de su personal, lo que debe responder a condiciones de trabajo y remuneración digna que contribuya al buen desarrollo del acto docente y de investigación.

Pero la crisis que hoy vive la universidad va más allá de su sostenibilidad financiera y de los problemas para cumplir sus funciones de docencia, investigación y extensión. Se trata de una crisis de orden sistémico, en tanto que la existencia de la universidad implica una contradicción antagónica con la orientación del régimen. Por lo que, necesariamente, surge una interrogante sobre su viabilidad institucional. De allí que el conflicto universidad – Gobierno nacional, tienda a expresarse como un conflicto con el Estado, al darse la intromisión del Parlamento nacional y con la amenaza de la futura intervención del Poder Judicial.

De lo antes señalado, se puede desprender que esta crisis universitaria abarca problemas relacionados con el modelo de universidad, al mismo tiempo que implica la defensa de su existencia contra la amenaza gubernamental de su extinción. Lo primero obliga a un debate interno sobre el posible agotamiento del modelo y la necesidad de reformas que permitan su adaptación institucional. Mientras lo segundo exige la defensa de la universidad.

Ese debate interno incluye la funcionalidad de la universidad, así como los problemas estructurales, es decir, su organización y su gobierno. Pero también una redefinición del cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión. Asimismo, habrá que tratar lo relacionado con su financiamiento, y atender el problema de la dependencia del presupuesto estatal y la posibilidad de otras fuentes de ingreso, lo que incluye la relación con la sociedad y sus organizaciones, así como redefinir los alcances de la gratuidad.

La universidad: cambio y transición

Luego de la muerte del presidente Chávez, el 2014 se inicia con conflictividad que deriva en una importante crisis política y económica que se extiende al 2015. Su expresión económica es, principalmente, consecuencia de políticas desacertadas que no permiten enfrentar las consecuencias de una caída de los precios del petróleo, afectando aún más el desenvolvimiento de la economía nacional que ya era deficiente en 2013.

Esa situación económica implica una creciente escasez y una elevada inflación que amenaza con convertirse en hiperinflación, además de un importante déficit fiscal, acompañado del agotamiento de las reservas y las dificultades de atender a la deuda pública (interna y externa). Y en lo político-social se expresa en las dificultades para mantener el paternalismo estatal (clientelismo). Lo que significa que la era postchavez estaría signada por conflictividad y crisis, lo que pone en riesgo la continuidad del régimen.

En los años 2014-2015, la perspectiva de cambio estructural es la expectativa de la oposición. Ese cambio estructural desde la óptica opositora implicaría la transición a una democracia que superara las deficiencias de la anterior experiencia, mientras que desde la óptica de ese sector gubernamental implicaría una transición a un régimen definitivamente militar. Por lo que las perspectivas serían democratización o militarización.

En caso de democratización, la universidad podría prestar una contribución importante en cuanto a la orientación de ese proceso. Mientras que en el caso de militarización la universidad autónoma y democrática sería definitivamente incompatible con el régimen.

Asimismo, para el sector gubernamental sólo estaría planteada la preservación en el poder, lo que opera como forma de resistencia al cambio, tanto en el sentido negativo de enfrentarlo, como en la opción del cambio estructural que rompa con las expectativas de cambio democrático, y garantice, con la fuerza, el control del poder, lo que implica una salida de facto.

Debate universitario

Las condiciones antes mencionadas obligan a un debate sobre la universidad, su viabilidad institucional, el modelo de universidad, el rol de la universidad en el contexto de crisis, su posible contribución al cambio, su aporte en un proceso democratizador. Lo que también implica un debate sobre los aciertos y errores de la universidad autónoma y democrática, tanto respecto de su funcionamiento interno como en relación a la dinámica social económica y política.

Asimismo, es necesario debatir sobre cómo atender a las amenazas de la posible intervención o sobre el riesgo de extinción de la universidad autónoma y democrática. Y sobre las estrategias a definir al respecto. Lo que incluye el análisis crítico sobre el reciente conflicto laboral universitario, así como los problemas del gobierno universitario, incluida la ilegitimidad de la representación como consecuencia de la no renovación por elecciones y el ejercicio irregular de un periodo adicional.

El impulso de ese debate deberá hacerse mediante instrumentos institucionales y con la motivación de actores internos, que actuando como terceros, no sólo lo estimulen, sino que sean capaces de mediar para la conciliación.

Y el ambiente en el que habrá de desarrollarse ese debate requiere de una palabra clave: unidad. Entendiendo que se trata de la unidad de diversos, y no de la unanimidad o unicidad. La unidad en la diversidad no excluye sino que requiere el debate. La unicidad implica la conformación en la voluntad del uno (el único). Sin la unidad de los universitarios será difícil defender la universidad de la arremetida de la unicidad del régimen.

Ese debate deberá ser impulsado desde las instancias de menor jerarquía en la estructura orgánica universitaria, desde abajo hacia arriba, que sea parte de las actividades cotidianas en la universidad, en las clases, en la cátedra; sin obviar el debate más formalizado en diversas instancias de gobierno universitario, desde los Consejos de Escuela hasta el Consejo Universitario. Lo que no implica descartar el debate informal (necesario e inevitable) de diversos grupos universitarios.


domingo, 15 de noviembre de 2015

¿Venceremos el 6D a la desafección democrática?



Nelson Acosta Espinoza
Desde el 13 de los corrientes a las 6:00 am y hasta las 12:00 de la noche del 3 de diciembre los candidatos a la Asamblea Nacional podrán hacer campaña electoral, de acuerdo con la normativa del CNE. Si, amigo lector, se inició la cruzada para escoger los diputados que integraran este cuerpo de naturaleza legislativa.
Vale la pena hacer algunas observaciones. Unas de índole descriptiva y, otras, con una orientación analítica y teórica. Una advertencia. Estas reflexiones se elaboran en la idea de contribuir a un mejor diagnóstico de la vida política del país y, así, ayudar a regenerar la calidad de vida de nuestra democracia.
Es claro que la mayoría de los estudios de opinión dan una clara ventaja al bloque opositor. Estiman una diferencia de más de 30 puntos sobre los candidatos del PSUV. Esta apreciación se encuentra anclada en una visión plebiscitaria de este evento. De hecho ambos bandos han colocado sus huevos electorales dentro de esta canasta política. El tema hegemónico para la oposición es el cambio. Hay que votar para poder cambiar a un régimen político responsable de este desastre (económico, cultural, social y político) en que se encuentra sumida la población del país. El PSUV, por su parte, pareciera que insistirá en sus políticas asistencialistas y, discursivamente, culpar de la crisis a la “guerra económica” desatada contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Ganar estas elecciones, sin lugar a dudas, es un  primer paso para el inicio de un cambio radical de la vida política en el país. Pero, este triunfo, no va a generar en forma automática la transformación que el país requiere. Igualmente, los actores a futuro no serán los partidos políticos exclusivamente.  Se requerirá activar la sociedad civil integrada por gremios profesionales y empresariales, sindicatos, academias, iglesias, universidades, etc. Este es un reto que tendrá que asumir los jefes de los partidos políticos. Desafío que requerirá un cambio sustantivo en la cultura política que prevaleció en el pasado y, que ha hasta cierto punto, contribuyó al origen de este autoritarismo socialista.

No debemos olvidar, aquí viene la reflexión teórica, que el país ha estado sumido por largo tiempo en una “desafección democrática”. Esta es una realidad indiscutible y que se caracteriza, por una parte, por la aceptación resignada de la democracia como el «menos malo» de los sistemas políticos al que no se quiere renunciar y, por otra, por una fuerte desconfianza frente a la gestión política, por un distanciamiento de nuestros representantes y de sus instituciones. Esta desafección, desde luego, ha sido reforzada por el gobierno socialista a lo largo de esta década y media en que  han estado en el ejercicio del poder.

Voy a insistir sobre este tema. La ciencia política la define de la forma siguiente: “sentimiento subjetivo de la ineficacia, de cinismo y de falta de confianza en el proceso político, los políticos y las instituciones democráticas que genera un distanciamiento y alienación en relación a estos, falta de interés por la política y los niveles más bajos de participación en las principales instituciones de la representación política, pero sin cuestionar el régimen político”.

Esperemos que nuestros representantes, con su conducta y compromiso, puedan revertir este sentimiento. No lo olvidemos. Vienen tiempos de conflictos más graves que los acontecidos en los últimos años. La demanda sobre los diputados electos será intensa. Se espera de ellos capacidad de asumir riesgos. Y que se desenvuelven dentro de una nueva cultura política que definitivamente se distancie con la que prevaleció en el pasado.

Solo así  podrán derrotar definitivamente este sentimiento de desafección democrática.














¿Por qué no voto en el referéndum de FAPUV? (I)


Asdrúbal Romero  





No tiene sentido participar en un referéndum en el cual no se le ofrece al consultado una opción atractiva por la que votar. Me refiero a la tercera pregunta de la consulta electoral organizada por FAPUV, la más dilemática de las tres: ¿Está usted de acuerdo con el reinicio de actividades?

Me resultaría sumamente incómodo votar afirmativamente por el reinicio normal de actividades, como si los profesores fuésemos mansos corderitos que a la primera amenaza del Régimen salimos todos asustados a rendirnos. Nuestro reclamo salarial ante un gobierno que no logra controlar una inflación galopante es justo y legítimo. La forma cómo el mismo ha sido procesado por el Régimen es absolutamente inaceptable, habida cuenta que sus personeros, reiteradamente, se han negado a sentarse a discutir en un ámbito formal y bilateral con la legítima representación profesoral para la búsqueda de un acuerdo. Por lo tanto, razones no tengo para votar por el reinicio. Sin embargo, la dinámica que ha caracterizado el desarrollo del conflicto me conduce a vislumbrar la opción contraria, la del NO REINICIO, como una opción extrema que nos entrampa aún más en un conflicto en el cual no se alcanza a ver la lucecita al fondo del túnel. Todo lo contrario, lo que emerge de esa oscuridad es la posibilidad de un camino plagado de severos riesgos que por razones de índole táctico- estratégicas deberíamos evitar. Es por eso que varios analistas del conflicto hemos venido asomando la necesidad de considerar opciones intermedias, pero ninguna de ellas ha sido considerada favorablemente por FAPUV a los efectos de incluirla en la consulta. Viéndome obligado, entonces, a elegir entre dos opciones extremas que ambas me disgustan, mi opción es NO ELEGIR, es decir: NO PARTICIPAR.

Por supuesto, de lo anteriormente expuesto lo que resulta más espinoso es intentar explicar: por qué la opción del NO REINICIO la consideramos tan igualmente extrema e inconveniente como la opción que el mismo Régimen, con su provocadora resolución por parte de la Asamblea Nacional, nos induce a rechazarla de plano (la del REINICIO). Pero antes de entrarle al espinoso asunto, considero pertinente señalar que la forma como la FAPUV ha diseñado la consulta, persigue la consecución de una victoria política a lo interno de las instituciones con una temporalidad de muy rápida prescripción: NO REINICIAMOS. Muy bien: ¿Y después qué? Porque si va a ser más de lo mismo, LAS CASAS VACÍAS, equivale a cavar unos cuantos metros más de profundidad en el hoyo que todos nos encontramos sumergidos (con la FAPUV a la cabeza, pero con la ayuda de todos al no haber asumido el conflicto, como colectivo, con el espíritu de combatividad que demandaba la justa lucha en defensa de la Universidad Autónoma, Democrática y Popular, así como de la calidad de nuestro nivel de vida).

¿Por qué lo digo? La consulta ha sido estructurada sobre la base de tres preguntas. La primera: ¿Comparte usted los argumentos expuestos por la Asamblea Nacional?  Es obvia la respuesta. ¿Cuál universitario que se precie de serlo puede estar de acuerdo con ese adefesio amenazador?  Aunque en su contenido se haga un perfecto boceto de las acciones a las que el Régimen podría recurrir para reducir la Universidad a una institución bajo su control total, acciones, por cierto, hábilmente ancladas a las vulnerabilidades derivadas del torpe proceder de FAPUV (material del espinoso asunto), cabe preguntarse: ¿Se harán efectivas esas amenazas?

Todo dependerá de cuán paradito quede el poder del Régimen después del 6D. Por ahora, en mi opinión, más que el anuncio de un inmediato proceder, el rechazable comunicado persigue dos objetivos principales. En primer lugar: tratar de lavarle la cara a Maduro en su responsabilidad del paro técnico de las universidades de calidad en nuestro país. Es decir, pretende, ante los estudiantes y sus padres, endilgarle la culpa a los profesores y autoridades universitarias de que ellos no estén recibiendo clases, con lo cual busca obtener un beneficio electoral de tal circunstancia o, en todo caso, minimizar su costo político al respecto. El segundo objetivo pasa por la hipótesis no descartable de muchos analistas: al Gobierno le interesa, políticamente, tener desactivadas estas universidades hasta el 6D. De ser cierta esta hipótesis, lo cual es en mayor o menor grado verosímil dependiendo específicamente de cada casa de estudios (en la ULA es claramente así), entonces el comunicado no busca detener la parálisis. Todo lo contrario, persigue, mediante la provocación, inducirnos a rechazar el reinicio aunque sea parcial de actividades de docencia, con lo cual caeríamos en su trampa (¡Otra más!). Pura ganancia para el Régimen, nos desactiva y anula la posibilidad de generación de un foco de profundo descontento estudiantil, causado  por la severa crisis de inoperatividad funcional en unas instituciones azotadas por una inclemente inflación que supera, con creces, el 1000% en los rubros correspondientes a gastos de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. El Régimen se escuda detrás del paro, para intentar mimetizar su incapacidad de cara al desafío de detener el acelerado empobrecimiento al que nos vemos sometidos tanto los ciudadanos como las instituciones públicas. Y, por si fuera poco, las resoluciones de la AN le permiten dejar instalado un probable escenario a posteriori del 6D para unas acciones que contarán, denlo por descontado, con el acompañamiento de una intensa campaña comunicacional de descrédito moral de los universitarios y sus autoridades.

Con relación a la segunda pregunta: ¿Considera usted que están dadas las condiciones mínimas para el reinicio de las actividades de docencia en aula? De nuevo, la respuesta más fácil es la negativa. Entonces, como se comentaba en la sesión de AVERU de este pasado lunes (9/11) en la UC: Quien haya votado NO en las dos primeras: ¿Con qué argumento vota que sí al reinicio en la tercera? La cuestión está diseñada para los tres NO en fila. Máxime cuando la tercera pregunta ya no tiene esa versión escueta que expusimos en el primer párrafo, sino que ha sido reelaborada de la siguiente forma: ¿A pesar de no estar dadas las condiciones, objetivas y subjetivas, para el reinicio de actividades, ante las amenazas de intervención de la Universidad Venezolana, violentando su autonomía, está usted de acuerdo en el reinicio de actividades docentes? Cualquier comentario sobra. La intención manipuladora de origen se devela por sí sola.


Ahora bien, la segunda pregunta no es de naturaleza tan blanco o negro como parece. Depende de qué tipo de reinicio se plantee. Una reincorporación a media máquina, o una tregua, condicionada a que aquellos cursos donde las condiciones fueran tales que no permitieran una apertura responsablemente académica no se dictarían (por ejemplo: un laboratorio sin reactivos o con su equipamiento dañado); una reincorporación en la cual  al sector estudiantil se le explicara y advirtiera que debería llevar papel a sus exámenes, que no contaría con servicios básicos como sanitarios, comedor y transporte y, quizás, tampoco con buena luz y aire acondicionado en sus aulas y laboratorios, lanza la pelota hacia el campo del Gobierno y también, por qué no decirlo, en el de las autoridades. Pero esto último le daría fuerza al discurso de la INVIABILIDAD que las autoridades comienzan a pregonar. He aquí, en este señalamiento, un espacio para la concertación unitaria de esfuerzos entre FAPUV y AVERU que hasta ahora han venido peligrosamente navegando en este conflicto por vías separadas.

Definitivamente, hay espacios para la adopción de una salida intermedia, con ponderables ventajas estratégicas, pero hasta ahora este planteamiento ha sido desestimado por FAPUV o, por decir lo menos: es lo que se deja evidenciar de su diseño de un referéndum plebiscitario y a la larga suicida. En esas condiciones, reitero: no participo. Maduro es el verdadero responsable del Paro; Maduro es quien paraliza a las universidades, pero todavía falta mucha tela por hilar para que concertemos una unitaria y efectiva narrativa universitaria en esta peligrosa coyuntura. En la segunda entrega, expondré sobre las crónicas debilidades del conflicto y a qué se deben.

La autonomía en peligro.



Gloria Cuenca.


  El siglo XX se caracterizó por agresiones  en contra de las Universidades Nacionales y Autónomas por parte de gobiernos dictatoriales y democráticos. En  democracia,  (1958) el Dr. Edgar Sanabria, Presidente de República decretó la Autonomía Universitaria. La Constitución Nacional del año 99. (Artículo 109), la consagra. Esperamos por  la Autonomía Universitaria,  desde la Reforma de Córdova en Argentina, (1918), hasta la fecha en  que se decreta. Quienes no son demócratas, menos universitarios, no entienden  por  qué, el país pensante sueña con  

Universidades autónomas y en particular con la UCV. Autonomía, implica independencia, posibilidades infinitas y conocimiento abierto a todas las corrientes del pensamiento universal. Es, el “espacio de convivencia”, para expresar ideas y doctrinas  en un marco de  tolerancia y  paz. Hay certeza de que, se debatirá, habrá discusión y polémica. Se validarán o rechazaran ideas y temas contrastados,  en un ambiente que permita la confrontación, sin que la minoría, corra ningún tipo de riesgo. Grupúsculos ultras quieren impedir que la Autonomía continúe manejando los destinos universitarios. Actúan bajo la dirección de un gobierno que odia las universidades, y que usa el regateo   del presupuesto, para cerrarlas. Intentaron tomarla  un  28 de marzo. Fracasaron y los universitarios  descubrieron las intenciones reales del oficialismo: acabar con la Autonomía Universitaria. Desde ese momento, luchas,  agresiones y  diatribas son constantes. 

Cada día, comprobamos que el gobierno no quiere a la universidad democrática, patriótica y autónoma. Son innumerables las acciones que han realizado en contra de la Universidad Central de Venezuela, también  agreden a  las demás universidades. Se han ensañado con la Central,  autoridades, profesores, estudiantes, empleados y obreros. Sin embargo, no pueden con la UCV, como no han podido, ni podrán, instalar esa ideología fracasada del socialismo del siglo XXI, que arruina nuestro extraordinario y maravilloso país, en la mente y el alma de lo venezolanos. Inventan una ley, supuestamente, para prohibir los paros universitarios. 

¿Creen que pueden acabar con la autonomía? No les arriendo las ganancias, como se dice coloquialmente, deberían saber que cuando hay afectos y compromisos sembrados en el alma del país, de la nación, atentar contra ello supone un terrible riesgo. Lo vivieron con el arbitrario cierre de RCTV, (de lo que todavía no se recuperan) y han quedado expuestos ante el mundo, al salir la sentencia  de la C.I.D.H. ordenando el regreso de la señal de RCTV y la devolución de sus bienes, (que han sido robados) . No deberían insistir en ir en contra de la Autonomía Universitaria; “la masa no está para el horno” , no hay estudiante en Venezuela, estudiante de verdad, verdad, no choros, ni vagos que quieren un diploma a toda costa, que apruebe o acepte la violación de la autonomía. Es un sector trascendental de la población venezolana, que se siente con graves dificultades por la incertidumbre de su futuro. ¿Acabar con las universidades? No es posible. ¿Con la autonomía? 

Prepárense para lo que les vendrá. 

sábado, 7 de noviembre de 2015

¿Renuncia el gobierno a la política?


Nelson Acosta Espinoza
Una vez más la naturaleza del régimen se ha puesto de manifiesto. Me refiero al intento de intervención a las universidades autónomas por parte del gobierno nacional.

Amigo lector, me voy a tomar la libertad de intentar describir, con las herramientas que brinda la ciencia política, la propensión autoritaria que expresa este intento de lesionar, aún más, la condición autonómica de nuestras universidades. Me parece pertinente esta reflexión. Creo que describir esta condición es básico para implementar las respuestas apropiadas ante esta nueva coyuntura.

En la Venezuela actual, la dimensión de lo político (ámbito de los antagonismos, siempre presente en toda sociedad) pudiera ser descrita en forma breve de la manera siguiente. Primero, estamos en presencia de un gobierno que sufre un intenso rechazo; su conducta se caracteriza por una alta dosis de soberbia y superioridad que le impide intentar medidas correctivas ante la grave situación que vive el país. Finalmente,  muestra una voluntad de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el ejercicio del poder.

Me parece apropiado subrayar que para el oficialismo, la dimensión de la política se encuentra ausente en su visión de la Venezuela actual. ¿Qué queremos decir con esta afirmación? ¿Se canceló esta dimensión en el país? Y, si tenemos razón, ¿cómo quedan las venideras elecciones parlamentarias?

Bien, intentemos dar respuestas a estas interrogantes. Los clásicos de la ciencia política definen el ámbito de la política como el conjunto de prácticas e instituciones que tienen como objetivo administrar y organizar la coexistencia ciudadana en el contexto de la conflictividad que emana de la esfera de lo político. En otras palabras, la política, en contextos democráticos, domestica la conflictividad que deriva de la esfera de lo político. Ahora bien, cuando el oficialismo caracteriza a su adversario como enemigo, está abandonando la dimensión política y entra en un peligroso “juego de guerra”.

Regresemos a la cuestión universitaria. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo en rechazo a la paralización de las actividades académicas de las universidades autónomas. Según el documento, las universidades venezolanas han recibido, solo en 2015, más de 84 mil millones de bolívares (el gobierno compró un lote de doce aviones Sukhoi por un valor aproximado de mil millones de dólares). En base a esto, la AN sugirió “el nombramiento de una comisión de juristas, con la finalidad de acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para demandar a los cuentadantes de las universidades, por perjuicio al Estado venezolano”. Igualmente,  solicitan una “auditoría a las universidades que se encuentran paralizadas y que se analice el uso de los recursos del Estado utilizados para la cancelación de sueldos y salarios a personas que no han trabajado”.

Bien, no voy a entrar en el analice del decreto. A estas alturas los gremios y autoridades universitarias habrán elaborado la respuesta apropiada a esta intromisión grosera y autoritaria. Esta disposición, insisto,  pone de manifiesto la voluntad del gobierno de abandonar el ejercicio de la política. Vale decir, el reconocimiento del adversario y la disposición de conversar y negociar las diferencias. En fin, expresa  el talante autoritario que pareciera que se va acentuar en un futuro próximo.

Vamos a darle una vuelta a la tuerca. Creo que esta atmosfera de crisis pude transformarse en oportunidad. ¿En qué sentido? Bien, seria acertado reflexionar sobre este modelo de universidad que luce agotado y que requiere reformas de naturaleza académica y administrativa, La institución que hoy, correctamente defendemos, ya rindió sus frutos históricos y de servicio a la sociedad. El país es distinto. La naturaleza del desastre que se va a heredar le impone a la corporación universitaria un enorme reto. Para estar a la altura del mismo se requiere iniciar reformas sustantivas en los órdenes mencionados. Insisto, en la necesidad de convocar un parlamento universitario. Confieso que comulgo con la idea de federalizar estos encuentros. Son distintos los entornos y las características que definen el perfil de cada institución.

Retómenos la idea inicial de este escrito. Las elecciones del 6D tienen un carácter plebiscitario. Es vital alcanzar una mayoría contundente. Paso inicial para “obligar” al oficialismo a desplazarse por los caminos de la política. Solo así podríamos ahorrarle al país una tragedia política y social.

La dirección de bando democrático debe estar atenta a este ejercicio de autoritarismo. Es hora de abandonar las consideraciones tácticas y defender con fuerza a una institución que ha sido históricamente baluarte de la libertad y la democracia.





Pronunciamiento Académico




Ana Julia Bozo de Carmona, M. Cristina Parra Sandoval., Alicia Inciarte y
Jesús Alberto Fuenmayor


En respuesta al Acuerdo aprobado por los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional del 3 de noviembre de 2015, rechazando la paralización de actividades en 10 universidades venezolanas

Considerando
Que las universidades públicas no son víctimas de secuestro alguno por “fuerzas de diferente signo” sino que son espacios de discusión, confrontación y convivencia de todas las tendencias culturales, científicas y políticas que interactúan en el escenario venezolano, prueba de lo cual es que existen y obran en su seno actores individuales y colectivos, declaradamente pro y anti gobierno.

Considerando
Que la paralización de las universidades ha sido explicada y justificada por los gremios de docentes, empleados y obreros a la opinión pública y al MPPEUCT de forma escrita y verbal; que constituye el simple ejercicio legítimo de los recursos que la LOTTT, la Constitución, la OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan a los trabajadores para defender sus intereses económicos y sociales y que, el Estado, en su condición de patrono, no está exento de cumplir las normas que amparan los derechos de los trabajadores.

Considerando
Que las cifra de 84 mil millones de bolívares transferida este año a las universidades, según el gobierno nacional, tiene que estimarse en función del número de universidades públicas, de estudiantes atendidos, de profesionales egresados, de programas de pre y postgrado ofrecidos, de los resultados de la investigación científica y de la extensión, indexando proporcionalmente tal cifra a la hiperinflación que confronta Venezuela.

Considerando
Que, este gobierno ha mantenido los presupuestos universitarios reconducidos sin agregar más recursos que los estrictamente necesarios para el pago de pasivos laborales y, a pesar de ello, las universidades han mantenido e incrementado el número de estudiantes matriculados en un esfuerzo “extraordinario” por garantizar a los jóvenes venezolanos el derecho constitucional a la educación.

Considerando
Que la verdad a la que se refiere el artículo 1 de la ley de Universidades vigente es la que resulta de la indagación y la formación científicas, del “saber, la investigación y la enseñanza” y no es la falacia que deriva de especulaciones ideológicas o de posturas radicales cuya objetividad y neutralidad son la antítesis del concepto de universidad reflejado en la ley y la constitución venezolanas.

Considerando
Que la universidad pública autónoma se mantiene, en la percepción de los jóvenes, como uno de los bienes sociales más estimados y la vía más idónea para alcanzar el bienestar individual y colectivo.

Considerando
Que la violencia física o en la forma de amenaza, intimidación o presión es una condición inadmisible en la práctica académica y que debe ser sancionada e impedida por los medios legales e institucionales existentes

Acordamos
Primero. Exigir al gobierno nacional que otorgue a los académicos una remuneración satisfactoria cónsona con los niveles reales de inflación que sufre Venezuela y que guarde paralelismo con las remuneraciones a otros factores cruciales de la vida nacional como por ejemplo los funcionarios de las fuerzas armadas. (Recomendación UNESCO relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior, Principio Rector 57: 1997) pues la pobreza del personal docente es uno de los principales obstáculos para la educación de calidad (Informe de resultados de la Alianza Mundial para la Educación. Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente, 2012).

Segundo. Instar al gobierno a respetar los derechos sindicales y laborales de quienes hacemos esfuerzos indescriptibles para mantener la excelencia educativa, en aras de garantizar a los jóvenes venezolanos una educación superior de calidad y no, una educación inferior y disminuida que los mantendría ajenos a las competencias y destrezas necesarias para ser sujetos creadores y productores en la sociedad del conocimiento.

Tercero. Reiterar nuestro apoyo a todas las iniciativas que promuevan una rendición de cuentas de los actores que administran recursos públicos desde el presidente de la república, presidente de PDVSA, ministros, autoridades universitarias, entre otros.

Cuarto. Exigir al gobierno nacional no ejercer la violencia a través de expresiones descalificatorias de la institución universitaria o de intimidación a quienes ejercen como sus autoridades electas por el actual periodo, injustificadamente extendido.

Quinto. Exhortar al gobierno y a las universidades para que se celebren elecciones universitarias con la participación protagónica pero ponderada de los trabajadores universitarios de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes. La renovación de las autoridades universitarias es una condición innegociable para recuperar la calidad de la gestión institucional.

Sexto. Solicitar al gobierno nacional que valore el innegable impacto que tiene la educación superior de calidad para el desarrollo de Venezuela de forma que, conjuntamente, con las universidades autónomas (emblemáticas casas del saber) evitemos la irremplazable fuga de jóvenes profesionales cuyo talento aprovecha a otros países y empobrece nuestra dolida Venezuela.

Séptimo. Acelerar la aprobación de una nueva Ley de Educación Superior que sea el resultado de la consulta a todos los actores del sistema y tome en cuenta los anteproyectos presentados por las universidades o los universitarios.

Octavo. Invitar a todos los integrantes de la comunidad académica venezolana para participar activamente en un proceso de transformación universitaria profundo y comprometido con la excelencia académica y los más exigentes criterios de convivencia cívica.

Noveno. Rechazar cualquier intento encubierto o explícito del gobierno nacional de vulnerar la autonomía universitaria.
Maracaibo, 5 de noviembre de 2015

domingo, 1 de noviembre de 2015

Los políticos y la política

Nelson Acosta Espinoza
Los políticos y la política. ¿Son equivalentes estos términos? O, dicho de otra manera, en  las venideras elecciones del 6D la decisión será sobre políticos o sobre la política? La distinción parece obvia. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que no siempre las direcciones políticas han tenido la capacidad de diferenciar entre estos dos términos. En la cultura política venezolana existe la creencia que cambiando al sujeto político se producirá una transformación de la propuesta política. Salvo contadas ocasiones (la elección de la constituyente en 1945) el sentido electoral ha girado en torno a las personas y no sobre programas alternativos a los que ejecutan los que administran el poder.

La consigna de la oposición es el cambio. Votar el 6D para inducir un proceso de cambio político en el país. Este lema es interesante y apropiado desde el punto de vista de la mercadotecnia electoral. Se espera que condense la urgencia del cambio que se anida en una mayoría de venezolanos. Aquí, vale la pena hacer algunas observaciones. Salir de los políticos chavistas es una urgencia y necesidad sentida en la población. Como táctica electoral es legítima. Pero, ¿es suficiente? Esa idea del cambio expresada en estos términos ¿se ajusta o interpreta la crisis terminal que padece el sistema social, político y económico del país?

Me van a perdonar los lectores por cierta dosis de escepticismo que emana de estas líneas. Debo reconocer que ha estimulado esta reflexión la situación argentina. En este país se han sucedido todas  las crisis económicas imaginables (devaluación, inflación, corrupción “corralito”, etc.). Sin embargo, a pesar de estas graves situaciones de carácter crónico no ha habido cambios sustantivos en la política. Han cambiado los sujetos políticos, más no las proposiciones políticas. No en balde el peronismo (en sus distintas versiones) juega aún un papel vital en la vida política de ese país.

El punto que deseamos enfatizar es que no es fácil modificar drásticamente las matrices culturales dentro de la cuales se desenvuelven las propuestas políticas. En Venezuela la mayoría de las agrupaciones opositoras, (AD, Voluntad Popular, MAS, COPEI, Causa R, Nueva Alternativa, entre otras) por ejemplo, se declaran socialistas. Todas conciben al estado como el eje a partir del cual es posible el accionar sobre la sociedad.

El Chavismo, por ejemplo, llevó a extremos el programa de nacionalizaciones y las políticas distribucionistas que caracterizaron a la democracia a partir del aumento de la renta petrolera en los años setenta. En otras palabras, queda pendiente la interrogante: ¿Qué cambió la política o los políticos?

En la Venezuela actual, esta actividad pudiera ser calificada, siguiendo al filósofo político inglés Michael Oakeshott (1901-1990), como un momento álgido de la “política de la fe” y no del “escepticismo”. Por la primera versión debemos entender esta actividad como un instrumento al servicio de la salvación de la comunidad: el gobierno lo abarca todo y se espera de los gobernados no sólo obediencia, sino, inclusive, entusiasmo. La del escepticismo, por el contrario,  se ancla en “un común esfuerzo para comprender los diversos puntos de vista y buscar un mundo vivendi”

Nicolás Maduro, por ejemplo,  señaló  este jueves que “en el escenario ‘hipotético negado’ de que la oposición llegara a ganar las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre ‘no entregaría la revolución’ y pasaría a gobernar con el ‘pueblo’ y en ‘unión cívico-militar”. Ejemplo paradigmático del obrar desde la “política de la fe”.

Debo finalizar. En el futuro, una humilde observación, la oposición debe concentrarse más en la política y menos en los políticos. Su encuadre cognitivo, por así decirlo, debería estar orientado hacia un escepticismo por las soluciones mágicas y debería propiciar dudas sobre quienes orientan su práctica en la búsqueda de soluciones morales de carácter totalizador en la vida pública.