Un contrato social para Venezuela

Kamal Antonio Romero*

Cuando observamos la evolución de la economía venezolana durante los últimos años, lamentablemente resulta difícil escoger qué dimensión ha presentado un mayor deterioro. Más allá de las cifras meramente económicas como la mayor inflación del mundo en los últimos años (el 10.000.000% para 2019, según el FMI), un déficit fiscal superior al 20% o una contracción acumulada del PIB de casi el 50% desde 2013, la dimensión social del problema es desgarradora.

Lo que observamos es un completo descalabro institucional que ha convertido al país en la principal fuente de emigrantes de la región, donde más de la mitad de su población ha perdido peso por problemas de acceso a una alimentación adecuada, el que presenta mayores incrementos en Sudamérica de enfermedades como difteria, malaria y sarampión y coloca a dos de sus ciudades entre las 10 con mayores tasas de homicidio del planeta.

Cualquier intento de reconstrucción debe pasar necesariamente por un programa de estabilización económica que reduzca la tasa de inflación, elimine el esquema de control de precios, restablezca los flujos de divisas y recupere del estancamiento la industria petrolera que genera alrededor del 50% de los ingresos fiscales y el 90% de las divisas, y cuya producción de crudo ha caído en más del 50% desde 1998.

No obstante, lo que muchos analistas han planteado (y comparto) es que gran parte de los problemas de la economía venezolana no sólo requieren un plan de estabilización estándar, sino la recuperación y construcción de instituciones económicas básicas, que impliquen redefinir el modelo de Administración pública e incluso las relaciones Estado-ciudadano.

Para restablecer las operaciones de la industria petrolera se deben reorientar sus funciones principales hacia la gestión de las actividades de manejo y gestión de las diversas etapas de producción y comercialización del petróleo, las cuales habrían sido desviadas en los últimos años hacia una supuesta política social, al mismo tiempo que ha sido empleada como herramienta diplomática mediante convenios de venta de crudo por debajo del precio de mercado a países amigos, afectando negativamente su flujo de caja. Pero, además, es necesario definir los canales institucionales con el Fisco nacional que le permitan tener la suficiente independencia para gestionar de la manera más eficiente sus recursos, a la vez que genere suficientes ingresos fiscales que financien la labor del Estado.

Para estabilizar la hiperinflación es necesario no sólo restablecer una política monetario-fiscal ordenada, sino crear mecanismos institucionales que, por un lado, recuperen la independencia del banco central y, por otro, creen reglas fiscales que suavicen la pro-ciclidad del gasto público; es decir, la tendencia a incrementar en exceso el gasto en épocas de altos precios del petróleo y la poca capacidad de ajuste del mismo cuando éstos descienden. En relación a este último, Venezuela es un ejemplo de voracidad fiscal: las demandas y conflictos de los sectores sociales y grupos de presión durante los booms de ingresos suelen solucionarse no mediante la práctica político-institucional, sino mediante el reparto clientelar de la renta petrolera.

La historia de controles de precios y de flujos de capitales en Venezuela es extensa y va más allá del período chavista. Han representado una de las principales herramientas a través de las que los altos ingresos fiscales se transforman en subsidios a la población. Pero en cada experimento que se ha realizado con esta política, el resultado ha sido el mismo: escasez, desincentivo a la producción local a favor de las importaciones y el no control de la inflación.

Como observamos en los párrafos anteriores, gran parte de las políticas económicas que han llevado al colapso social han tenido un objetivo primordial legítimo (hacer llegar a parte de la población los beneficios de la renta petrolera), pero esto se ha hecho estableciendo políticas clientelares como único mecanismo de redistribución en un entorno de debilidad institucional, con lo que los resultados han sido completamente opuestos a los esperados.

Acemoglu y Robinson (2006) señalan que la diferencia principal entre instituciones y políticas es que las primeras son duraderas, mientras que las segundas son reversibles, así como el hecho de que las instituciones determinan cómo las preferencias de varios grupos son agregadas en elecciones sociales. Partiendo de esta idea, la construcción de instituciones sólo es posible mediante pactos que generen amplios consensos y que sean aceptados por toda la sociedad, ya que determinan las reglas del juego. Es decir, las obligaciones y restricciones a las que van a estar sujetos los distintos grupos sociales; no sólo hoy, sino en el futuro.

El actual diseño institucional venezolano está basado en una idea que se ha probado caduca, un estado clientelar que se apropia y se reparte la renta petrolera. Esta idea sólo ha generado inestabilidad económica, debilidad institucional, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y actores sociales que invierten gran parte de su tiempo en la extracción de rentas en lugar de en la actividad productiva. 

Hace falta un acuerdo social que defina un nuevo modelo político-económico que abandone definitivamente este estado de cosas, basando la resolución de conflictos en la práctica de la política dentro de una democracia funcional.

Cualquier transformación que cambie los equilibrios de poder político sobre quien detenta la atribución de apropiarse y repartir la renta petrolera genera tensiones, de ahí que es necesaria la participación de todos los sectores.

Este nuevo contrato social no sólo debe circunscribirse a los puntos ya señalados. Además, es necesario replantear un nuevo sistema fiscal por el lado de los ingresos no petroleros que saque a Venezuela de la cola de la recaudación fiscal de la región, una normativa laboral que ataque el enorme sector informal y el establecimiento de un sistema de protección social que permita resguardar a la población de menores ingresos, que ha soportado gran parte de los ajustes en las fases bajas del ciclo petrolero, generando una brecha social inaceptable.

Se dice que las dificultades traen consigo un rayo de esperanza. La grave coyuntura actual puede que haya generado la reflexión y los apoyos necesarios para abandonar las cosas que no han funcionado en el pasado y construir entre todos un nuevo futuro de consolidación democrática y estabilidad económica.

*Economista y Profesor de Macroeconomía en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros-UCM

LA GAYA CIENCIA Y LAS REDES SOCIALES

Pedro Villarroel

Los seres humanos adoptamos distintas actitudes al leer un texto. Algunos leemos los textos para responder, otros, para comprender y esa diferencia establece la línea de división entre una lectura que se piensa desde los sentimientos y aprehensiones y otra, dirigida a estimular el pensamiento y la reflexión.

Es necesario entender que el cerebro comprende conceptos y después los convierte en imágenes. El cerebro no comprende palabras sino conceptos. Muchas veces leemos sin lograr establecer la diferencia entre el texto leído y el autor. En muchas ocasiones, intentando dar respuesta a un texto escrito, nos colocamos en posición de ataque y exterminio en relación al autor.

Las redes nos ofrecen hoy día un excelente territorio de análisis para comprender los grandes problemas que en la comunicación se nos presentan en este momento. Distingamos una gama infinita de grupos de contacto, que van desde afiliaciones familiares, grupos de conexión ciudadana, grupos de afiliaciones de profesionales, entre ellos las universitarias y los grupos de afiliación propiamente política.

Estos grupos reproducen en su interior tópicos y temáticas que giran en torno a sus centros de interés, observando en algunos de ellos, especialmente los conformados por políticos y profesionales, una forma muy particular de leer, de entender y comprender los textos que allí circulan.

En este sentido, quiero destacar dos actitudes que inundan el pensamiento y producen distorsiones entre el texto escrito, el autor y el lector: El resentimiento y la arrogancia, actitudes que obnubilan la serenidad necesaria que se requiere para analizar adecuadamente un texto escrito.

La labor hermenéutica es profundamente racional y debe ser construida quirúrgicamente, tratando de evitar la intermediación de análisis emocionales que perturben la lectura adecuada del mismo.

*Cambiar la cartografía del ojo* que tenemos y comenzar a ver, más que persona, contextos, es una tarea ineludible. Aprender a separar uno de otros, sería un gran avance y un aporte significativo en medio de esta gran crisis del lenguaje y la comunicación.

Esto me lleva a reflexionar en un eje que transversaliza las actitudes y comportamientos humanos, me refiero al campo de la ética. Para ello voy a tomar el texto La Gaya Ciencia, de Friedrich Nietzsche, en el aforismo 341, referido al eterno retorno como guía para esta reflexión. Cito:

*“El peso más grande. ¿Qué ocurriría si, un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: Esta vida, como tú ahora la vives y la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá́ en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, y cada pensamiento y cada suspiro, y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá́ retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión -y así́ también esta araña y esta luz de luna entre las ramas y así́ también este instante y yo mismo. ¡La eterna clepsidra de la existencia se invierte siempre de nuevo y tú con ella, granito del polvo! ¿No te arrojarías al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te ha hablado de esta forma? ¿O quizás has vivido una vez un instante infinito, en que tu respuesta habría sido la siguiente: Tu eres un dios y jamás oí́ nada más divino? Si ese pensamiento se apoderase de ti, te haría experimentar, tal como eres ahora, una transformación y tal vez te trituraría; la pregunta sobre cualquier cosa: ¿Quieres esto otra vez e innumerables veces más? pesaría sobre tu obrar como el peso más grande. O también, ¿cuánto deberías amarte a ti mismo y a la vida para no desear ya otra cosa que esta última, eterna sanción, este sello?”*

Como podemos ver, el eterno retorno no es estar condenado a vivir siempre lo mismo, cual mito de Sísifo. En la esencia del texto citado se desprende una profunda reflexión sobre el sentido de la vida, sobre los propósitos, sobre la afirmación de la existencia, en esa vida que valga la pena ser vivida irrepetiblemente. Una reflexión que debe superar los elementos (resentimiento y arrogancia) que condenan a los seres humanos al eterno retorno de lo mismo, que no permite la superación de esos estadios irreflexivos y rutinarios.

El eterno retorno sería entonces ese llamado de la conciencia que penetra nuestra vida y nos dice “Vas a vivir eternamente la vida que has vivido y la que vives". Ese eterno retorno es lo que le permite al ser humano poder reflexionar sobre su existencia y revisar si ésta vale la pena repetirla infinitamente. Esa es la pregunta que hace Nietzsche en el aforismo citado. Entonces el planteamiento allí es ético, porque ahí el hombre entra en razón y reflexión sobre esa vida vivida y las posibilidades de cambio.

Todo este pensamiento debe convertirse en un trabajo permanente de revisión y de autocrítica, con el propósito de crecer como persona y como ser humano: comprensivo, atento y sensible. Dejar atrás la máquina de exterminio del pensamiento y las personas en la que hemos convertido las redes. Yo diría ¡No trabajemos para el fracaso, trabajemos para el éxito propio y de los demás!

GRUPO DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO (GPU) Y LA TRANSICION POLITICA. RESPALDO A LA AN Y AL PRESIDENTE INTERINO.

 

El Grupo de Pensamiento Universitario (GPU), espacio que reúne a profesores en el debate plural de ideas, como contribución ala investigación y la docencia, ya la función rectora que la Ley prevé para las Universidades, actuando en nuestra condición de ciudadanos, en ejercicio del derecho a manifestar nuestra opinión y en cumplimiento de los artículos 2 y 3 de la Ley de Universidades, tomando en consideración la situación de crisis que hoy vive Venezuela, en los ámbitos social, económico y político; en el marco de una conflictividad sin precedentes que ha horadado la necesaria cohesión social, y especialmente ante la actual confrontación en el ejercicio del poder público; hacemos la siguiente declaración pública:

La crisis, expresada en la destrucción de la economía y la infraestructura, y en el deterioro de las condiciones de vida del venezolano, es consecuencia del desarrollo de un proyecto político que privilegia sus intereses corporativos en detrimento del ejercicio de los derechos democráticos. Siendo que, en lo que va de siglo, el rentismo se ha exacerbado con la consolidación de un Estado patrimonialista, prebendario, nepótico y corrupto, de corte militarista y autoritario, al extremo (paradójico) de crear las condiciones para el agotamiento del modelo rentista. Lo que ha derivado en una crisis de gobernabilidad que afecta hasta la sostenibilidad del régimen mismo, con el agravante de la conexión práctica del régimen con sectores de dudosa legalidad fuertemente cuestionados por la comunidad internacional.

A su vez, el deterioro producido por la crisis ha conducido a una inmensa diáspora, motivada por la búsqueda desesperada de mejores condiciones de vida. Proceso de migración masiva que incide de manera preocupante en la situación de países vecinos, afectados por ella. Lo que, en términos de globalidad, convierte el caso venezolano en una importante preocupación para la comunidad internacional.

En tales condiciones, y en vista de la actuación de la Asamblea Nacional (AN), único órgano del poder público que goza de legitimidad, declarando la inexistencia de Presidente electo, por lo cual se hacía imposible la realización del debido acto de juramentación. Y siendo que el ciudadano Nicolás Maduro decidió usurpar el cargo de Presidente de la República, juramentándose ante un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también ilegítimo, considerándose electo en acto írrito realizado el 20 de mayo de 2018, el cual fue convocado por la igualmente ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en el marco de una ruptura de las reglas del juego democrático, la que se expresaen una constante y progresiva violación de la Constitución, desarrollando un paralelismo institucional y estatal que ha derivado en la conformación de un gobierno de facto, paralelo al legítimo que se ha constituido como interino, lo que consolidaun golpe de Estado que venía desarrollándose desde que el Ejecutivo Nacional y el TSJ desconocieron a la AN, quebrantando el necesario equilibrio entre los órganos del poder público. Teniendo en cuenta que ese acto de usurpación implica la ineficacia de la autoridad usurpada y la nulidad de sus actos (art. 138 de la Constitución), declaramos públicamente nuestro respaldo a la Asamblea Nacional y su Directiva encabezada por el Diputado Juan Guaidó.

También reconocemos y respaldamos que, en aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, se hayan asumido interinamente las competencias que corresponden al Presidente de la República, mientras se realizan elecciones libres y democráticas para escoger un nuevo Presidente, quien asumirá el cargo por el resto del periodo constitucional. Interinato que, por las circunstancias del momento político, no durará el tiempo señalado en el artículo 233, aunque será lo más breve posible.

Asimismo, consideramos que el proceso de transición, que se inicia de conformidad con los artículos constitucionales antes señalados, deberá realizarse con el propósito de rescatar la república democrática y emprender la reconstrucción del país en lo económico, social e institucional; atendiendo al desarrollo del denominado Plan País, proyecto que ha de buscar la construcción de una nueva Venezuela, sin restablecer el modelo de la segunda mitad del siglo pasado, pero tomando lo bueno de las experiencias vividas. Proceso que debe incluir la necesaria reconciliación de los venezolanos, para superar los efectos de la conflictividad y emprender la búsqueda de la necesaria seguridad para el bienestar general, sin obviar la nueva correlación de factores en torno aldesarrollo de ese proyecto. Razón por la que tambiéndeclaramos nuestro respaldo a la Asamblea Nacional en la definición de la ruta para la transición con tres fases: 1) cese de la usurpación, 2) gobierno de transición y 3) elecciones libres, las que pudieran desarrollarse sin seguir un orden estricto, debido a las circunstancias del momento político y a posibles acuerdos. Siendo que el desarrollo de esa ruta descansa en la ciudadanía como pilar fundamental para la recuperación de la institucionalidad, el restablecimiento del orden constitucional y del estado de derecho. Lo que requerirá el acercamiento sectores diferentes y cierto grado de consenso, y de allí la importancia, en esta fase, de la ley de amnistía como instrumento para esa reconciliación.

Igualmente, consideramos importante destacar la modalidad asumida para la toma de decisiones en esta coyuntura, impulsando y motivando la participación ciudadana con la convocatoria de los cabildos abiertos, como expresión de asamblea ciudadana, acompañada de una diversidad de movilizaciones y el desarrollo de instancias de discusión vecinal, lo que fortalece el liderazgo de la AN en la conducción del proceso político de transición, y contribuirá al restablecimiento de la cohesión social. Y no hay que olvidar que restablecer el Estado de derecho implica rescatar el respeto de los derechos fundamentales, lo que incluye los derechos políticos.

Finalmente, y en consideración a la obligación institucional que tenemos las Universidades de “…colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales” (artículo 2 de la Ley de Universidades), manifestamos nuestra disposición, como parte de la institución universitaria, a contribuir en la orientación del necesario proceso de reconstrucción del país que ha de iniciarse en esta fase de transición y que habrá de continuar durante el periodo presidencial. Contribución que se haría desde la Universidad y con los órganos que lo requieran.

Desmitificando la transición democrática en Venezuela*

Maryhen Jiménez Morales

Venezuela ha estado en crisis durante décadas, y la lucha por restaurar la democracia ha tenido sus avances y retrocesos. Sin embargo, es conveniente anotar que un conjunto de factores –oposición unida, presión de la comunidad internacional y movilización de masas- han confluido de forma tal que es presumible pensar que un proceso de democratización no parece estar muy lejos. La literatura de ciencia política ha conceptualizado las transiciones como el intervalo entre un régimen político y otro. Visto desde este ángulo en Venezuela la transición implicaría pasar de un régimen autoritario a "algo más" y, en el mejor de los casos, a una democracia. El tema crucial aquí es que este proceso se caracteriza por un alto grado de incertidumbre, lo que significa que las reglas del juego no están establecidas, por lo que los principales actores, el gobierno y la oposición, luchan por definir las reglas y los procedimientos de esa transición y el régimen posterior.

Sin embargo, esta incertidumbre no solo ocurre en un nivel de élite. Básicamente se transpira en todas partes. Los ciudadanos, reporteros, OIG y ONG e incluso la comunidad internacional no pueden estar seguros de lo que está sucediendo y sucederá en un futuro próximo. En última instancia, esta incertidumbre conduce a interpretaciones erróneas del proceso de transición en desarrollo.

¿Un golpe de estado por otros medios?.

Una cuestión que se plantea, probablemente para desacreditar las acciones de la oposición, es si el juramento de Guaidó como presidente interino representa solo otro intento de golpe de estado por diferentes medios. Vamos a revisar esta afirmación.

Nicolás Maduro 'ganó' unas elecciones sesgadas en mayo pasado, que la oposición decidió boicotear porque no hubo una contienda electoral libre y justa. Lo cual genero un razonable nivel de incertidumbre sobre quien gano finalmente la elección. Como resultado, la oposición del país y gran parte de la comunidad internacional no reconoció su falsa victoria. Si no hubo una elección legítima, no puede haber un presidente legítimo. En consecuencia, esto significa que el plazo constitucional de Maduro finalizó oficialmente el 9 de enero de 2019 a la medianoche.

De acuerdo con la constitución venezolana, el 10 de enero, un presidente elegido legítimamente y democráticamente, debía ser juramentado. Debido a que Venezuela no tenía un presidente debidamente electo y democráticamente legítimo, la Asamblea Nacional declaró vacante la presidencia. Tras la vacante de la presidencia, y de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución venezolana, el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, asumió la presidencia interina con el propósito de convocar elecciones libres y justas con el objetivo final de elegir un nuevo ejecutivo.

Si bien puede parecer un detalle menor distinguir entre "ser juramentado como presidente interino" y "declararse a sí mismo como presidente", es esencial hacerlo porque no diferenciar implica 1) ignorar el marco constitucional del país 2) y abordar a conclusiones erróneas en relación a lo que está sucediendo en Venezuela.

¿Otra instancia de intervención estadounidense?

Otra narrativa prevaleciente señala que lo que está sucediendo en Venezuela es el resultado de una intervención de los Estados Unidos. Esta falsa narración tiene solo dos propósitos: 1) desacreditar a la oposición y 2) darle a Maduro tiempo para diseñar los próximos pasos que le permitirían aferrarse al poder. Si bien es cierto que los Estados Unidos han tenido una larga historia de intervención internacional en América Latina, los eventos que se están desarrollando en Venezuela en este momento no son el resultado de la intervención de los Estados Unidos o la imposición externa. Otorgar todo el crédito, o la culpa, a la administración de Trump se aleja de la lucha y los sacrificios de los venezolanos para restablecer la democracia.

La presión internacional sobre el gobierno para que se respeten las normas democráticas, sanciones por violaciones del derecho internacional y apoyo a los partidos de la oposición y los grupos de la sociedad civil ha sido a menudo benigna. Especialistas en el tema han señalado que la presión internacional ha sido a menudo crucial para lograr la democratización. Es así como que después del claro movimiento de Venezuela hacia un autoritarismo total, una mala gestión económica, una crisis humanitaria en crecimiento exponencial y un éxodo masivo, el hemisferio occidental ha decidido cambiar su discurso. Ahora, las potencias mundiales, incluidas la UE, los EE. UU. Y Canadá, así como la mayoría de los países latinoamericanos, han reconocido a Maduro como un presidente ilegítimo, al mismo tiempo que respaldan en gran medida a Guaidó como presidente interino.

Sin embargo, para ser claros, esta participación internacional no es igual a la intervención internacional. Estas son dos cosas diferentes que el régimen y los simpatizantes internacionales han tratado de equiparar. Es cierto que algunas transiciones a la democracia, como en América Central, han sido el resultado de una intervención internacional abierta, sin embargo, eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy en día. Nombrar y avergonzar a la administración de Maduro y reconocer y reforzar la legitimidad de Guaidó son cualitativamente diferentes de las aventuras militares y los golpes de estado orquestados por la CIA en el siglo XX.

Si bien no podemos estar seguros de que todos los actores dentro de la oposición rechacen una posible intervención, la mayoría de los miembros de la oposición y la población venezolana no quieren ni han pedido una intervención internacional. Lo que aspiran es una clara refutación internacional de las prácticas autoritarias del régimen de Maduro, la identificación de su falta de legitimidad y la presión diplomática para finalmente celebrar elecciones libres y justas.

La eflorescencia de la oposición.

Si no estamos en presencia de un golpe de estado de élite o una imposición externa de cambio de régimen en Venezuela, ¿qué está pasando?

Yo diría que el resurgimiento de la acción estratégica por parte de una oposición unificada y la movilización masiva son componentes clave del nuevo escenario que estamos presenciando hoy en Venezuela. Es importante recordar que la desmovilización, atomización y desmoralización de la oposición en el pasado en gran medida fue resultado de las acciones específicas de Chávez y Maduro para evitar que surja una alternativa política.

Igualmente, las luchas internas también acarrearon una falta de transparencia y credibilidad. Por otro lado, la represión de la protesta, encarcelamiento de los líderes de la oposición y otras medidas debilitaron la oposición organizada al régimen. Sin embargo, este sector político está ahora en mejor forma por dos razones.

Primero, el nuevo liderazgo ha ayudado a unir a una oposición altamente fragmentada. Está siendo dirigido por alguien joven, aparentemente intrépido pero cauteloso al mismo tiempo. Por primera vez, es la oposición quien está estableciendo las reglas del juego, que Maduro y su coalición nunca vio venir. Al ser juramentado como presidente, Guaidó elevó las apuestas a un máximo político con el objetivo de romper las coaliciones gobernantes. Como lo ha señalado la literatura sobre la negociación de la élite durante la transición democrática, los cismas internos son a menudo centrales para romper el control del poder de un titular.

En Venezuela, en este momento, casi todo está en manos de los militares, que hasta hoy han sido leales a Maduro por razones muy obvias. La tortura, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción son solo algunas de las muchas violaciones que han cometido. Ahora les toca a ellos decidir si seguir la constitución y reconocer a Guaidó como el presidente legítimo o continuar bajo el control de Maduro. La forma en que estoy describiendo estas dinámicas no refleja la realidad compleja que muchos funcionarios están viviendo. Mientras que los altos rangos sí apoyan a Maduro, aparentemente en forma incondicional. Los rangos medio y bajo estarían dispuestos a cambiar, particularmente después de que la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional, proporcione inmunidad a todos los oficiales militares y civiles si ayudan a restaurar la democracia. Sin embargo, precisamente estos rangos y sus familias han sido vigilados, atacados e incluso encarcelados en los últimos meses.

Segundo, Guaidó ha podido asegurar un amplio apoyo de los venezolanos comunes. Sus movimientos estratégicos no serían tan desafiantes, ni siquiera creíbles, sin el apoyo de los miles de venezolanos que tomaron las calles pacíficamente el 23 de enero. A pesar de la miseria, el hambre y la falta de servicios públicos que los venezolanos viven todos los días, decididamente escucharon a su nuevo líder y se unieron con demandas muy simples: el cese de la usurpación, la creación de un gobierno de transición y elecciones libres.

Partes de la literatura sobre transiciones democráticas apuntan a la presión desde abajo. Sabemos que la sociedad civil, los trabajadores, las clases medias y altas, los movimientos estudiantiles, en fin, "las personas" de un país son un motor extremadamente importante para lograr la transición.

Una transición sui generis.

El hecho es que la oposición venezolana ha iniciado un proceso de transición sui generis que América Latina no ha visto antes. Peculiaridad que se soporta en el propio marco constitucional del país. Esta transición no es un golpe de estado ni una instancia de imposición externa. Más bien, es el resultado de que los venezolanos toman el destino de su país en sus propias manos y claman por un cambio democrático.

Ha comenzado la transición. No sabemos a ciencia cierta si este proceso culminara un cambio sustantivo de régimen. Sin embargo es posible afirmar que en Venezuela están presentes varios factores que la ciencia política ha identificado como necesarios para las transiciones. En primer lugar, la oposición ha recuperado su credibilidad y capacidad de movilización . En segundo lugar, miles y miles de personas han tomado las calles para exigir la democracia, a pesar de la violenta represión de protestas en el pasado. En tercer lugar, la presión internacional ha ayudado a deslegitimar al régimen de Maduro y dar visibilidad y credibilidad al recién jurado presidente Guaidó. Finalmente, los eventos dramáticos de los últimos días podrían llevar a la deserción y divisiones internas. De unirse todos estos factores cruciales la pregunta no sería si va a haber una transición a la democracia en Venezuela, sino cuándo.

Venezuela lidera la cuarta ola de democratización en América Latina. La presión conjunta de una oposición unida, de la mano de la comunidad internacional y la gente, está creando nuevos desafíos para el régimen de Maduro. En este momento de alta incertidumbre, lo único que de hecho es cierto es que la transición ha comenzado en Venezuela.

*Demystifying the Democratic Transition in Venezuela

Maryhen Jiménez Morales es Doktorandin en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford.