domingo, 31 de agosto de 2014

¿Un salto atrás político? (II)


Nelson Acosta Espinoza

Me voy a permitir insistir en el tema desarrollado en el artículo de la semana pasada (Un salto atrás político). El argumento expuesto en ese breve escrito se podría resumir mediante la interrogante siguiente: ¿Por qué, mientra el resto del mundo comenzó (1989) a desprenderse de las viejas certezas, la política venezolana siguió aferrada a ellas? En esta ocasión, voy a intentar dar repuesta a esta interrogante haciendo uso de algunas herramientas de índole filosófica. Disculpe este atrevimiento amigo lector, pero lo considero necesario. Espero que el desarrollo del argumento no sea farragoso

Veamos. El filósofo español Ortega y Gasset distinguía entre ideas y creencias. Hagamos uso de esta distinción para delinear el horizonte teórico en el cual se inserta la respuesta a la interrogante que formulamos en el párrafo anterior. Las creencias son convicciones sobre la realidad que se asumen de manera inconscientes. No se adoptan a través de un proceso de reflexión. Se "vive" en ellas. Es así que Ortega y Gasset argumenta "las creencias no surgen un tal día y hora dentro de nuestra vida, no arribamos a ellas por un acto particular del pensar…no son ideas que tenemos sino ideas que somos".Según esta posición, la existencia del hombre, su vida misma, depende de las creencias en las cuales él se encuentre. En otras palabras, los cambios de la historia de la humanidad los deciden la intensificación o el debilitamiento de las creencias vigentes en ese momento en particular.

Ahora bien, ¿cuáles son esas creencias que conforma la estructura cognitiva de la política en nuestro país? Por ejemplo, ¿esas "ideas que somos" se han fortalecido o debilitado? A ver. En forma esquemática las podríamos sumariar así: visión rentista del estado y la sociedad; proteccionismo en lugar de iniciativa y competitividad; relaciones clientelares a lo largo de todo el tramado social; políticas públicas orientadas más a distribuir que a producir o hacer producir; autoritarismo centralizador y resistencia a las autonomías regionales; representación mesiánica, autoritaria de Bolívar e incorporación de esta creencia como elemento fundante de la doctrina del estado socialista y desapego hacia la individualidad ciudadana.

Estas creencias permanecen aún como el núcleo central de la cultura política en Venezuela. En cierto sentido, estas ideas han conformado los "marcos cognitivos" mediante los cuales la población interpreta la realidad y define el llamado "sentido común". Atención, estos marcos son inconscientes. Vale decir, estructuras de nuestro cerebro a la que no podemos acceder de forma consciente. Por esta circunstancia, cuándo la información percibida no se conforma al marco definido nos quedamos con el marco e ignoramos los hechos. El "Dakazo", por ejemplo, activó en sectores de la población el marco que definía al presidente como protector del pueblo y distribuidor generoso de la riqueza que pertenece a todos. Y esta "generosidad" fue retribuida electoralmente.

Retomemos nuestra pregunta inicial. La respuesta la podemos encontrar en la dificultad, exhibida, hasta ahora, por parte de los sectores democráticos de desarrollar un lenguaje propio que active un nuevo marco cognitivo que compita y sustituya el vigente. Si duda, el gran logro del chavismo-madurismo ha sido, por ejemplo, encadenar los asuntos públicos a los valores descritos. Y, estas creencias, se encuentran profundamente asentados en la mentalidad de gran parte de los ciudadanos de este país.

Para finalizar, me permito esta observación. Es tarea de la oposición democrática conectarse con los problemas reales de los ciudadanos y expresarlos a través de un lenguaje y marco cognitivo distinto al del adversario. Recordemos la sentencia filosófica: ser dicho es ser.

Viaje a una Venezuela de contrabando



EL PAÍS recorre la ruta de los pequeños ‘bachaqueros’ desde Maracaibo hasta el otro lado de la frontera colombiana, cerrada cada noche por orden del Gobierno de Nicolás Maduro

N. de la R.: El término “bachaquero” proviene del nombre de unas hormigas locales, llamadas “bachacos” que transportan grandes cargas de hojas hacia el hormiguero. Una especie de estos insectos también es utilizado por los indígenas venezolanos para preparar un picante muy fuerte al que llaman "catara".

Alfredo Meza, (Maracaibo) 
31 de agosto de 2014

El 22 de agosto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prohibió mediante un decreto la exportación de hasta 89 productos de consumo masivo como parte de los esfuerzos de su Gobierno para reducir el contrabando. Esa disposición no impide que Obama —el mote del protagonista de esta historia— intente una vez más vender carne, pollo y queso en Colombia para obtener un ingreso adicional a los 6.000 bolívares mensuales (67 dólares, 51 euros, a la tasa de cambio del mercado negro) que gana como empleado de un frigorífico.

Obama, de 25 años, recién casado y padre de una niña, reside en Maracaibo —capital del Estado petrolero de Zulia y segunda ciudad más importante de Venezuela— y vive como bachaquero. El Gobierno define así a las personas que trasladan artículos subsidiados por el Estado al otro lado de la frontera para revenderlos a precio de mercado. La furtiva desaparición de hasta un 40% de los productos regulados destinados al mercado interno, según cifras oficiales, ha provocado una respuesta de Caracas en dos frentes: una estricta vigilancia militar en los 2.200 kilómetros de frontera colombiana y la incorporación voluntaria de supermercados, farmacias y pequeños comercios a un programa de captura de las huellas digitales de sus clientes.

Esta semana, las principales cadenas de supermercados de Maracaibo comenzaron a instalar sistemas biométricos que pretenden limitar la compra de alimentos básicos. A simple vista la medida evita el patético espectáculo de ver a los clientes liándose a golpes por las escasas existencias —una escena muy común en la actual Venezuela—, pero no garantiza el abastecimiento. El pasado miércoles, en la sede de Súper Tienda Latino de la avenida 15, en la acomodada zona norte de Maracaibo, había anaqueles repletos de desinfectante, arroz, café, margarina y papel higiénico, pero escaseaban la harina de maíz precocida y la carne. “Hace mucho que no llegan”, confesaba Frank Vergara, gerente del local.

Obama, en cambio, sí tiene carne y pollo de primera —regulados a 90 bolívares (un dólar, 0,76 euros) y 43 bolívares (medio dólar), respectivamente, por kilogramo— que le ha vendido su jefe a precio de mayorista, y quiere ofrecérselos a tres clientes en Maicao, en el departamento de La Guajira, el primer poblado colombiano tras cruzar la frontera. Parece un plan arriesgado. El pasado día 23, el canal Venezolana de Televisión mostraba al vicepresidente venezolano Jorge Arreaza y al número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, rodeados de 63.000 litros de combustible y diez toneladas de alimentos empacados cerca del río Limón, en uno de los puestos de control que Obama deberá salvar antes de completar su negocio. “Habrá sanciones graves a cualquier funcionario público o miembro de las Fuerzas Armadas que permita la salida del país del alimento del pueblo”, prometió Arreaza entonces con el evidente objetivo de disuadir a los aventureros.

Obama se persigna antes de introducir su cargamento —13 kilos de carne, 20 de pollo y 40 de queso blanco duro— en la maleta de un viejo Caprice Classic de 1983 que pertenece al taxista Jorge, un evangélico que jamás falta a la iglesia los domingos. Son vehículos muy apreciados en esta zona por su enorme tanque de gasolina, de unos 110 litros, que permite revender parte del combustible al otro lado de la frontera. El viaje es un negocio para todos. Para Obama, que venderá el kilo de carne a 4,6 dólares (3,5 euros) el kilo, y para Jorge, que negociará un punto de gasolina —una medida que equivale a 23 litros— por unos 13 dólares.

Con esa cuenta en mente, el sol empieza a ocultarse en la ruta hacia Maicao, a 100 kilómetros de distancia por una vía recién asfaltada a orillas del Caribe. Por el camino, Obama y Jorge van recordando las experiencias más hilarantes que han vivido como bachaqueros para disimular la angustia. No debería ser más de hora y media de trayecto, pero los puestos de control del lado venezolano convierten el viaje en una travesía de hasta tres horas. Además, por órdenes de Maduro, la frontera permanece cerrada entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada para evitar el contrabando. Hay que apurarse porque la carne y el pollo se están descongelando.

Cuando se aproximan a la primera alcabala o puesto de policía, en una de las márgenes del río Limón, Obama le da unos siete dólares a Jorge para pagar el primer soborno o coima. Tienen suerte. El guardia les indica que sigan adelante. En el siguiente punto, en el retén de Las Guardias, un teniente de las Fuerzas Armadas ordena detener el vehículo. Jorge abre la puerta:
—¿Qué llevas ahí en la maleta?
—Te voy a dar tu picada (coima).
—Bájate y ábrela.

Jorge le pide a Obama la factura de la carne. Con ese comprobante podrán demostrar a la autoridad que la mercancía les pertenece. Obama saca del bolsillo delantero de su pantalón un papel doblado que le extiende a su amigo.

Diez minutos después Jorge regresa y dice:
—Debemos esperar un rato.
—¿Aceptó o no aceptó la picada? —pregunta Obama un poco inquieto.
—Tranquilo, coño. El hombre va a hablar con el capitán que comanda el pelotón para que podamos seguir.

El teniente introduce medio cuerpo en el asiento del piloto esperando su coima. Resignado, Jorge toma cinco billetes de 100 bolívares (algo más de cinco dólares) y se los coloca dentro de la guerrera. De inmediato el teniente cierra la puerta y hace sonar un silbato para que acelere.

Una pista para ganar seis veces más

Antes de llegar al próximo punto de control venezolano, Obama deberá continuar el recorrido en otro vehículo. Las restricciones en la alcabala de Guarero, la más importante y complicada del trayecto, obligan a un cambio de planes. Hay que tomar una pista embarrada para llegar hasta Maicao y el coche de Jorge no puede transitar por allí. Ha llovido mucho.

En Los Filúos, una especie de gran zoco árabe a oscuras situado al borde de la carretera y repleto de gente que habla en dialecto indígena, Obama sube a un viejo camión acondicionado para transportar a pasajeros en su parte trasera llamado chirrinchera en el castellano local. Advertido por el chófer, un indígena Wayuu llamado Fabio, Obama oculta la carne, el pollo y el queso. Los demás viajeros, la mayoría miembros de la etnia Wayuu, habitantes originarios de la zona que viven del contrabando, suben al vehículo y esconden también su mercancía. Ellos también llevan alimentos para revenderlos en Colombia.

El camión se desvía por un camino de tierra que los entendidos llaman La Cortica. Es una pista abierta entre matorrales densos y que atraviesa varios caseríos separados por sogas donde hay que pagar para poder seguir. Cien bolívares aquí, cincuenta más allá, otros 200 al final del trecho.

Obama ha recuperado la sonrisa que había perdido en el trayecto. En las paredes de las viviendas aparecen carteles de la reciente campaña presidencial del presidente Juan Manuel Santos. Ya está en Colombia. Al salir de la pista hay que recorrer otros diez kilómetros más hasta llegar a la calle 13 de Maicao, punto final del recorrido.

Allí esperaba Jorge parado al lado de su Caprice Classic y con la maleta abierta. A sus pies había cuatro bultos de Harina Pan, la marca más reconocida de Venezuela, la base para elaborar las arepas (una especie de empanadas), parte esencial de la dieta venezolana. Cada bulto tiene 20 paquetes de un kilo (o sea 80 paquetes en total). Antes de entregar la carga a sus clientes, Obama preguntó a uno de los revendedores cuánto costaba cada unidad de Harina PAN. Dos mil pesos colombianos, le respondieron, unos 90 bolívares (un dólar). En Venezuela le costó 14 bolívares, seis veces menos.

¿Ajuste con captahuellas?


Humberto García Larralde

Para aquellos optimistas que argumentaban que la gravedad de la crisis económica obligaría al gobierno a corregir sus políticas, los últimos anuncios del gobierno deben haberlos sacudido. El ministro plenipotenciario Rafael Ramírez, al ser preguntado sobre el tema cambiario en una entrevista para Últimas Noticias, señala que las empresas deberán demostrar de donde obtuvieron los bolívares con los que compran dólares, so pena de cometer “ilícitos cambiarios” (¡!). Luego Maduro anuncia la aplicación de captahuellas en los negocios para reprimir el “consumo exagerado” y el contrabando, supuestas causas de la escasez. Como si fuera poco, se asoma la venta de CITGO para aliviar problemas de caja y evitar su posible confiscación ante la disputa con Exxon-Mobil y Conoco-Phillips. En absoluto se prevé un ajuste racional: lo acaba de anunciar Maduro aseverando que no habrá liberación de precios ni del control de cambio. Veamos por qué.

Chávez llegó al poder con una prédica redentora y patriotera que -para hacer corto el recuento- terminó repartiendo la renta petrolera en desapego a criterios económicos. Lo llamó “socialismo”. Pero este reparto en absoluto obedecía a un plan nacional -objetivado a través del consenso mayoritario entre fuerzas políticas y sociales- que proyectaría la ruta hacia un mayor bienestar. Respondía, simplemente, a razones de poder. Luego del susto que provocó la probable pérdida del referendo revocatorio, Chávez entendió la perentoria necesidad de cultivar una amplia base política que le garantizara su perpetuación en el mando y lanzó las “misiones”. El único requisito para ser beneficiario de estos programas de reparto era la lealtad incondicional al “proceso”. Pero requerían derribar las institucionales que, a través del apego a la ley, la rendición de cuentas, la transparencia en las decisiones y la acción contralora derivada de la separación y autonomía de poderes, resguardaban que el uso los dineros públicos respondiese a fines de desarrollo convenidos. La demolición del Estado de Derecho permitió también la represión de toda crítica a tal usurpación, así como la apropiación arbitraria de empresas privadas para ampliar aun más la riqueza a repartir.

Un esquema de usufructo de la riqueza que irrespeta los derechos de propiedad, que asigna recursos a discreción en violación de su costo de oportunidad, que no rinde cuentas y propicia el aprovechamiento impune de lo público, constituye un régimen de expoliación. No obedece a reglas, todo se decide a discreción del Líder en atención a intereses partidistas y particulares, y al vaivén de la correlación de fuerzas entre grupos de poder. El hecho de que los niveles de consumo de la población se hayan elevado a partir de 2005 sólo atestigua el hecho de que, con el salto en los precios internacionales del crudo, el reparto pudo atender tanto las apetencias de los enchufados como a sectores populares. No lo acredita socialmente. Y dada la ausencia de resguardos institucionales, y como resultado de las distorsiones macroeconómicas resultantes de la profusión de controles y regulaciones implantados, la bonanza resultó efímera.

El discurso comunistoide ha sido muy ventajoso para legitimar este régimen de expoliación. Alegando luchar contra el Estado Burgués, el chavismo desmanteló el Estado de Derecho, con sus garantías en materia de derechos humanos, de propiedad y procesales. La prédica anticapitalista legitimó, ante los suyos, la expropiación de empresas por parte del Ejecutivo. La pretensión socialista “justificó” la instrumentación de todo tipo de controles y la usurpación de potestades ciudadanas en nombre de la prosecución del bien común. Y, por último, la “justicia revolucionaria” permitió la aplicación de un terror de Estado contra todo aquel que se interpusiese a este arreglo y la represión de la opinión independiente. Como resultado, se concentró el poder en una oligarquía que dispuso discrecionalmente de los dineros públicos. Alegando ser herramienta de un “poder popular”, prohijó un sistema patrimonialista, conforme al cual los recursos del Estado son manejados como si fueran de su propiedad. Por supuesto, como mafia que depende del ejercicio de la fuerza para disfrutar de su botín, debió compartirlo con lugartenientes y bases clientelares. Como castigo, la disidencia, por “apátrida”, fue excluida del usufructo de lo que se supone público.

Con la demolición de las instituciones, el campo quedó despejado para negociados y corruptelas de todo tipo. En particular, las regulaciones y los controles de precio ofrecieron un eficaz mecanismo para extorsionar empresas en nombre de intereses colectivos, a la vez que abrió oportunidades a los conectados para enriquecerse comprando a precios subsidiados y revendiendo a sumas muy superiores. El desabastecimiento provocado por precios represados, incluida el de la divisa, procreó la demanda insatisfecha para que proliferase tal especulación. Al poder vender la gasolina en Colombia o las islas del Caribe 2000 veces más cara de lo que cuesta en Venezuela –calculado según el dólar paralelo-, hay plata para pagar lo que sea a Guardias Nacionales, policías, agentes aduanales y cualquier otro funcionario y todavía embolsillarse una fortuna. Pero ello es válido para todos aquellos bienes y servicios con precios controlados, aunque los márgenes sean menores. Genera incentivos perversos para tales ilícitos y, como sucede con la guerra al tráfico de drogas, los intentos por reprimirlos aumentan su cotización. Invocar la honestidad como único remedio y no sincerar las relaciones de precio, perpetúa la corrupción. Como dijera Miguel Rodríguez, ex ministro de Cordiplan, “hasta la Madre Teresa de Calcuta se corrompe de ponerla al frente de Recadi” (antiguo control de divisas en los años 80).

Desmontar los controles para liberar la iniciativa privada y generar empleos productivos requiere que la oligarquía bolivariana desmantele aquello que le ha permitido acaparar poder y fortunas. No es de extrañar, por ende, su renuencia a todo ajuste racional. El pretexto ideológico para perpetuarse en el poder les hace creer, de tanto repetirlo, que no tienen por qué ceder. La leche subsidiada muestra la intención benévola de la “revolución”. Si no se consigue a ese precio es por la acción de los enemigos del pueblo. Nada les dice que los países que han controlado la inflación no controlan precios. Pero argumentando estúpidamente una “guerra económica” que les permite culpabilizar a otros, la oligarquía legitima el sistema perverso de controles. En este orden se ubica el anuncio de Maduro referente a las captahuellas. Y es que liberar precios resulta muy costoso políticamente para el gobierno –y socialmente para el país-, por cuanto el chavismo destruyó el aparato productivo y, con ello, la posibilidad de remuneraciones dignas. Ante la quiebra del país, el precio de la mano de obra –el salario real-, no podrá ajustarse sino hacia abajo.

Pero nuevamente la ideología comunistoide sale al rescate. Controlar con captahuellas el consumo de una oferta que languidece por la destrucción de la economía y la dilapidación de los dólares corresponde con la prédica moralista de una vida austera, contrario al consumismo dispendioso del capitalismo. La tarjeta de racionamiento cubana, pero en versión electrónica, es lo que queda para el populacho de este peculiar “socialismo”. Cual alumnos aventajados del Ministro de Propaganda Nazi, Joseph Goebbels, quieren hacernos creer que es en nuestro beneficio. Sepultada queda la idea de “liberar las fuerzas productivas” para permitirle al hombre pasar, según Marx, “del reino de la necesidad al reino de la libertad”. Aun así, se lavan conciencias y se absuelve la expoliación del país por un grupo reducido en nombre de la utopía marxiana. ¡A vender activos, como CITGO, para que la fiesta pueda continuar!

El hecho de que proseguir con las actuales políticas requerirá niveles crecientes de represión, no inquieta a la oligarquía en el poder. Reprimir en nombre de la “Patria”, como lo vienen haciendo, está en su naturaleza fascista. Así lo atestigua la militarización del régimen. Que lo digan los millares de estudiantes atropellados mientras protestaban pacíficamente, los centenares de apresados, los torturados y los cuarenta y tantos muertos en la protesta popular. En honor a los anhelos de libertad y justicia que inspiran estas luchas, debemos derrotar la nefasta implantación de las captahuellas. Es hora de que el gobierno reconozca su responsabilidad en el desastre actual e instrumente los ajustes, por más dolorosos que sean, que permitan devolverle el futuro a los venezolanos.

domingo, 24 de agosto de 2014

¿Salto atrás político?


Nelson Acosta Espinoza

Bien pudiera decirse que el país ha dado un salto atrás. No en el sentido explicito como es abordado en el sainete criollo escrito por Leoncio Martínez, uno de nuestros insignes humoristas. Por el contrario, el salto del cual estamos hablando es de otra naturaleza. Su ámbito es el histórico. En otros términos, lo que pretendemos subrayar es que la dinámica política, económica, social y cultural del país en estos últimos 25 años ha ido a contracorriente en relación con la que ha prevalecido a escala global. Desde luego, esta es una afirmación un tanto fuerte y, es posible, que algunos de nuestros lectores la encuentren desmesurada. Después de todo, haber permanecido dos décadas y media transitando una vía contraria a la que ha predominado en el ámbito global es una "hazaña" digna de explicación.

Intententemos, entonces, proporcionar una respuesta. El punto de ruptura lo ubicamos en el año 1989. Esta fecha posee una doble significación. Una de carácter universal y, otra, de naturaleza particular. La primera, se refiere al efecto simbólico y político que tuvo la caída del muro de Berlín. Sin lugar a dudas, ese día se recordará como la fecha simbólica del final de una época. Hoy en día, estamos conscientes de que 1989 fue el año en que el mundo comunista, en forma inesperada, se vino abajo. La segunda connotación se encuentra más cercana a nosotros. Desde luego, me refiero el sacudón político, económico y cultural conocido con el nombre de "el caracazo" ocurrido, igualmente, en el año de 1989. Más allá de las explicaciones puntuales, como por ejemplo, que fue una "rebelión popular" contra medidas de carácter neoliberal implantadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez o, "una revuelta consumista", que expresaba una agresiva respuesta de grupos sociales que actuaban sin responder a líneas políticas y carecían de liderazgo, el caracazo, al igual que la caída del muro de Berlín significó el fin de una época histórica.

Vamos a concentrarnos, brevemente, en el significado y consecuencias de esta ruptura o cancelación epocal. ¿Qué se interrumpió? Y, si esta interpretación es correcta, ¿con qué nuevo modelo se sustituyó lo ya caducado? Veamos. En relación a la primera interrogante, el caracazo marcó el agotamiento de nuestra primera modernidad iniciada en las primeras décadas del siglo veinte e impulsada por el control de la renta petrolera por parte del estado central. Este modelo hizo aguas y la dirigencia política no tuvo conciencia plena de esta realidad. Nuestras élites, construidas en esta primera modernidad democrática, no pudieron ejercitar el rol dirigencial que se supone que estos grupos deberían asumir. En otros términos, esta intelectualidad política, también, estaba exhausta.

¿Por qué el uso de la expresión salto atrás? Porque a diferencia de los procesos políticos y culturales que se iniciaron con la caída del muro de Berlín (liberización política y económica; forjamientos de nuevos espacios para la expresión y ejercicio de la libertad; apertura hacia inéditos temas y opciones sociales y culturales) en Venezuela se inició un camino hacia la restauración de lo ya agotado. Las políticas diseñadas a lo largo de estos años no apuntaban hacia adelante; carecían de futuro y les sobraba pasado. En otras palabras, hacia atrás fue el salto llevado a cabo por la dirigencia que se apoderó del aparato gubernamental.

Disculpe el lector lo sucinto de la explicación. El espacio concedido no me permite extenderme. Mi propósito es llamar la atención sobre el "agujero negro" en el cual nos encontramos y la necesidad de que nuestra dirigencia democrática se deslastre del pasado.

Los restauradores, saltan hacia atrás. La intelectualidad democrática debe generar y comprometerse con una nueva visión del país que apunte agresivamente hacia el futuro.

Sin una verdadera oposición, no hay cambio


Carlos Tablante

Hay consenso que lo que vive Venezuela no es una democracia. Unos hablan de democracia de fachada; otros, de autoritarismo competitivo, incluso algunos creen que no hay democracia  pero tampoco dictadura. Y también estamos los que consideramos que, además de todo lo anterior, la expansión de las redes de la corrupción y la impunidad se han adueñado del país y han sustituido al Estado de Derecho por un estado delincuente.

Estas caracterizaciones son expresadas igualmente por Leopoldo López en lo que él define como “la dictadura del siglo XXI”, es decir, la arbitrariedad y el abuso, la intención de imponer el pensamiento único, el partido único y el líder único, utilizando la chequera petrolera, instaurando el poder de una casta cívico-militar corrupta que ha intentado controlar todo, sin lograrlo aún, por la resistencia de la sociedad democrática venezolana.

Lo traumático no es proponer una salida, traumática es la terrible situación que estamos padeciendo los venezolanos como resultado del fracaso de este desgobierno. Hasta el propio Maduro lo ha reconocido al anunciar un paquete de duras medidas que van a representar grandes sacrificios para las mayorías. Mayorías que ya están padeciendo la inflación más alta del planeta, una escasez de medicinas y alimentos nunca antes vista, el caos de servicios públicos como electricidad, agua, basura, transporte y vialidad, además del colapso del sistema de salud, de educación. Así mismo, el desbordamiento de la inseguridad personal: la violencia y la impunidad han convertido a Venezuela en uno de los países más peligrosos y corruptos del mundo. Como si fuera poco, es evidente la emergencia institucional por la inexistencia de un Estado democrático, tal y como está previsto en la Constitución.

Venezuela está montada sobre un volcán de conflictos sociales. El experimento chavista se ha convertido en una gran estafa. A los voceros de la protesta, llámese estudiantes, vecinos o trabajadores, se les reprime brutalmente. Se criminaliza ilegalmente a la protesta y a los que protestan. Pensar distinto, criticar, se ha convertido en un delito. Mientras a López, Scarano y Ceballos, siendo inocentes, les impiden promover pruebas y testigos en su defensa, mientras mantienen a estudiantes presos y torturados, mientras persiguen y golpean a los trabajadores de Guayana; a los verdaderos delincuentes, narcotraficantes y corruptos, les dan beneficios procesales.

Los periodistas, medios y ciudadanos que se atreven a reflejar, denunciar y criticar esta realidad, son perseguidos, multados y amenazados con cárcel. Los medios que resisten las amenazas son comprados por testaferros con mucho dinero de origen desconocido y  sospechoso. Todo ello dentro del intento del régimen de imponer una hegemonía comunicacional que controle y manipule totalmente a la opinión pública.

Este desolador panorama, sumado a la falta de liderazgo de una presidencia bicéfala ejercida de forma nefasta por el binomio Maduro-Cabello, le plantea incluso a los más cautelosos, la necesidad inmediata de una salida, es decir, unas elecciones presidenciales anticipadas, lo cual solamente sería posible con la renuncia de Maduro o la realización de una Asamblea Constituyente, producto de un acuerdo político para evitar el terremoto social que podría provocar un evento sobrevenido como consecuencia de la profunda crisis que vivimos. La Constituyente le abriría a la nación un auténtico espacio de diálogo y reconciliación.

Hasta los que satanizaban la propuesta que se hizo a principios de año denominada “La salida”, abortada brutalmente por el gobierno, ya a finales de este primer semestre coinciden en que buscar una vía que saque a Venezuela de esta insoportable crisis de gobernabilidad y gobernanza, es urgente, necesario e inevitable.

Sin querer colocar la carreta delante de los caballos, con la fuerza de la serenidad y de las lecciones aprendidas, debemos construir la salida y el proyecto de cambio en la calle, con la gente, de abajo hacia arriba. Una acción política articulada, desde la MUD, desde el Congreso Ciudadano, desde los partidos políticos y con los demás actores sociales, nos permitiría ampliar la base social de la protesta y así reforzar la plataforma unitaria incorporando en un rol protagónico, además de las organizaciones políticas, a todos los ciudadanos sin militancia partidista, incluso abriendo espacios al creciente malestar de la base social y política del oficialismo, lo cual es indispensable para lograr una mayoría que impulse el cambio.

Como dice Teodoro Petkoff “la oposición es para oponerse”.  Es un llamado que comparte la mayoría de los ciudadanos: la oposición debe cumplir un verdadero rol opositor al régimen de manera más combativa y contundente. Cada quien desde su espacio y con los recursos a su alcance, pero todos juntos en una acción política coherente que, aunque transitando por diferentes vías, logre alcanzar el mismo objetivo estratégico que no es otro que organizar y movilizar el descontento mayoritario del pueblo para lograr, con esa fuerza, el cambio de este sistema. Ese gran esfuerzo necesita que todos los líderes políticos y sociales, especialmente aquellos que tienen mayor responsabilidad por el apoyo que han tenido y tienen de la colectividad, pongan el acento en lo que los une y asuman con desprendimiento, humildad y generosidad, el papel histórico que les corresponde.

Las diversas visiones no nos colocan en diferentes aceras. No hay antagonismo porque el objetivo es el mismo. Todos estamos remando hacia la misma orilla. Tanto el Congreso Ciudadano, la bandera de la Constituyente, como la participación en las elecciones parlamentarias de 2015, desde luego sin dejar de exigir la liberación de los presos políticos, forma parte importante de una agenda de acción que debe concluir en una gran rebelión de votos para lograr el cambio político, que es la meta compartida, ya que cualquier desenlace que procure una contundente y sólida victoria a la alternativa democrática, necesariamente tendrá que pasar por la vía electoral y constitucional.

domingo, 17 de agosto de 2014

¡Cuidado con la tentación populista!



Nelson Acosta Espinoza

Se aproxima un nuevo acontecimiento electoral. Los dos bloques que constituyen formalmente la oposición democrática en el país han iniciado una suerte de calistenia organizativa de cara a los venideros comicios del año 2015. Han comenzado, por así decirlo, a ejercitar sus respectivos músculos discursivos y organizativos. Por un lado, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) organizó, hace pocos días, una reunión que calificaron de "encerrona". En este evento debatieron sobre las medidas apropiadas para garantizar la unidad y formular una estrategia electoral que proporcione respuestas a las inquietudes ciudadanas: inseguridad, alto costo de la vida, escasez, etc. Y, desde luego, proponer  una salida a la crisis política y económica que atraviesa el país.  El otro polo, de este espectro político,  instaló el Congreso de Ciudadanos. Iniciativa esta que ha sido concebida como un espacio para la discusión amplia sobre un proyecto de país. Su propósito se encuentra anclado en la necesidad de impulsar un cambio político hacia la transición democrática. En cierto sentido, el peso de su actividad reposa más en esta meta y no en urgencias de índole electoral.

Parece apropiado, en el marco de este escenario, reflexionar sobre el sentido de la política y su contextualización en este momento preciso del país. Formulemos dos preguntas insidiosas ¿presupone la competencia electoral la actividad política? ¿Se dirimen en las urnas principios y propuestas reconocibles por los electores? Para este relator, la experiencia de las últimas elecciones proporciona una respuesta negativa a estas interrogantes. Disculpen el sesgo pesimista. Pero, sin lugar a dudas, la tentación populista ha penetrado con su virus a la cultura política que da forma a nuestra institucionalidad democrática. En otras palabras, la competencia electoral tiende a imponer, por lo general, la sustitución del debate de ideas por el uso de palabras vacías y el griterío descalificador.

Démosle  una vuelta a la tuerca y quitemos radicalidad a la sentencia anterior. En cierto sentido, este mal reside en la dinámica institucional que presupone el ganar elecciones. Para alcanzar este objetivo, pareciera que se hace necesario no molestar el humor político de los ciudadanos, Vale decir, no recordar "verdades amargas y retos fatigosos". En fin, despolitizar el debate y no asumir los riesgos que implicaría la oferta de una propuesta radical y contraria a los usos y costumbres políticos institucionalizados. Máxime si ésta implica modificaciones en las creencias y usanzas de los electores.

Sin embargo, en este momento y circunstancia histórica, se impone enfrentar con vigor esta tentación populista. Hay que asumir la Política (así con mayúscula) y defender la democracia en tanto cultura. Es decir, que su amparo implica debatir con firmeza aquellas ideas que harían de esta forma política más democrática y participativa.

El debate en la actualidad no es sobre procedimientos. Lo medular lo constituye la forma apropiada y eficaz de cancelar este amargo período histórico. Se hace necesario, entonces,  abrir paso al futuro, sin mesianismos y pragmatismos vulgares. Los dos eventos mencionados apuntan hacia esa dirección. La "encerrona" de la MUD y el Congreso de Ciudadanos están contribuyendo a la construcción de horizontes donde todos se podrán  encontrar sin violentar sus respectivas identidades.

En este preámbulo de las venideras elecciones de 2015 se me ocurre que habrá que debatir, con sinceridad,  sobre "verdades amargas y retos fatigosos"

 ¡Cuidado con la tentación populista!












Recomponer la política


                                                                                           
           Simón García

Hemos tenido un año  terrible para la unidad, como el lejano 1814 en el que se perdió la República. Pero ahora, los contratiempos provienen de nosotros. Descuidamos un patrimonio vital. Se disminuyó la credibilidad de la MUD, se deterioró liderazgo opositor y se perdieron oportunidades para el crecimiento de una alternativa al caos social y económico.
           
 Formalmente subsiste una estructura unitaria, pero se ha producido una fractura. No desparece por dejar de abordar ciertos temas o ampararnos bajo la falsa consigna de que estas diferencias fortalecen la Unidad. Un descontrol de la voluntad de poder ha contagiado a varios líderes.
           
 Los resultados de la Salida han sido inventariados. Los aspectos positivos no compensan las consecuencias indeseables. El costo de la jugada, aún cumplido el propósito de desplazar unos liderazgos, fue elevado. En una parada de viveza criolla se prometió que un poco más de protestas expulsaría a Maduro, se le añadió la contraposición a la MUD y se celebró la reducción de la oposición a una parcela dentro de otra parcela.
            
 El desacuerdo con las propuestas de la Salida no implica asumir un deslinde para excluir a nadie a nombre de rutas fallidas. Su voluntarismo esta conectado a un sector sumido en la desesperación, propenso a los desenlaces rápidos y a aferrarse a promesas que no descansan ni en articular la movilización ni en la creación de conciencia y compromisos durables.
            
 A esa base social que nutre a la Salida, minoritaria aunque no marginal, hay que persuadirla inclusivamente porque importa para rehacer la unidad como diversidad de intereses, motivaciones y aportes. Ella forma parte de la oposición porque es reflejo de una realidad social, aunque resulte una piedrita en el zapato o a veces su agresividad obstaculice la recepción de apoyos que provengan del oficialismo.
           
 Pero no hay persuasión útil sin confrontar, civilizada y pedagógicamente, los falsos supuestos sobre los que se montó la Salida, sin seleccionar sus experiencias rescatables y sin llegar a los acuerdos satisfactorios para  reconstruir la unidad fijando las reglas para organizar la coherencia y la eficacia política de la oposición.    
            
Al iniciar un nuevo intento de cerrar la fragmentación opositora, es importante recordar que: 1. Los incentivos para dividirse son más poderosos que las razones para unirse, 2. Existen dificultades para aceptar el fortalecimiento general de la MUD sin provecho para las partes, 3. No existe aún una cultura ciudadana y militante que doblegue el fanatismo de partido, 4, Hay una antipolítica agazapada.  
              
 Afortunadamente la Unidad está aprendiendo a cuidarse de sí misma. El norte de la confrontación  apuntará a recomponer una política que mejore la calidad, la amplitud y la eficacia de la acción destinada a preparar alternativas de cambio de gobierno y de régimen. Un espacio donde terminarán por encontrarse la calle y el 2015,