sábado, 29 de abril de 2017

"Sean realistas: pidan lo imposible"

Nelson Acosta Espinoza
¿Es racional solicitar a una dictadura que respete el ordenamiento jurídico del país? ¿Puede considerarse como una ingenuidad demandar elecciones generales a un gobierno caracterizado como tiranía? ¿No entra en contradicción esta conceptualización con la formulación de demandas de naturaleza democrática? En fin, ¿cuál debería ser la caracterización apropiada de la coyuntura y la forma de lucha correspondiente?

Estas interrogantes las formulo a título de ejercicio en la búsqueda de las vías más apropiada para enfrentar esta profunda crisis que se ha desatado en el país. Ojo, observarán que escribo vías en plural. Es aquí, a mi juicio, donde debería posarse la reflexión sobre las potenciales salidas a la actual coyuntura. Desde luego, la variedad de formas de luchas debería estar acompañada con una diversificación y profundización de las demandas que están siendo formuladas.

Voy a intentar explicar lo sugerido en el párrafo anterior. Hasta el momento que escribo estas líneas la protesta se ha materializado a través de dos mecanismos: marchas y “plantón” en diversas ciudades del país. Las demandas han estado concentradas en cuatro solicitudes; celebración de elecciones; liberación de los presos políticos; establecimiento de un canal humanitario que mitigue el desabastecimiento de alimentos y medicamentos; y, finalmente, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional. Esta es la agenda de los demócratas. Bueno es recalcarlo, agenda contenida en la Constitución de la República.

Ahora bien, creo que ha llegado el momento de ampliar la política de alianzas implementada hasta el momento. La lucha callejera, a mi juicio, debería estar acompañada por expresiones de rebeldía democrática y constitucional de parte de otras organizaciones de la sociedad civil: sindicatos, asociaciones gremiales, vecinos, episcopado, ateneos, etc. Igualmente, esta solidaridad debería ir más allá del plano declarativo para poder articularse a la protesta ciudadana. Sería necesario, entonces, diversificar los escenarios donde desplegar esta contienda: iglesias, tomas de plazas, colegios profesionales, etc. En fin, pienso que la presente situación es apropiada para que la MUD rediseñe su política de alianzas en la búsqueda de la construcción de un gran frente cívico que enfrente al gobierno y profundice la lucha.

Me parece, igualmente, que se debe dotar de un contenido de rebeldía cultural a la expresión oposicionista en el país. Se lucha no tan solo para desplazar del poder al madurismo. Es imprescindible “preñar de futuro” este presente y derrotar simbólicamente en su totalidad el dispositivo socialista que se apoderó del poder en el país. Esta rebeldía cultural sería el mejor antídoto para expresiones restauradoras que comienzan aparecer en este horizonte de lucha.

Voy a finalizar este breve escrito con una referencia de naturaleza histórica. Dirigida especialmente a los jóvenes corajudos que arriesgan su vida en las calles del país. Celebramos un año más en los acontecimientos del mayo francés del año 1968. En ese mes se dio inicio a una cadena de protestas. Fue emprendida por grupos estudiantiles, a los que posteriormente se unieron obreros industriales y sindicatos. Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia.

Este movimiento tuvo una impronta cultural significativa. Fracasó en el plano político. Pero tuvo éxito al contestar con ingenio y creatividad los moldes culturales dominantes. Su influencia aún se hace notar en Francia en la actualidad.

Con esta referencia intento subrayar que las tareas no son exclusivamente políticas. Es necesario dotar de una significación simbólica las protestas callejeras. En otras palabras, hay que contestar a esta dominación política en el plano cultural. Y, en esta tarea, lo jóvenes deberían jugar un rol significativo. Ojala en el marco del fragor de estas luchas de calle se esté labrando una nueva generación de liderazgo político y cultural en el país.

En fin, en la actualidad hay que ser realista y pedir lo imposible.

La política realista es así.

¿Está Venezuela al borde de una transición?

Alejandro Tarre*
El detonante de la ola de protestas en Venezuela fue una decisión inconstitucional del Tribunal Supremo —órgano controlado por el chavismo— para anular el Parlamento con mayoría opositora. Ante la fuerte reacción nacional e internacional, el Gobierno se vio obligado a retroceder. Pero el hecho atizó el descontento de una población ya hastiada del creciente autoritarismo y la incompetencia de un régimen que ha hundido al país en la peor crisis económica y social de su historia.

No está claro qué va a ocurrir. Pero el temor del Gobierno no es infundado. Un temor que se deja traslucir en los videos y fotografías de la mortal represión a la protestas que pululan en las redes sociales. Aunque los manifestantes no pueden provocar un cambio por la fuerza, las protestas crean escenarios volátiles donde es más factible un resquebrajamiento interno de la dictadura que lleve a una transición. Y en esta ocasión se han juntado un grupo de condiciones que hacen este escenario más fácil de imaginar.
¿Cuáles son estas condiciones? En primer lugar la gravedad de la crisis. Una debacle económica que ha llevado a una emergencia humanitaria sin precedentes, con gente hambrienta escarbando basura en busca de restos de alimentos. Esta crisis ha provocado un profundo descontento: tres de cada cuatro venezolanos quieren que Nicolás Maduro abandone la presidencia. Y afecta a toda la población, incluyendo a los soldados y policías que el Gobierno utiliza para reprimir y que no deben estar contentos defendiendo a una elite corrupta que tiene a sus hijos pasando hambre.

A esta presión interna se suma la externa. Nunca antes el chavismo había se había enfrentado a un panorama internacional tan desfavorable. Ya son pocos los países de la región que no condenan los excesos autoritarios del Gobierno. A principios de mes, 19 miembros de la OEA y todos los países del Mercosur firmaron resoluciones y emitieron declaraciones reprobando la disolución del Parlamento.

Tampoco ayuda a Maduro que la oposición esté unida detrás de una sola estrategia: presionar al Gobierno en la calle hasta que ceda con varios puntos importantes, incluyendo la convocatoria de elecciones y el restablecimiento pleno de los poderes del Parlamento.

En parte este consenso se debe a que la oposición ha aprendido de sus errores. Pero también a que rechazar ahora la estrategia de calle tiene un costo. El pasado octubre el gobierno suspendió ilegalmente el proceso de convocatoria de un referendo revocatorio presidencial. La coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reaccionó con un llamamiento a tomar las calles pero poco después lo abandonó para iniciar un “diálogo” con el Gobierno.

Maduro no cedió en nada sino más bien aprovechó las negociaciones para seguir atropellando a sus adversarios
Esta decisión fue ampliamente criticada, incluso por algunos partidos de la coalición que se negaron a participar en las negociaciones. Muchos pensaban que el gobierno no tenía la más mínima intención de hacer concesiones y el “diálogo” era una mera estrategia dilatoria. Este argumento no era una suposición basada en el instinto sino en la experiencia. El gobierno ya había utilizado varias el diálogo para distender tensiones en momentos álgidos para luego seguir reduciendo rápidamente los espacios de acción democrática.

Los escépticos no se equivocaron. Maduro no cedió en nada sino más bien aprovechó las negociaciones para seguir atropellando a sus adversarios. Como muchos anticiparon esto, la MUD pagó un precio en la opinión pública y por eso ahora es poco probable que una facción de la coalición proponga dejar la calle conociendo el costo político de asumir esta posición.

Maduro, pues, tiene razones para estar nervioso. Hace frente a una población exhausta por una crisis cada vez más grave, consciente del altísimo riesgo que implica protestar pero también convencida de que el saldo de no hacer nada es mayor porque implica una prolongación de la emergencia humanitaria; una presión internacional que, aunque todavía podría ser más fuerte, ha aislado al chavismo como nunca antes; y una oposición blindada temporalmente de divisiones por la experiencia de sus pasados errores y las potenciales consecuencias de volver a cometerlos.

¿Tiene Maduro los días contados? No necesariamente. Si no hay fractura dentro del régimen, la oposición no tiene el poder de imponer su voluntad. Y, si no se vislumbra ninguna posibilidad de cambio, la gente podría cansarse de protestar. Por eso es importante no solo aumentar la presión externa sino promover la ruptura interna; acercarse a piezas importantes del andamiaje que sostiene a la dictadura y explotar los focos de descontento y el creciente temor a una repentina transición para estimular deserciones.

Pero no cabe duda de que en pocas semanas la realidad política venezolana se ha transformado. Un Gobierno que se sentía seguro ahora está contra la pared, reaccionando a los pasos decididos de una oposición rejuvenecida y cientos de miles de venezolanos que están dispuestos a darlo todo para alcanzar la libertad.

*Alejandro Tarre es escritor y periodista.

UN ESFUERZO DE SALVACION NACIONAL




Manuel Barreto
"... Es la hora de pasar a la resistencia, sin concesiones a consideraciones cuantitativas como las de quienes consideran que resistir no es el mejor modo de crecer...". Antonio Sánchez García

Afirman los entendidos que la democracia es la negación del autoritarismo; lo que nos indica que de tal sistema, tan solo va quedando un vago recuerdo, pues bajo este régimen no se tolera la oposición, se agrede con desbordada brutalidad a los jóvenes que decidieron rescatar su futuro, se persigue a los críticos, se sofoca la disidencia y se suprime con violencia cualquier manifestación o protesta ante el marasmo ya insostenible.

Pero ya la ciudadanía, esa mayoría de venezolanos que no acepta más mentiras, ni se deja llevar por cantos de sirena mal entonados por un aprendiz de dictador, que pretende resolver los problemas a punta de insultos, atropellos y desatada violencia, se cansó de tanta palabrería inútil, de tanta corrupción y despilfarro.

Ha comprobado que la Guardia Nacional Bolivariana, en lugar de protegerle, la agrede vilmente...o les asesina. Con estas brutales arremetidas contra indefensos muchachos, pretenden – una vez más – legitimar el recurso de la violencia como modo de poder y control social para convertir la contienda en un fin sí misma.

Todo este enardecido clima es el mejor combustible para la confrontación, pues no se puede poner en duda que desde el poder central, se está estimulando una política de enfrentamiento colectivo que nos puede volver a las violentas luchas socioeconómicas del siglo XIX, tal como lo encontramos en los estudios sobre la psicología de los combatientes en guerras prolongadas, que ilustran que la brutalidad requiere de un marco de tolerancia por parte de las autoridades y del alejamiento anímico de los ejecutores respecto de sus víctimas…

La brutal actuación de la GNB y demás cuerpos de seguridad represivos dista enormemente de los principios universales establecidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos así como en lo que contemplan nuestras Leyes al respecto. Nos permitimos recordar que esas violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y que TODA la Nación venezolana confía que algún día se hará justicia, para resarcir tanto daño moral, social, económico y espiritual que este régimen ha cometido.

Ya no se pueden tapar tantas bocas ni cerrar tantas conciencias pues el reclamo es de toda una mayoría que no acepta más engaños ni fracturas como Nación, ahora la arrechera es sensatamente sentida, lo que no recuerda aquella sentencia de Camus que expresaba que no es noble la rebelión por sí misma, sino por lo que exige.

Una de las pocas maneras para que este régimen no se sienta que es intocable, es haciéndole sentir el peso de la ciudadanía ya que no sienten el peso de la ley, pues hace rato ellos la controlan; sin violencia, pero con determinación; sin tocarles pero sin dejarles respirar. Recordemos que una hormiga no para un bus, pero llena de ronchas al que la conduce…

Los estudiantes - ahora acompañados de una enardecida sociedad - han demostrado tenacidad y desmedido coraje. Y ese coraje, ese pundonor, les legítima como fuerza moral.

Persistamos entonces en la organización política y su correcta dirección, celebrando asambleas en todos los rincones del país, y una gran campaña de concientización que ponga en el centro de la propuesta de la verdad, y el rescate moral de una Nación que así lo merece, pues ha aparecido un esfuerzo de salvación nacional que dará fruto más temprano que tarde y que se reflejará en la formación de esos miles de jóvenes que han tomado la calle, como tomaron la defensa de su futuro y del país que se merecen. Una nueva generación está naciendo, y con ella un nuevo país.

Pero, por los momentos, tengamos presente que la voz y las calles son las armas con las que realmente cuenta el ciudadano.

sábado, 22 de abril de 2017

¿Es la violencia la partera de la historia?


Nelson Acosta Espinoza
¿Es la violencia la partera de la historia? Esta es una expresión de Carlos Marx a propósito de los cambios sustanciales que pueden producirse en una sociedad determinada. Marx otorga a esta dimensión la categoría de comadrona. En el sentido que ayuda al nacimiento de la nueva sociedad que existe en las entrañas de la vieja formación social. Este enunciado puede también ser significado como que todo presente está preñado de porvenir. Desde luego, la violencia a la cual me refiero es la desatada desde los aparatos de poder. En los próximos párrafos explicare el significado de esta afirmación.

Disculpe, amigo lector, esta digresión teórica. La misma ha sido motivada por la intimidación desatada desde las instituciones del poder en el país. Bravata, es importante recalcarlo, ejercida por los aparatos represivos del gobierno. Y, en cierto sentido, su práctica anuncia el fin de un ciclo político en Venezuela.

En fin, intentaré destapar su significado, más allá de sus efectos inmediatos: dolor, rabia, desesperación, impotencia, etc.

Esta violencia, cultivada desde los aparatos del poder institucional indica el inicio del desgate definitivo del llamado socialismo del siglo XXI. El terrorismo de estado llevado a cabo recientemente por sus aparatos represivos ha puesto en evidencia su incapacidad de procesar políticamente la profunda crisis que confronta la sociedad venezolana. Es en este sentido que resulta apropiado hablar de un presente preñado de porvenir.

Ahora bien, lo señalado anteriormente constituye el horizonte estratégico donde deben inscribirse las prácticas políticas del sector democrático. Sin dudas, para concretar este presente “preñado de porvenir” se requeriría de la orientación política apropiada. El sector democrático, es justo señalarlo, ha dado muestra de unidad y comprensión de la tarea histórica que tiene por delante.

Me voy a permitir, sin embargo, de emitir una observación de naturaleza táctica. Estamos en presencia de una dinámica social y política sumamente inestable. Por un lado, el gobierno pareciera que se aleja de la posibilidad de una salida política a la crisis. El sector democrático, por su parte, insiste en sus justas reivindicaciones: libertad de los presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional, convocatoria a elecciones generales y autorización para recibir ayuda humanitaria, entre otras solicitudes.

En el marco de estas circunstancias, parece apropiado diversificar los escenarios desde donde ejercer presión al gobierno. La calle, desde luego, es fundamental. Sin embargo, esta forma de lucha para hacerla más efectiva debería estar acompañada por otras expresiones que pudieran arropar la totalidad del tramado institucional del país: colegios profesionales, sindicatos, asociaciones, instituciones universitarias, alcaldías y gobernaciones en manos de la oposición, etc. En este marco, resultaría viable, igualmente, lanzar puentes con sectores disidentes del chavismo.

En otras palabras, es vital diseñar una amplia política de alianza con diversos actores e incorporar a esta coalición expresiones institucionales de la sociedad civil. Ir hacia la construcción de un amplio frente de acción popular y ciudadano que desafíe social y políticamente al oficialismo.

En este contexto, una institución como la universidad pudiera ser la motivadora de una iniciativa de esta naturaleza. Esta institución, por su pasado y credibilidad, está en condiciones de ser el enlace para la construcción de este frente ciudadano.

Regresemos a la sentencia con la que iniciamos este párrafo. La violencia ejercida por el gobierno es un síntoma inequívoco de que estamos cerca del fin de este ciclo histórico. Parece irónico. Pero el gobierno con el uso de la represión está haciendo el papel de partero de la nueva historia del país.

No tengo la menor duda, la política ahora es así.



Sobre la necesidad de elevar la calidad de la Política en Carabobo (diario entre dos marchas)


Asdrúbal Romero M.
Me sentí contento. Realmente feliz. Por mi participación en la marcha del 19 de abril. Partí desde la avenida Lara. Acompañando a la Universidad, como sentí era mi rol institucional. Los ucistas, quizás pocos para mis expectativas, marchando con entusiasmo al lado del pueblo. Los espectadores dejaban ver en sus rostros el agrado de vernos manifestar pacíficamente nuestro rechazo a la dictadura. Aunque no se sumaran, constituía una nota muy positiva.

Luego supe que había participado en la marcha más grande que se había dado en Valencia en todos estos años de falsa revolución. Eché en falta un buen discurso de cierre, coherente con la importancia del histórico acontecimiento del que estábamos siendo parte. Caracas, conjuntamente con Valencia, Maracaibo y otras tantas capitales del interior reviviendo aquella otra jornada histórica del 19 de abril de 1810: ahora éramos millones los que manifestábamos un resonante NO a este destructor gobierno. Sólo faltaba la dignidad de un Emparan. Las dificultades para la acertada conducción política en el estado se hicieron una vez más patentes. En medio de esa ausencia, muchos anunciaban que se iban a la autopista, a la zona del “desafío”. Se les puede comprender ese deseo, pero no podemos dejar de expresar nuestra preocupación que, una vez instalados en esa zona, la insuficiente conducción política concluye haciéndose inexistente.

En la tarde noche de ese mismo día comenzó el fluir de muchas preocupaciones en los chats de opinión en los que participo. Se activó una vez conocida la respuesta de los factores democráticos al Plan Zamora, desconozco si ella fuera totalmente consensuada: “nos vemos mañana a la misma hora”. Mientras algunos se sumaban, entusiastamente, al llamado de intentar reiterar al siguiente día la celebración de una jornada histórica. Otros expresaban sus reservas al respecto. Citaré una con la cual me sentí identificado –no aportaré nombres-: “La manifestación de hoy fue anunciada con suficiente tiempo. La gente estuvo preparándose para ella. Si convocamos una marcha similar para mañana, no va a asistir ni la décima parte de la gente que hoy se movilizó. Pasaremos de una inmensa demostración de fuerza a una de lamentable debilidad. No me parece bien pensada esa convocatoria para mañana. Ni siquiera hemos tenido el tiempo y la posibilidad de asimilar el gran éxito de hoy”. Concluía nuestro interlocutor en varios chats, hablando de la necesidad de “metabolizar” este trascendental 19 de abril para transformarlo en una gran sensación de victoria democrática.

¿Por qué me sentí identificado con esta opinión? Antes de responder esta interrogante, considero importante valorar positivamente el efecto sorpresa para el Régimen del llamado a los opositores a permanecer en las calles. El Régimen ya había gastado todos sus cartuchos organizativos en la celebración de una marea roja, no tendría capacidad para contrapuntear lo que en el lado opositor se construye a partir de la espontaneidad y el fervor democrático de la gente. Quizás en Caracas, donde se condensa el liderazgo democrático nacional, hacía más sentido insistir en la permanencia en las calles. Pero a nivel regional, tal llamado constituía un reto organizativo difícil de superar. Me sustraeré de emitir opinión con relación a otras regiones cuyas circunstancias de organización política desconozco, me referiré, específicamente, al caso de Carabobo. Con relación al ámbito regional, la opinión ya citada de mi compañero de chat tenía mucho sentido y la realidad de lo acontecido el 20 le dio plenamente la razón.

En vista de las preocupaciones e inquietudes emitidas a través de los chats, los compañeros del Grupo de Pensamiento Universitario, que no todos pensamos homogéneamente pero hacemos el ejercicio periódico de reunirnos para compartir puntos de vista, convenimos en presentarnos al día siguiente en el Rectorado, lugar del cual habíamos partido hacia la Lara para marchar. En cuanto arribamos, pudimos constatar lo que temíamos. Muy pocas personas. El punto de partida de la avenida Lara no se pudo constituir. Como tampoco, eficazmente, el de la redoma de Guaparo y otros puntos correspondientes ubicados más al norte. Entiendo que tampoco el de la avenida Aranzazu. Con los que se hicieron presentes en el Tijerazo y en el Shopping se logró sacar una pequeña marcha que la mayoría de los entendidos coincidió en apreciar: había alcanzado a convocar apenas entre un 5 a un 10 por ciento de los que habían marchado el 19 de abril. La marcha careció otra vez de una exteriorización discursiva del sentido y propósito político de lo que se acometía. De allí, otra vez un sector de los marchistas terminó en la zona de “desafío”.

¿Qué hizo falta en el lapso de lo inmediato? Como lo expresé en una reunión que se dio por coincidencia en el despacho rectoral: hizo falta que alguna instancia de coordinación política regional se reuniera el mismo 19 en la noche y se planteara como problema puntual el cómo responder al reto que anunciaba Caracas. La concentración en un solo punto de los esfuerzos de todos los partidos políticos; la Universidad, que también había asumido el llamado hacia la calle, y demás factores comprometidos en el accionar democrático y pacífico, pudo haber constituido el criterio de partida para el diseño de una actividad política distinta. ¿Otra marcha? Muy posiblemente sí. ¿Por qué no? Pero no vaciada de propósito político, todo lo contrario: estructurada alrededor de la necesidad de emitir un mensaje claro sobre las razones por las cuales se protesta y del compromiso de las fuerzas democráticas con mantener el perfil pacífico de su lucha, a pesar de las provocaciones que el Régimen, continuamente, perpetra en aras de conducirnos al terreno que más le beneficia.

Con relación a esto último, considero muy oportuno reproducir aquí lo expresado por un compañero del GPU en la reunión a la que aludí y que luego plasmara como texto en varios de los chats. Cito: “Hoy las evidencias, soportadas en fuentes creíbles, muestran de forma clara el escalamiento del conflicto. Este escalamiento deja ver cómo en este nivel: la conducción del curso de las acciones queda en manos de los grupos más violentos. Es decir, ya en ese tramo del escalamiento, la estrategia pacífica, democrática y constitucional comienza a desvanecerse de manera abrupta. De modo que en el obligado diagnóstico se muestra un enorme déficit de conducción democrática y de organización ciudadana que impide la continuidad de la estrategia que fuera inicialmente trazada. Se impone, como he dicho, una reflexión política a profundidad en este aspecto”. No es lo mismo, añado yo a esta reflexión, que el Régimen reprima, violentamente, una marcha pacífica a cuya cabeza están nuestros diputados y lo más granado de nuestra dirigencia democrática nacional, cuando ya hemos visto como muchos de ellos son afectados por las lacrimógenas y hasta internados en clínicas para su recuperación, ciertamente no es lo mismo que cuando el Régimen reprime a unos marchistas que, en un ámbito regional y a motu propio, han asumido irse a la zona de “desafío” a interrumpir la circulación en una autopista, que no ha sido objeto del trazado inicial de una manifestación de carácter político diseñada por la instancia de coordinación política regional a quien compete su organización. ¿Por qué cuando esto ocurre ningún líder político regional se atreve a asomarse por esa zona? La respuesta es obvia. Como también es obvio que cuando ello ocurre: la naturaleza de nuestra lucha democrática comienza a pervertirse.

No hay duda, después de los acontecimientos ocurridos anoche en El Valle y otras zonas de Caracas, así como en diversos lugares del interior, que el conflicto está escalando. Toda la política comunicacional del Régimen, persistentemente, está orientada a denigrar nuestra justa lucha democrática para hacerla ver como violento golpismo. Provoca, provoca y provoca para inseminar la arrechera en nuestra gente que la lleve a perder los estribos y caer en el juego que a ellos les conviene. Estoy plenamente consciente que no es nada fácil contrarrestar esa diabólica tentación, pero hay que hacerlo, hay que controlar a las masas y eso sólo puede ser logrado con un auténtico ejercicio de liderazgo democrático. Regionalmente, hay que edificarlo.

Es justo y necesario que, en nuestro ámbito, podamos llegar a la etapa de poder mantener, organizadamente, a los ciudadanos por varios días en la calle sin pervertir su lucha. Pero para ello es necesario: más organización; más y mejor conducción política; más reflexión estratégica; más cohesión entre los diversos liderazgos regionales de cara al gran objetivo común al que aspiran los ciudadanos; mayor apalancamiento institucional al interior de todos los partidos y organizaciones que se comprometan con este combate final que se nos abalanza encima. La confluencia de todos estos factores de mejoramiento en el ámbito regional es una necesidad de vida o muerte. Por eso, la recomendación dada a la Rectora en esa incidental reunión donde estuvieron presentes varios representantes de las cámaras empresariales, autoridades y ex autoridades universitarias, así como connotados generadores de opinión, en el sentido de que hiciera gala de sus mejores oficios, como una autoridad muy representativa en el estado, a los efectos de coordinar la concertación de una reunión entre los diversos factores regionales en aras de explorar puntos de coincidencia en la dirección de lo que hemos expuesto. En esa reunión se produjo un muy mayoritario consenso, sobre la necesidad de crear una instancia de coordinación regional en la que se trabaje a marcha forzada en el logro de todos esos factores de mejoramiento. En mi opinión, el escenario actual de confrontación se caracteriza por un cierto equilibrio de fuerzas. Contamos con un muy mayoritario apoyo popular; apoyo internacional; el explosivo desarrollo de una crisis humanitaria que el Régimen no ha podido ni sabido detener; etc., pero ellos disponen de los recursos del poder y de la fuerza del Estado. En este escenario, ninguna de las dos partes pareciera tener en lo inmediato la fuerza suficiente para forzar un desenlace. Por ello, el aporte que pueda obtenerse de una masiva participación regional a la lucha que se libra en la Región Capital es fundamental. Es entonces estricta y absolutamente necesario elevar la calidad de la política a nivel regional.



sábado, 15 de abril de 2017

Nuestro 19 de abril de 1810


Nelson Acosta Espinoza

Son dos las celebraciones que vamos a compartir los ciudadanos de este país la próxima semana. La primera, de naturaleza histórica y, la segunda, expresión contundente de la fortaleza civil de nuestra sociedad. Desde luego, me estoy refiriendo al 19 de abril de 1810 y a la decisiva demostración que está siendo convocada por los sectores democráticos del país en esta fecha venidera.

Me parece apropiado resaltar el común denominador que une la conmemoración de este acontecimiento histórico con la presencia en la calle de la sociedad civil del país. En el primer caso, una incipiente civilidad dio un paso adelante e inició el proceso que conduciría a la independencia de la Corona Española. Esta iniciativa fue llevada a cabo por representantes civiles de esta Capitanía General. El punto es importante resaltarlo. No fueron figuras militares las que protagonizaron el proceso que culminaría con la independencia del país. Éste fue asumido por intelectuales que a partir de una incipiente conciencia cívica formularon una concepción de la libertad y de autonomía que sigue siendo el diseño de la democracia venezolana.

Bien, bajo la influencia de este ideario los venezolanos saldrán a las calles el próximo 19 de abril y, como en 1810, harán ejercicio de soberanía y autonomía en la búsqueda de la restauración de la cultura democrática en el país.

Quizá el término apropiado para caracterizar esta lucha sea el de civilidad. En otras palabras, estamos hablando de la cualidad social de la cual se deriva el civismo o conducta del buen ciudadano. En su sentido más profundo se puede sostener que de la civilidad proceden las virtudes cívicas. Hay un aspecto que es necesario resaltar. Esta cualidad no es algo natural que surge espontáneamente. Todo lo contrario. La civilidad se construye históricamente y, en consecuencia, su contenido y significado muta de época en época. La civilidad expresada el 19 de abril de 1810 es diferente a la que han venido enunciando los ciudadanos de este país en el pasado reciente. Su manifestación, desde luego, responde a la conformación histórica de este espíritu y proporciona el ideario a las luchas democráticas que hemos estado presenciando recientemente. El próximo miercoles, sin lugar a dudas, se expresará en las calles de las ciudades del país.

En su corto recorrido el llamado socialismo del siglo XXI ha intentado destruir estas virtudes cívicas. El proyecto bolivariano se impuso como meta sustituirlas por un falso ideario militarista. Afortunadamente, la civilidad construida a lo largo de nuestra historia se ha interpuesto y ha socavado las bases ideológicas del pretendido socialismo del siglo XXI.

El 19 de abril vamos a celebrar en las calles esta fecha. Los ciudadanos de este país, en el ejercicio de sus derechos y virtudes cívicas, expresaran su firme voluntad de restaurar la vida democrática.

En fin el próximo miercoles, de nuevo, seremos testigos de una lucha más en el proceso de “de volver a parir la democracia”.

No tengamos dudas, la política es así.






Extender y sostener las luchas.


SIMON GARCIA.
Las manifestaciones han activado el descontento. Maduro y su pequeña cúpula militar civil de privilegiados recibió dos fuertes trompadas, una desde adentro y otra de la comunidad internacional. El gobierno quedó contra las cuerdas. Se defiende con represión policial, militar y con colectivos fuera de la ley, pero con aval de la Fuerza Armada.

Maduro dio medio paso atrás, pero dejó vigente la anulación de la Asamblea Nacional. En los hechos desconoce la inmunidad parlamentaria. El golpe continúa y seguirá activo porque es parte de un plan general para lograr el control y la sumisión perpetua de la sociedad a un poder arbitrario.

El pueblo sabe lo que pierde si se deja montar una dictadura. Su opción de vivir mejor es impedirlo. Es difícil y no es seguro un resultado instantáneo; pero más que posible es inevitable que los cambios ocurran. Maduro fracasó. Falta que lo acepte.

Los diputados de la MUD reconquistaron la vanguardia a fuerza de jugarse el pellejo. No hubo sustitución de la MUD como chillaban grupúsculos extremistas desde la oposición. Ahora sus picadas llaman a la violencia, al enfrentamiento total, a la aniquilación de los rojos y a debilitar a líderes de la MUD y del cambio. Son el lado equivocado de la causa. Hay que barrerlos hacia adentro.

Ahora hay que debilitar más las bases que le restan a Maduro, incrementar sus contradicciones internas ( no las de reparto del botín), favorecer todas las acciones posibles para que la Fuerza Armada defina una posición institucional.

La sustitución de la dictadura por un gobierno democrático comenzará con la redistribución del poder que generará la elección de gobernadores. Pero si el gobierno termina de pulverizar el Estado de Derecho, la forma legítima de restablecerlo serán unas elecciones generales. Todo depende si el poder decide respetar la Constitución o romper definitivamente con ella.

Hoy existen condiciones para actuar con la determinación de no dar un paso atrás. Sin planteamientos polarizadores que ayuden a que las fuerzas de la tiranía se atrincheren. Abriendo participación en el cambio a los seguidores del oficialismo que, sin renunciar a sus ideas, no comparten la vía dictatorial. Y aceptando que ahora y después que se logre el cambio, es indispensable conformar un movimiento nacional plural con corrientes de diverso signo político, de posiciones extremas y moderadas, con intereses y fines diferentes, pero unificados en el objetivo de recuperar la democracia, hacer compatible desarrollo económico con progreso social, producción de riqueza con empleo de buenos ingresos y un esquema de mejoramiento en la calidad de vida independiente de la renta petrolera y el Estado populista.

Hoy lo decisivo es resolver la sostenibilidad de la lucha. Pasar a combinar grandes demostraciones de fuerza con innumerables formas de comunicación directa, movilización, participación y organización de todos los ciudadanos que sienten que el destino del país es cosa suya. Hablamos de una acción de millones.

sábado, 8 de abril de 2017

"Tranca vs golpe"



Nelson Acosta Espinoza
La oposición ha salido de nuevo a las calles. Después de un lapso de cierta pasividad el bloque democrático ha retomado la iniciativa política. Su llamado a protestar el pasado 6 de abril fue atendido por la población. El elemento motivador fue de naturaleza política y, en cierto sentido, puso en evidencia el peso que aún posee la cultura política democrática en la ciudadanía.

“Tranca vs golpe”. Esta fue la consigna utilizada para convocar a la población, en especial la de la ciudad capital, a manifestarse en rechazo a la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que con sus decisiones en contra de la Asamblea Nacional han roto el hilo constitucional democrático del país. En pocas palabras, la ciudadanía salió en defensa de la institución democrática y en rechazo a la pretensión autoritaria del gobierno y sus aliados.

Me parece importante resaltar este punto. Se salió a manifestar contra el golpe de estado y la ruptura del hilo constitucional implícitos en las sentencias 155 y 156. Estas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pretenden desconocer a la Asamblea Nacional y habilitar al poder ejecutivo para que pueda legislar en aspectos claves, sin contar con el aval del legislativo y en el marco del Decreto de Excepción aún vigente en el país.

Fue de naturaleza política las demostraciones en las calles del país. Soy de la opinión que se puso en movimiento los resortes de la cultura democrática que aún existe y mueven los corazones de los venezolanos.

Intento señalar que, por encima de las determinaciones económicas, los valores democráticos tienen capacidad de interpelación en la población. Décadas de improperios contra esta forma de vida no han sido eficaces para desterrar esta pulsión presente en la ciudadanía.

El punto es relevante. Estamos confontando una de las crisis económicas más intensa en la historia del país. Los sectores medios han sido los más afectados. Si se quiere estamos presenciado la destrucción de la clase media y el empobrecimiento crónico de los grupos sociales menos favorecidos. Esta precariedad económica ha estado acompañada por un intento sistemático de destrucción de los valores democráticos y su sustitución por prácticas de naturaleza plebiscitaria.

A pesar de esta caracterización, el día 6 de los corrientes se puso en evidencia que las reivindicaciones de naturaleza política y democrática tienen un alto poder de convocatoria. Intento subrayar que las invocaciones de naturaleza económica no son suficientes. Es necesario subordinarlas a las de naturaleza política.

Detengámonos un momento y definamos el concepto de cultura democrática. Esta noción apunta a las inclinaciones, predisposiciones u orientaciones que facilitan y promueven el desarrollo y consolidación de sociedades democráticas. Desde luego, estas orientaciones tienen un carácter de naturaleza permanente y actúan como trincheras para resguardarse de las acometidas totalitarias.

Precisamente, son estos valores los que han estado oponiendo resistencia a las arremetidas autoritarias del régimen. En fin, la predisposición democrática que existe en la sociedad civil se alza sobre las limitaciones económicas y, cuando le es solicitada, sale a defender masivamente la forma de vida democrática.

Es importante tener en cuenta esta caracterización. Un cierto economicismo ha estado presente en las prácticas políticas del bloque democrático. La economía, desde luego, es primordial. Pero lo que interpela a la población, históricamente, han sido las consignas de naturaleza política.

En otras palabras, hay que politizar las reivindicaciones económicas y sociales. La cultura democrática está viva. La lucha política por venir ofrece una excelente oportunidad para revivir estas prácticas, profundizarlas y redefinirlas. Los demócratas van a estar a la altura de este reto.

Hoy día, sin la menor duda, la política es así.
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El autogolpe en Venezuela se gestó por entregas



Alonso Moleiro*

La ruptura institucional promovida por el chavismo no asomó su nariz a partir de las resoluciones que su Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció a finales de marzo, en las cuales quedaban clausuradas, definitivamente, las funciones del Poder Legislativo. El golpe del chavismo a la Constitución venezolana se ha gestado de forma silenciosa y progresiva a lo largo de poco más de un año, luego de su derrota electoral frente a las fuerzas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015, en los cuales la MUD obtuvo 114 escaños, frente a poco más de 50 del chavismo.

Desde el año pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela, electa con el voto de más de 14 millones de personas, está impedida de ejercer sus funciones por encontrarse en “desacato”. El TSJ, que ha vetado treinta instrumentos legales sancionados por el Legislativo, colocó al parlamento venezolano en esta situación una vez que decidiera acoger una demanda hecha por diputados chavistas en torno a la existencia de un presunto fraude en la elección de ocho diputados del estado Amazonas. El TSJ habría ordenado la desincorporación de tres diputados opositores y uno chavista, con el objeto de iniciar las averiguaciones de la denuncia. Una vez que la directiva del Legislativo advirtió que tales denuncias jamás iban a ser investigadas, y que la medida perseguía colocar en suspenso a los diputados para quitarle a la bancada opositora la mayoría absoluta del Hemiciclo, decidió incorporar a los parlamentarios por cuenta propia.

En realidad, la comunidad internacional sorprendió al gobierno de Maduro colocando la última parte del techo al edificio de su dictadura. Las resoluciones que anunciara Maikel Moreno, presidente del TSJ, en marzo, estaban destinadas a suprimir la inmunidad parlamentaria de todos los diputados, con el objeto de allanar el camino a procesos penales a los más incómodos. La sentencia del TSJ, integrado por personas muy cercanas, en lo personal y lo político, a Nicolás Maduro, también le quitaba a la Asamblea Nacional sus facultades, que a continuación iban a ser asumidas por el propio Tribunal, y por Maduro, quien quedaría de esta forma investido de mayores poderes para atender “la emergencia económica”, decretada el año pasado, y eventualmente, “el estado de conmoción interior”.

Cuando la maniobra chavista comenzaba a tomar cuerpo, ocurrió lo que nadie esperaba: el viernes 31 de marzo, durante la presentación de su informe anual de gestión, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, objetó el procedimiento que adelantaba el chavismo en el Tribunal Supremo de Justicia, denunciando la existencia de la “ruptura del hilo constitucional”.

Las palabras de Ortega Díaz, pronunciadas en la sede del Ministerio Público, fueron involuntariamente televisadas por el canal estatal, Venezolana de Televisión, y aplaudidas por el público presente. Su intervención cayó como una bomba en las filas rojas, y produjo una enorme confusión tras las bambalinas del poder en la tarde de aquel 31 de marzo. La canciller Delcy Rodríguez suspendió una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país. También el vicepresidente, Tareck El Aissami, y el propio Moreno, tuvieron que aplazar sus conferencias de prensa. El Aissami y Maduro evidenciaron rostros tensos y agotados en la televisión.

Una ficha tradicional del chavismo durante todos estos años, la fiscal Ortega Díaz hizo público su malestar luego de purgar una silente procesión interna que lleva poco más de un año y que fue fuente de rumores en círculos informativos especializados. Quizá no sea una ruptura ideológica. Parece ser un tema de métodos. A los ojos de Ortega, de acuerdo con las versiones que circulan, Maduro y Cabello han ido demasiado lejos.

Después del terremoto que produjo la alocución de Ortega Díaz, apareció de nuevo Moreno, a nombre del TSJ, procurando hacer lucir el desacuerdo como un tema de pareceres de carácter técnico, y anunciando que, en adelante, quedaban sin efecto algunos de los contenidos más escandalosos de la sentencia. El chavismo acuñó la tesis del “impasse” entre los poderes públicos, y anunció que ya ha quedado resuelto. Al hablar de “impasse” intenta evadir el impacto de cargar con la palabra “golpe”. Maduro reunió al Consejo de Defensa de la Nación, integrado por personas de su gobierno, e hizo oficial el retroceso “táctico” luego del golpe seco. Quedaron sin efecto las resoluciones sobre la legislación que iba a asumir el Tribunal, así como lo relativo al fin de la inmunidad parlamentaria. Nicolás Maduro, sin embargo, ha quedado facultado para celebrar acuerdos de interés nacional en materia de hidrocarburos, sin la contraloría de la Asamblea Nacional. En el momento actual, los diputados de la Asamblea Nacional no reciben sueldo, ni manejan partidas, y deben costear todos sus gastos personales por cuenta propia, pues el ejecutivo de Maduro les niega los recursos. Los ministros de Maduro, algunos con graves señalamientos de corrupción, no han asistido una sola vez a una interpelación legislativa.

Los mandos militares, con el ministro Vladimir Padrino a la cabeza, han permanecido en silencio. El control del chavismo sobre las Fuerzas Armadas es objetivo. Se sabe que las palabras de la fiscal tuvieron eco, y que su rebote en los cuarteles forma parte de la crisis. Presente en el Consejo de Defensa que quiere hacer aparentar normalidad, Padrino en todo momento ha tenido celo en acompañar a Maduro y en salvaguardar sus intereses. Algunos corrillos que se cuelan del hermético mundo de las Fuerzas Armadas dan cuenta de la existencia de una enorme inconformidad, si bien sus mandos ofrecen una monolítica lealtad hacia el chavismo como proyecto, con sus desafueros incluidos. Para algunos conocedores del tema en el país, sin embargo, el silencio guardado por los militares, más que una muestra de adhesión, debe ser interpretado como un signo de confusión y malestar.

Luego de las resoluciones de la OEA, que arrinconan más al gobierno de Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha llamado a la población a protestar. El episodio y su gravedad parecen haber reconciliado a las crecientes masas opositoras con su dirigencia luego del fracaso del referéndum revocatorio. Las dos manifestaciones realizadas en Caracas a partir de la crisis han sido multitudinarias, y muy aguerridas al enfrentar a la policía. En ellas rebosa la indignación.

La Asamblea Nacional, aún existente, aunque sin alas, prepara un proceso para destituir a los magistrados del TSJ. La dirigencia de la MUD, que domina el legislativo, sostiene que el procedimiento golpista adelantado tiene consecuencias penales. El chavismo lo niega. De hecho, Maduro ha aprobado ya el presupuesto nacional de 2017 por cuenta propia, evadiendo al poder legislativo, mediante otra sentencia mágica del TSJ. Todo el mundo se pregunta qué hará, a partir de ahora, la fiscal Ortega Díaz: si tomará el retroceso táctico de Maduro como una disculpa suficiente para no pelearse con sus viejos camaradas, o si decidirá asumir las consecuencias de su denuncia para restituir la vigencia de la Constitución.



*Letras Libres, 06 Abril 2017

sábado, 1 de abril de 2017

“La Doctrina Betancourt”

Nelson Acosta Espinoza

Bien, amigos lectores, el día miércoles pasado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con su decisión de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, ha dado un golpe de estado en el país.

Esta calificación puede ser vista como exagerada por algunos de nuestros lectores. Esta percepción, si se quiere, es comprensible. Este término, tradicionalmente, ha sido usado para calificar la toma del poder político de un modo repentino y de forma violenta por parte de un grupo de poder. En otras palabras, un coup d´Etat implica vulnerar “la legitimidad institucional en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad nacidas del sufragio y propias de un estado de derecho”. En sentido estricto, esta definición no calza totalmente con lo acontecido recientemente en el país. Entonces, ¿cómo caracterizar la decisión tomada por la Sala Constitucional?

Me voy a permitir un breve ejercicio teórico antes de responder a esta interrogante. Las dictaduras militares que surgieron de los golpes de estado en la década de los cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado en América Latina eran expresiones de una ausencia de modernidad en el ámbito político. Se producían en países que, por múltiples razones, no habían podido acceder a la modernidad democrática y eran presas de la tentación populista.

Nuestro país, por el contrario, desde el inicio de la década de los sesenta había accedido a esa modernidad y constituía un baluarte democrático en el concierto de los países de la región. Esa cultura política enfrentó el golpe de estado que intentó Hugo Chávez y ha puesto obstáculos a la vocación autoritaria del actual gobierno. Véase, por ejemplo, el fallido referéndum revocatorio y el miedo mortal que sacude al régimen en relación a las venideras elecciones.

En fin, las sentencias 155 y 156 que quita las competencias parlamentarias a la Asamblea Nacional, sin la menor duda, dejan sin Estado de Derecho a los venezolanos e implica un desconocimiento a la voluntad popular que eligió el 6 de diciembre a este cuerpo deliberativo. Esta decisión puede ser conceptualizada como un golpe contra la institución parlamentaria y la constitución de la república. Tal como lo señaló el abogado Alberto Arteaga Sánchez “la Sala Constitucional no puede atribuirse las funciones del Parlamento ni constituirse como un poder supremo”. Es en este sentido que lo diferenciamos con los tradicionales golpes de estados del pasado.

Hay un punto que parece necesario subrayar. La tradición e historia democrática venezolana se puso en evidencia en los últimos acontecimientos acaecidos en la Organización de Estado Americanos (OEA). Esta institución, a partir de una solicitud de su Secretario General, se encuentra debatiendo la necesidad de aplicar al gobierno de Maduro la denominada “Doctrina Betancourt”. ¿En qué consiste esta declaración de principios? En forma sencilla implica la suspensión de relaciones con gobiernos que llegasen al poder por vías no democráticas y su expulsión de la Organización de los Estados Americanos.

Así lo definía Rómulo Betancourt: “Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional”.

En el mismo contexto señalaba: “La no intervención no puede ser escudo bruñido detrás del cual se abroquelen y protejan los gobiernos dictatoriales, que son escarnio de un continente nacido para la libertad y los cuales constituyen focos permanentes de perturbación de la paz y seguridad de los regímenes democráticos.”

Resulta irónico que una doctrina, con el nombre de Rómulo Betancourt, castigue el carácter antidemocrático de este régimen y, eventualmente, promueva su expulsión de este organismo representativo de los países del continente americano.

Los contenidos de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, a mi juicio, marcan el agotamiento definitivo de este gobierno y, en consecuencia, abren las compuertas para un venidero tránsito político riesgoso, pero inevitable.

Sin la menor duda, la política es así.



Manuel Rosales y la dispersión de voces opositoras


Asdrúbal Romero M.
El texto que a continuación leerán fue escrito antes del golpe de estado en modalidad “Fujimorazo” que el Régimen ha activado. Como les resultará obvio, este trascendental acontecimiento redimensiona la pertinencia de algunos elementos contenidos en este documento. Creo, sin embargo, que el mensaje central mantiene plena vigencia. Hay conductas que deben quedar registradas, que no se pueden dejar pasar, así sea en medio de un terremoto cuyo ruido telúrico tienda a ocultarlas bajo la figura de olvidado refrito.

Después del descalabro opositor de finales del 2016, devino una especie de limbo temporal caracterizado por una desorientación estratégica que afectó, no sólo a los partidos directamente comprometidos en el aval concedido al comunicado producto del fracasado diálogo, sino a los partidos que rechazaron participar en el mismo. ¿Cómo iba a quedar la Unidad? Era una interrogante a la orden del día, la cual hacía mucho sentido planteárnosla, evidenciada la importante fractura alrededor de un tema sustantivo para las fuerzas democráticas. ¿Se podría recomponer la Unidad? ¿En qué términos y con cuál orientación estratégica concertada?

Con relación al descalabro, debo decir que, a las primeras de cambio, intentó ser negado por diversos personeros de los partidos retratados en el previsible fracaso. La intención duró hasta que los estudios de opinión reflejaron el incontrovertible rechazo de la opinión pública con respecto a lo acontecido, aunado éste a la incubación de un creciente sentimiento de desesperanza en la población. Vino en su auxilio el proceso de validación de los partidos políticos ordenado por el CNE, lo cual abrió un paréntesis a ese lapso de desorientación estratégica al cual ya hicimos referencia.

Nos encontramos dentro de ese paréntesis. Los partidos opositores con mayor apoyo popular enfrascados en unas jornadas de validación que les están resultando muy exitosas. Una reestructuración de la MUD que todavía no se ha hecho sentir, entendible por lo demás. Uno reza porque allí dentro estén trabajando a marcha forzada en el rediseño de una línea estratégica que preserve la unidad y pueda ser efectiva de cara al desafío que viene proponiendo el Régimen. Éste, en su afán de no permitir una salida electoral, da la impresión de mantenerse apegado a un plan cuidadosamente preestablecido de continuar avanzando hacia un estadio dictatorial abierto, sin máscaras democráticas, contando con un apoyo internacional que hasta ahora no ha sido necesario develar en su total dimensión. Para los que nos estamos tan cerca de los círculos privilegiados de información, las interrogantes que nos hacíamos antes de entrar al paréntesis siguen teniendo vigencia.

¿Cómo será el reacomodo estratégico después de las jornadas de validación? ¿Participarán en él todas las fuerzas que previamente integraban a la Unidad? ¿O, como tan bien lo expresó un amigo articulista, habrá que “separar el grano de la paja y dar los pasos para constituir una referencia opositora consecuente” que no incluya entre sus filas enclaves de la “leal oposición al señor Maduro”? Esta ácida interrogante consigue su pertinencia, cuando uno lee declaraciones de un presunto dirigente fundamental de la oposición que, comunicacionalmente, le hace un muy flaco favor a ésta.

Me refiero al Sr. Manuel Rosales, quien, mediante comunicado escrito fija su posición con respecto a la posible aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. En él, aunque expresa varios criterios razonables, suelta la siguiente perla, cito: “La oferta de la realización de elecciones generales adelantadas no tiene ningún basamento constitucional, contrario a la realización de elecciones regionales y municipales, que deben hacerse este año”. Me permitiré hacer los siguientes comentarios:

1. Ciertamente, no existe la figura de adelantamiento de elecciones presidenciales en nuestra constitución, pero no puede ser que a un importante dirigente opositor, al cual se le endilga la condición de avezado político, se le haya escapado que el planteamiento de unas elecciones generales adelantadas –que incluyen además de las regionales, la elección presidencial y de una nueva Asamblea Nacional- ha sido una propuesta asumida por la Unidad, para ser llevada a la mesa de diálogo como una vía de resolución política a la actual crisis que tan, dolorosamente, aqueja al país. El Sr. Rosales, líder principal del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), con esa infeliz afirmación se permite contradecir tal criterio unitario.

2. La fórmula de elecciones generales adelantadas es una propuesta que tiene su basamento en la correcta auscultación que ha hecho la Unidad de dos grandes aspiraciones del muy mayoritario pueblo opositor. En primer lugar, se aspira y se apuesta a una salida electoral y pacífica de esta crisis. El pueblo ha dado muestras fehacientes de querer votar, de querer despedir a quienes mal nos gobiernan por la vía de expresar esa decisión suya en las urnas electorales. Pero además, en segundo lugar, no quiere esperar para eso hasta el final del período presidencial, porque ya ha internalizado, colectivamente, que la crisis, como tendencia nefasta, no se detendrá hasta tanto no se produzcan las medidas correctivas que puedan revertirla. Y, adicionalmente, ya ha quedado demostrado hasta la saciedad que estos señores carecen de la voluntad y del requerido conocimiento para poder aplicar tales medidas. El pueblo ya está cansado del continuado espectáculo alrededor de más de lo mismo.

3. La Unidad bien sabe que el pueblo le acompañará, masivamente, en cualquier iniciativa electoral tendiente a acabar con esta pesadilla. Por eso se activó con el Referéndum Revocatorio, que sí era una salida constitucional y fue el Régimen quien impidió su realización. Tiene sentido entonces, perfectamente, plantear en la mesa de las negociones políticas las elecciones generales adelantadas. Así lo entiende el Secretario General de la OEA, consciente de la existencia de una crisis humanitaria de proporciones incalculables, y así debiera entenderlo usted también, Sr. Rosales, salvo la existencia de motivaciones ocultas que no pueda compartir a la luz pública.


4. Constituiría para la Unidad un craso error: centrar la lucha política en los tiempos por venir en un pedimento exclusivo de elecciones regionales tal como el Sr. Rosales lo deja deslizar. No porque no se pueda ganar. El Régimen está tan mal, que las podría perder todas aún con los bajos índices de participación electoral que se podrían producir al no visualizar los ciudadanos, en ese evento electoral, el pronto viraje que se requiere para comenzar a salir de la crisis. El tema es que la unidad de los factores democráticos no puede darse el lujo de arriar su bandera de “Elecciones Generales Ya” si no quiere correr el riesgo de acrecentar la incipiente desafección popular hacia ella y la potenciación de otras alternativas conducente a una fragmentación significativa del voto opositor –hasta ahora se la ha mantenido muy minimizada-. Es más, en mi opinión y la de otros analistas: debe enmarcar esa bandera dentro del llamado general a reivindicar el derecho a elegir, en un país donde el Régimen ha venido conculcando ese derecho en universidades, sindicatos, gremios profesionales y en todos los espacios donde se reconoce perdedor, como ahora también lo pretende hacer en el ámbito regional.

Expresados estos comentarios en los cuales, además de permitirme criticar la postura del Sr. Rosales –supongo también que es la de UNT-, hago algunas consideraciones sobre uno de los objetivos estratégicos que la Unidad debería plantearse en ese rediseño que debería estar adelantando: “Elecciones Generales Ya”, exteriorizo mi preocupación sobre la dispersión en voces y criterios de la Unidad Democrática. Es un tema sobre el cual también es muy necesario tomar medidas. La Unidad no puede correr el riesgo –insisto en los riesgos- de ser percibida como un saco de movimientos donde cada uno se moviliza de acuerdo a intereses sectoriales. Máxime cuando nos enfrentamos a una unidad monolítica en sus ejecutorias políticas – así adentro se estén cayendo a dentelladas-.

Hay que discutir todo lo que haya que discutir y hasta donde sea necesario, pero hacia afuera una sola postura, no ese espectáculo que confunde e, incluso, conduce a sospechar de la preeminencia de intereses subalternos en desmedro del gran interés general. De persistir actitudes como la del Sr. Rosales, tendrán las organizaciones consecuentes que abocarse a separar el grano de la paja.

EL FEDERALISMO: NUESTRO PACTO DE ORIGEN

Orlando Arciniegas D.


El federalismo asoma en nuestra historia en los comienzos mismos de la vida republicana. La recepción de esta idea, la de organizar el Estado en forma federativa, resulta del prestigio que, entre los criollos republicanos, tenía entonces la experiencia de la agrupación política de las trece colonias norteamericanas que, en conjunción de esfuerzos, se habían pronunciado contra la dominación inglesa, declarado su independencia en 1776, y abolido la monarquía como forma de gobierno, creando, por vez primera, una república federal, los Estados Unidos de América, caracterizada en los años sucesivos por su espectacular progreso. Esta viene a ser una opinión ampliamente compartida. (1)
El federalismo de entonces nace en gran parte de la imitación que se hace del constitucionalismo estadounidense contenido en su Carta Magna, aprobada en septiembre de 1787, cuyas orientaciones fueron seguidas por los políticos criollos que tomaron la responsabilidad de dotar de un texto constitucional al flamante Estado, el que habría de surgir de la desobediencia política de abril de 1810, a causa de la abdicación en Bayona de los monarcas españoles, la sucesiva usurpación francesa del trono español, y la consiguiente declaración de independencia del 5 de julio de 1811, por el Congreso Constituyente.
Este origen épico de la propuesta federal será, a lo largo del siglo XIX venezolano, la justificación esencial que esgrimirán sus partidarios para reivindicar y reclamar el cumplimiento del pacto de origen de la nación: la Constitución de los Estados de Venezuela de 1811. Una Constitución federal.
Pero, prestigios e influencias aparte, deseamos registrar que el acogimiento de la idea federal no es un puro acto de imitación, su adopción lo facilita el carácter provincial que, como organización político-territorial, tiene la Capitanía General. Federalismo significa descentralización y vigencia plena de los poderes regionales; autonomía y participación de las formas regionales constitutivas del poder político. Por ello, el federalismo resultaba la fórmula más idónea para avenir políticamente a las variopintas provincias existentes. Provincias que, por su escaso desarrollo, ofrecían una débil interrelación a causa de su extensión, el obstáculo geográfico, la exigua infraestructura física y el atraso en los sistemas de transporte. A cuento viene también la misma brevedad histórica de la Capitanía General, ordenada en 1777, que no había permitido una mayor integración y conciencia de identidad entre los varios grupos regionales. Más pesarían, pues, las tradiciones de autonomía de provincias y cabildos.
Esos islotes político-económicos que son las provincias, auspician una dinámica de autonomías y celos provinciales, cuyo resguardo las élites criollas antepondrán con obstinación a la hora de definir y decidir el carácter del nuevo Estado. Por eso, nada mejor que un Estado federal, descentralizado, que gozaba además de la admiración unánime de la élite republicana.
Bueno es decir que no acertaron quienes, en viejos tiempos, llegaron a afirmar que la creación de la Capitanía General era un indicador importante del forjamiento de una nacionalidad venezolana. La Real cédula de San Ildefonso, de fecha 8 de septiembre de 1777, es ciertamente una referencia histórica sin par en lo atinente a la integración territorial. Y a la puesta en marcha gradual, en el marco de la nueva Capitanía, de instituciones de integración en Justicia, Gobierno y Hacienda. Por otra parte, el estatus mismo de esta Capitanía está en cuestión, algunos historiadores: Briceño Iragorry, Guillermo Morón y Antonio Muro Orejón señalan que la Real cédula de 1777 supuso únicamente la sumisión militar de las demás provincias al capitán general –capitán general era un jefe militar y capitanía su jurisdicción--, por lo que no habría sido, gubernativamente hablando, una auténtica Capitanía General, o de otro modo: como lo habrían sido todas las otras de su tipo.
Por lo que hace a la integración territorial, baste con referir que la Capitanía General hizo posible la incorporación de las Provincias de Maracaibo, Guayana, Trinidad. Margarita y Cumaná. Esas provincias, por razones que España estimó conveniente fueron desmembradas del Virreinato de la Nueva Granada y dotadas de una “cierta” unidad militar y gubernativa. (2)
Pero, lógicamente, que la conciencia nacional no podía emerger de aquel débil sustrato de vínculos de integración que ofrecían las provincias. La nación no es un concepto abstracto, sino uno al que se llega tras un largo proceso de concreción de elementos históricos expresados en una narrativa de identidades étnicas y culturales, de mercados integrados, de intereses comunes y, sobre todo, de proyectos políticos solidarios. Una nación es una unidad de esfuerzos preexistentes, dice Ortega y Gasset. Y así ha sido para la inmensa mayoría de los pueblos que han consolidado su existencia nacional en procesos de larga duración, como lo advirtió Braudel.
Ciertamente que, entre nosotros, la idea nacional no se despliega estrictamente dentro de tal ortodoxia. Fue antes que otra cosa, una conciencia emergente a las luchas contra la dominación colonial, y una consecuencia del exitoso proyecto militar independentista. De allí deviene el proceso de creación en América Latina de los Estados nacionales. Y hasta su balcanización. Así que pudiéramos decir que la conciencia de identidad nacional fue precedida y propiciada por el proceso emancipador, pero su forjamiento definitivo ha resultado largo y anfractuoso por las debilidades políticas, culturales, económicas e institucionales, amén del efecto perturbador del caudillismo vernáculo. En resumen, las naciones también se inventan, son una narrativa política, pero su asentamiento es necesariamente el efecto de procesos históricos de larga duración (longue durée).
Momento de volver al pacto federal originario. El caso es que la fórmula federal, adoptada tras largas negociaciones y discusiones sería convenida como la forma de Estado que conciliaba los intereses autonomistas, oligárquicos e independentistas del sector criollo rebelde representante de las provincias asistentes al Congreso Constituyente de 1811. Antes de la declaración de la Independencia, el tema sobre la organización del Estado había tomado un carácter polémico, en virtud del nacimiento de un cierto poder central representado en la Junta Suprema de Caracas en 1810. Las provincias se sentían soberanas e iguales. A los celos de las demás élites provinciales no les era indiferente la preponderancia que entonces tiene la Provincia de Caracas. Se la percibe como muy poderosa y extensa, por lo que no falta quien proponga su división... "para lograr así que no tenga más poder que las demás". (3)
A la élite caraqueña la beneficiaría el peso de la “capitalidad” que la Capitanía General había agregado a Caracas en el último tramo de la vida colonial, al convertirse, primero, en asiento de la Intendencia, luego de la Capitanía General, la Audiencia, el Consulado y, por último, del Arzobispado. Y, algo más: era la élite económicamente más poderosa, habida cuenta del mayor control que tenía del comercio de exportación del “oro negro”, el cacao, que se realizaba principalmente por el vecino puerto de La Guaira; y resultaba la más numerosa, tenía 24 de los 44 diputados de la Constituyente.
En aquella controversia el federalismo fue defendido con los argumentos de respeto a la tradición, conveniencias de orden administrativo y el resguardo del espíritu autonomista de los Cabildos o Ayuntamientos. El centralismo, por su parte, proclamaron sus partidarios, debía aceptarse como recurso contra la dispersión de fuerzas. El momento fue para el federalismo. Se oye más al procerato civil representado en Ustáriz, Roscio, Yánez, Isnardi, Tovar y Peñalver que a Bolívar y Miranda. Un procerato civil que por cierto hemos dejado de lado, olvidando que icónicamente se corresponde con un republicanismo asociado a la idea de un gobierno civil respetuoso de la ley, y garante de inalienables libertades ciudadanas.
La Constitución se sanciona el 21 de diciembre de 1811, y como en la de los Estados Unidos, las provincias se reservaron..."cada una el derecho de gobernarse por sus propias leyes, y cediendo una parte de su soberanía para constituir un jefatura común y un Congreso General encargado de ciertos y determinados negocios". (4)
En aquella ocasión, Miranda deja constancia de su desacuerdo: "Considerando que en la presente Constitución los Poderes no se hallan en justo equilibrio, ni la estructura u organización general es suficientemente sencilla y clara para que pueda ser permanente; que por otra parte no está ajustada con la población, usos y costumbres de estos países, de que puede resultar que en lugar de reunirnos en masa general o cuerpo social, nos divida y separe en perjuicios de la seguridad común y de nuestra independencia, pongo estos reparos en cumplimiento de mi deber" (5).
Firman el pacto federativo las Provincias de Caracas, Margarita, Cumaná, Barinas, Barcelona, Mérida y Trujillo. Valencia, ubicada en el área de la Provincia de Caracas, pasa a ser la «ciudad federal» y, por tanto, la capital y sede del Poder Ejecutivo, como lo establece el Artículo 72 de la Constitución de 1811. (6) Esta Primera República, en un país donde el poder sería ejercido por recios gobernantes, creó un Ejecutivo plural con autoridad rotatoria y poderes restringidos. En esto del gobierno colegiado, los criollos nuestros se apartaron del modelo americano del Norte. Privaron quizá otras influencias o conveniencias.
Como es historia conocida, el naciente Estado sucumbe ante las grandes tensiones sociales que la ruptura colonial desata. No pudo lograr el nuevo gobierno que las lealtades políticas otorgadas al rey, a los funcionarios reales y a la Iglesia, fueran desplazadas hacía el poder civil mantuano. Ni refrenar las agitaciones promovidas por el realismo criollo. Roto el vínculo con la Corona, se pondría de manifiesto que la crisis de la conciencia monárquica era solo un asunto de reducidos círculos mantuanos. Libremente van a aflorar los factores críticos que ya se habían mostrado antes de 1810. Esclavos, pardos y mantuanos, cada quien por separado, sin un proyecto político común, procurarían sus reclamos de libertad e igualdad (7).
Maracaibo, Coro y Guayana sirven de apoyo a la reacción monárquica. Estalla la violencia social, la "lucha de las castas", que expresarían las profundas contradicciones de la sociedad colonial venezolana. Los esclavos en rebelión mutan su dominación en cruel violencia. Violencia que es el hombre mismo reintegrándose, según el decir de Fanon. (8) Con gran habilidad, los caudillos realistas capitalizarían el odio social y la división que, tras la declaración de independencia, aparece en el grupo mantuano. A partir de allí, el conflicto tomaría la forma de un destructivo enfrentamiento civil.
La capitulación de San Mateo, en julio de 1812, impondrá severos y dolorosos costos a la empresa emancipadora: Bolívar y otros influyentes patriotas marchan al exilio; Miranda a prisión. La pérdida de la Primera República exige su reflexión. El federalismo, para Bolívar, ha de considerarse causa fundamental del fracaso: "El sistema federal, bien que sea el más perfecto y más capaz de proporcionar la felicidad en sociedad es, no obstante, el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados". (9) Se pregunta también "¿Qué país del mundo por morigerado y republicano que sea, podrá, en medio de la facciones intestinas y de una guerra exterior, regirse por un gobierno tan complicado y débil como el federal?"... (10) Y no vacila en expresar sus convicciones: "Yo soy del sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas; seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles"... (11).
Todo esto lo dice en Cartagena de Indias en su “Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un Caraqueño” (Manifiesto de Cartagena), en 1812, como parte de su batallar político en el campo de las ideas. Las resistencias que suscita entre los criollos republicanos su plan de centralizar el poder, harán que Bolívar insista, en distintos y cruciales momentos, en su denuncia del federalismo. Así, en Jamaica, en 1815, después del fracaso de la restauración republicana, en su célebre “Contestación de un Americano meridional a un caballero de esta isla” (Carta de Jamaica), vuelve en contra de la idea federal: "No convengo en el sistema federal entre los populares y representantes, por ser demasiado perfecto y exigir virtudes y talentos políticos muy superiores a los nuestros..." (12).
Más tarde en Angostura, en 1819, teniendo como auditorio a los diputados del Congreso, deja nuevamente correr la crítica: "Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro estado"... (13) Poco cuenta en esta línea de reflexión el distanciamiento que las mayorías populares practicaron frente a la República mantuana. La participación que hicieron esclavos y peones en las filas realistas y todo el odio social y racial en contra de los criollos republicanos, quienes junto a los criollos monárquicos, eran los beneficiarios de aquel injusto orden social.
Así, con prescindencia del problema social de aquella sociedad se conformó una visión sobre el fracaso de los primeros ensayos republicanos que concentró la crítica en el federalismo; pero que al no resultar mayoritariamente compartida, hará que las tendencias centralistas y federalistas mantengan su vigencia y conflictividad cada vez que una definición sobre la organización del Estado sea necesaria.
En 1813 cuando se tratan los asuntos propios de la restauración republicana (Segunda República), Bolívar advertirá la pervivencia del federalismo. Se expresa entonces en las resistencias a su plan de un "Ejecutivo fuerte" que concentre los poderes. Esto pese al prestigio militar y político que le otorga su reciente campaña militar, iniciada en mayo de 1813 y culminada de victoria en victoria en Caracas, en agosto del mismo año. En la Asamblea de San Francisco, donde se debaten esos asuntos, se acuerda el 14 de octubre un gobierno provisorio, se "aclama a Bolívar Capitán General de los ejércitos patriotas y (se) le concede el título de Libertador de Venezuela"... (14), pero no hay acuerdo sobre la propuesta de un gobierno fuerte de carácter permanente; queda entones latente la idea de que una vez superada la emergencia, habría de restablecerse el ordenamiento constitucional. (15)
Lo que impide la constitución de un gobierno fuerte y centralizado es la pugna interprovincial aguda, manifestada en los comienzos mismos del proceso emancipador, y que expresa la inconformidad de los grupos criollos de provincia frente a la hegemonía del sector caraqueño. El federalismo resulta, entonces, una suerte de bandera que ampara las luchas igualitarias de unos criollos contra otros. La idea ha sido apuntada por Carrera Damas, quien lo expresa del siguiente modo: "no sería exagerado ver en el planteamiento federalista, --y en la disputada partición de la provincia de Caracas--, también una muestra de la lucha igualitaria, librada en este caso al nivel de grupos o sectores animados por intereses particulares, regionales. Esta pugna por la igualdad de las provincias entre sí, halló su bandera en el pensamiento federal, el cual resurgirá con todo vigor a la hora de discutirse la reorganización del Estado en la Segunda República". (16)
Las Provincias, por su lado, vuelven a sus autonomías. El repunte es obra del vacío de un poder legítimo ante la falta del Congreso, y la imposibilidad de poder reunirlo a causa de las deserciones, el exilio y las muertes. Bolívar mismo lo reconoce así en carta dirigida a Arismendi, el 18 de noviembre de 1813: ..."La autoridad suprema de la Confederación no soy yo. Después que la capitulación de San Mateo la hizo desaparecer no ha vuelto a restablecerse entre nosotros. Sólo en una elección hecha legítimamente por las provincias podría constituirse la persona, o personas que la ejercieran"... (17)
Las relaciones de Bolívar con los jefes políticos y militares orientales se hacen, prácticamente, en términos de relaciones exteriores entre el "Estado de Oriente" y la "República de Caracas" (18). Esta tradición autonomista y federalista llevará a los caudillos orientales a plantearse en distintos momentos la creación de un Estado independiente. En 1816, por ejemplo, Piar y Mariño están convencidos de que el triángulo Maturín-Angostura-Barcelona puede ser la base de una nueva República. (19) Y, en la ocasión de la llamada "Revolución de las Reformas", en 1835, los jefes orientales insistirán en una proposición autonomista y confederativa.
El federalismo, de igual manera, cobijará las luchas de las fracciones que pugnan en el interior de la Confederación Neogranadina. En 1815, a su salida de Venezuela, después del fracaso de la Segunda República, en 1814, bajo las hordas del caudillo José Tomás Bóves, Bolívar pasa nuevamente a prestar servicios militares al Congreso de la Nueva Granada, entonces en conflicto por las pretensiones autonomistas de los gobiernos de las provincias confederadas. Por sus servicios de entonces se le dio el título de Capitán General de los ejércitos de la dicha Confederación. (20)
Centralistas y federalistas mantendrán, aunque no siempre en forma patente, sus opiniones durante la confrontación armada. Pesa entonces más el objetivo central de procurar la derrota del poder español, y obra como contención el poder militar y político de Bolívar, quien ejerce el Mando Supremo. Con todo, las diferencias no dejan de existir. En mayo de 1817, mientras Bolívar adelanta la campaña de Guayana, Mariño, Madariaga, Brión, Zea, Urbaneja y otros, asumiéndose como representantes de los Estados de Venezuela, declaran restablecido el gobierno federal. (21) Eso ocurrió en el llamado Congresillo de Cariaco, y como integrantes del nuevo triunvirato fueron designados: Fernando Rodríguez del Toro, Francisco Javier Maíz y Simón Bolívar.
Y aunque Gil Fortoul lo ha considerado como pura farsa destinada a desconocer una vez más a Bolívar, Augusto Mijares ha hecho la importante observación de que tal Asamblea no debe reducirse a una simple conspiración personal --sin que faltare algo de ello--, sino que es, más bien, una muestra del apego al federalismo y de rechazó al régimen personalista, lo cual se expresaba también en la insistente solicitud de un “gobierno deliberativo y estrictamente legal”, cuyo reclamo, desde 1810, no cejó a pesar de los repetidos fracasos. (22)
Quizá sirva para ilustrar lo antes dicho, la opinión de Don Martín de Tovar, amigo íntimo de Bolívar y patriota consecuente, quien, en 1816, sostenía que los fracasos republicanos habíanse sucedido ..."por el poder arbitrario con que gobernaron Miranda en 1812, Bolívar y los Ribas en 1813 y 1814" (23). Juicio extravagante, comenta Mijares, pero que curiosamente era compartido por unos cuantos próceres, y que, en otros momentos, daría lugar a abiertas conspiraciones.
Consolidada la autoridad suprema de Bolívar (24), y mejorada la suerte de los ejércitos republicanos, las posiciones centralistas pasan a ser dominantes. Los esfuerzos de construcción del Estado se concretan en decisiones políticas e institucionales. Bolívar, que "veía alto y lejos", como dijera Gil Fortoul, encuentra suficientes apoyos para legitimar su visión sobre el tipo de Estado necesario. Se convoca al Congreso; se funda a Colombia, y se libran acciones militares decisivas en contra de la presencia militar española: las batallas de Boyacá y Carabobo.
Las Constituciones de 1819 y 1821, llamadas bolivarianas, exponen claramente la concepción centralista que sobre el Estado ha venido imponiéndose a dictado de las exigencias de la guerra. De ellas desaparece el sistema federal de gobierno establecido en la de 1811. La de Angostura, de 1819 y de muy breve duración, establece que la República es "una e indivisible". La de Cúcuta, carta fundamental de la ya decretada República de Colombia, declaró reunidos a los pueblos del nuevo Estado "en un sólo cuerpo de nación". Reafirmó, por tanto, la forma centralista de gobierno y otorgó a Bolívar amplios poderes dictatoriales para proseguir la campaña militar. Durante su discusión controvirtieron los que se mostraron partidarios de unir las provincias de Venezuela y de la Nueva Granada bajo un "sistema de gobierno confederativo" (25). Pero ahora se oye más a Bolívar y al neogranadino Antonio Nariño, quienes eran decididamente centralistas.
Pero las constituciones centralistas resultaron ineficaces para afectar las estructuras de poder local y regional existentes en la Colombia de entonces. Un verdadero caudillismo fue abriéndose paso a medida que los jefes militares, por obra y gracia de la propiedad territorial transferida o usurpada, pasaron a reforzar los contingentes de la clase dirigente (26). Clase que, en el caso venezolano, había sido bastante menguada en su número y calidad motivado al cruento y largo conflicto bélico.
En la desintegración de Colombia, en el que toda clase de partidarismos se van a conjugar, va a darse una ampliación de sentido del término federal. Ya no será solo la acepción inicial, de gran aceptación entre la generación mantuana, que servía para identificar una forma de Estado descentralizado: la correspondiente a la república norteamericana, asociada al constitucionalismo inglés y al liberalismo de Locke. "Federal" será voz para significar separación nacional (27). La argumentación federal se constituye en parte significativa del discurso político de aquella desintegración y obra en calidad de fuente de legitimación de esa práctica política. Refiriéndose a este sentido, Santander escribirá, en la ocasión de la Convención de Ocaña: "los de Caracas son endemoniadamente liberales y federalistas". (28)
Decidida la ruptura de la Unión Colombiana, Venezuela reúne en la ciudad de Valencia su Congreso Constituyente en 1830. Allí se acuerda la creación del Estado de Venezuela. En las discusiones del Congreso el centralismo es dominante, aunque no unánime. La idea federal prácticamente carece de apoyos y apenas se habla de un "sistema de federación" a futuro. La fórmula constitucional que en definitiva se adopta es llamada "centro federal mixta". A las provincias les corresponde una Asamblea o Diputación que debía intervenir en la designación de los gobernadores, los cuales, sin embargo, eran designados por el Ejecutivo. En ello parece concentrarse la fórmula centro-federalista prevista por el constituyente. Pasado un tiempo, y a despecho de la declaración constitucional, los gobiernos de la Oligarquía Conservadora y los de los Monagas, serían denunciados por su exagerado personalismo y centralismo.
No pasaría mucho tiempo sin que centralistas y federalistas controvirtieran más con armas y pasiones que con argumentos. En la Convención de Valencia de 1858, reunida bajo el encargo de redactar otra constitución, tendría lugar el último debate civilizado del siglo XIX entre ambos sectores. Pues después, como se sabe, el federalismo abanderaría las luchas sociales de la Federación en una guerra de más de cuatro (04) años, entre 1859 y 1863, que ganaron los federales. La segunda gran masacre del siglo. Ahora, sobre las ruinas y el despoblamiento se aprobará, por la Asamblea Constituyente de la Federación, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, el 28 de marzo de 1864. Volvíamos a ser federales, pero no en serio, sino a la manera como desde hace tiempo lo declaran nuestras constituciones. Por ejemplo, en la última, la de 1999, se dice que somos un “Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución”. Pero es cosa sabida que no tenemos ni república ni federación, y que sobre esos asuntos no queda sino la pura letra de la constitución.

NOTAS
(1) Véase al respecto: J.L. Salcedo Bastardo: Historia Fundamental de Venezuela, p. 287; Ramón Escovar Salom: Evolución Política de Venezuela, p. 15; Germán Carrera Damas: Tres Temas de Historia, p. 146 y ss.; Allan Randolph Brewer-Carías: Cambio Político y Reforma del Estado en Venezuela, p. 132.
(2) (2) Véase: Pablo Ojer C.: “El intento del Virreinato por desintegrar la Capitanía General de Venezuela (1778-1786)”, p. 83 y ss. En Angostura, Valencia, Ediciones del Rectorado, Universidad de Carabobo, julio-diciembre, 1990, Nº 1.
(3) Manuel Vicente Magallanes: Historia Política de Venezuela, tomo 1, p. 204.
(4) Rafael María Baralt y Ramón Díaz: Historia de Venezuela, tomo 2, p. 96.
(5) José Gil Fortoul: Historia Constitucional de Venezuela, tomo 1, p. 265.
(6) Brewer-Carías: Op. Cit., p. 133.
(7) Véase: Carrera Damas. Op. Cit, pp. 93-113.
(8) Frantz Fanon: Los Condenados de la Tierra, p. 20. Según Fanon, la condición violenta de los oprimidos es obra de la humillación y el sojuzgamiento, pero que una vez que puede dirigirse en contra del opresor, en rebelión liberadora, busca borrar la degradación para alcanzar la condición humana que había sido negada.
(9) Simón Bolívar, Escritos Políticos. p. 51.
(10) Loc. Cit.
(11) Ibídem, p. 52.
(12) Ibídem, p. 78.
(13) Ibídem, p. 100.
(14) Gil Fortoul, Op. Cit., p. 336.
(15) Carrera Damas, Op. Cit., pp. 115-142. Véanse los problemas jurídico-políticos planteados en la ocasión del restablecimiento de la República en 1813.
(16) Ibídem, p.113.
(17) Carrera Damas: La crisis de la Sociedad Colonial Venezolana, p. 46 (citado por el autor).
(18) Ibídem, p. 44.
(19) Ibídem, p. 58.
(20) Gil Fortoul, Op. Cit., p. 365.
(21) Ibídem, p. 373-374.
(22) Augusto Mijares: “La Evolución Política de Venezuela” en, Venezuela Independiente (Caracas: Fundación Mendoza, 1975), pp. 60 y passim.
(23) Citado por Mijares, Op. Cit., p. 60.
(24) Véase: Gil Fortoul: Op. Cit., p. 375 y passim. La autoridad suprema se concede a Bolívar en la Asamblea realizada en Margarita, el 7 mayo de 1816. Allí se le nombra Jefe supremo del ejército y la República.
(25) Ibídem, p. 454.
(26) El tema del ingreso de los caudillos militares a la oligarquía cuenta con un amplio acuerdo entre los estudiosos del proceso: Gil Fortoul, Vallenilla Lanz, Irazábal, Brito Figueroa, Carrera Damas, etc.
(27) Luis Castro Leiva: La Gran Colombia. Una Ilusión Ilustrada, p. 108.
(28) Loc. Cit. (La cita es del autor).