domingo, 27 de marzo de 2016

Maduro, Obama, Jagger y nosotros

Nelson Acosta Espinoza
Bien, amigos lectores, la semana que finaliza nos proporcionó un excelente ejemplo, en vivo, de lo que significa la postmodernidad. Entendiendo por esta categoría la coexistencia simultánea de códigos culturales contrapuestos y pertenecientes, por así decirlo, a etapas de “desarrollo” distintas.

Me estoy refiriendo a la presencia en Cuba de personajes tan disimiles como Nicolás Maduro, Barack Obama y Mick Jagger. Con diferencias en días representantes de tres tiempos históricos distintos coincidieron en la Habana: pasado, presente  y futuro. Voy a intentar explicar esta peculiar circunstancia.

Nicolás Maduro, simboliza esa pieza de arqueología política denominada Socialismo del siglo XXI. Su presencia en la Habana obedeció a recibir la más alta condecoración que otorga el gobierno cubano, la Orden José Martí. Una forma gentil y simbólica de dar las gracias por los favores recibidos y, hasta cierto punto, un adiós nostálgico a  generosos tiempos que no volverán. En fin, Nicolás recibió su premio de consolación.

Dos días después, la sociedad cubana presenció la histórica vista del presidente del país más odiado por ese gobierno y símbolo real del llamado imperialismo yanqui. Paradojas de la historia. Cuba y USA han iniciado un periodo de arduas negociaciones para restaurar los históricos vínculos que el pasado existían entre estas dos naciones. El pueblo Cubano expresó con intensidad y alegría  su aspiración de reanudar esta relación y capitalizar los beneficios que la misma conlleva. Pareciera que la consigna  es: Yanquis Comeback.

Finalmente, una visión de un futuro próximo arribó a la isla a través de la música. La histórica visita del grupo musical The Roling Stone desató una ola de entusiasmo que, en cierto sentido, anuncia el tiempo por venir. Mike Jagger, de 72 años fue recibido con entusiasmo desbordante.  A pesar de ser exponente de una vida intensa con connotaciones profundas distintas a las que la revolución intentó implantar en la población. Para un sistema político que se planteó  formar el “hombre nuevo”, señala Yoani Sánchez, este "flaco de vida convulsa significaba el anti modelo, lo que no deberíamos imitar".

Bien retomemos el párrafo inicial. Cuba, sin lugar a dudas, vivió intensamente su momento postmoderno. En un espacio cronológico pequeño coexistieron el pasado (Maduro), presente (Obama) y futuro (Jagger) y, en cierto sentido, anunciaron lo complejo que ha de ser la vuelta a la normalidad histórica en esta pequeña isla.

Esta heterogeneidad de tiempos históricos no es exclusiva de la sociedad cubana. En Venezuela también la estamos presenciando. En nuestro país es obvio quien simboliza el pasado. Sin embargo, a mi juicio, lo que aún no está muy claro es cuál de los actores políticos expresa con claridad el futuro.

Hay una tendencia a restaurar lo ya vivido. Y esta desviación se expresa en un electoralismo desprovisto de oferta de cambios reales. No es la primera vez en nuestra historia que un sentimiento de transformación es cancelado por apetitos subalternos.

Las próximas elecciones de gobernadores no deben constituirse en un fin en sí mismo. Por el contrario, habría que subordinarlas a un propósito mayor y dotarlas de una agenda de transformación  real. Insisto. La población está esperando ser interpelada por discursos que anuncien un cambio de régimen. La situación económica y social empeora a tasas de velocidad impresionantes.

La MUD, es justo reconocerlo, ha elaborado un conjunto de medidas para poner fin a este gobierno antes que finalice el año. Parece lógico, entonces, que los próximos comicios se subordinen a esta tarea anunciada por esta organización. Ojala que en un periodo corto de tiempo podamos aclamar la vuelta a la democracia y prosperidad económica.

De ser así, celebraremos con intensidad el comienzo de este nuevo espacio histórico en nuestras vidas.


¿Hacia cuál regionalización apuntamos?



 
Jaime Merrick
Paradójicamente, en estos últimos dieciséis años la regionalización ha significado para Venezuela muy poco desarrollo para las regiones y, al mismo tiempo, ha significado el fortalecimiento de un centralismo exagerado. Paradójicamente, además, porque el desarrollo territorial en Venezuela tiene como principio rector a la descentralización político-administrativa consagrada en la Constitución de Venezuela.
Recientemente, el Poder Ejecutivo creó el llamado “Arco Minero del Orinoco”. Según el Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, abarca una extensión territorial de 111.843,70 kilómetros cuadrados, que comprende esencialmente los estados Apure y Amazonas. Asimismo, el mencionado texto normativo halla su fundamento en el Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproducto de la Patria (2014) que, a su vez, deroga el Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (2001).
Las líneas que siguen tienen por objeto plantear una reflexión en torno a la siguiente pregunta: ¿Hacia cuál regionalización apuntamos? ¿Cuál debería ser el rol de los estados en términos político, social y económico? ¿Cuáles materias deberían estar reservadas a los estados? ¿De qué manera podrían ser fortalecidos los Consejos Estadales de Planificación? Son preguntas necesarias si se pretende construir un Estado venezolano más democrático y plural.

En materia de descentralización y, particularmente, sobre la autonomía estadal, el texto constitucional de 1999 tuvo aciertos y desaciertos. Acertó, entre otros aspectos: al consagrar un entramado de principios entre los que se encuentra la descentralización político-administrativa; al concebir los estados como auténticos Poderes Públicos (aspecto poco señalado); al constitucionalizar las competencias estadales que previamente habían sido desarrolladas en la Ley Orgánica de Descentralización del 1989; y al crear instancias de participación ciudadana para el diseño de políticas públicas estadales.
En cambio, falló el constituyente al ratificar una estructura organizativa del Estado profundamente centralizada: la eliminación del Senado como la representación política de las regiones, y al no haber desarrollado disposiciones sobre la hacienda pública estadal en el propio Texto Fundamental. Si hay algún sinsabor que dejó el texto constitucional de 1999, fue en relación con la autonomía estadal.
Después de 16 años, la situación de las regiones en Venezuela es crítica: atrasadas y profundamente dependientes del Poder Central, e inhabitadas para ejercer algún rol de trascendencia como agentes de desarrollo.
Para ello, en los siguientes artículos se analizará lo siguiente: a) El Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco; b) El Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio Productivo de la Patria (2014); y c) el Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (2001), todos ellos conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación en materia de descentralización. No se pretende que el debate sobre la regionalización se agote en el análisis de textos normativos –claro está– sino todo lo contrario: Se busca fomentarlo, recuperarlo, repensarlo.


Barack Obama y la América Latina.

Fernando Ochoa Antich.
        
Lamentablemente, la decisión del presidente Obama de considerar a la América Latina como un importante factor de la política exterior de los Estados Unidos la tomó al final de su gobierno. Este hecho debilita en mucho las importantes decisiones que ha empezado a tomar. Una de ellas, sin duda, fue la normalización de las relaciones con Cuba. El fracaso, que por más de cincuenta años mostraba esa política de aislamiento al régimen castrista,  indicaba que era imprescindible hacerlo. No tenía sentido mantener rotas las relaciones diplomáticas y económicas con Cuba, después de haber finalizado la Guerra Fría. El viaje del presidente Obama a La Habana quedó más que justificado al ser autorizado a enviar, a través de un extraordinario discurso televisivo, un mensaje al pueblo cubano, en el cual planteó que las transformaciones de la sociedad cubana debían  ser impulsadas por su propio pueblo, ratificando además la necesidad de establecer un sistema político pluralista que permitiera la discusión de distintas maneras de pensar.

También es necesario considerar que ese cambio de política se origina en la convicción que se tiene en los Estados Unidos de la muy poca influencia que ejerce actualmente la revolución cubana en la América Latina. Su gobierno está consciente de que la real amenaza a sus intereses está mucho más representada por los gobiernos inspirados en el  Foro de Sao Paulo y, de manera general, en el pernicioso populismo latinoamericano. Los gobiernos de Venezuela, Ecuador. Bolivia y Nicaragua, son los que mantienen una permanente retórica contra el régimen norteamericano. Entienden que nuestros pueblos, acostumbrados a años de populismo, ven con satisfacción esas medidas y ese tipo de enfrentamiento y terminan respaldando a los gobernantes que las aplican, aunque a la  larga, provoquen  graves crisis económicas. Esa es la razón del viaje a la Argentina. El presidente Mauricio Macri ha iniciado un gobierno inspirado en ideas liberales y fundamentalmente contrarias al marcado populismo establecido en los años de gobierno de  la presidente Cristina Fernández de Kirchner y de su esposo.
        
 Apenas, el presidente Macri tomó posesión del gobierno, inició una polémica gestión para conducir a Argentina a una trascendente reforma económica. Las cinco medidas más criticadas, por los sectores populares, han sido las siguientes: gobernar por decreto, eliminar el control de cambio, reducir la burocracia gubernamental, actualizar las tarifas eléctricas y otras tarifas y negociar con los “Fondos Buitres”. Apenas asumió el poder, decidió utilizar “los decretos de necesidad y urgencia”, una medida legal pero no muy legítima,  para superar su minoría parlamentaria. Al decidir poner  fin al control de cambio, se produjo una devaluación  que se estima  cerca del 40% para diciembre de este año, lo que ocasionará  una marcada alza de precios y una inflación que se calcula en 35 %. Durante el gobierno Kirchnerista se incrementó la nómina de empleados públicos de 2,3 a 4 millones.  Macri, inició de inmediato una drástica reducción con los consecuentes despidos masivos. El incremento de la electricidad y otras tarifas alcanzará entre 200 % y 300 %, lo que significará para los usuarios un incremento de seis veces  las tarifas.. 
       
  Estas duras, pero necesarias medidas, han tenido un delicado impacto político: la popularidad del presidente Macri ha empezado a resentirse levemente, observándose al cumplir sus primeros 100 días de gobierno  una disminución de seis puntos al  pasar de 60 % a 54 %, pero este dato debe ser analizado comparándose con otras informaciones para poder valorar con precisión los resultados. Se requiere para lograrlo tomar en cuenta la importante caída en el porcentaje de los que se consideran oficialistas al pasar de 45, 5 %  a 35,5 %, presentando los favorables al presidente Macri un núcleo duro de apenas 15 %. Estos datos surgen  de una encuesta realizada por la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública dirigida por el sociólogo Roberto Bacman, quien resalta la carga simbólica que tienen los cien días de gobierno en Argentina: Fernando de la Rúa, empezó  a resentirse en su popularidad durante los  primeros cien días de gobierno, no logrando recuperar su imagen hasta que tuvo que abandonar el gobierno en medio de fuertes protestas populares.


         Respaldar decididamente al gobierno de Mauricio Macri es la razón fundamental del viaje del presidente Obama  a Argentina. Está convencido que el éxito de las medidas tomadas por el nuevo gobierno, orientadas firmemente por ideas  marcadamente liberales que buscan fortalecer el mercado y la iniciativa privada, debe ser el ejemplo a tomar  por  la América Latina después del fracaso del régimen comunista de los Castro, de las dictaduras militares del Cono Sur y los populismos de Nicolás Maduro,  Dilma Rouseff y  Cristina Kirchner. Entiende que su viaje y la efectiva negociación lograda por el gobierno argentino al cancelar  los Fondos  Buitre, por un monto de 6.500 millones de dólares con un descuento del 25 %, abriéndole de esa manera los mercados financieros a Argentina, atraerá, con seguridad, importantes capitales extranjeros y argentinos. El reto es lograr que en los próximos meses haya una marcada disminución de la inflación y un crecimiento del empleo. Obama entiende que el éxito del gobierno del presidente Macri puede convertirse en la bandera de los sectores democráticos de la América Latina..

sábado, 19 de marzo de 2016

Oposición: si no emocionas, no convences

Nelson Acosta Espinoza
Bien, amigos lectores, en esta edición voy a dedicar este escrito a deliberar brevemente sobre el papel de las emociones en la política. Esta reflexión se encuentra enmarcada al interior de esta pregunta básica. ¿Qué se debe hacer para poder transformar en interlocutor al destinatario del discurso político?

Es obvio que no todas las propuestas políticas son exitosas. Otras,  a pesar de su contenido, logran obtener un extraordinario consenso. Véase, por ejemplo, Chávez, en Venezuela y, Le Pen, en Francia. Dos países con culturas e idiosincrasias distintas y, sin embargo, estos personajes políticos lograron construir un consentimiento significativo alrededor de sus respectivas ofertas políticas.

Una respuesta inicial a este importante tema puede encontrarse en los desarrollos de la neurociencia. Esta disciplina ha desbrozado caminos para una comprensión del papel crucial de las emociones en la construcción de identidades políticas.

Soy de los que sostengo que la oposición en nuestro país ha sido refractaria al mundo de las pasiones y, en consecuencia, ha abordado las cuestiones públicas desde el ámbito exclusivo de lo racional. Sin embargo, esta instancia (lo racional) no es suficiente para sumar intereses y motivaciones distintas. Para condensar, por ejemplo,  en una misma propuesta a  sectores medios y la población de los barrios. En fin, a esa inmensa masa que ha votado por la opción que expresa el chavismo.

Una reflexión en esta línea tiene una importancia vital en las actuales circunstancias. El resultado de las pasadas elecciones parlamentarias muestra un desencanto de la población con el actual régimen político. Ojo, la población voto contra el chavismo a través de la tarjeta del bloque opositor. Ahora hay que completar la tarea. Hacer uso adecuado de las emociones para construir nuevas identidades políticas que permanezcan estables en el tiempo.

Me parece que para alcanzar este último objetivo sería necesario que el  bloque opositor disminuya el desmesurado racionalismo que se expresa en las desviaciones electoralistas que estamos presenciando. Las marchas convocadas recientemente, por ejemplo, no alcanzaron la magnitud esperada. No emocionaron a los convocados.

Existen evidencias científicas que respaldan este papel de las emociones en la comunicación política.  Diversas investigaciones apadrinan esta idea. Por ejemplo, Frank Lunts ha escrito un interesante libro sobre el papel de las palabras en la comunicación política Words That Work: It’s Not What You Say, It’s What People Hear (Palabras que funcionan: No es lo que tú dices, es lo que la gente escucha). Drew Westen, en posiciones contrarias, ha publicado también The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation (El cerebro político: El papel de la emoción en la decisión del destino de la nación). Y George Lakoff escribió un popular libro Don’t think of an elephant! (¡No pienses en un elefante!).

Recientemente, la filósofa Martha Nussbaum ha reivindicado este papel que juegan las emociones en la política. El título de su último libro habla por sí mismo: “Emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia? En él elogia la actitud pasional de personajes como Gandhi o Luther King y afirma que las emociones pueden ser útiles políticamente para impulsar una conducta cooperativa y desinteresada.

Desafortunadamente algunos líderes políticos en el país desconfían de una estrategia que reivindique el papel de las pasiones. Desprecian su sentido y su utilidad para una acción política transformadora. Parece apropiado señalar que actitudes de esta naturaleza expresan una cierta incapacidad para comprender el ánimo presente en nuestra sociedad y levantan barreras que obstaculizan la politización de  las penurias que actualmente padece nuestra población.

Pensar, por ejemplo, que las circunstancias económicas por si mismas son suficientes para generar una alternativa política y cultural al régimen vigente puede constituir un grave error. Siempre se ha requerido, la historia es testigo, de un accionar emotivo que facilite la comunicación política.

No es posible desconocer la trabazón existente entre lo real, imaginario y simbólico. Lograr esta conexión es un paso básico para obtener el consentimiento de la población. La democracia más que una iniciativa electoral ha de transformarse en una forma de vida alternativa.


Béisbol, diplomacia y tragedia*



Los dos primeros países del mundo donde se jugó beisbol fueron Estados Unidos y Cuba y, desde el siglo XIX, el deporte que los cubanos llamamos “el juego de pelota” forma parte intrincada de la espiritualidad e imaginarios de ambos países. Sin el beisbol no se podría contar la historia de ninguna de las dos naciones, porque el beisbol está en el alma y la identidad de estos países tan próximos y en ocasiones tan distantes. En Cuba, por ejemplo, se dice que según esté su pelota así está el país…
Tras el anuncio de la visita del presidente Barack Obama a Cuba como parte del proceso de fortalecimiento de las retomadas relaciones diplomáticas bilaterales, todas las informaciones coinciden en asegurar que durante su estancia en La Habana el presidente participará del juego de exhibición de los equipos de de los Rays de Tampa y la selección nacional cubana. Obama, dicen, tendrá el honor de lanzar la primera bola de ese evento deportivo, que alcanzará, de inmediato, proporciones históricas y alto valor simbólico dentro de la nueva diplomacia. Porque, definitivamente, el juego de pelota es algo muy serio para los que nacimos a uno y otro lado del Estrecho de La Florida. Y porque el beisbol ha sido una de las muchas manzanas discordantes en las relaciones entre los dos países en las últimas seis décadas.
La última vez —luego de una pausa de cuarenta años— que un equipo del circuito profesional de las Grandes Ligas norteamericanas visitó Cuba fue en 1999. En aquella ocasión, como en muchas otras a lo largo de estos años de tensión, los partidos celebrados se vivieron por los directivos y jugadores cubanos como batallas de una guerra. Porque todavía en ese momento la rivalidad política entre los sistemas se expresaba incluso a través de los conceptos de la práctica deportiva, encarnada en la existencia o no de profesionalismo y de mercado. A una victoria por bando se cerró aquella exhibición y para el sistema deportivo cubano el juego ganado fue una demostración de la estatura y competitividad de la fórmula socialista.
Y es que desde la década de 1960, cuando el gobierno cubano decretó la eliminación del profesionalismo deportivo, cada desafío sostenido por los amateurs cubanos y los también amateurs norteamericanos, devenía una manifestación de rivalidad deportiva e ideológica. Los éxitos cubanos en campeonatos panamericanos, mundiales e incluso Juegos Olímpicos (Barcelona 92 y Atlanta 96), servían para reafirmar el éxito de un concepto deportivo, económico y social.

Sin embargo, con los cambios políticos globales que se suceden tras la caída del Muro de Berlín, también en el deporte cayeron murallas, como las que separaban a amateurs y profesionales en casi todas las disciplinas competitivas. Entonces a los cubanos les tocó enfrentar a jugadores de un nivel más alto que el confrontado hasta entonces… Y las habituales victorias comenzaron a ser más difíciles y, en los últimos años, incluso raras. Pero, casi al mismo tiempo, había comenzado un proceso interno en Cuba que hoy ha alcanzado proporciones de crisis: la salida de peloteros en busca de contratos en ligas profesionales. Si en las décadas de 1960 a 1980 la fuga de talentos prácticamente no existió, a finales del pasado siglo comenzó un goteo de jugadores, para llegar a convertirse en los tres últimos años en un torrente. Hoy se calcula que en este lapso han sido más de doscientos beisbolistas de la isla los que han salido de Cuba por los medios más disímiles en busca de oportunidades en el béisbol profesional.

Esta situación, que ha permitido a varios atletas cubanos alcanzar éxito deportivo y económico en el béisbol más competitivo del mundo, a su vez ha entrañado diversas tragedias. La esencia problemática de la relación de los jugadores de la isla con la mayoría de los circuitos regidos por el sistema de las Grandes Ligas ha estado en la imposibilidad de pretender un contrato en calidad de ciudadanos cubanos, vetados por la Ley del Embargo. Así, para que un cubano pueda aspirar a competir en el béisbol rentado norteamericano resulta indispensable que salga del país y adopte la residencia de una tercera nación. Para conseguir esta posibilidad los peloteros han agotado todos los caminos, desde la deserción durante alguna competencia en el extranjero (considerada en Cuba una traición política) hasta la salida clandestina. Ambas soluciones, como es previsible, entrañan mil peligros y ambas han propiciado en más de una ocasión que los talentos cubanos hayan tenido que pactar con traficantes de personas, relacionados con traficantes de contratos, personajes que en ocasiones han llegado a poner en peligro hasta la integridad física de los atletas.
No obstante esos riesgos y la condena política interna que conlleva, los jugadores cubanos siguen optando por la búsqueda de una mejor suerte deportiva y económica. La diferencia entre ganar cincuenta dólares mensuales por jugar en Cuba y cientos de miles o millones cada año en los circuitos profesionales es demasiado poderosa y escapa al poder de los discursos políticos. En las últimas semanas quizás el suceso que más ha conmovido a Cuba ha sido la deserción durante un torneo desarrollado en República Dominicana de dos peloteros, por demás hermanos: uno de ellos considerado el mejor jugador que permanecía en la isla y el otro uno de los más cotizados prospectos del país. Esta fuga ha sido la guinda en uastel que ya estaba horneado: la crisis del béisbol que se juega en Cuba ha tocado una profundidad en la que no estuvo ni cuando se abolió el profesionalismo y centenares de jugadores perdieron la posibilidad de competir en el país.
Mientras se producía este descenso, varios peloteros triunfaban en diversas ligas, demostrando la calidad del jugador cubano. Y, ante las tragedias que antecedían o rodeaban esos éxitos, la estructura de las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Beisbol comenzaron unas complejas conversaciones en busca de la única solución posible: la licencia especial del Departamento del Tesoro norteamericano que permita la contratación directa de los jugadores de la isla. Ese paso, al que las autoridades cubanas al fin se han avenido, sería el primer y gran escollo a superar, aunque luego habría que orientar sus resultados: o bien mediante contrataciones individuales o por medio de la Federación cubana, del modo en que ya se practica con la liga japonesa. Solo así sería posible conseguir unos tratos para los beisbolistas cubanos que los libren de los peligros reales de las deserciones y fugas con las que quedan legalmente desprotegidos.
Quizás el partido del 22 de marzo con la intervención honorífica del presidente Obama no quede solo como un gesto diplomático, sino que también ayude a lograr una normalidad en esa relación tan visceral y activa que por más de un siglo y medio han sostenido Cuba y Estados Unidos a través de un juego que constituye una forma compartida de ser y estar en el mundo. Porque si algo debe cambiar en las relaciones entre los dos países, ese cambio tiene que incluir algo tan trascendente como es el béisbol.
*El País, 19 de Marzo, 2016


DEMOCRACIA REVOLUCIONARIA V/S DEMOCRACIA BURGUESA


Octavio Acosta Martínez
     
Guardo  varios recuerdos de las recetas que manejábamos durante nuestra militancia en el Partido Comunista en los primeros años de estudiante universitario, y en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ya como profesional de la ingeniería. Si bien hoy las veo obsoletas, simples, desgastadas, en su tiempo ellas constituyeron nuestro norte y obraron como especie de normativa para justificar el accionar revolucionario de entonces. Pero esto que me parece viejo y desgastado no lo es en realidad para los nuevos movimientos políticos de izquierda que hoy descubren la lucha de clases, las maldades del capitalismo y la utopía socialista. Dentro de estos conceptos veo como en la llamada revolución bolivariana que desde la cima del poder se trata de imponer a todo un país, emerge aquella vieja dicotomía que se planteaba entre los conceptos de democracia burguesa democracia revolucionaria, aunque llamadas con diferentes apelativos. En medio de la confusión y el desamparo que nos consume, estos conceptos pueden sernos útiles para al menos intentar una aproximación a la interpretación del actual fenómeno político, incluyendo el desconcierto de la oposición.

 Lo primero que debería ser evidente es que si los dos conceptos tiene una primera denominación común de democracia, ya el adjetivo que hemos colocado a cada uno establece una diferenciación que imaginamos debe ser sustantiva, puesto que ellas identifican a dos paradigmas, dos sistemas políticos diferentes y antagónicos como propuestas para conducir los destinos de una sociedad. Pareciera de allí desprenderse que aun sin todavía definir en qué consiste la una y la otra, resulta claro que la que sirve para una sociedad democrática capitalista, no sirva para una sociedad socialista revolucionaria.

     Vamos a simplificar, no me interesa entrar en definiciones precisas de una y de otra, porque es otro el aspecto que deseo destacar en este trabajo. En términos generales todos conocemos las características que definen a la llamada democracia burguesa, por algunos, y que en términos más "técnicos" aceptaríamos como democracia representativa. Esta democracia está pautada en un conjunto de leyes, reglamentos, normas y una ética que regulan los pasos de todos los ciudadanos en esta sociedad. Todo, por tanto, apuntala la vida, la preservación de este sistema político.  Lo apuntala por un lado y simultáneamente rechaza cualquier otro conjunto que lo desestabilice y lo ponga en peligro. Para cumplir con estas funciones de apuntalamiento y defensa se cuenta con un conjunto de instituciones que desde diferentes frentes cumplen con funciones inherentes al campo donde ellas operan. Así, partimos desde las más persuasivas-formativas, como es la educación, pasando por una estructura legal-jurídica que determina lo que es bueno y lo que es malo, lo legal y lo subversivo, hasta llegar a las fuerzas policiales y el ejército, con funciones represivas. Esta estructura ideológica-legal-jurídica-represiva es el principal y gran obstáculo con el que se encuentran quienes desde otro paradigma político tratan de cambiar la sociedad. Cualquier cosa que se quiera imponer fuera de esta estructura es subversiva y debe, por tanto, ser reprimida. Esto es lógico, comprensible y válido además, para cualquier sistema político y no solamente para la social democracia o democracia representativa.

     Por esta razón los movimientos de izquierda revolucionaria de todo el mundo estaban condenados a conquistar el poder por la fuerza, por la lucha insurgente revolucionaria al margen del ordenamiento jurídico capitalista. Los militantes revolucionarios éramos ilegales por necesidad, sabíamos de los riesgos que afrontábamos y lo justificábamos al establecer una relación costo-beneficio política, donde al final los beneficios representados en la construcción de una nueva sociedad -mejor y más justa, por supuesto- recompensarían con creces el costo de haber llegado a ella. En definitiva, el paso de una a otra sociedad se daría en medio de un inmenso drama, donde un orden establecido se batiría con todos sus recursos, pasando incluso por encima de sus propios postulados éticos y morales, y por encima de su propia legalidad, con tal de garantizar su permanencia.

    Por otra parte, el movimiento revolucionario no se podía detener en las barreras de una legalidad burguesa si quería verdaderamente producir el salto. En este juego, tanto los unos como los otros estaban entrampados en una doble legalidad y en una doble moral, estirando cada uno su accionar hasta donde sus intereses lo determinaran. Por eso se trataba de obtener los máximos beneficios políticos del sistema burgués, mientras clandestinamente se apostaba a la rebelión.

   Cuando un movimiento revolucionario llegaba al gobierno por la vía aceptada de las elecciones, se encontraba luego con la sólida estructura política-ideológica-militar que la limitaba y no le permitía dar el salto cualitativo definitivo. La intencionalidad se quedaba en un experimento temporal condenado a disolverse en un volver a empezar sisífico. Podríamos ejemplificar esta interpretación con las experiencias chilena, nicaragüense, en una primera etapa; francesa, española, y alguna otra que se me escape.

    ¿Qué sucede con el experimento bolivariano? ¿Será otro condenado a la misma suerte de todos sus antecesores? Su máximo jefe ha dicho "La revolución llegó para quedarse" ¿Se quedará? Hasta ahora da la impresión de tener una gran fortaleza y ha logrado resistir más tiempo que otras llegadas por los mecanismo legales de la sociedad capitalista burguesa. Después de la revolución cubana los movimientos revolucionarios latinoamericanos renovaron su esperanza de triunfar y se lanzaron a la conquista del cambio. Pero el imperialismo también aprendió de la experiencia y pronto nos percatamos de que ahora sería más difícil. Sin embargo, nos sorprendemos en la actualidad venezolana de ver a las puertas de un cuartel un gran letrero con la frase "Patria, Socialismo o Muerte", aunque últimamente se cambió -la forma, pero no la esencia- por otra menos escatológica debido a la circunstancia muy especial que todos conocemos. Voy a tratar entonces, de responder la pregunta formulada.

     En primer lugar, el movimiento bolivariano no llegó al gobierno por una prédica revolucionaria socialista, sino por una crítica posición anticorrupción, y  ésta, aunque difícil, sí entra en el juego de la llamada democracia representativa. Se trataba, pues, de cambiar una base podrida e ineficiente por otra limpia y eficiente. La prédica por la revolución y el socialismo vino después, cuando el régimen se sintió más sólido y mejor apoyado. Y lo dijo además, al estilo Chavo: "sin querer queriendo". Así, el pueblo"pueblo" lo aceptó sin saber siquiera cuál era su verdadero significado. Este pueblo no seguía una idea, sino un líder y una emoción, y lo que aquel dijera, eso era ley.

     En segundo lugar, la revolución bolivariana sorprendió al imperialismo yanqui en un momento de descuido. Mientras éste se ocupaba de "poner orden" en el Medio Oriente se olvidó de su patio trasero latinoamericano y se le coló un caballo de Troya en Venezuela. ¿Qué hacer ahora? Este caballo parece tener una larga cola, que cuando la mueve revuelve la brisa en Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, y hasta en la misma Cuba. Existe, por supuesto, una incógnita. Una vez desaparecido su conductor ¿habrá sembrado una base lo suficientemente profunda como para de verdad quedarse? Ahí estamos ahora.


    Pero todavía falta decir algo sobre esta revolución bolivariana, Socialismo del Siglo XXI. Ella llega con las mismas limitaciones que antes hemos reseñado: una estructura ideológica-jurídica-militar que pertenece a lo que pretende sustituir. Así, tiene que luchar con sus mismas reglas. Pero esto es imposible, estas reglas están diseñadas para preservarla y no es posible sustituirlas de repente. Hay que hacer un juego de muñecas (un "muñequeo") y comenzar un proceso paulatino de sustitución. Se comienza por refundar la República, para lo cual se cambia la Constitución. Pero como es imposible prever todas las situaciones que se puedan presentar, algunas veces esta nueva Constitución no dará respuestas satisfactorias a lo que se presenta. Luego, no queda más remedio que violarla mientras se realiza una enmienda que legalice las nuevas medidas. Claro, esto no se hace sin ningún trauma, porque la estructura de poderes viejos todavía está allí. Entonces hay que ponerlo al servicio de la revolución. ¿Cómo se hace esto? Fácil, colocando en dicha estructura a personas que apoyen "el proceso". Ya se ha conquistado el antiguo Congreso, hoy Asamblea Nacional, que es quien los nombra. De allí que ya se sabe a quiénes nombrarán. La estructura se mantiene, pero con otros conceptos, lo que a la larga viene a decir que en realidad no es la "misma" estructura, aunque las condiciones no están completamente dadas todavía para admitirlo. La independencia de poderes teóricamente continúa existiendo, pero en la práctica sabemos que se acabó. ¿Acaso una revolución se va a detener en estos detalles pequeño burgueses cuando se trata de defender territorios conquistados que les han sido tan caros? A partir de esta distribución revolucionaria de poderes se dan todos esos dictámenes y decisiones que tienen a la oposición confundida. Todo se hace "legalmente" y aquello que la oposición considera arbitrariedad y atropello, en realidad obedece a una nueva lógica que está en una dimensión distinta a la que estábamos acostumbrados. La continuidad administrativa de un gobierno que terminó su mandato sin necesidad de juramentación, la condición de Presidente Encargado de Maduro, su capacidad para participar como candidato a las próximas elecciones, son completamente arbitrarias y obedecen a una "interpretación" muy sui géneris de la Constitución, pero interpretación al fin para la cual la Sala Constitucional del TSJ está plenamente facultada, constituyendo ello la esencia misma de sus funciones. Sus decisiones son vinculantes e inapelables. Todo es legal aunque nazcan de interpretaciones retorcidas de la carta magna. La manera de conducirse el Consejo Nacional Electoral es perfectamente entendible bajo los referentes del nuevo paradigma político. Las actuaciones de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de todas las instituciones del Estado, todo está en el orden de apuntalar y preservar el nuevo Estado. Es verdad, hay violaciones y desconocimientos de sus propias normativas. Esto obedece a los ajustes que paulatinamente debe hacerse, hasta que se alcance la estabilidad absoluta del régimen. Es el precio que se debía pagar por haber llegado al poder no por la vía del asalto violento, sino por la utilización de las herramientas instituidas por la sociedad burguesa. Desde esta perspectiva y poniéndome en el pellejo del "otro", no me cabe duda de que ellos han obrado correctamente. Yo hubiese hecho lo mismo de estar en la misma situación. No podía dejar perder una conquista tan importante por ajustarme a un sistema de leyes que desprecio y que pretendo cambiar. No podía permitir que por respetar indicativos inherentes a la legalidad burguesa me viera impedido de hacer avanzar un proyecto tan caro como es el proceso revolucionario. Lo mismo hizo la democracia representativa cuando llevó la conducción de la sociedad desde el otro lado de la barrera. Sus instituciones jugaron a cuadro cerrado para mantener el sistema político democrático representativo. Si hiciésemos una historia de las arbitrariedades y violaciones que hizo durante su pasantía tendríamos que llenar muchos volúmenes. De hecho, es mucho lo que en efecto se escribió sobre ello y no es desventurado concluir que tanto abuso de poder fue la causa de su desventura y del arribo del comandante bolivariano. Hemos analizado en repetidas ocasiones esta relación causa-consecuencia. 



    Pienso que esto es lo que debe comprender la oposición para salir del asombro que la tiene semiparalizada y no le permite ubicar la lucha en la dirección correcta. Las luchas legales hay que darlas, pero no son suficientes, porque no se trata de un problema de razón, o por lo menos no de la razón cotidiana a la cual esgrimimos constantemente, sino de razón paradigmática. La oposición tiene, tenemos, que diseñar respuestas adecuadas para combatir un sistema en gestación donde ahora los subversivos somos nosotros. Hay que impedir que ese sistema se instaure y se consolide. Sí, hay que acudir a la Fiscalía, al CNE, y al TSJ, hay que dejar un testimonio que pudiera servir para el futuro, pero con la conciencia clara de que en el presente momento no se va a encontrar allí la respuesta que va a cambiar el estado actual de cosas. Estamos empleando la estrategia equivocada si planteamos la lucha en el terreno tramposo que el sistema emergente  nos impone. Allí la tenemos perdida. Hay que aprovechar la legalidad hasta donde las condiciones lo permitan, pero paralelamente hay que crear un movimiento con fuerza que obre con una presión lo suficientemente grande para evitar la instauración de las nuevas transformaciones "revolucionarias" que se adelantan. Es necesario llegar a lo único que nos daría verdadera fuerza, el poder de la gente, de eso que llaman "pueblo", del pueblo en la calle reclamando y del pueblo votante. Claro, es difícil llegarle porque hemos perdido los espacios, pero hay que hacerlo sin remedio, no hay otra alternativa. Se me ocurre que lo primero para llegarle es cambiar el mensaje y hablar en clave de pueblo. Hay que llegarle con la razón de la emoción, nuestras razones académicas no valen, no producen ningún efecto en quienes no tienen ni comprenden esas razones. Hay que crear, si es que eso se puede crear, un liderazgo carismático. Yo no sé como se puede crear un liderazgo carismático, pero hay que hacerlo, ése es el reto. Es menester, perentorio poner nuestras neuronas cerebrales en sintonía para desarrollar la creatividad y producir respuestas exitosas. No respuestas "lógicas" llenas de razón, pero sin fuerza alguna para frenar lo que está en marcha y mucho menos para imponer nuevas directrices.

    Es necesaria una propuesta. La oposición no la tiene porque no sabe qué proponer. Pero no puede ser una propuesta en términos tradicionales. Tiene que ser una propuesta entendible, concreta, fácilmente asimilable y que sea víable. Las propuestas académicas las dejaremos para el después, se discutirán en sectores preparados para este ejercicio y se aplicarán en su oportunidad. También hay que olvidarse de esa propuesta tonta del "progreso", propuesta por lo demás ambigua que en definitiva no dice nada. En el presente momento tenemos que hacer saltar de emoción a la gente ante una palabra que pronunciemos o ante un slogan que se publicite. Esto hay que hacerlo desde este mismo momento. Tenemos diez días para comenzar a sembrar, para dejar allí algo que no nos conducirá al triunfo inmediato -tal como se presenta el panorama- pero que se capitalizará cuando las condiciones sean oportunas, oportunidad que también deberá ser creada por nosotros.



   Lo que no podemos es seguir enmarañados en el formalismo del respeto burgués, que una vez sirvió pero ahora perdió toda su validez ante quienes lo utilizan en ciertas instancias y para las circunstancias donde se impone el control de la disidencia. No podemos apelar a una razón revolucionaria socialista porque ésa es la que se combate, pero tampoco nos podemos devolver a la inoperancia de la vieja institucionalidad burguesa. ¿Cuál será esa nueva propuesta? ¿Con qué bandera lucharemos frente a esta anacrónica propuesta revolucionaria? Ya estamos atrasados en su búsqueda, no la posterguemos más.

sábado, 12 de marzo de 2016

Aceleremos la transición política

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Mostrando DSCF2192.JPGNelson Acosta Espinoza

Estimados lectores, en esta ocasión voy a reproducir en su totalidad un documento elaborado por un conjunto de profesores (activos, jubilados; docentes, investigadores; autoridades y ex autoridades) de la Universidad de Carabobo de fecha 9 de Marzo de este año. Su encabezamiento, “Es indispensable intensificar la lucha pacífica y constitucional por una transición política” constituye un llamamiento a los sectores de la oposición a acentuar la resistencia civil. Sin lugar a dudas, ha llegado el momento de requerir una militancia ciudadana que respalde y acompañe, en la calle, las iniciativas que se desarrollan en el parlamento.

Me voy a permitir, brevemente, formular unas observaciones. Me parece que es indispensable combatir el electoralismo. ¿Qué entiendo por esta práctica? Una suerte de pulsión administrativa que relega a un segundo plano la necesidad de  poseer una concepción alternativa de país a la que ha sido dominante durante estos años. Igualmente, sería preciso elaborar una narrativa que seduzca a la población que aún se siente interpelada por el chavismo. Ambas iniciativas se refuerzan mutuamente y podrían facilitar la tarea de traducir el descontento “de la inmensa mayoría de los venezolanos en  fuerza y voluntad para el cambio político”.

Bien, aquí va el documento.

(también puede obtenerlo en formato PDF aquí.)

“El Grupo de Pensamiento Universitario, en el marco de las actuales circunstancias, ha venido reuniéndose con el propósito de reflexionar sobre el futuro de la universidad y el país. Hemos indagado sobre el porvenir más inmediato de esta institución en una situación tan crítica como la que vivimos. El número de estudiantes en las aulas se ha reducido significativamente. Los profesores, a pesar del permanente maltrato salarial, dictan sus clases, cuando se puede, en condiciones muy poco cónsonas con la academia. La vida universitaria se ha reducido a eso,  en un contexto de progresivo cierre técnico, hábitat intolerable y carencia casi total de insumos. Esta deteriorada universidad es un reflejo de lo que ocurre en el país.
 
Coincidimos con la opinión de muchos expertos, en que la intensificación de la crisis del país se viene generando con una aceleración que tiende  a reducir el tiempo del que disponemos para producir un cambio político. En materia de salud, el tiempo ya no se cuenta en horas sino en vidas perdidas. Vivimos bajo la amenaza de un colapso eléctrico y con él, la de muchos otros servicios. Las proyecciones sobre la inminente insuficiencia de provisión de alimentos para toda la población son dramáticas. Y, hablando de  insuficiencias,  la más peligrosa de todas es la ausencia de una voluntad por parte del oficialismo para transar soluciones a corto plazo.

Lo ha dicho con precisión el Padre Ugalde, hay sectores políticos dentro del oficialismo que “prefieren la ruina total del país, antes de reconocer su fracaso y abrirse a las reformas necesarias para que tengamos comida, medicinas y seguridad…”.

La dirigencia democrática tiene la responsabilidad de resolver la ecuación política de este tiempo.  Es la oportunidad para un liderazgo colectivo que traduzca el descontento de la inmensa mayoría de los venezolanos en  fuerza y voluntad para el cambio político. Le hacemos un llamado para que se le hable al país, con contundencia, claridad y solemnidad, de ese dantesco futuro que nos promete la terquedad del Gobierno al insistir con un modelo de conducción del país ya fracasado.

Experiencias históricas – la nuestra y de otras regiones del mundo- muestran que en situaciones de esta naturaleza se requiere de una militancia cívica activa y organizada. Es tiempo de que el liderazgo político la organice, la convoque y la dirija. Hablamos de participación masiva, de resistencia pacífica, hablamos de calle con bitácora constitucional y democrática. No hay espacio para intereses políticos personales y subalternos.


Los universitarios tenemos una vieja tradición de lucha. Respaldados por esta historia creemos que es necesario intensificar la lucha pacífica y constitucional por una transición política a la brevedad posible. El no hacerlo implica el riesgo de precipitarnos hacia un escenario muy complejo en lo social y económico. Y además anarquizado  en lo político, cuando el pueblo reclame con similar acritud  tanto a quienes nos condujeron a este despeñadero, como a quienes no quisieron asumir la responsabilidad histórica que este advertido tránsito hacia una crisis humanitaria demanda”

Un masivo clima político de cambio


 Colette Capriles·          
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¿Qué impacto puede tener la sentencia
del Tribunal Supremo de Justicia
sobre la dinámica política nacional venezolana?

​”Soberano es el que decide sobre el estado de excepción”, dice Carl Schmitt. El Tribunal Supremo de Justicia ha creado un estado de excepción al suspender las potestades de un poder público y la separación de poderes, que es la arquitectura fundamental de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ha usurpado la soberanía popular atribuyéndose competencias constituyentes. Y ésa es la situación actual. Independientemente de sus efectos legales y políticos inmediatos (o mediatos) y de todos sus defectos de forma y de fondo, la sentencia 16-0153 es un mensaje político muy simple: la soberanía popular, esa voluntad que se expresó electoralmente el 6 de diciembre para sustraerle al chavismo parte de su omnímodo y corrupto poder, no es considerado por el gobierno como el criterio fundamental para la distribución del poder.
En rigor, se trata de la traducción en lenguaje jurídico del único mensaje que ofrece el gobierno de Maduro: no permitirá que las penurias inhumanas de treinta millones de venezolanos alteren el destino manifiesto de la nomenklatura que reina sobre los escombros de un país exhausto.

Es obvio que el gobierno, fiel a su tesis de que la victoria de la oposición en las elecciones fue apenas “circunstancial”, percibe a la sociedad y a la oposición que representa a la mayoría en la Asamblea Nacional como incapaces de prevalecer en una confrontación institucional. Y menos aun en un choque extra constitucional o en una situación de facto. En fin de cuentas, el Ejecutivo (blindado con la complicidad del TSJ y confiado en su sustento militar) puede fantasear con sobrevivir a la catástrofe si logra, en efecto, atravesar la “circunstancia” anulando al Poder Legislativo y, con ello, intentando desarticular a la oposición, todo esto mientras aplica el “ajuste con rostro socialista” a la velocidad paquidérmica que acostumbra (pero que no hay que subestimar).

Lo que hay que examinar es cómo sería eso posible.
En efecto, la dirección política de la oposición se concentró en la Asamblea Nacional con una agenda múltiple, política y legislativa a la vez. Sin embargo, la agenda de cambio político, acelerada por la notable victoria del 6D, exige la conformación de una instancia de conducción política unitaria, distinta a la conducción del Parlamento, que es de suyo pluralista y que recibe una serie de demandas, agendas particulares, intereses, aspiraciones diversas y a veces hasta incompatibles, que por fin pueden recibir escucha institucional.

La dinámica parlamentaria también ha mostrado que en el bloque opositor siguen existiendo diferentes concepciones de la política y de la silueta que se quiere para el país futuro, algo que cuando es leído por el gobierno resulta una debilidad estratégica. Y, ciertamente, en el liderazgo político de la oposición ha habido más estridencia que eficacia, junto a una preocupante falta de focalización y de jerarquización del horizonte político de corto y mediano plazo.
Por otra parte, el sentido de urgencia de la terrible experiencia en que se ha convertido la vida cotidiana no sólo ha convertido el cambio de gobierno en una prioridad para la oposición y gran parte de la sociedad: también ha permeado a sectores oficialistas que entienden que la posición “insurgente” del alto gobierno está propiciando una crisis de desenlace impredecible. Una urgencia que no alcanza a Maduro ni a su entorno, confiados en que el auxilio de aliados políticos, la subasta de concesiones mineras y la reingeniería financiera pueden permitirles continuar con el mínimo metabolismo económico hasta el final del periodo.
Da la impresión de que el chavismo ya no solamente es imitación de los fatídicos socialismos reales, sino que se quiere imitar a sí mismo en un enloquecedor círculo temporal: pretende actuar como en 2002 y como 2003, atrincherado, pacientemente agazapado, protegido jurídica y militarmente, con diminutos movimientos tácticos, mientras las fuerzas que lo adversan sobreestiman el papel de la espontánea iracundia de la población en la construcción de una solución institucional que cierre el ciclo del mal gobierno, y así se desgastan en la microgerencia del apoyo electoral y opinático que tienen, sin ofrecer una ruta política consistente que saque provecho de su fuerza electoral.
Bajo las actuales circunstancias,
¿qué debería hacer la oposición
y qué debería hacer el oficialismo?


En mi opinión, no hay solución puramente constitucional a la crisis, puesto que la Constitución tal como está escrita (que no es la que emana del tenebroso TSJ) no es, desde la perspectiva del gobierno, un marco de contención ni las reglas políticas en ella establecidas le resultan respetables.
Y precisamente por eso la acción de la oposición debe estar dirigida a recuperar la constitucionalidad. Algo que implica movilizar focalizadamente su fuerza específica, aquella que justamente no tiene ya el chavismo: la del voto popular y la demanda de cambio que hay en la sociedad.
Las fórmulas constitucionales para reemplazar en el corto plazo al gobierno no tienen por sí mismas eficacia política alguna sin un contexto de presión política que vaya convocando el cambio en una dirección clara y consistente.
Es evidente que el cambio de régimen operado a partir de 1999 no fue exclusivamente el resultado de una maquinaria constitucional. El aglutinante clima político creado por la victoria electoral de Chávez le permitió legitimar una estrategia de desconocimiento de la Constitución de 1961 y de todas las instituciones derivadas. Hoy se podría decir, invocando la justicia poética, que la oposición debe hacer lo mismo para proteger la Constitución de 1999 como marco de una transición política, en condiciones bastante más complejas.
Porque la crisis por sí sola, por más terrible que sea, no genera las condiciones para el cambio: es la dirección política la que puede hacerlo posible.
Por lo tanto la primera cuestión que la oposición debe resolver de manera inmediata es la conformación de un comando político para la campaña del cambio (por así decirlo) que conduzca ese proceso. Se debería separar este comando del liderazgo parlamentario que hoy ocupa la escena, para poder actuar a la vez en el tablero político y en el legislativo. Porque en el plano político no sólo hay que dirimir la cuestión de la vía constitucional para el reemplazo del gobierno, sino también el proyecto posterior que, obviamente, es en realidad el punto de fuga sobre el cual se pueden enganchar acuerdos y desacuerdos.
Y, en efecto, si el activo fundamental de la oposición es electoral, parece obvio que debería privilegiar el mecanismo constitucional que más intensivamente se beneficia de ese activo, que es el revocatorio.
Si bien la enmienda constitucional contempla la realización de un referendo aprobatorio, supone una infinidad de negociaciones y estipulaciones técnicas que incluso teniendo éxito —algo supremamente difícil bajo las actuales circunstancias— privarían al mundo del espectáculo de una población movilizada y activada en el proyecto de terminar con el ciclo chavista. Y sin duda contribuiría con la confección de la mitología del golpe parlamentario que tanto anhela el chavismo.
Sin embargo, creo que lo fundamental, en cualquier caso, es la creación de un masivo clima político de cambio que pueda generar suficiente apalancamiento de la oposición en algún punto del proceso como para tener una política de negociación hacia factores del chavismo (y en general de todos los actores políticos, sin descontar a los militares) y atender la sucesión de crisis que se van a ir desplegando ante cada obstáculo que la Sala Constitucional y los instrumentos del Ejecutivo pondrán ante el proceso político y ante cualquier desenlace posterior.
De nuevo: el principal peligro político no es ni siquiera el gobierno atrincherado, sino la amenaza de que se produzca una situación de facto en medio de una multiplicidad de actores y grupos desarticulados, en la que el misterioso factor militar tendría un papel impredecible.

Visto desde el gobierno, el escenario de un revocatorio puede no ser el peor. Algunos voceros del gobierno lo han insinuado. En principio, porque quizás el gobierno piensa que le es posible movilizar a ese 40% que obtuvo el 6D para impedir una victoria de la oposición. Pero además, como se sabe, porque podría maniobrar para que el Referendo Revocatorio tenga lugar en 2017, en cuyo caso, podría obtener algún oxígeno para las presidenciales de 2018, lo que de paso supone que el chavismo-archipiélago tendría que reconstituirse con nuevos liderazgos, algo nada fácil.
Es necesario acotar que ese escenario transicional (es decir: el chavismo aún en el poder, pero sin la cúpula “insurgente”) podría ser menos malo para la oposición de lo que luce a simple vista. Las elecciones de gobernadores, que deberían realizarse este año, pueden convertirse en otro obstáculo o, por el contrario, facilitarle la labor a la oposición si logra construir una estrategia en torno a ellas, algo que luce complicado en las actuales circunstancias.

Es muy difícil recomendarle algo al gobierno. Sí le diría que, a pesar del desorden, no subestime la capacidad de la oposición para movilizar a una población que, al borde de la desesperación, cercada por la inflación, la escasez y la madeja que enreda a delincuencias y cuerpos del Estado, busca ávidamente una solución pacífica. Le diría que no solamente está en juego el transcurrir de un gobierno, sino el devenir del propio chavismo. Y que ninguna solución de facto puede reemplazar a la solución política, al menos no sin un costo enorme para el país.

Las disyuntivas del PSUV

                                                         
Simón García
Sería una simpleza suponer que la conducta del PSUV ante la crisis sólo le concierne a esa organización. Es en la práctica el partido único de gobierno y no tiene por qué convertirse en un obstáculo para los cambios que incluso sus partidarios quieren. 
El PSUV es el sistema de creencias en un proyecto llamado a emancipar al pueblo de la opresión de los ricos y al país de los EEUU, a redimir a los excluidos y llevar a cabo la venganza social contra los responsables de las desventuras humanas de la mayoría. Es la escenificación simbólica de un Robin Hood que logra la vuelta de tortilla anhelada en la nostálgica canción española del tomate, sólo que con pobres sin pan para comer.
El PSUV se está marchitando por déficit de proyecto, por los errores de Maduro y por el desmoronamiento que le ocasiona las evidencias de una crisis que no pide carnet. Se está contrayendo a una masilla de reserva para las maniobras internas y la competencia entre una docena de dirigentes que hoy están ocupados en apuntalar sus parcelas de poder.
Los militantes del PSUV comprueban que la lealtad de seguidores y votantes no es a prueba de crisis. Por más que sigan repitiendo vehementemente que los cajeros del Banco de Venezuela no funcionan porque otra vez la oposición los dejó sin plata, en la intimidad de su conciencia saben que el verdadero responsable del “cajero en mantenimiento” es su dueño: el gobierno.
La causa de la desilusión no es la ideología sino el estómago vacío. El gobierno no sabe,  y no podrá hacerlo aplicando las mismas políticas que los vaciaron, cómo llenar los anaqueles. Si no cambia no aguantará el terremoto que le está cuarteando sus bases. Su desplazamiento constitucional y electoral será cuestión de tiempo.
Es evidente que entre los millones de venezolanos que votaron por Maduro hay gente de ideales, de trabajo y de valores. Es también seguro que en Venezuela no hay cinco millones de corruptos por el sólo hecho de haber votado por el PSUV, como dicen que le contra argumentó Fidel a Chávez ante su artificial presentación de la oposición como oligarcas. Es imposible que dentro del PSUV no aumenten y salgan a la luz pública las insatisfacciones y críticas a las políticas de Maduro.
Es muy difícil, por temible que sea la jerarquía vertical del PSUV, que la cúpula insista en bloquear al revocatorio, sin que esta contradicción con la propaganda oficialista que lo exalta como el logro más relevante de la democracia participativa, se convierta en una astilla interna.
No está negado que en el PSUV surjan presiones para que su gobierno adopte medidas que impliquen un viraje en materia del modelo económico, en los esquemas de control autoritario que han fracasado y en la insistencia a criminalizar a la oposición.
Si la cúpula gubernamental le impone al PSUV la defensa conservadora de sus privilegios estará incubando nuevas derrotas políticas y electorales en su camino. Si al contrario decide contarse y acatar el mandato del soberano, sea de respaldo o rechazo, estará abriendo la posibilidad de encontrarse con la mayoría de la población que ahora respalda claramente la ruta de la MUD. Así es la democracia.