CÉSAR PÉREZ VIVAS
La victoria popular de
las fuerzas democráticas el pasado 6 de diciembre, mediante la cual ha sido
elegida una nueva Asamblea Nacional a posesionarse e iniciar funciones el
próximo 5 de enero de 2016, ha creado una expectativa y una ola de esperanza en
la mayoría de los ciudadanos de nuestra querida Venezuela.
Esa mayoría se ha
expresado a favor de la plataforma electoral de la Mesa de la Unidad
Democrática en búsqueda de un cambio pacífico y constitucional a la inmensa
crisis política, económica y social que padecemos.
Dicha crisis es de una
profundidad y magnitud tal, que amerita un ambicioso plan de reformas en
el plano institucional y económico, para lo cual se requiere de un acuerdo
político que le dé sólido apoyo en el parlamento recién elegido, en las
organizaciones políticas y sociales de toda la nación, en la opinión pública y
en el pueblo.
El acuerdo político
requerido requiere el concurso del actual gobierno nacional, y de las demás
ramas del poder público, pues la aplicación de un conjunto importante de esas
políticas públicas, son fundamentalmente una responsabilidad del poder
ejecutivo nacional.
El comportamiento del
presidente Maduro, y demás voceros políticos del gobierno, demuestran de manera
contundente, la ausencia de una voluntad política para dialogar y para corregir
el errado rumbo que se le ha dado a los asuntos públicos de nuestro país.
Hasta ahora, la
línea de la cúpula roja ha sido la de la confrontación, característica
histórica de este sector de nuestra sociedad, que en nada favorece la
recuperación de nuestra deteriorada calidad de vida.
Venezuela no puede
seguir agotando su tiempo, su energía, sus recursos, y su espíritu en una
interminable confrontación política, que para nada aporta soluciones a los
ciudadanos, y que por el contrario nos hunde cada día más en la pobreza y en la
violencia.
Es necesario y urgente
salir de ese círculo vicioso. Nuestro pueblo ha respondido de manera positiva a
la primera gran tarea que nos hemos propuesto, la construcción de una mayoría
que convertida en votos, se exprese en un poder del estado: la Asamblea Nacional.
Para avanzar en la
recuperación de la nación se requiere planificar una etapa de transición
enmarcada en las normas establecidas en la vigente carta magna de la Nación.
Vale decir necesitamos
una etapa de transición. Transición del caos al orden. De la ruina económica a
la estabilidad y crecimiento. De la escasez al abastecimiento. De la autocracia
a la democracia.
Dado el nivel de
autismo, ceguera y soberbia del actual gobierno se requiere cambiarlo con
urgencia. El país necesita un nuevo gobierno de unidad y reconciliación. Maduro
no está en capacidad de asumir los cambios que la crisis amerita, por lo tanto
es vital relevarlo, por una vía constitucional y pacífica, de sus
responsabilidades como jefe de Estado y de gobierno.
Para hacerlo, la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela nos ofrece diversas opciones en su
articulado. De ellas expreso mi preferencia por el mecanismo consagrado
en el artículo 72. Ahí se consagra la figura del referéndum revocatorio.
Este mecanismo es
difícil y complejo, pero al final, es el que ofrece la ruta menos traumática
para el país.
Una victoria de la
sociedad democrática logrando revocar el mandato del presidente Maduro
generaría una vacante absoluta de la primera magistratura de la República. Esta
situación de vacante absoluta del Presidente de la República está regulada en
el artículo 233 del texto constitucional, y más concretamente en el segundo y
tercer aparte de dicha norma.
Tal situación obliga a
elegir un nuevo presidente en los treinta días siguientes para completar el
periodo constitucional. Estamos hablando que de llevarse correctamente ese
proceso, elegiríamos un nuevo mandatario, y por lo tanto un nuevo
gobierno, para un lapso de dos años y unos meses.
Ese sería el lapso de
una transición necesaria. Esa transición es fundamental para lograr aplicar un
conjunto de reformas políticas y económicas básicas que permitan una
gobernabilidad y una recuperación del país para las próximas décadas.
Para garantizar el éxito
de esa transición, que se limita al espacio de tiempo necesario para completar
el periodo constitucional en curso, es fundamental lograr los siguientes
acuerdos políticos fundamentales:
1.Un acuerdo político de
todos los partidos democráticos y de los principales líderes de la sociedad
democrática, para seleccionar un estadista por consenso, que sea presentado
como candidato presidencial a los fines de elegirlo Presidente Constitucional
de la República, para completar el periodo constitucional en marcha. Dicha
persona no podrá postularse para ser elegido como candidato a las elecciones
presidenciales a convocarse al cumplirse el actual periodo constitucional, es
decir en las elecciones presidenciales a finales de 2018.
Esta selección por
consenso es vital para garantizar la unidad democrática, ya que, dada la
premura constitucional de convocar a los 30 días siguientes al producirse la
vacante absoluta, la elección del nuevo presidente, la selección por primarias
de un candidato se haría imposible.
2.-Promover una enmienda
constitucional que establezca una reducción del periodo presidencial a cinco
años, consagrando la no reelección absoluta del Ciudadano que haya ejercido la
Presidencia de la República.
3. Acordar un programa
de recuperación de la economía, ordenación de las finanzas públicas,
estabilización de la moneda, restitución de los bienes confiscados y
restitución de las garantías y derechos económicos.
Es esa la transición necesaria
que aprecio requiere el país, y cuyo debate se abre ahora. Cumplida esa etapa,
relevada la autocracia del ejercicio del poder ejecutivo, podrán impulsarse
otra serie de cambios esenciales para la vida in
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