Humberto García Larralde
Los militares han sido centrales al régimen
bolivariano. Chávez, militar, rápidamente hizo de ellos la columna vertebral de
su gestión. Nunca confió los destinos de su proyecto en manos de los
“revolucionarios” charlatanes. Éstos apenas fueron pretexto, con su verborrea
radical, para sus desmanes. Desde el Plan Bolívar 2000, pasando por la CAAEZ,
cargos directivos en las empresas básicas, ministerios y gobernaciones, las FAN
-ahora con el epíteto de “Bolivarianas”- se han convertido en el verdadero
partido de los gobiernos chavistas. Actualmente, 11 de los 20 gobernadores
oficiales son de origen militar, 12 ocupan cargos ministeriales y un número no
definido ocupan altos cargos en ministerios, institutos y empresas públicas.
Chávez cautivó a muchos integrantes de la FAN con
sus evocaciones épicas, haciéndoles creer que eran los herederos del Ejército
Libertador, llamados a “salvar” la patria de las manos de los políticos
corruptos que la habían dejado perder. Hizo obligatorio el saludo fascista
“Patria, socialismo o muerte” entre sus filas, así como la profesión de lealtad
hacia su persona, violando lo dispuesto en el artículo 328 de la Constitución.
Pero además de la persuasión ideológico, instrumentó otros mecanismos para
asegurar su lealtad. Desde el Plan Bolívar 2000 se hizo la vista gorda ante las
irregularidades denunciadas acerca de la no rendición de cuentas, los dineros
desaparecidos, las compras con sobreprecio, las corruptelas abiertas y otras
irregularidades, pero se cuidaba de tomar nota a fin de pasar cuentas en
momentos que alguno se atreviera a asumir una posición crítica o, más grave
aún, convertirse él mismo en denunciante.
Ahora que ha quedado notoriamente al descubierto la
pérdida de apoyo popular al gobierno actual, por la total incapacidad de Maduro
por entender sus responsabilidades como Presidente, se ha acentuado como nunca
antes la dependencia del régimen del componente castrense. A sabiendas que los
militares no son marcianos, que sus familias son venezolanas y padecen muchos
de los sufrimientos que aquejan al resto de sus compatriotas, que muchos
muestran preocupación y hastío por lo que está pasando y que votaron
mayoritariamente a favor de los representantes democráticos en las elecciones
del 6-D, ha procurado aislarlos del mundo civil con atenciones especiales. Si
bien no hacen cola para comprar sus alimentos, pues se les hacen llegar por
mecanismos específicos de distribución, y disfrutan de un buen seguro médico
como de de otras prebendas, la incompetencia de este gobierno ha impedido hacer
de ellos un sector privilegiado, por la sencilla razón de que los dineros ya no
alcanzan para hacer de ellos una casta privilegiada. Sus sueldos son tan
miserables como los del resto de la administración pública. El expediente a que
sus jefes cubanos le aconsejaron a Maduro y es, por ende, otro: hacerlos
cómplices del proyecto que ha destruido al país en nombre del “socialismo”,
como hicieron en la isla con el GAESA (Grupo de Administración Empresarial
S.A.). Además de las estaciones de televisión, compañías de transporte de
carga, de seguros, de importación y exportación, que han sido puestas en sus
manos, Maduro les facilitó aún más su participación en la depredación de la
riqueza social creando la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras,
Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) -una licencia para generosas comisiones en los
contratos que celebre el Ejecutivo con empresas extranjeras llamadas a explotar
el Arco Minero y la Faja del Orinoco, siendo que de estos negocios, los
militares no saben nada- y, ahora, poniendo al Ministro de la Defensa al frente
de una Gran Misión de Abastecimiento Seguro, con responsabilidades
omniabarcantes sobre la importación y distribución de alimentos y medicinas.
Cualquiera entenderá que, con las distorsiones abultadas de precio existentes,
la consecuente escasez y el abismal diferencial cambiario, las oportunidades para
la corrupción son gigantescas, más si se les encarga de “custodiar” las
fronteras. A esto se le suma el amparo abierto, sin remilgos, de quienes han
sido señalados de estar implicados en delitos graves como el narcotráfico y la
violación de los derechos humanos. La recién designación del Gral. Reverol al
frente del Ministerio del Interior es el último insulto que los venezolanos
hemos recibido al respecto.
El gobierno quisiera pensar, entonces, que se las
comió, que tiene garantizado el apoyo militar y que, por tanto, puede mandar al
carajo las formalidades democráticas que Chávez sí se cuidó de aparentar, y
arremeter contra las atribuciones de la Asamblea Nacional y los derechos
civiles consagrados en la Constitución. Las FAN serían, no la última, sino la
única barrera de defensa contra las protestas de la población por el hambre y
la miseria a que ha sido condenada cruelmente y, ahora, contra las marramucias
ejecutadas por el CNE para intentar evitar la realización del Referendo
Revocatorio de Maduro este año.
El crucero de lujo que engañosamente quiso proyectar
Chávez como “socialismo del Siglo XXI” en realidad era el Titanic. Durante su
travesía, todos los objetos de lujo fueron acaparados por el grupito que
controla el barco. Ante la tragedia que divisan (y que viven) sus pasajeros,
éstos han acentuado su presión para que se les habiliten los botes salvavidas
-en esta versión del cuento disponibles en número suficiente. Se trata del
Referendo Revocatorio, garantizado en el artículo 72 de la Constitución, el
mecanismo más idóneo para evitar que los actuales tripulantes del
Titanic-Venezuela nos lleven a todos a pique. Pero los que “conducen” el buque,
convertidos en una verdadera mafia, quieren utilizar los botes salvavidas sólo
para ellos, para salvarse llevándose los tesoros que acapararon en esta
travesía malhadada. Sabiéndose en minoría, le piden a los que los custodian
-los militares-, algunos de los cuales participaron en el saqueo, que impidan a
la población abordarlos para poder salirse con la suya. Y uno se hace la
pregunta, ¿Qué van a hacer, cómo van a responder ante el 1º de septiembre?
Nadie está pidiendo que las FAN den un Golpe de
Estado. Lo que les exige la inmensa mayoría es que cumplan su deber de ser
garantes de la Constitución, que no se presten a los atropellos que,
desesperados y sin remordimiento alguno, quieren cometer los “revolucionarios”
que han expoliado el país contra los venezolanos. ¡Que hagan cumplir la
Constitución y los derechos ciudadanos ahí consagrados, impidiendo que se
sabotee la realización del RR en 2016! Aquellos que serán llamados a reprimir u
obstaculizar la marcha, que tengan en cuenta que el símil del Titanic no es
coincidencia: esto irremediablemente se acabó, no tiene futuro, ni siquiera
para los vivianes que se cogieron el país. Si se prestan a los atropellos de
Maduro, Cabello y los hermanos Rodríguez, pasarán a la historia, no como
herederos del Ejército Libertador -”maldito sea el
soldado que dispare contra su pueblo”-, sino como
esbirros de la mafia fascista que nos ha arruinado a todos. ¿Hasta cuándo
correr la arruga? ¿A qué costo, para el país y para sí mismos? ¿Para qué?
Impedir que los venezolanos aborden los botes salvavida puede provocar
confrontaciones violentas que nos llevarán a todos a pique.
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