Humberto García Larralde
Es una verdad de Perogrullo que la economía se ajusta
continuamente a sus circunstancias. El principal mecanismo de ajuste, como
aprenden quienes inician sus estudios en esta disciplina, es el sistema de
precios. Las políticas públicas afectan la forma en que opera este sistema y
pueden aliviar o acentuar las restricciones que acotan el desenvolvimiento
económico. La forma en que el gobierno incide determinará la bondad o el daño
del ajuste: podrá optimizar el uso de los recursos, siempre limitados,
aumentando el producto y contribuyendo con el asentamiento de instituciones que
propicien que su usufructo sea socialmente justo, o podrá intervenir el sistema
de precios, distorsionando la asignación de recursos y desplazando la inversión
productiva por la especulación, a la vez que reparte el producto social por
mecanismos no mercantiles que fomentan corruptelas.
Lo insólito del caso venezolano es que Maduro pretende
hacernos creer que su gobierno no está “ajustando” la economía. Para él, la
palabra “ajuste” forma parte de su arsenal de guerra. Vendría siendo, según él,
la cabeza de proa de supuestos intereses foráneos que buscan someter la
economía venezolana a sus intereses. ¡Qué nada se interponga al manejo
discrecional del país por parte de los “revolucionarios” quienes, por
antonomasia, representamos al pueblo!
Durante los catorce años del gobierno de Chávez el
ingreso per cápita por exportación de petróleo se incrementó en más de un 500%.
La “revolución” aprovechó la bonanza para afianzar los objetivos políticos del
Presidente, acosando a la economía doméstica con restricciones y controles de
precio que redundaron en un ajuste distorsionado y muy ineficiente. Las
importaciones, más que se triplicaron por cada venezolano durante ese lapso y,
para finales de 2015, la producción manufacturera por habitante era un 23%
menor a la de 1998 y la agrícola había caído en un 7%. El ajuste chavista, de
muy baja calidad, nos hizo mucho más vulnerables a los vaivenes del mercado
petrolero mundial, pero mientras su precio rondaba los $100 por barril, no
mostraba sus costuras.
Maduro ha mantenido el esquema destructivo anterior,
salvo que ahora se ha visto obligado, adicionalmente, a ajustarse a la
reducción drástica del ingreso externo. En absoluto se ha propuesto superar
este cerco reactivando el aparato productivo doméstico a través del
desmantelamiento del sistema de regulaciones y de controles de precio (y de
cambio), que hoy asfixian su quehacer. Tampoco atiende a la caída brutal en la
capacidad adquisitiva de la población, tomando las medidas imprescindibles para
aplacar la altísima inflación, la más alta del mundo. Lo que ha hecho es
rezagar el ajuste en los salarios, con lo que ha evitado hasta ahora que se
dispare una hiperinflación, pero a costa del empobrecimiento brutal de los
trabajadores.
Su interés ha sido privilegiar el pago de la deuda
pública externa, para lo cual ha contraído las importaciones violentamente,
agravando aun más el desabastecimiento interno, con su trágica secuela de colas
insufribles en busca de alimentos regulados, malnutrición y muertes evitables
si se pudiera producir o importar libremente medicamentos y equipos médicos.
Pone al Ministro de la Defensa a cargo de la distribución de estos escasos
recursos para cubrir las apariencias, como si el problema fuera de disciplina y
control logístico. Juega con la salud de los venezolanos.
Ante la gravísima situación que padece la inmensa
mayoría de los venezolanos, los economistas hemos venido exhortando que se
apliquen políticas de estabilización macroeconómica que reduzcan
sustancialmente el déficit público y su financiamiento monetario –la
maquinita de imprimir billetes del BCV-; unifiquen y liberen el tipo de cambio
con apoyo de un generoso financiamiento externo negociado con los organismos
internacionales; y sustituyan los controles y regulaciones por la promoción
activa de la competencia, tanto nacional como internacional.
Al levantar la restricción externa, al aparato
productivo doméstico podrá importar insumos, equipos y repuestos para
reactivarse, ya que hoy opera con apenas un 35% de su capacidad. Ello
permitiría sustituir importaciones, reduciendo las necesidades de divisas, y
generar empleos, cada vez mejor remunerados en la medida en que se incremente
la productividad. Adicionalmente, una unificación cambiaria que equilibrara la
capacidad adquisitiva interna y externa del bolívar se traduciría en que la
mitad de las importaciones de bienes de consumo final e insumos disminuyan de
precio, ya que hoy deben recurrir al dólar paralelo, mucho más caro. No
obstante, se encarecerían aquellos bienes que importa hoy el gobierno con
dólares subsidiados. Buena parte de los venezolanos ya pagamos esos productos a
precios muy superiores (de “bachaquero”), pero una porción creciente se ve
obligado a padecer colas maratónicas en espera de poder conseguir algún
alimento o producto farmacéutico a precio regulado, dados sus miserables
ingresos. Será menester instrumentar mecanismos eficaces de compensar a estos
sectores mientras se reactive la economía, vuelvan a llenarse los anaqueles con
productos a precios estables y se generen empleos bien remunerados. La
condicionalidad que exigirían los organismos financieros internacionales para
otorgar los recursos que facilitarían estos avances sería el saneamiento de las
cuentas públicas para reducir el gasto dispendioso y cerrar el déficit que
alimenta la inflación. Para no comprometer el gasto social habrá que privatizar
empresas que hoy constituyen enormes desaguaderos de dinero. En fin, un ajuste
expansivo, enriquecedor, que atraerá cuantiosas inversiones y mejorará el
bienestar de los venezolanos, en contraposición al actual ajuste empobrecedor.
Pero el gobierno de Maduro rechaza este tipo de ajustes descalificándolos con
una serie de epítetos propios de la retórica comunistoide, alegando la defensa
de la “revolución”. En realidad, bajo tal disfraz, defiende un sistema de
complicidades entre factores de una oligarquía militar y civil parásita que se
ha apoderado de las distintas instituciones del estado para depredar el sistema
de controles, los diferenciales de precio y las oportunidades de extorsión, y
expoliar la riqueza social sin rendición de cuentas.
Bajo banderas “socialistas” el chavismo ha conformado
un estado patrimonialista que ha privatizado el usufructo de muchos bienes
públicos por parte de esta oligarquía corrupta -¡ah, las mieles del poder!-,
mientras denuncia “los intentos del imperio, por medio del FMI por doblegar a
Venezuela”. Las imposturas ideológicas, como se ve, pueden ser inmensamente
rentables.
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