¿Vivimos dentro de un estado de excepción?

Nelson Acosta Espinoza

Amigos lectores, sin la menor duda, me atrevo a sostener que el país confronta una crisis de naturaleza sistémica. Su progresiva intensificación socaba los cimientos económicos, sociales y culturales de la nación. Derechos elementales como, por ejemplo, trabajo, salud, seguridad, alimentación, justicia, paz se encuentran comprometidos. En especial el fundante de la vida colectiva: el derecho a la vida.

En  el marco de esta situación se ha venido operando un proceso continuo de deslegitimación del gobierno. Los resultados electorales del 6D muestran contundentemente la profundización de esta pérdida de legitimidad del  régimen político. Con el pasar de tiempo, este rechazo aumenta al mismo tenor que se acrecientan  grados de desesperación en el estado de ánimo de la población.

Sin embargo, este progresivo deterioro no hace mella en las políticas diseñadas por el gobierno. Por el contrario, dan la espalda a las evidencias de la crisis y persisten, tercamente, en transitar un camino que inexorablemente conducirá a situaciones extremas y peligrosas para la convivencia social.

Insisto. El colectivo social experimenta esta situación en forma desesperada. Estado de ánimo que se refuerza ante la negativa del oficialismo de abrirse al juego democrático que permitan la formulación de compromisos  en la búsqueda de soluciones a la crisis. Esta actitud refractaria vigoriza, en sectores sociales,  la idea  de que confrontamos una situación límite: no existe salida negociada a la actual situación conflictiva.

Es este el contexto dentro del cual la oposición democrática ha venido operando políticamente. Sus propuestas legislativas han sido neutralizadas. Su conducta pareciera reflejar una cierta debilidad política. Déficit de unidad y dificultad para formular una visión estratégica compartida por todos los grupos que hacen oposición al régimen.  Esta carencia, entre otras variables, ayuda a explicar su dificultad para articular sus iniciativas con demandas concretas provenientes de la sociedad civil. Pareciera que su formulación  se encuentra auto referida.

No todo ha sido negativo. Los partidos que componen la oposición se han organizado electoralmente a través de la MUD. Y, esa operación,  ha sido exitosa. La aplastante derrota del oficialismo el 6D alimenta la creencia de una victoriosa campaña electoral para elegir gobernadores el próximo mes de diciembre. Presunción razonable y que ejerce presión en los partidos para abocarse con fuerza en el camino electoral. Esta presunción, en condiciones normales, estaría ajustada a la realidad política del momento. El problema radica, precisamente, que esta coyuntura escapa a los moldes de normalidad política. Experimentamos, si se quiere, un estado de excepcionalidad política.

¿Qué se quiere decir con este concepto? Bien, simplemente que el poder ejecutivo se ha rebelado y se enfrenta a la normalidad jurídica vigente en el país. Vivimos en un estado de excepcionalidad jurídica y política. Lo que el país está experimentando a propósito de la convocatoria del referéndum revocatorio ilustra el grado de excepcionalidad jurídica que está practicando el gobierno.

La ciencia política distingue diversos tipos de excepcionalidad Por ejemplo, indeterminación que consiste en crear vacíos de derecho que favorecen la perpetuación en el poder del sector gobernante. Como técnica de gobierno, diseño estratégico para consolidarse en el poder y, finalmente, la excepción como exclusión con la finalidad de neutralizar grupos humanos concretos. Todos estos grados de excepcionalidad, con mayor o menor intensidad, se han venido aplicando en el país. La neutralización de poder legislativo y la resistencia a permitir el referéndum revocatorio son ejemplos del grado de excepcionalidad a que están siendo sometido los venezolanos.

Las elecciones serán posibles si la oposición se enfrenta decididamente a combatir esta tendencia. Ello requiere articular los temas sociales y asentar sus propuestas políticas sobre este terreno. Los demócratas están en la obligación de construir una narrativa compartida que constituya una alternativa a la oficialista y renueve el horizonte político del país.

Activar bajo las reglas de la vieja gramática política nos conducirá a repetir errores del pasado