Carlos Tablante
Hay consenso que lo que vive Venezuela no es una democracia. Unos hablan de democracia de fachada; otros, de autoritarismo competitivo, incluso algunos creen que no hay democracia pero tampoco dictadura. Y también estamos los que consideramos que, además de todo lo anterior, la expansión de las redes de la corrupción y la impunidad se han adueñado del país y han sustituido al Estado de Derecho por un estado delincuente.
Estas caracterizaciones son expresadas igualmente por Leopoldo López en lo que él define como “la dictadura del siglo XXI”, es decir, la arbitrariedad y el abuso, la intención de imponer el pensamiento único, el partido único y el líder único, utilizando la chequera petrolera, instaurando el poder de una casta cívico-militar corrupta que ha intentado controlar todo, sin lograrlo aún, por la resistencia de la sociedad democrática venezolana.
Lo traumático no es proponer una salida, traumática es la terrible situación que estamos padeciendo los venezolanos como resultado del fracaso de este desgobierno. Hasta el propio Maduro lo ha reconocido al anunciar un paquete de duras medidas que van a representar grandes sacrificios para las mayorías. Mayorías que ya están padeciendo la inflación más alta del planeta, una escasez de medicinas y alimentos nunca antes vista, el caos de servicios públicos como electricidad, agua, basura, transporte y vialidad, además del colapso del sistema de salud, de educación. Así mismo, el desbordamiento de la inseguridad personal: la violencia y la impunidad han convertido a Venezuela en uno de los países más peligrosos y corruptos del mundo. Como si fuera poco, es evidente la emergencia institucional por la inexistencia de un Estado democrático, tal y como está previsto en la Constitución.
Venezuela está montada sobre un volcán de conflictos sociales. El experimento chavista se ha convertido en una gran estafa. A los voceros de la protesta, llámese estudiantes, vecinos o trabajadores, se les reprime brutalmente. Se criminaliza ilegalmente a la protesta y a los que protestan. Pensar distinto, criticar, se ha convertido en un delito. Mientras a López, Scarano y Ceballos, siendo inocentes, les impiden promover pruebas y testigos en su defensa, mientras mantienen a estudiantes presos y torturados, mientras persiguen y golpean a los trabajadores de Guayana; a los verdaderos delincuentes, narcotraficantes y corruptos, les dan beneficios procesales.
Los periodistas, medios y ciudadanos que se atreven a reflejar, denunciar y criticar esta realidad, son perseguidos, multados y amenazados con cárcel. Los medios que resisten las amenazas son comprados por testaferros con mucho dinero de origen desconocido y sospechoso. Todo ello dentro del intento del régimen de imponer una hegemonía comunicacional que controle y manipule totalmente a la opinión pública.
Este desolador panorama, sumado a la falta de liderazgo de una presidencia bicéfala ejercida de forma nefasta por el binomio Maduro-Cabello, le plantea incluso a los más cautelosos, la necesidad inmediata de una salida, es decir, unas elecciones presidenciales anticipadas, lo cual solamente sería posible con la renuncia de Maduro o la realización de una Asamblea Constituyente, producto de un acuerdo político para evitar el terremoto social que podría provocar un evento sobrevenido como consecuencia de la profunda crisis que vivimos. La Constituyente le abriría a la nación un auténtico espacio de diálogo y reconciliación.
Hasta los que satanizaban la propuesta que se hizo a principios de año denominada “La salida”, abortada brutalmente por el gobierno, ya a finales de este primer semestre coinciden en que buscar una vía que saque a Venezuela de esta insoportable crisis de gobernabilidad y gobernanza, es urgente, necesario e inevitable.
Sin querer colocar la carreta delante de los caballos, con la fuerza de la serenidad y de las lecciones aprendidas, debemos construir la salida y el proyecto de cambio en la calle, con la gente, de abajo hacia arriba. Una acción política articulada, desde la MUD, desde el Congreso Ciudadano, desde los partidos políticos y con los demás actores sociales, nos permitiría ampliar la base social de la protesta y así reforzar la plataforma unitaria incorporando en un rol protagónico, además de las organizaciones políticas, a todos los ciudadanos sin militancia partidista, incluso abriendo espacios al creciente malestar de la base social y política del oficialismo, lo cual es indispensable para lograr una mayoría que impulse el cambio.
Como dice Teodoro Petkoff “la oposición es para oponerse”. Es un llamado que comparte la mayoría de los ciudadanos: la oposición debe cumplir un verdadero rol opositor al régimen de manera más combativa y contundente. Cada quien desde su espacio y con los recursos a su alcance, pero todos juntos en una acción política coherente que, aunque transitando por diferentes vías, logre alcanzar el mismo objetivo estratégico que no es otro que organizar y movilizar el descontento mayoritario del pueblo para lograr, con esa fuerza, el cambio de este sistema. Ese gran esfuerzo necesita que todos los líderes políticos y sociales, especialmente aquellos que tienen mayor responsabilidad por el apoyo que han tenido y tienen de la colectividad, pongan el acento en lo que los une y asuman con desprendimiento, humildad y generosidad, el papel histórico que les corresponde.
Las diversas visiones no nos colocan en diferentes aceras. No hay antagonismo porque el objetivo es el mismo. Todos estamos remando hacia la misma orilla. Tanto el Congreso Ciudadano, la bandera de la Constituyente, como la participación en las elecciones parlamentarias de 2015, desde luego sin dejar de exigir la liberación de los presos políticos, forma parte importante de una agenda de acción que debe concluir en una gran rebelión de votos para lograr el cambio político, que es la meta compartida, ya que cualquier desenlace que procure una contundente y sólida victoria a la alternativa democrática, necesariamente tendrá que pasar por la vía electoral y constitucional.
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