Perspectivas de transición a la democracia.

Argenis Urdaneta

Las líneas siguientes contienen una breve reflexión sobre el reto de una salida política e institucional.

Lo que ha venido sucediendo desde abril de 2017, indica que existe una situación de rebelión popular, o si se prefiere, una rebelión ciudadana. Fenómeno que no se produce comúnmente. Y en las condiciones de la Venezuela de hoy eso implica, no sólo la espontaneidad de sectores diversos de la sociedad, sino también la ausencia de dirección política o la dificultad para orientar políticamente a ese movimiento. Adicional al riesgo de anomia y anarquía.

En abril se dio inicio a un movimiento de protesta pacífica activa, vinculada al espíritu de desobediencia civil, lo cual ha derivado rápidamente en rebelión popular. En ese proceso se produce algo que es reconocido por los estudiosos de estos movimientos, en tanto que si bien ellos se inician como movimientos pacíficos, en el desarrollo de su actuación se generan situaciones de violencia. Por una parte, debido a la respuesta estatal y, por otra parte, como consecuencia del surgimiento de sectores inclinados a las prácticas de violencia. 

Asimismo, cabe destacar que estos movimientos de protesta expresan una notoria creatividad que acompaña a la espontaneidad de origen, lo que también se ha evidenciado en esta protesta venezolana. Y hay que destacar, como característica específica, la significativa participación de extremos etarios, los jóvenes (algunos casi niños) y los adultos mayores (tercera edad), los primeros en su papel de vanguardia (futuro y presente, rebeldía y entusiasmo), los segundos (disposición a pesar de las limitaciones) uniendo pasado, presente y futuro.

En nuestro caso se observa una escalada de la violencia, a pesar de que la dirección del movimiento sigue teniendo una orientación pacífica. Violencia que ha contado con el impulso expreso por parte del régimen, con una considerable brutalidad en la desmedida, alevosa e indiscriminada represión a cargo de la GNB y la PNB.

Por su parte, la dirección política opositora, de manera progresiva, ha vencido dificultades derivadas de su diversidad y pluralidad y se ha fortalecido en la unidad, al punto de haber alcanzado un triunfo significativo en las elecciones parlamentarias de 2015, que ha permitido conformar una Asamblea Nacional como opción institucional de contrapeso al Ejecutivo Nacional, aunque con las dificultades de la hegemonía ejercida por éste, con su control fáctico sobre los demás órganos del Poder Público. Se trata de un equilibrio muy inestable que depende mucho del crecimiento de la fortaleza que logre alcanzar la AN, al tiempo que el Ejecutivo Nacional vaya debilitándose.

La antes señalada situación de rebelión pudiera contribuir a ese fortalecimiento; pero ello dependerá, en buena parte, de la inteligencia con la que actúe la dirección opositora. De allí la preocupación por las debilidades que aun tiene, y lo que también explica la incertidumbre que genera el que esa dirección política funcione ocasionalmente cuando las actuaciones pueden ser conducidas con cierto grado de orden por gestión de la MUD y los partidos de oposición, pero que tienda a disminuir ante decisiones y actuaciones de grupos radicales espontáneos, que en momentos obligan a que la dirección opositora ceda con la modificación de instrucciones para las actividades del día. Por ello esa dirección opositora ha de actuar con inteligencia y con el mayor grado posible de racionalidad para compensar o contrarrestar los efectos de la emocionalidad de grupos radicales espontáneos. Emocionalidad que tiende a encontrar reciprocidad (natural) en el común de la gente, dadas las condiciones de la angustia que se sufre cuando no se atisba soluciones inmediatas. Se requiere, entonces, del manejo de esas situaciones con inteligencia emocional

A pesar de estas dificultades, se han dado pasos importantes en la lucha contra un régimen de carácter hibrido (posiciones autoritarias y formas de democracia) que ha devenido en francamente autoritario con fuerte tendencia al totalitarismo. Así, en la lucha contra esta dictadura militar y militarista, luego del significativo avance obtenido con la votación alcanzada en diciembre de 2015, y la consecuente conformación de un parlamento con clara mayoría opositora, la AN ha dado pasos institucionales, y ante ello el régimen ha respondido con actuaciones definidamente inconstitucionales que significan una expresión propia de los golpes de Estado. Y en este caso se ha venido dando una especie de golpe de Estado continuado, que se explica por una actuación dictatorial y autoritaria acompañada de la retórica (cada vez más débil) de un supuesto respeto a la Constitución. Esta combinación es cada vez menos efectiva, en tanto que se hace difícil para el régimen la actuación dentro de ciertas formas de democracia, viéndose obligado a suspender inconstitucional e ilegítimamente las elecciones regionales y locales, evitar abruptamente la revocatoria del mandato presidencial, y tratar de anular la actuación del parlamento con decisiones inconstitucionales del TSJ, como única forma de mantener poder sin recurrir (expresamente) a la fuerza física. Ese golpe continuado se sostiene, además, en una declaración inconstitucional de estado de excepción con prorrogas continuas.

Hay que observar que también, mientras en el lado opositor se consolida la unidad, ella se resquebraja en el lado del régimen con el crecimiento de la disidencia en el PSUV y la actuación institucional de la Fiscalía General de la República. Esto, aparte de la dificultad que tiene el sucesor de mantener la unidad de mando que sostenía el líder fallecido, lo que ha conducido a un mando de múltiples cabezas.

Ante la situación conflictiva se ha venido produciendo una actuación de terceros internacionales. Tercería que tiende a ser más efectiva que la de carácter nacional, debido a la anulación que han sufrido los actores llamados a cumplir ese papel, como efecto de la estrategia y actuación del líder fallecido. Y esa mayor efectividad también implica su crecimiento cuantitativo con la incorporación de nuevos actores, tanto individuales como de organización.

En este complejo proceso, la AN ha dado un paso de significativa importancia al acordar la consulta o plebiscito realizado el 16 de julio, solicitando la opinión del soberano en el sentido de dar respaldo institucional al Parlamento, incluida la exigencia a los órganos del Poder Público y a la Fuerza Armada de reconocer a la AN; y al mismo tiempo oponerse a la convocatoria inconstitucional e ilegítima de la Asamblea Constituyente Comunal. Y como tercer objeto se busca legitimar una posible transición que se produzca a partir de elecciones extraordinarias. Esta consulta se realiza a escasos 15 días de la elección de constituyentistas ya programada por el régimen

La contundencia de esa decisión de la AN provocó como reacción, por parte del régimen, un asalto al parlamento caracterizado por una violencia desmedida efectuada por la organización para-militar conocida como “los colectivos”, asalto que se llevó a cabo con la anuencia de la GNB. Lo desmedido de este acto violento hace ver experiencias del pasado como simple expresiones de violencia simbólica o sicológica. Ello ha causado una fuerte impresión en el ambiente externo, caracterizado por ser un mundo globalizado en el cual lo que ocurre en un determinado país no es un hecho aislado y puede tener repercusiones en otras latitudes. Tal preocupación global produce la movilización de terceros internacionales, buscando incidir en el proceso que estamos viviendo; de allí que se sorprenda a Venezuela con una medida de arresto domiciliario para Leopoldo López, ejecutada en horas de la madrugada y conocida primero en el exterior y luego en Venezuela. Esta decisión constituye una actuación obligada de parte del régimen, un actor que se encuentra en retroceso ante la actuación de su adversario u oponente, y también es consecuencia de sus propios errores. Lo que hace pensar en la posibilidad de algunos otros “gestos obligados”, como pudiera ser la libertad de otros presos políticos.

De esa manera, la celebración de la consulta del 16j, adquirió una relevancia mayor, dado que se percibía que su éxito podría tener consecuencias definitorias y conducirnos a momentos definitivos, los cuales estarían enmarcados en el inicio de una transición que podría ser transada, acordada o negociada, o por el contrario conducirnos a la imposición de una transición que, de cierta manera, ya se ha iniciado. La primera opción sería una transición hacia la democracia, vista como democratización o redemocratización; la segunda sería la consolidación de un proceso de transición en marcha hacia formas definidas de autoritarismo, hacia la instauración definitiva de una dictadura militar de rasgos totalitarios.

La experiencia del 16j también reveló la compensación que produce la intervención ciudadana en organizaciones formales (asociaciones diversas de la sociedad) y no formales (el voluntariado), participación que fue clave en la organización específica de la consulta y de su resultado exitoso, lo que conduce a hablar de rebelión ciudadana, en lugar de popular; y que genera expectativas en cuanto a un necesario proceso de reconstrucción de la sociedad venezolana.

Si tomamos en cuenta que en lo que va de siglo se ha venido dando una confrontación entre una tendencia de carácter progresista que aspira mejorar la democracia y descentralizar el poder, que comenzó a expresarse a finales del siglo pasado; y ella es contrarrestada por otra tendencia, de carácter regresivo, que desde el poder nos ha venido conduciendo a prácticas y formas autocráticas de nuestro pasado (antes de la experiencia democrática), procurando la concentración del poder y la hegemonía militar. Se podría estar planteando un trascendental dilema. En ese sentido, o se hace todo lo posible por una transición hacia la democracia, sin pretender una salida política perfecta y pura, o en Venezuela se consolidará un régimen autoritario de dictadura militar y totalitaria. Y esto obliga a una actuación inteligente, con la atención en una necesaria intervención de terceros, en este caso de carácter internacional. De otra manera, el alto grado de conflictividad, con rasgos de anarquía y anomia, y con algunas expresiones de barbarie como la toma de la justicia por mano propia, pudiera conducir al caos; y con la degeneración hacia un Estado fallido, pudiéramos tener como riesgo la imposición de un tercero de fuerza (tipo Cesar o Bonaparte).

El momento exige prudencia, astucia e inteligencia, es decir razonabilidad; pero al mismo tiempo exige celeridad, respuesta inmediata, organización día a día y un importante grado de efectividad. Realmente, una prueba difícil para una dirigencia política compuesta, en buena parte, por gente joven cuya experiencia de vida política se circunscribe a la era chavista y el inicio de la era post chavista. Se trata de un importante reto o desafío.

En todo caso, la dirección opositora hizo una nueva apuesta, y se obtuvo un resultado, pues la consulta del 16j fue un éxito. Cierto que no satisfizo las expectativas que algunos sectores se habían hecho y promovieron por las redes, pero en términos objetivos, ante las dificultades operativas, organizativas e institucionales para realizar la consulta, ella se dio con una muy buena participación tanto en sentido cuantitativo como cualitativo, bastante cerca de los 8 millones de participantes y con una significativa participación en zonas populares (sectores de menores recursos), lo que implica una coincidencia de intereses de las clases media y baja. Situación ésta que condujo a algunas expresiones de violencia por parte del régimen, como manera de enfrentar la evidente pérdida de apoyo popular.

Ese éxito tuvo una importante repercusión internacional. De inmediato se produjo el pronunciamiento de Presidentes y ex Presidentes, así como de representantes de organizaciones, en el sentido de advertir de la legitimidad de la consulta y de la necesidad de desistir y suspender la constituyente, como consecuencia de ello.

En sentido político e institucional, la Asamblea Nacional asume los resultados, y en su actuación se destaca, como paso trascendente, la designación de nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en la ruta a restablecer el hilo constitucional. Esto significa que la AN, como órgano de representación, acoge la decisión del pueblo soberano y se somete a ella, a la vez que exige un comportamiento semejante de parte de los demás órganos del Estado. De manera que lo novedoso del caso está en una legitimación previa o anterior de los actos a realizar. A diferencia de la legitimación posterior a la realización de un golpe de Estado, que sería lo planteado para el caso de la llamada Asamblea Constituyente Comunitaria y su posible producto (una nueva Constitución). Se trata de un “golpe anunciado”, que está en desarrollo y que aspira legitimarse con la instalación de esa asamblea y su producto normativo.

Conforme a esto, ya la AN ha aprobado el informe que contiene los resultados de la consulta, y en consecuencia procede a la designación de nuevos Magistrados del TSJ, posteriormente realizará otros actos conforme a atribuciones y facultades establecidas en la Constitución. Mientras en paralelo, la MUD anuncia su decisión referente a los posibles acuerdos de gobernabilidad. Por otra parte, la efectiva celebración de la constituyente podría implicar una posible confrontación de poderes públicos. La ya legitimada AN, por una parte, y la constituyente y los órganos que ella creé, por la otra. Actos que requieren de un análisis aparte (posterior).

En el tiempo que corre hasta el 30 de julio habrá de producirse nuevas diferencias en el seno del régimen, así como nuevas actuaciones de terceros internacionales; sin descartar la posible suspensión o diferimiento de la elección de integrantes de la asamblea. También estaremos pendientes de ello.