Manuel Barreto Hernaiz
Hace pocos
días el alcalde Miguel Cocchiola alertaba acerca de la paralización de las
grandes ensambladoras de autos radicadas en la Zona Industrial de
Valencia, lo que acarrea - entre otras calamidades - la pérdida de empleos, la
caída en la recaudación del municipio y la estabilidad del mercado automotriz
en todo el país; en tanto que al referirse al “Reimpulso Industrial del estado
Carabobo”, el gobernador Francisco Ameliach indicaba la necesidad de
lograr que la capacidad instalada que se encuentra en la entidad, se ponga al
100 por ciento. Sin embargo, tanto el alcalde de nuestra ciudad, como el
gobernador de nuestro estado deben saber que TODA VENEZUELA vive una crisis
profunda que no se deriva exclusivamente de las políticas económicas
desacertadas sino de una conducción gubernamental y concepción ideológica
errada.
Se trata de
una crisis causada simultáneamente por el deterioro de instituciones públicas,
las cuales ahora funcionan peor o son expresamente transformadas en organismos
inoperantes, en tanto el régimen se empeña en imponer el llamado “Socialismo
del Siglo XXI”, un arcaico y fracasado sistema, nociva copia tanto en el
plano económico como en las aspiraciones políticas, de aquel socialismo
real o marxista, parapeto decimonónico que se empeñan en resucitar.
¿Cómo hablar
de “reimpulso” cuando basta un simple –o deprimente - paseo por lo que va
quedando de aquella Zona Industrial modelo para América Latina, para
percatarnos que se trata de una zona industrial fantasma?
Anotaba Kierkegaard que la vida sólo se comprende mirando hacia atrás pero
que debe vivirse hacia delante. La traslación de esta sentencia filosófica nos
indica que no podemos plantearnos con rigor cuál va a ser el futuro
de la ciudad si no comprendemos, previamente, cuál ha sido su influencia
en la evolución histórica, política, social y económica del país; entonces nos
preguntamos: ¿Que nos queda de 1951, momento en el cual nuestro
terruño se empeñará en llevar adelante el proceso de industrialización
sustitutiva de importaciones, con el apoyo, más adelante, de un proactivo
Concejo Municipal que dictó una resolución en la cual se ofrecían terrenos y
exoneraciones de la patente de industria y comercio por un número de años a las
industrias que se establecieron en Valencia? ¿Que nos queda de la política
municipal de incentivos perfeccionados en 1959 y en 1962 con la creación de
FUNVAL, y que llevaron al establecimiento de las zonas industriales municipales
norte y sur para las grandes empresas y el Parque Industrial ubicado en el
sector la Florida, para el uso de la pequeña y mediana industria?.
De acuerdo a
la última encuesta de la industria que realizó el Instituto Nacional de
Estadística en 2007, se contaron 947 empresas manufactureras, de las 1.687 que
había en 1998, una disminución de 44% sólo en Carabobo. La industria en
Carabobo genera 177 mil 537 empleos, indica un informe de la CIEC. Esto es 20%
de la mano de obra manufacturera del país.
Recordemos,
entonces, que las relaciones sociales en democracia se establecen de acuerdo a
mecanismos contractuales. Valencia merece un nuevo Contrato Social, tal como el
que se idealizó en 1958, y se cristalizó más adelante con los acuerdos tácitos
entre los emprendedores y visionarios industriales, la renaciente y autónoma
Universidad de Carabobo, que abrió sobre la marcha las carreras de
Ingeniería Industrial y Relaciones Industriales y el verdaderamente demócrata
gobierno de aquel noble e histórico momento.
En la medida
en que vivimos una crisis de confianza, el nuevo contrato debe comenzar
precisamente restableciéndola. Valencia es la herencia y patrimonio que
debemos desarrollar sin hipotecar su futuro, y es nuestra responsabilidad- por
respeto a nuestros antecesores- hacer cuanto esté a nuestro alcance para
preservarla para las futuras generaciones.
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