Señores funcionarios: ¡ustedes son nuestros empleados!

Miguel Angel Megias Ascanio

Con mucha fanfarria, acaba de concluir un ciclo más de la declaración de impuestos (ISLR) ante el SENIAT. Ese organismo, por boca de su presidente José David Cabello, asegura que se ha cumplido la meta al 153% a la vez que se amenaza a quienes no hayan declarado o hayan defraudado al estado con penas de multas o incluso prisión. Hasta aquí todo bien, es encomiable que el estado conmine a personas y empresas para que aporten su grano de arena al bienestar nacional; también deben ser castigados quienes no cumplan con las obligaciones fiscales.

El tema que me trae hoy a este escrito es el escaso conocimiento del ciudadano (o empresario) del destino de esos recursos, y de sus derechos como contribuyentes. En principio, el presupuesto nacional es financiado con los recursos recaudados. Los técnicos realizan estimaciones, el SENIAT mantiene durante meses una campaña de concienciación, muy loable por cierto, y así se obtiene finalmente, el 1 de abril de cada año una cifra de dinero muy importante. Según datos oficiales, los ingresos no petroleros representan el 69,8% (Bs. 517.455 millones), constituidos principalmente por los tributos internos generados por la actividad productiva  Desde luego, esto incluye el ISLR, el IVA y los demás impuestos, incluidos los aduaneros.

¿Qué se hace con esa inmensa masa de dinero? Pues financiar los gastos del Estado. Y esos gastos incluyen, desde luego, los sueldos de todos los funcionarios, desde el presidente hasta el último obrero pasando por ministros, presidentes de institutos autónomos y un largo etcétera. E incluye, naturalmente, los sueldos y otros beneficios que perciben los alcaldes que son, según nuestro criterio, los que más directamente afectan nuestra vida diaria. Lamentablemente, la noción de ser “contribuyente”, es decir “contribuir a los gastos del estado”, no forma parte de la cultura del venezolano. Incluso, el pago del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que nos afecta en cada compra, no es percibido por el ciudadano como un dinero con el que se pagan los sueldos y salarios de los funcionarios además de costear todo tipo de obras, bienes o servicios.

Por el contrario, en otros países, la noción de ser contribuyente, las obligaciones que ello crea y los deberes que le generan al estado, están claramente definidas y le dan el derecho al ciudadano de conocer en detalle en que se gasta hasta el último céntimo. Es decir, la transparencia fiscal existe, es real y ello facilita reclamos o demandas en casos de corrupción.

En España, por ejemplo, se ha promulgado recientemente la Ley de Transparencia que está siendo aplicada a todos los organismos del Estado, con algunas excepciones (Ministerio de la Defensa y otros). Hasta tal punto que hasta la institución de la monarquía (que hasta hace poco era completamente opaca) también se ha visto obligada a publicar sus ingresos y egresos; todos los gastos que se originan para el mantenimiento de la familia real, sus sueldos, los de sus ayudantes, su servidumbre, en fin, todo lo que se consume está publicado en la página web de la corona. Esto ha permitido, por ejemplo, saber al céntimo cuanto ganan tanto el presidente Mariano Rajoy como sus ministros, cuanto perciben los presidentes de las comunidades autónomas, etc., etc. Con lo cual, sabido esto, es muy difícil enriquecerse en forma ostensible, sin que algún organismo lo detecte (Ministerio de Hacienda, por ejemplo). O pero aún, se conocen abusos, tal como lo señala el diario El País, al publicar que el ministro Jorge Moragas percibe 113.000 euros mientras que Rajoy sólo 78.185. Según señala el artículo 12 de la Ley de Transparencia, “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública”. ¿Sabremos algún día cuanto ganan nuestros funcionarios venezolanos?

En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, la “revolución libertaria” de las colonias americanas tuvo lugar, entre otras razones, como consecuencia del cobro de impuestos (azúcar, tabaco y timbres fiscales) en episodios donde los colonos exclamaban “no hay tributación sin representación” (no taxation without representation). Para ese entonces, a mediados del siglo XVIII, ya el pueblo de las trece “colonias” estaba claro en que los tributos generan, por parte del estado, obligaciones y una de ellas, tal vez para ese momento la más importante, era la de tener representantes en la toma de decisiones del gobierno central (Inglaterra).

Todo esto nos lleva a pensar que al no tener esa conciencia clara de los derechos y deberes que se generan a partir del cobro de tributos (que debería ser impartida en escuelas y universidades) los ciudadanos venezolanos, al no estar informados, no exigen ni protestan cuando perciben que sus impuestos no están siendo utilizados adecuadamente. La cultura de lo que hemos llamado “el pataleo” (la protesta) es escasa y debe ser estimulada. Desde luego sin caer en lo que el gran Francisco de Miranda calificó de “bochinche, bochinche”.

Lo que Venezuela necesita (además de un estado de derecho) es un “estado de transparencia”, donde el ciudadano pueda quejarse cuando un servicio es deficiente o cuando perciba que el destino de sus impuestos en vez de convertirse en mejor educación o mejor sistema de salud o mejor seguridad ciudadana van a parar al bolsillo de los pillos que aprovechan amistades y contactos para tomar su tajada de nuestros aportes. Es un deber ciudadano exigir transparencia y reclamar cuando ello sea preciso.

En especial, ya que los sueldos de todos los funcionarios los pagamos entre todos, usted y yo, debemos exigirles a los gobernantes, con firmeza y seriedad, el cumplimiento de sus deberes. Señores funcionarios (presidente, ministros, diputados, alcaldes, concejales, etc., etc.): ¡ustedes son nuestros empleados! ¡Trabajen para nosotros, a quienes deben sus sueldos!