Homologar o Heterologar: esa es la cuestión

Miguel A. Megias Ascanio

Aún no sabemos como terminará esta saga que tiene a las universidades nacionales venezolanas en pie de guerra. Si el gobierno logra torcerle el brazo a la organización gremial, FAPUV (Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela) bien sea porque lleguemos a un punto muerto en esta lucha o porque los profesores, en asambleas, decidan aceptar la migajas que el gobierno está ofreciendo, nuestra representación perderá la fuerza que le ha permitido luchar –y ganar- en muchos de los escarceos de los últimos 30 años.

Ante este previsible panorama, cabe preguntarse que son la Normas de Homologación (NH) y como nacieron. Antes de entrar en el tema, debo advertir a nuestros lectores que he sido, desde hace varios años, muy crítico –y vocal- en lo que a homologación se refiere. Homologar significa que un organismo central “omnisciente” interpreta las aspiraciones de todos los profesores de Venezuela. Así, al establecer una tabla salarial que no toma en cuenta ni región geográfica, ni capacidades de los profesores ni mucho menos el grado de conocimientos, ni si el profesor produce, investiga, publica, etc., se genera una igualdad (homologación) que en vez de incentivar el trabajo creativo, más bien estimula la mediocridad y la inproductividad.

Para enfocarnos un poco más en esta cuestión, un profesor, de cualquier grado en el escalafón, gana lo mismo en Caracas, en Mérida o en San Carlos de Rio Negro (esta es una población indígena de unos 2.000 habiantes, en el sur de Venezuela, estado Amazonas). Sin embargo, las exigencias de la vida cotidiana en Caracas son muy diferentes a las de Mérida o Rio Negro. Para empezar, una vivienda, alquilada o en hipoteca, es muchísimo más cara en Caracas. Allí, además es necesario tener un automovil para desplozarse, dadas las pocas opciones del transporte público. Los colegios para los hijos son mucho más costosos (también tal vez son mejores, claro), los alimentos en supermercados y abastos son más variados pero más onerosos, etc., etc. Queramos o no, hay marcadas diferencias entre poblaciones.

Y sin embargo, los profesores ganan lo mismo en todas partes… Sin duda, habría que “heterologar” los sueldos de los que viven en Caracas (o en áreas geográficas donde el costo de la vida en superior), con un “prima geográfica” para compensar las diferencias. Que nosotros sepamos, la FAPUV nunca planteó estos argumentos ante el gobierno –ni ahora ni antes.

Ahora vayamos a lo académico. Es bien sabido que la investigación –y la investigación con resultados, en especial- requiere de mucha mayor dedicación que el simple hecho de dar clases, corregir exámenes, etc. Es decir, el profesor que investiga y además dicta clases, debe esforzarse mucho más que el que sencillamente acude al aula, dicta su clase y al terminar responde algunas preguntas se va a su casa u oficina; entre otras tareas, el profesor docente también debe dirigir tesis y elaborar trabajos de ascenso, claro, e investigar sobre los tópicos de su materia. Pero al final docencia e investigación se remuneran igual, independientemente del esfuerzo individual que haga cada cual y que, de paso, no tiene “reconocimiento” en cuanto al salario se refiere. Por eso, debería existir una “prima por investigación” o prima por productividad; pero tampoco este aspecto ha sido planteado, que sepamos, por FAPUV ni ante este gobierno ni ante los anteriores.

Ahora, vayamos al presente. Ante el conflicto, hay quienes opinan que FAPUV dejó de ser representativo de los intereses del profesorado. El profesor Alexis J. Guerra, por ejemplo, dice lo siguiente:

“Las NH fueron promulgadas por el Gobierno de Luís Herrera Campíns, el 17 de agosto de 1982, paradójicamente como una medida de contención a los reclamos salariales, en un momento en el que la inflación, como referente, era poco significativa. El “viernes negro” y los eventos subsiguientes potenciaron las luchas.

Prueba de la validez de las NH, es que el 9 de mayo de 1990, según Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.463, el CNU, mediante Resolución N° 14, aprobaba el Acta acordada por el Comité Ejecutivo de la Fapuv y la Comisión Ad–hoc designada por dicha instancia para la revisión salarial. Para esa época era Ministro de Educación y presidía del CNU, Gustavo Roosen. A su vez, nosotros estábamos al frente del organismo gremial.

El punto de quiebre de la Federación y su desconocimiento por parte del Gobierno actual, ocurre por una decisión política que toman los directivos. Hacen a un lado la preservación de la institucionalidad, desconocen el pluralismo y la diversidad ideológica de todos sus integrantes y, colocándola al servicio de intereses partidistas, se pronuncian públicamente en apoyo al Gobierno de “facto” de Pedro Carmona Estanga. La historia posterior es conocida. A partir de ese momento, le fue negada su condición de interlocutor gremial bajo la calificación de golpista, y en lo sucesivo la nivelación salarial se daría de manera unilateral.”

Habría que dilucidar si el profesor Guerra tiene o no razón y si los argumentos del gobierno actual son o no válidos (hay todo tipo de opiniones al respecto); lo que si es cierto es que nuestro gremio no ha tomado en cuenta lo que nosotros llamamos la “heterologación”. Es decir, a la chita callando, hemos vivido en “socialismo” desde 1982. Todos somos iguales ante la ley; y todos los profesores somos iguales en cuanto al salario, sin distingos por productividad, investigación o ubicación geográfica. Un socialismo que nos “iguala hacia abajo”, pues el que menos produce y vive en cualquier lugar del país, gana igual que el que si produce y vive en lugares de alto costo de la vida.

No sabemos todavía si las NH finalmente se impondrán o si FAPUV cederá ante un gobierno que cree que es legítimo estrangular al profesorado, llevarlo a tener sueldos de miseria y acabar de algún modo con estímulos para la producción científica que tanta falta hace en el país. Lo que si es cierto es que a futuro, gane o no FAPUV, debemos luchar contra el centralismo agobiante que todo lo quiere controlar; y aún a riesgo de que se nos denomine “esquirol”, las Normas de Homologación deberán ser “regionalizadas” o, en el discurso del Observatorio, “federalizadas”. Con una auténtica norma autonómica regional, la Universidad de Carabobo, o la del Zulia, o la de Caracas, pudieran -y debieran- obtener recursos que, bien utilizados y con sueldos “heterologados” cumplieran con una mejor repartición de los ingresos. Y, para completar la guinda a la torta, cada universidad debiera establecer sus estrategias de financiamiento para conseguir que sus ingresos dependan menos del gobierno central y más de la productividad de sus profesores y de los imjpuestos que se recaudan en los estados o regiones donde están sus sedes.

Queda muchísima tela que cortar la regionalización de las universidades, pero por ahora lo dejamos hasta aquí. Más en la próxima entrega.