sábado, 8 de octubre de 2016

La MUD debe rectificar



Humberto García Larralde


Es esta la primera vez que critico abiertamente a la MUD. Me motiva la convicción de que la aceptación de las condiciones para la realización del Revocatorio impuestas por las cuatro rectoras del CNE, aun exigiendo que el 20% de la recolección de firmas sólo puede contabilizarse a nivel nacional por ser éste el circuito electoral pertinente, fue un error.



El intento perverso de la mayoría del CNE por imposibilitar el Referendo Revocatorio en 2016 ha colocado abiertamente al régimen fuera del camino democrático, al violentar todos los procedimientos establecidos para su puesta en vigencia y ultrajar de manera descarada la voluntad popular. Ante esto, la MUD no puede responder como si existiesen reglas de juego propias de una contienda democrática. Tiene que entender que la naturaleza del régimen al que nos enfrentamos es fascista y, como muestra esta decisión, no aceptará ningún convenimiento que amenace su control del poder. Las mafias que se han enquistado en las estructura del Estado han demostrado no tener ningún recato ético, moral, legal o humanitario para atropellar la Constitución y negar los derechos políticos, civiles y humanos ahí consagrados. La decisión de las cuatro señoras del CNE es sólo la gota que reboza el vaso.



El fascismo Madurista tiene 9 meses desautorizando a la Asamblea Nacional con marramucias aprobadas por un tsj absolutamente ilegítimo por no reunir las condiciones básicas que pauta el ordenamiento jurídico para designar a sus miembros. Ambos organismos –tsj y CNE- han mostrado estar conducidos por grupos delincuenciales, al margen de la ley. De manera sistemática se ha vulnerado el Estado de Derecho al ignorar las atribuciones del Poder Legislativo para aprobar leyes, interpelar a funcionarios públicos, evaluar el desempeño de las instituciones del Estado, pedir rendición de cuentas, aprobar el presupuesto nacional y los créditos adicionales, y demás atribuciones que le confiere la ley. Maduro ha convertido a un “estado de emergencia” tramposamente decretado en desafío de las potestades que le confiere la Carta Magna a la Cámara para improbarlo, en patente de corso para continuar con sus atropellos a la cosa pública. Ahora asoma, en esta delictiva campaña, la amenaza de hacerse aprobar un presupuesto para el año 2017 a espaldas del órgano legislativo. Y para acallar protestas, utiliza a los esbirros del SEBIN para desatar una campaña de terror contra militantes y personeros de la oposición, montándoles expedientes fabricados para poderlos condenar, violando derechos humanos fundamentales.



Estamos presenciando un claro golpe de Estado perpetuado por la oligarquía en el poder para liquidar la democracia y las instituciones republicanas. No hay reglas de juego que está dispuesta a aceptar. Son poderosísimos intereses que se están lucrando desaforadamente a expensas del sufrimiento popular, que hará todo cuanto esté a su alcance para preservar el poder. Y ha puesto flagrantemente sus cartas sobre la mesa para enrostrárnoslo.



La mafia fascista dominante no cambiará su actitud por la legalidad, razonabilidad y/o justeza de nuestros planteamientos, sino por la existencia de una correlación de fuerzas lo suficientemente decisiva para obligarla a ceder. La MUD venía logrando, acertadamente, acumular fuerzas contra el régimen al capitalizar el descontento popular y conectarlo con la expectativa de plasmar el ansiado cambio por la vía del RR. Pero con la decisión del miércoles pasado, el terreno de lucha ya no es solo el RR sino la vigencia misma de la Constitución y de las formas republicanas de gobierno.



Levantar las banderas de la defensa de la Constitución tiene que repercutir en el plano militar, único bastión al que apuestan Maduro y su banda para evitar su salida del poder, en ausencia de legitimidad y de apoyo popular. Debería tocar las fibras de los oficiales institucionales preocupados por el destino de la República, hastiados de la situación actual y conscientes de su papel histórico como resguardo, en última instancia, del ordenamiento jurídico que le sirve de sustento. Tal posicionamiento tiene que ser lo suficientemente contundente para mostrarle de manera harto convincente a la minoría de oficiales corruptos que Maduro (y los cubanos) ha encumbrado para hacer de ellos cómplices del desguace nacional, que la voluntad popular está resueltamente volcada a la defensa de sus derechos.



No pueden aceptarse las decisiones del CNE ni las del tsj, tomadas en franca y abierta violación de la Constitución. No es el momento para disquisiciones sobre el derecho electoral; tales dictámenes deben ser simple y llanamente desconocidos. Son anti constitucionales, ilegales e ilegítimos, punto. Pero ello no puede quedarse en un mero pronunciamiento. Tiene que acompañarse de movilizaciones, protestas y acciones que conecten con las penurias por las que atraviesa la población. Tiene que repercutir también a nivel internacional, comprometiendo a la OEA y a otras instancias internacionales con la defensa de la Republica y de sus formas democráticas de gobierno en Venezuela.



Como dijo la MUD hoy, las fuerzas democráticas no aceptarán ninguna decisión que contraríe la Constitución y que impida cumplir con el derecho legítimo de revocar el peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia. Pero ello significa dotar al evento validador de las cuatro millones de firmas de las condiciones requeridas para que en él pueda expresarse de manera libérrima la voluntad soberana. Esto tiene que ser parte de las exigencias irrevocables de la MUD. Porque está cantado que este CNE hará todo lo posible para evitar que ello ocurra este año, como lo revelan el escuálido número de máquinas digitales asignadas y el horario restringido que se quiere imponer –aunado a los previsibles actos de saboteo de las bandas fascistas y la posterior revisión a cuentagotas por parte de la propia banda de las cuatro para “validar” las firmas y autorizar el acto comicial del referendo. Y si pueden aparentar, con las trampas a que nos tienen acostumbrados, que no se recogió el 20% de las firmas, simplemente no habrá RR. Ese es un peine en el que no se puede caer.



Los costos de toda demora en la instrumentación de una salida eficaz crecen día a día: hambre, muertes evitables por no conseguir tratamiento o medicinas, violencia, represión, violación del Estado de Derecho. El gran desafió del liderazgo democrático es saber imbricar la defensa de la democracia y de la República, y la realización este año del RR, con las luchas por enfrentar las penurias antes descritas. Y para ello no puede quedar al margen la propuesta de un nuevo proyecto de país que las pueda articular. No puede ser, simplemente, quítate tú para ponerme yo.



 El fascismo, desesperado ante su notoria debilidad, ha tirado la parada. La respuesta del movimiento democrático debe estar a la altura de este desafío de manera de capitalizar a su favor la superioridad abrumadora de apoyo popular que tiene sobre Maduro y sus acólitos, y el compromiso asumido por ésta con el cambio de gobierno.



De aceptar el último atropello a la soberanía popular podrá entronizarse una dictadura abierta al margen de las instituciones del derecho republicano y acentuarse la gravedad de la crisis. No debe olvidarse el terrible costo que significó, para la humanidad europea, los intentos de apaciguar la amenaza nazi. ¿Se prestará la Fuerza Armada a la defenestración de la Patria defendiendo, contra el ordenamiento constitucional, a una minoría corrupta y cruel empeñada en saquear al país?

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