La universidad en su laberinto

Argenis Urdaneta

Crisis universitaria: antecedentes y soluciones

La situación de la universidad venezolana en nuestros días no es la misma de la universidad con el régimen democrático. Es cierto que en el pasado tuvo momentos de perturbación y de tensión, pero estos fueron  superados en beneficio de un desarrollo armónico de la universidad.

El régimen político actual, aún manteniendo formas democráticas, tiene características autoritarias: militarismo con expresiones de fascismo y totalitarismo, acompañado de populismo. Es un régimen que se se caracteriza por la concentración de poder, que procura el control de la economía y asegurar el control sobre la Fuerza Armada.

Se define como socialista, identificándose como “socialismo del siglo XXI”, mezclado con el “bolivarianismo”, conformando el fundamento de una ideología (en sentido arendtiano) para la dominación.

Debido a la dependencia de la renta petrolera la reciente caída de los precios del crudo deriva en una muy grave crisis económica. Además, en esto ha incidido la manera en que el gobierno ha manejado la economía al no enfrentar un descenso previsible de los precios, propias del mercado petrolero.

En ese sentido, el marco de la crisis universitaria es la crisis política, económica y social que vive el país. Y para entenderla es necesario incluir en su estudio tanto elementos estructurales como los de orden cultural e histórico.

Petróleo y militarismo

El debate sobre la actual situación de la universidad no puede divorciarse de la condición de petro-estado, y todo lo relacionado con la renta petrolera. Tampoco puede obviarse el carácter militarista del actual régimen. La universidad venezolana es una organización altamente dependiente del financiamiento estatal, y siendo el venezolano un petro-estado, la dependencia económica financiera de la universidad se da con la renta petrolera. Esa relación dependiente es una herencia del siglo pasado, pues a Venezuela se le considera un petro-estado desde los años 20 (Gómez). Y desde entonces la economía venezolana ha estado sometida a los vaivenes de los precios del crudo.

Tal dependencia incide de manera indirecta en los problemas relacionados con la autonomía aunque son de naturaleza fundamentalmente política más que normativa. La autonomía lo encontramos en el artículo 9 de la Ley de Universidades y el artículo 109 de la Constitución

Ahora, en el siglo XXI, con un desarrollo mayor del capitalismo de Estado, con un mayor control estatal de la economía, y una utilización más política de la renta petrolera, dirigida a un mayor control para la dominación, la autonomía universitaria tiende a debilitarse. La concentración de poder que se ha desarrollado en los primeros años de este siglo, conduce a un mayor control político, y la universidad no escapa a sus efectos. En ese contexto, la dinámica de las relaciones con el Estado hace que una universidad, débil por su dependencia, tienda a ser convertida en un instrumento para la dominación. De allí que desde temprano el CNU-OPSU (Consejo Nacional de Universidades – Oficina de Planificación del Sector Universitario) condicione los aportes económicos para la actividad de investigación, a que haya una sincronía con los Planes Nacionales en la orientación de esa función universitaria.

Lo grave es que la universidad haya ido acomodándose a ello. Por lo que se ha reducido la autonomía, en tanto que no se asume su ejercicio ni se reclama su respeto, en lo que resulta emblemático el problema de las elecciones universitarias, asunto en el que ha habido sumisión y conformidad. No ha habido en ese tiempo una respuesta institucional reivindicatoria de la autonomía.

La militarización de las instituciones y de la sociedad es otro aspecto que ha venido desarrollándose en los primeros años de este siglo, y que en los últimos dos años (2014-2015) se ha asentado con más fuerza; y esa militarización también ha afectado a las universidades. La vida militar no es compatible con la universitaria. La toga es un símbolo, no es un uniforme, y el birrete no cumple la función de la gorra. Y la universidad autónoma y democrática se hace inviable. Y en esto se hace preocupante las expresiones del gobierno universitario, que asemeja más a los principios de jerarquía, disciplina y obediencia, que a expresar los principios de libertad e igualdad.

Es necesario tomar en cuenta rasgos culturales del venezolano vinculados con la dependencia de la renta y con la cuestión militar. Existe una cultura rentista que no valora suficientemente el trabajo y que convierte al venezolano en una especie de heredero que reclama su participación, y que desarrolla una relación con el ciudadano caracterizada por el paternalismo o patrimonialismo, que a su vez afecta el ejercicio de ciudadanía.

Asimismo, la cuestión militar también es un problema cultural e histórico. Desde nuestra independencia, se da una relevante importancia a lo militar. Desde 1830 en las constituciones se le otorga derechos, en sentido de privilegio, al ciudadano soldado o al soldado ciudadano. Se trataba del reconocimiento de los héroes, los soldados que “con su sacrificio dieron la independencia”. Y se extiende a “sus herederos”, los soldados de la patria. Así, se ha consagrado una mentira según la cual el actual ejército venezolano es identificado como continuación del Ejercito Libertador, cuando en realidad fue creado por Juan Vicente Gómez. Además, nuestra historia política está llena de gobiernos militares, y muy pocos años de gobiernos civiles (los pocos meses de Vargas en el siglo XIX y Gallegos en el siglo XX, además de los vilipendiados 40 años de la experiencia democrática de la segunda mitad del siglo pasado). El venezolano, sin hacer conciencia de ello, ve natural rendirle culto al militar y a lo militar.

Viabilidad institucional

El funcionamiento de la universidad tiene una estrecha relación con la organización universitaria. Es importante debatir sobre la si de debe mantener la organización en Facultades o en departamentos. O buscar una fórmula que integre ambas experiencias. Esto incluiría la estructura del gobierno universitario en los diversos órganos de decisión y de dirección, cuestión a la que el régimen ha dado un manejo demagógico, con una expresión propagandista sobre la democracia participativa; de allí que, para el momento en el que se debatía sobre la posible reforma a la Ley de Universidades, se propusiera la paridad en la conformación del gobierno universitario.

En lo que respecta a las reglas de juego en el ámbito interno, ellas deben estar relacionadas con las características de la organización de la universidad, desarrollando el juego suma variable (negociación y ganar-ganar), propio de la política, y no el juego suma cero (gana-pierde), propio de la guerra. La pluralidad propia de la dinámica universitaria se enfrenta a la dominación de un solo sector, como quiere el régimen, y eso incluiría mecanismos ideologizantes en la actividad docente. Por lo que hay que destacar y reivindicar la importancia del principio de la libertad de cátedra.

El debate de ideas relacionado con lo académico, que también alcanza la política como ciencia, conocimiento y arte, incluye lo relacionado con la vida económica y social de los actores. Lo que implica atender a problemas gremiales y sindicales, debido a la existencia de dos patronos, uno interno (la universidad) y otro externo (el Gobierno o Estado). Para los estudiantes, la participación es de tránsito, pues sus objetivos son la adquisición de los conocimientos de una profesión, que se formaliza con la obtención de un título. Por lo que tienen intereses que en el futuro se plantean hacia lo externo.

En cambio. los intereses de quienes trabajan en la universidad tienden a arraigarse en ella. Asimismo, hay que incluir el ámbito orgánico de las autoridades y sus relaciones con la vida interna universitaria, así como en sus relaciones con el Estado (especialmente el gobierno nacional). La complejidad de la participación de este actor consiste en su doble rol de profesor y gobierno, mientras que a lo externo es la representación formal de la universidad.

En cuanto a las relaciones de la universidad con la sociedad y sus organizaciones, en el último tercio del siglo pasado comienza a darse un distanciamiento y un aislamiento de la universidad con respecto de esa sociedad a cuyo desarrollo debería contribuir.

En lo que refiere a las relaciones con el Estado, ello obliga a tratar la materia presupuestaria y el financiamiento universitario, así como a las condiciones laborales de su personal, lo que debe responder a condiciones de trabajo y remuneración digna que contribuya al buen desarrollo del acto docente y de investigación.

Pero la crisis que hoy vive la universidad va más allá de su sostenibilidad financiera y de los problemas para cumplir sus funciones de docencia, investigación y extensión. Se trata de una crisis de orden sistémico, en tanto que la existencia de la universidad implica una contradicción antagónica con la orientación del régimen. Por lo que, necesariamente, surge una interrogante sobre su viabilidad institucional. De allí que el conflicto universidad – Gobierno nacional, tienda a expresarse como un conflicto con el Estado, al darse la intromisión del Parlamento nacional y con la amenaza de la futura intervención del Poder Judicial.

De lo antes señalado, se puede desprender que esta crisis universitaria abarca problemas relacionados con el modelo de universidad, al mismo tiempo que implica la defensa de su existencia contra la amenaza gubernamental de su extinción. Lo primero obliga a un debate interno sobre el posible agotamiento del modelo y la necesidad de reformas que permitan su adaptación institucional. Mientras lo segundo exige la defensa de la universidad.

Ese debate interno incluye la funcionalidad de la universidad, así como los problemas estructurales, es decir, su organización y su gobierno. Pero también una redefinición del cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión. Asimismo, habrá que tratar lo relacionado con su financiamiento, y atender el problema de la dependencia del presupuesto estatal y la posibilidad de otras fuentes de ingreso, lo que incluye la relación con la sociedad y sus organizaciones, así como redefinir los alcances de la gratuidad.

La universidad: cambio y transición

Luego de la muerte del presidente Chávez, el 2014 se inicia con conflictividad que deriva en una importante crisis política y económica que se extiende al 2015. Su expresión económica es, principalmente, consecuencia de políticas desacertadas que no permiten enfrentar las consecuencias de una caída de los precios del petróleo, afectando aún más el desenvolvimiento de la economía nacional que ya era deficiente en 2013.

Esa situación económica implica una creciente escasez y una elevada inflación que amenaza con convertirse en hiperinflación, además de un importante déficit fiscal, acompañado del agotamiento de las reservas y las dificultades de atender a la deuda pública (interna y externa). Y en lo político-social se expresa en las dificultades para mantener el paternalismo estatal (clientelismo). Lo que significa que la era postchavez estaría signada por conflictividad y crisis, lo que pone en riesgo la continuidad del régimen.

En los años 2014-2015, la perspectiva de cambio estructural es la expectativa de la oposición. Ese cambio estructural desde la óptica opositora implicaría la transición a una democracia que superara las deficiencias de la anterior experiencia, mientras que desde la óptica de ese sector gubernamental implicaría una transición a un régimen definitivamente militar. Por lo que las perspectivas serían democratización o militarización.

En caso de democratización, la universidad podría prestar una contribución importante en cuanto a la orientación de ese proceso. Mientras que en el caso de militarización la universidad autónoma y democrática sería definitivamente incompatible con el régimen.

Asimismo, para el sector gubernamental sólo estaría planteada la preservación en el poder, lo que opera como forma de resistencia al cambio, tanto en el sentido negativo de enfrentarlo, como en la opción del cambio estructural que rompa con las expectativas de cambio democrático, y garantice, con la fuerza, el control del poder, lo que implica una salida de facto.

Debate universitario

Las condiciones antes mencionadas obligan a un debate sobre la universidad, su viabilidad institucional, el modelo de universidad, el rol de la universidad en el contexto de crisis, su posible contribución al cambio, su aporte en un proceso democratizador. Lo que también implica un debate sobre los aciertos y errores de la universidad autónoma y democrática, tanto respecto de su funcionamiento interno como en relación a la dinámica social económica y política.

Asimismo, es necesario debatir sobre cómo atender a las amenazas de la posible intervención o sobre el riesgo de extinción de la universidad autónoma y democrática. Y sobre las estrategias a definir al respecto. Lo que incluye el análisis crítico sobre el reciente conflicto laboral universitario, así como los problemas del gobierno universitario, incluida la ilegitimidad de la representación como consecuencia de la no renovación por elecciones y el ejercicio irregular de un periodo adicional.

El impulso de ese debate deberá hacerse mediante instrumentos institucionales y con la motivación de actores internos, que actuando como terceros, no sólo lo estimulen, sino que sean capaces de mediar para la conciliación.

Y el ambiente en el que habrá de desarrollarse ese debate requiere de una palabra clave: unidad. Entendiendo que se trata de la unidad de diversos, y no de la unanimidad o unicidad. La unidad en la diversidad no excluye sino que requiere el debate. La unicidad implica la conformación en la voluntad del uno (el único). Sin la unidad de los universitarios será difícil defender la universidad de la arremetida de la unicidad del régimen.

Ese debate deberá ser impulsado desde las instancias de menor jerarquía en la estructura orgánica universitaria, desde abajo hacia arriba, que sea parte de las actividades cotidianas en la universidad, en las clases, en la cátedra; sin obviar el debate más formalizado en diversas instancias de gobierno universitario, desde los Consejos de Escuela hasta el Consejo Universitario. Lo que no implica descartar el debate informal (necesario e inevitable) de diversos grupos universitarios.