Pronunciamiento Académico

Ana Julia Bozo de Carmona, M. Cristina Parra Sandoval., Alicia Inciarte y

Jesús Alberto Fuenmayor

En respuesta al Acuerdo aprobado por los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional del 3 de noviembre de 2015, rechazando la paralización de actividades en 10 universidades venezolanas

Considerando

Que las universidades públicas no son víctimas de secuestro alguno por “fuerzas de diferente signo” sino que son espacios de discusión, confrontación y convivencia de todas las tendencias culturales, científicas y políticas que interactúan en el escenario venezolano, prueba de lo cual es que existen y obran en su seno actores individuales y colectivos, declaradamente pro y anti gobierno.

Considerando

Que la paralización de las universidades ha sido explicada y justificada por los gremios de docentes, empleados y obreros a la opinión pública y al MPPEUCT de forma escrita y verbal; que constituye el simple ejercicio legítimo de los recursos que la LOTTT, la Constitución, la OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan a los trabajadores para defender sus intereses económicos y sociales y que, el Estado, en su condición de patrono, no está exento de cumplir las normas que amparan los derechos de los trabajadores.

Considerando

Que las cifra de 84 mil millones de bolívares transferida este año a las universidades, según el gobierno nacional, tiene que estimarse en función del número de universidades públicas, de estudiantes atendidos, de profesionales egresados, de programas de pre y postgrado ofrecidos, de los resultados de la investigación científica y de la extensión, indexando proporcionalmente tal cifra a la hiperinflación que confronta Venezuela.

Considerando

Que, este gobierno ha mantenido los presupuestos universitarios reconducidos sin agregar más recursos que los estrictamente necesarios para el pago de pasivos laborales y, a pesar de ello, las universidades han mantenido e incrementado el número de estudiantes matriculados en un esfuerzo “extraordinario” por garantizar a los jóvenes venezolanos el derecho constitucional a la educación.

Considerando

Que la verdad a la que se refiere el artículo 1 de la ley de Universidades vigente es la que resulta de la indagación y la formación científicas, del “saber, la investigación y la enseñanza” y no es la falacia que deriva de especulaciones ideológicas o de posturas radicales cuya objetividad y neutralidad son la antítesis del concepto de universidad reflejado en la ley y la constitución venezolanas.

Considerando

Que la universidad pública autónoma se mantiene, en la percepción de los jóvenes, como uno de los bienes sociales más estimados y la vía más idónea para alcanzar el bienestar individual y colectivo.

Considerando

Que la violencia física o en la forma de amenaza, intimidación o presión es una condición inadmisible en la práctica académica y que debe ser sancionada e impedida por los medios legales e institucionales existentes

Acordamos

Primero. Exigir al gobierno nacional que otorgue a los académicos una remuneración satisfactoria cónsona con los niveles reales de inflación que sufre Venezuela y que guarde paralelismo con las remuneraciones a otros factores cruciales de la vida nacional como por ejemplo los funcionarios de las fuerzas armadas. (Recomendación UNESCO relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior, Principio Rector 57: 1997) pues la pobreza del personal docente es uno de los principales obstáculos para la educación de calidad (Informe de resultados de la Alianza Mundial para la Educación. Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente, 2012).

Segundo. Instar al gobierno a respetar los derechos sindicales y laborales de quienes hacemos esfuerzos indescriptibles para mantener la excelencia educativa, en aras de garantizar a los jóvenes venezolanos una educación superior de calidad y no, una educación inferior y disminuida que los mantendría ajenos a las competencias y destrezas necesarias para ser sujetos creadores y productores en la sociedad del conocimiento.

Tercero. Reiterar nuestro apoyo a todas las iniciativas que promuevan una rendición de cuentas de los actores que administran recursos públicos desde el presidente de la república, presidente de PDVSA, ministros, autoridades universitarias, entre otros.

Cuarto. Exigir al gobierno nacional no ejercer la violencia a través de expresiones descalificatorias de la institución universitaria o de intimidación a quienes ejercen como sus autoridades electas por el actual periodo, injustificadamente extendido.

Quinto. Exhortar al gobierno y a las universidades para que se celebren elecciones universitarias con la participación protagónica pero ponderada de los trabajadores universitarios de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes. La renovación de las autoridades universitarias es una condición innegociable para recuperar la calidad de la gestión institucional.

Sexto. Solicitar al gobierno nacional que valore el innegable impacto que tiene la educación superior de calidad para el desarrollo de Venezuela de forma que, conjuntamente, con las universidades autónomas (emblemáticas casas del saber) evitemos la irremplazable fuga de jóvenes profesionales cuyo talento aprovecha a otros países y empobrece nuestra dolida Venezuela.

Séptimo. Acelerar la aprobación de una nueva Ley de Educación Superior que sea el resultado de la consulta a todos los actores del sistema y tome en cuenta los anteproyectos presentados por las universidades o los universitarios.

Octavo. Invitar a todos los integrantes de la comunidad académica venezolana para participar activamente en un proceso de transformación universitaria profundo y comprometido con la excelencia académica y los más exigentes criterios de convivencia cívica.

Noveno. Rechazar cualquier intento encubierto o explícito del gobierno nacional de vulnerar la autonomía universitaria.

Maracaibo, 5 de noviembre de 2015