El tema de la reforma del Estado ha estado ausente de la agenda pública por dos décadas y media. Sólo a finales de los años ochenta la reflexión sobre la necesidad de acometer una reforma del estado adquirió una intensidad inusitada. En 1984 se nombró la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado que produjo numerosos análisis, estudios y propuestas y lograron suscitar un amplio consenso en la opinión pública nacional. Sin embargo, estos estudios no fueron implementados debido, entre otras causas, a la incomprensión del liderazgo político nacional de la época acerca de la profundidad y agotamiento del sistema político democrático.
Es importante destacar la organización y realización de dos eventos cruciales sobre este tema, ambos llevados a cabo en el año 1985. Uno, en Maracaibo denominado I Asamblea Nacional para la Reforma del Estado y el otro, celebrado en Valencia, bajo el nombre de Simposio Nacional. La reforma del Estado, la Región y los Nuevos Actores políticos. En ambos participaron representantes del sector privado, la clase política nacional, gremios, asociaciones y el sector gubernamental y universitario. Se logró generar un consenso sobre la necesidad de llevar a cabo reformas al estado que impulsaran nuestra democracia hacia formas de organización y participación que garantizaran una mejor y más eficiente distribución del poder.
Sin embargo, los sucesos posteriores mostraron la poca voluntad de esta dirigencia para promover los cambios que permitieran superar la crisis del sistema democrático. En 1999 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que adoptó una nueva Constitución la cual contiene importantes reformas constitucionales. Estas modificaciones no cuajaron en un proceso de Reforma del Estado. Esta constituyente fue utilizada para “constitucionalizar el autoritarismo” y echar las bases de la construcción del Estado Comunal.
Estamos frente a una situación política-electoral definitoria para el futuro del país. A pesar de esta circunstancia, la reforma del estado no ha sido incorporada al debate electoral. Puede resultar comprensible la dificultad que pudiera presentar este tema para su tratamiento publicitario. Se requiere de imaginación y formación política. Hay argumentos, sin duda, insoslayables. Por ejemplo, las relaciones de la sociedad y el estado, el ejercicio de la soberanía por el pueblo, el régimen de derechos y deberes ciudadanos la distribución territorial del poder público la estructuración federal del Estado, etc.
Parece apropiado preguntarse: ¿después de las elecciones, qué? En otras palabras, el triunfo electoral no basta, habría que refrendarlo con la capitulación política del adversario; es imperativo iniciar el debate sobre la reforma del Estado y la profundización de la democracia. Dignifiquemos la voluntad ciudadana y cerremos el paso a otra frustración de carácter histórico.
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