Calle y referéndum

Nelson Acosta Espinoza

Lo hemos afirmado en ocasiones anteriores: el tiempo de la política no siempre se corresponde con el del pueblo. He utilizado el plural debido a que esta frase encabezó un pronunciamiento público de un grupo representativo de la sociedad civil carabobeña (este escribidor forma parte de esa agrupación). Traigo a colación esta aseveración debido a que los últimos acontecimientos “hablan” sobre la imperiosa necesidad de formular una estrategia que tenga como objetivo inmediato hacer coincidir estos dos tiempos. Sin esta correspondencia, el futuro inmediato del país se muestra borroso, por decir lo menos.

La escasez de alimentos, medicamentos y otros rublos vitales para la subsistencia diaria se ha acentuado. En consecuencia, las protestas espontáneas han incrementado su frecuencia y magnitud. En nuestras ciudades se están acumulando necesidades no satisfechas que pudieran conducir hacia un factible estallido social. Ahora bien, parece conveniente preguntarse ¿cuáles podrían ser las opciones probables ante esta grave situación? ¿Es lógico suponer la posibilidad de un acuerdo conciliatorio entre las partes en conflicto?

Formulo estas interrogantes con la finalidad explorar respuestas que eviten las frustraciones ocurridas en situaciones anteriores. Me refiero al proceso de dialogo y reconciliación experimentados en los años 2002-2003. Recordemos la denominada “Mesa de Negociación y Acuerdos” conducida por el político colombiano Cesar Gaviria,  entonces Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta iniciativa, contó también, con el apoyo técnico del Centro Carter. Las negociaciones se prolongaron por siete meses y se acordó, entre otros puntos, la realización de un referéndum revocatorio como herramienta para solventar la situación de tensión y conflictividad presentes en el país.

En aquella ocasión, al igual que hoy, la iniciativa del referéndum estuvo plagada de trabas impuestas por el gobierno. Al punto que el oficialismo logró demorar su realización durante más de un año. El acuerdo de la Mesa se firmó en el 2003 y el referéndum se llevó a cabo en el 2004. El resultado es historia conocida.

He sacado al tapete esta referencia porque pareciera que estamos cayendo en la misma celada que montó el gobierno en el pasado: colocar nuestras aspiraciones de cambio en la canasta servida por organizaciones internacionales. Entiendo que este es un sentimiento que se ha anidado en algunos sectores de la oposición y de la población. Es deber de la dirección política del bloque democrático combatir esta sensación y expulsar de la opinión publica las falsas expectativas de cambio  que iniciativas como la Carta Democrática pudieran suscitar.

¿Es posible el dialogo oposición-gobierno? Bueno, esta pregunta pareciera retórica. En principio deberíamos de asumir que esta actividad es esencial para la convivencia democrática. A través del dialogo los actores se reconocen y exponen su diversidad de intereses. Sin embargo, en la lógica  que informa el accionar político del gobierno esta dimensión se encuentra ausente. No forma parte de su cultura política. Cuando lo practica, esta actividad se encuentra subordinada a la provocación, la dilación o el engaño.

Entonces ¿qué hacer? Bien, me parece que la oposición debería canalizar sus energías políticas a través de los mecanismos legítimos de presión que le ofrece el tramado institucional del país. El más importante  es la “calle” como instrumento para alcanzar u obligar al gobierno a que respete la normativa que implica la convocatoria del referéndum revocatorio. En fin, poner la calle al servicio de una legitima reivindicación democrática.

Lo que intentamos exponer es que la articulación entre el momento político y el de la gente podría alcanzarse mediante el ejercicio de la protesta y el desconocimiento de toda disposición de naturaleza ilegal e inconstitucional.

Sin embargo, me atrevo a insinuar que existen en ambos bandos políticos apaciguadores que apuestan por repetir la experiencia del 2002. Espero estar equivocado.

En fin, la crisis sistémica que envuelve al país avanza con una rapidez descomunal. De no ofertarse la respuesta política apropiada correríamos el riesgo que estos dos momentos (el político y el popular) no se engarcen mutuamente. Lo cual podría desencadenar una situación de consecuencias impredecibles.