Nelson Acosta Espinoza
Un gobernador (Francisco Ameliach), dos ex gobernadores (Tomás Izaguirre y Henrique Salas Römer); dos ex alcaldes (Omar Sanoja, Valencia y Julio Castillo, Naguanagua); un Vice Presidente de un partido nacional (Antonio Ecarri Bolívar); diputados, concejales, miembros de colegios profesionales, articulistas y otros personajes del foro público carabobeño han emitido opinión sobre el estatus jurídico que le debe corresponder a la parroquia Miguel Peña. El tema de la autonomía de esta populosa parroquia valenciana ha despertado pasiones y ha generado una interesante polémica pública.
Los polos de esta controversia han sido definidos por el gobernador Francisco Ameliach y el ex gobernador Henrique Salas Römer. Para Ameliach, por ejemplo, se está atentando "en forma criminal contra sus habitantes de manera irresponsable y siguiendo intereses politiqueros que van en detrimento del colectivo de esa comunidad". Sería un acto criminal, de acuerdo al gobernador, "matar de hambre a sus habitantes, crear un municipio en la parroquia que concentra el 45% de la población de Valencia, pero solo recauda el 7,52% de los impuestos".
Perversa y socialista esta lógica expuesta por la primera autoridad política del estado. Intenta pasar por encima de las capacidades creativas y laboriosas de este conjunto poblacional y pretende, falsamente, hacer depender su bienestar exclusivamente de ese 7,52 de impuestos recaudados. La parroquia Miguel Peña es un hábitat dinámico y, el núcleo poblacional que allí vive, ha creado comunidad con prescindencia del abandono a que ha sido sometido por distintos concejos municipales en el pasado.
Por su parte, el ex gobernador Salas Römer, respondió que acto criminal "sería negarle a los habitantes de Miguel Peña que no cuenten con su autonomía". En relación al argumento de carácter económico señaló. "A Miguel Peña le corresponde más de la mitad del situado constitucional que se le asigna a Valencia”
Lo sustantivo de este intercambio de opiniones es lo siguiente. Por un lado, han incorporado al léxico político local el término autonomía y, segundo, se ha revivido el tema de la descentralización y los mecanismos para su profundización. A manera de ejemplo, para ilustrar que la creación de nuevas municipalidades responde a una tendencia global y, de ninguna manera, implica la desintegración de municipios o regiones, veamos el número de municipios en algunos países europeos y su relación con nuestro país. Francia 36.000; Alemania 8.959; España 8.112; Venezuela, con mayor territorio, tiene tan solo 335 municipios.
El punto estratégico a resaltar es la necesaria redistribución del poder que se debe aplicar en el país. El socialismo del siglo XXI es un proyecto político concentrador del poder y se plantea en forma explicita el achicamiento de las instancias que se encuentran más cercanas al ciudadano. Se pretende "asistir" a la población e impedir el ejercicio pleno de su soberanía.
Aparejado al tema de la autonomías estadales y municipales se encuentra el de la redistribución fiscal o, en términos académicos, el federalismos fiscal. Es cierto que la creación de nuevos municipios requiere de una base de sustentación tributaria y para obtenerla es indispensable comenzar a plantearse como objetivo político la descentralización fiscal de las regiones y sus respectivos municipios. En breve, se debe ejercitar las tres “A” que propone el amigo Enrique Colmenares Finol: Autarquía, autosuficiencia económica; Autonomía, capacidad de darse sus autoridades; y Autoría, responsabilidad directa del funcionario ante sus comunidades.
Bueno es, entonces, que en Carabobo iniciemos la lucha a partir de esta primera letra del alfabeto federal.
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