Obediencia debida

Nelson Acosta Espinoza

El término obediencia debida pudiera describir la conducta asumida por el gobernador Ameliach en relación al conflicto suscitado entre los ciudadanos carabobeños y el presidente Nicolás Maduro. Apremio que surge a partir de procedimientos autoritarios que afectan la integridad simbólica y material de esta ciudad. Como seguramente es de su conocimiento, amable lector, el gobierno central mediante tres decretos presidenciales (664, 665, y 666) pretende despojar a la ciudad de Valencia de sus más significativos símbolos (Teatro Municipal y Parque Recreacional Sur) y la administración de tres populosas parroquias Santa Rosa, Rafael Urdaneta y Miguel Peña.

Ahora bien, a que viene la expresión "obediencia debida". ¿Cuál es su significado en el presente conflicto? ¿Explica esta palabra la pasividad del Gobernador Ameliach y su falta de voluntad en defender los intereses de los ciudadanos que lo eligieron? Veamos. Este concepto jurídico implica el cumplimiento de mandatos contrarios al ordenamiento jurídico y se relaciona con la actividad castrense. Ello es así, debido a la subordinación que los miembros de una jerarquía castrense deben rendir a sus superiores.

El gobernador de nuestro estado está obligado a procesar obediencia debida a su superior jerárquico, el Presidente de la República. Su lealtad no es con los ciudadanos que sufragaron por su persona; tampoco le rinde obediencia a la voluntad popular y, desde luego, a los principios autonómicos que deberían ordenar un estado descentralizado que escoge sus propios gobernantes, como es el caso de Carabobo.

Recientemente el presidente Nicolás Maduro revocó el decreto 665 que transfería la administración del Teatro Municipal de Valencia al ejecutivo nacional. Revocatoria que no fue producto de gestiones del gobernador Ameliach, sino de la fuerte oposición ciudadana a este instrumento de despojo. La "obediencia debida", en esta ocasión, funcionó en las dos direcciones, para la usurpación y devolución de este ícono de la ciudad de Valencia. En fin, el gobernador Ameliach carece de la autonomía que supone el ejercicio de la función pública para la cual fue electo. El rollo de los ciudadanos valencianos es, pues, con el presidente Maduro.

El país está siendo pisoteado por diversas autoridades estadales que, al igual que nuestro gobernador, carecen de autonomía y obedecen exclusivamente a los dictados del gobierno central. No me canso de señalarlo. El conflicto político en la Venezuela actual es aquel que opone, por un lado, los que practican la obediencia debida y, por el otro, los ciudadanos que ejercen de forma real la llamada democracia participativa y protagónica. Es imperativo, entonces, "enmarcar" los graves problemas nacionales (seguridad, vivienda, desempleo, inflación, escasez, etc.) en esta narrativa descentralizadora, autonómica y federal.

Hay que luchar unidos con la finalidad de derrotar a quienes ejercen el autoritarismo como forma de gobierno. En el caso de la ciudad de Valencia, es necesario arreciar la lucha y dotarla de una connotación de carácter nacional. Ello implica, entre otras cosas, experimentar otras formas de expresión (marcha cívica, por ejemplo) y enlazarla con situaciones parecidas que se están sucediendo en otras capitales del país (Barquisimeto, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, entre otras).

Finalmente, dejemos el “pescueceo” y entrompemos la obediencia debida con la desobediencia ciudadana.