Temprano en las transiciones, el régimen político que surgía fue llamado “hibrido”, o en el mejor de los casos, “democracia electoral”. Ello para denotar que se votaba bien, con vigencia de derechos políticos, pero que otros componentes del sistema democrático—las garantías constitucionales y la separación de poderes—no mostraban equivalente solidez. Había democracia pero escasa ciudadanía.
Ello se ha exacerbado en el tiempo, con violaciones de derechos y el tema de la perpetuación en la agenda de muchos países. El interrogante es si el sufragio libre, universal y secreto, parte esencial de la ciudadanía, puede seguir ejerciéndose con efectividad ante la regresión de la República, su necesaria contraparte. Este otoño, primavera al sur del ecuador, hay elecciones trascendentes para el futuro de la democracia en la región. Antes que ocurran, sin embargo, podemos inferir la respuesta.
El 25 de octubre es la segunda vuelta presidencial en Guatemala, un caso extraordinario por donde se lo mire. Ante los cargos por corrupción formulados por una comisión internacional, una verdadera revolución cívica obligó al presidente a renunciar y a sentarse frente a un juez un par de horas más tarde. Su día, tan lleno de contrastes, concluyó en la cárcel. El resto de América Latina miraba con envidia.
Todo eso, además, pocos días antes de la elección que determinó que el ballotage será entre Jimmy Morales, un comediante devenido en político, y Sandra Torres, una ex primera dama, quien en 2011 remedió la restricción constitucional a su postulación divorciándose del presidente “para casarse con el pueblo”. La de Morales es una de esas típicas candidaturas anti-sistema, aptas para expresar el descontento pero no tanto para gobernar. La de Torres, a su vez, es la candidatura de alguien que cumple con la letra constitucional violando su espíritu. En ese contexto, no sorprendería que la revolución cívica resulte traicionada.
El mismo día es la elección presidencial en Argentina y por primera vez en doce años no estará el apellido Kirchner en la boleta. Luego de varios intentos de perpetuación ello es una bocanada de aire fresco en sí misma, si es que no hay fraude como en la provincia de Tucumán el pasado agosto. Y por supuesto, siempre y cuando la perpetuación no se lleve a cabo por otros medios.
Ocurre que, luego de doce años, el gobierno más prolongado en la historia argentina deja un Estado capturado y una administración pública colonizada por su propia nomenclatura. Es legítimo preguntarse si dejarán gobernar al opositor Mauricio Macri, de ser este el vencedor. Pero esa es una pregunta mucho más relevante en el caso del mismo candidato oficialista, Daniel Scioli, a quien han rodeado en un claro intento de limitarlo, controlar el Ejecutivo y continuar en el poder detrás de bambalinas. No por nada el candidato a vicepresidente es el abogado de Cristina Kirchner. Nótese que continuidad e impunidad riman.
También se vota en Haití el 25, el país con mayor pobreza en el continente. Bajo la larga sombra del terremoto de 2010, en un sistema donde el uso corrupto de la ayuda internacional se ha hecho moneda corriente, se vota en la inestabilidad, por decir lo menos. El proceso está marcado por la violencia ocurrida en la elección parlamentaria de agosto, crisis y renuncias dentro del Consejo Electoral Provisional y un sistema político tan fragmentado que ofrece más de 50 (sí, cincuenta) candidatos. Tener demasiado para elegir casi nunca lleva a una buena elección, ni en la democracia ni en muchas otras cosas.
Se vota también en elecciones regionales en Colombia y parlamentarias en Venezuela. La primera ocurrirá en el contexto del plan de paz y la polarización y conflictividad que ha generado. En una jugada de alto riesgo político y electoral, tanto el gobierno como la oposición sugieren que estas elecciones son un referéndum del plan de paz. Riesgo porque ello no es necesariamente así, según estudios que muestran que la sociedad separa ambos procesos, y porque según la ONG Misión de Observación Electoral el mayor problema a enfrentar es el de la corrupción y el fraude electoral.
Venezuela vota el 6 de diciembre, si es que vota. Ello por la arbitrariedad del régimen, las regiones en Estado de Excepción, las candidaturas inhabilitadas y los líderes opositores encarcelados. Agréguese que no habrá observación electoral confiable y se puede inferir que el principio del voto universal, libre y secreto no será respetado. La importancia de Venezuela, es decir, la necesidad de recuperar su democracia y el efecto de demostración en el resto de la región difícilmente pueda exagerarse. Son cinco elecciones que definirán el futuro democrático de América Latina.
“El conteo de los votos es la última ceremonia de un largo proceso”, decía Gramsci. Él se refería a los temas clásicos de su neo marxismo: la reproducción del bloque en el poder y la construcción de hegemonía, procesos que se canalizan a través de la competencia electoral, entre otros. La noción, sin embargo, también sirve para la democracia liberal, donde contar los votos es la última ceremonia de un largo proceso previo. Es el de construir ciudadanía, expandir derechos, crear la institucionalidad republicana, otorgar libertades y garantías constitucionales, separar los poderes del Estado y garantizar el debido proceso.
Ese proceso previo es siempre largo, indeterminado y contradictorio, pero hoy está truncado en la región, en regresión. América Latina vota, pero lo hace cada vez peor. No puede haber derechos políticos plenos en ausencia de las otras dimensiones de la ciudadanía.
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