Mi municipio es mi país

Vista parcial  de un barrio de Caracas

Miguel A. Megias

Recientemente, en una conferencia sobre temas del federalismo, uno de los oradores expresó la frase: “mi municipio es mi país”, refiriéndose al vínculo existente entre el ciudadano y la institución de gobierno más cercana a él, que es el municipio.

Hoy quisiera ampliar este concepto, a mi juicio muy acertado. Efectivamente, nuestra cotidianeidad se desenvuelve generalmente en el entorno del municipio donde habitamos. En ese entorno trabajamos, nos transportamos, hacemos nuestras compras, y realizamos gestiones; y desde luego, es el municipio donde ocupamos nuestros ratos de ocio, donde nos reunimos con amigos y familiares y donde participamos en actos culturales, deportivos, etc.

Por tal razón, para que el federalismo tenga arraigo en el ciudadano, hay que hablarle en los términos más cercanos a él; lo federal luce un tanto alejado, remoto. En cambio, lo municipal, luce cercano y familiar. El municipio tiene gran importancia en la vida diaria, el bienestar, la seguridad, la educación de los hijos, la salud y muchos otros temas del día a día. Por eso es tan acertado decir “mi municipio es mi país”.

En Venezuela, que según la constitución aprobada en 1999 es un “estado federal y descentralizado…” (Artículo 4), existen 23 estados más el Distrito Capital (sede del gobierno, en Caracas). Los estados, a su vez, se subdividen en 335 municipios. Es decir, hay “335 países” diferentes, cada uno con sus características propias.

En otras naciones hay muchos más municipios, producto de condiciones históricas y de un pasado donde un pequeño pueblo constituía el espacio geográfico equivalente al municipio de hoy en día, tal vez con diferentes nombres. En Francia, por ejemplo, hay 36.571 municipios (también llamados “comunas”) para un territorio algo mayor a la mitad de Venezuela (675.417 Km2) y una población casi el doble de Venezuela (66 millones). Y en España, hay 8.116 municipios, para un área geográfica de 504.645 Km2 y una población de 47 millones de habitantes. La relación municipio/territorio en Francia y España es, respectivamente, 18 y 62 Km2 por municipio. En Venezuela, esa relación es de 2.735 Km2 por municipio. ¡Muchísimo territorio para tan pocos municipios!

Esto nos lleva a reflexionar sobre si Venezuela es un país que requiere mayor número de municipios, habida cuenta su extensión geográfica (916.445 Km2) y su población (29 millones de habitantes). Varios autores reseñan que, en general, en Latinoamérica, hay proporcionalmente muchos menos municipios que en países europeos. Si pensamos que el municipio es el gobierno más cercano al ciudadano, pareciera que los municipios existentes son insuficientes para atender la amplia geografía nacional y tal vez el número de ellos debiera ser mayor. En un estudio realizado por Enrique Colmenares Finol, ex Ministro del Ambiente en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, este propone una subdivisión mayor, especialmente en Caracas donde, por ejemplo, el municipio Petare tiene mayor población que muchas ciudades del interior.

En todo caso, no estamos aquí para debatir si debe o no aumentarse el número de municipios; nuestro problema es otro: ¿cumplen los municipios el rol que se les asigna de ser “un gobierno local” en todas sus facetas? ¿Sería esto diferente si se llevara a cabo la federalización del país?

Trataremos de explicar nuestro punto de vista en las siguientes líneas.

La autarquía municipal

La autarquía (o autarcía) es un término que describe, según el DRAE, “la autosuficiencia; o la política de un estado que intenta bastarse con sus propios recursos”. Es nuestro criterio que la autarquía municipal, en la medida de lo posible, es el primer paso hacia una auténtica federación del estado. En principio, los estados y municipios deberían manejar sus propios impuestos y dejarle al gobierno central solamente lo correspondiente a la “gran herencia”, es decir, al ingreso petrolero. Dicho esto, ¿como se lograría que el municipio sea autosuficiente? La respuesta está, como ha sido desde tiempos inmemoriales, en los impuestos que deben pagar los ciudadanos y las empresas o establecimientos asentados en su entorno. Y ese, lamentablemente, no es el caso hoy en día.

Es cierto que hay impuestos municipales (patente de industria y comercio e impuesto sobre la ventas) que se pagan o de lo contrario el negocio o industria se hace acreedora de mayores impuestos (multas) o incluso el cierre del establecimiento. Pero hay muchos otros impuestos que se pagan esporádicamente, o que no los recauda el municipio y por consiguiente se “pierden” y van a parar al gobierno central. Ejemplo de ello son el impuesto sobre la renta, recaudado por el SENIAT, y el impuesto a la propiedad, recaudado por el municipio (que generalmente sólo se paga cuando hay necesidad de una “solvencia” municipal); y raramente es un impuesto cancelado por propia voluntad.

En Venezuela, los impuestos aduaneros son también recaudados por el gobierno central e igualmente el IVA (Impuesto al Valor Agregado). Todos los ingresos así recaudados, y otros, conforman una gigantesca masa monetaria que en la actualidad financia, según afirmaciones del gobierno, el 52 por ciento del presupuesto nacional.

Regresando a los impuestos municipales, está claro que no hay mucho que hacer en cuanto a la recaudación de impuesto sobre la renta ni de aduanas (por ahora…), a pesar de que muchos estados (municipios) tienen fronteras marítimas o terrestres por donde ingresan grandes cantidades de mercancías que generan montos importantes de dinero. En la Venezuela del siglo XIX y parte del siglo XX, los ingresos por aduanas constituían montos muy importantes que eran manejados por los estados (recuérdese que hasta 1953 Venezuela estaba constituida por “Estados” y hasta su nombre, “Estados Unidos de Venezuela”, nombre que se retuvo desde 1864 hasta 1953, denotaba la autonomía de que disponían).

¿Qué impuestos, entonces, pueden ser utilizados para la autarquía de los municipios? Sin duda, el principal sería el impuesto a la propiedad. Cobrar oportunamente este impuesto, imponer multas u otras penas a quienes no lo cancelen oportunamente y, por el contrario, premiar con descuentos a quienes se anticipen a su pago, bien pudiera ser el punto de partida para la autarquía municipal.

Esto no es fácil de ser llevado a la práctica. Hay que vencer obstáculos, como veremos. Para empezar, no existe en el venezolano la conciencia ciudadana de que el pago de impuestos debe corresponderse con buenos servicios. Otra dificultad la ocasiona que muchos propietarios de viviendas no tienen la propiedad plena de sus casas pues éstas han sido construidas sobre terrenos del municipio, los llamados “terrenos ejidos”. En consecuencia, la mayor parte de los barrios, que es donde habita la mayoría de los ciudadanos, no posee el “documento de propiedad”; su único activo es la denominada “bienhechuría”, palabra esta que denota la construcción o mejoras llevadas a cabo en terreno ajeno o ejido. En ese caso, la imposición de un impuesto, aún si fuera muy bajo, es de difícil comprensión y cumplimiento. La solución a este problema consistiría en entregar a los que hayan construido sobre terrenos ejidos, la propiedad plena de los mismos. Con lo que los habitantes de barrios tendrían de inmediato una riqueza, negociable, que representa la propiedad de la vivienda. Esta es una deuda social acumulada que no ha sido saldada al día de hoy.

En donde único es aplicable el impuesto municipal a la propiedad es a los que son auténticos propietarios, cual es el caso en las urbanizaciones y otros lugares donde las construcciones se realizaron sobre terrenos de propiedad privada.

Aún suponiendo que, en una primera etapa, el impuesto a la propiedad sólo se aplicara a los casos de viviendas en urbanizaciones, seguramente que el monto a recaudar sería considerable. Por tanto, para el logro de la autarquía municipal, que es el primer paso hacia un estado federal y descentralizado, cada municipio debería concentrar sus esfuerzos en campañas de concientización y recaudación de este importante impuesto. Desde luego, la existencia de un catastro bien desarrollado es una condición importante para este logro.

Por el lado del ciudadano, este tendría más derecho a exigirle al municipio mejores servicios, mayor seguridad, vías en mejor estado, establecimientos para la salud, hospitales municipales, escuelas bien provistas, canchas deportivas, aseo urbano, … , en fin, todos los aspectos de la vida diaria que mi “país” (mi municipio) me debería ofrecer, con la calidad y cantidad para que se pueda disfrutar de una vida mejor.

Concluyo estas notas, sugiriendo que a partir de ahora el movimiento hacia un país federal y descentralizado comience a transitar los medios y requerimientos necesarios para lograr que la autarquía municipal sea un hecho; ese sería el objetivo primero y primordial.

En las palabras del colega Nelson Acosta, gran propulsor del federalismo en Venezuela: “trabajo aquí, pago mis impuestos aquí, y estos se quedan aquí”.