Nelson Acosta Espinoza.
La semana que concluye ha sido escenario de un sin número de actos violentos de distintos signos. Por un lado, la represión policial ha escalado y hasta el momento 32 jóvenes venezolanos han perdido la vida y más de 700 han resultado lesionados. Desde luego estas estadísticas son las oficiales. Es lógico presumir que las bajas, heridos y detenidos alcanzan cifras por encima de las reportadas por agencias gubernamentales. Por otro lado, se han producidos saqueos sin que las fuerzas de seguridad hayan intervenidos para impedir su realización. En fin, la situación política y social del país tiende a deteriorarse a pasos acelerados.
En marco de estas circunstancias, el gobierno ha diseñado una repuesta política que supone le permitiría un “reencuadre” de su narrativa para ajustarla a las circunstancias de este momento político. Me refiero a su propuesta de convocar a una constituyente y utilizarla como una alternativa a la violencia que se supone promueve los sectores democráticos. Voy a detenerme en este punto e intentar explicar las debilidades jurídicas y narrativas de esta iniciativa del oficialismo.
En principio, como ha sido advertido por reconocidos constitucionalistas, esta decisión adolece de los requisitos para poder ser considerada como una oferta de naturaleza constituyente. En principio, el Presidente puede tomar la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Sin embargo, el único que puede convocar a una constituyente es el pueblo y, en consecuencia, habría que someter a referendo la propuesta para que sea el poder originario (pueblo) el que decida si apoya la instalación de la Constituyente. Y este requisito es el que precisamente quiere evitar el gobierno. De ahí el carácter comunal de esta espuria convocatoria.
Esta Constituyente “comunal” estaría integrada por organizaciones sociales controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De sus 500 miembros, la mitad sería designada por obreros, estudiante, campesinos y otros sectores, quienes escogerían entre ellos sus representantes. En un artículo publicado en el portal Prodavinci, el abogado José Ignacio Hernández razonó sobre este particular en los términos siguientes: “Esa selección podrá ser ‘directa’, pero en modo alguno es una elección consecuencia del derecho constitucional al voto, ni mucho menos, consecuencia del derecho de todo ciudadano a optar a cargos de elección popular”. En fin, el gobierno orienta sus pasos hacia la instauración de un régimen de naturaleza corporativa a la usanza del fascismo italiano de la década de los años veinte.
Esta iniciativa va acompañada, igualmente, con el diseño de una narrativa que intenta escindir el ámbito de la política en opciones mutuamente excluyentes: constituyente o violencia. El oficialismo, desde luego, intenta revivir un esquema narrativo que en el pasado tuvo un relativo éxito. Sin embargo este ensayo, a mi juicio, se encuentra agotado.
La comunicación política tiene una expresión que conceptualiza este desgaste y su pérdida de capacidad explicativa y aglutinadora de identidades: cronificacion. ¿Qué implica esta característica? En términos sencillos significa que el relato muta hacia una retórica habitada solo por repeticiones y estereotipos, reiterando fórmulas que se transforman en etiquetas y que pierden conexión con la realidad mutante de la política.
El discurso bolivariano, sin lugar a dudas, se ha rutinizado y perdido la potencialidad interpelativa que lo caracterizaba en el pasado. La propuesta constituyente es una narrativa que intenta superar estas carencias y salir al paso a una situación política y social adversa al gobierno.
Por otro lado, esta situación permite la emergencia de “contrarrelatos”. A mi juicio, el punto de partida de esta nueva narrativa debería ser la épica y heroicidad mostrada por la población en las distintas marchas acaecidas a lo largo de estos últimos treinta días.
Los sectores democráticos tienen ante sí una oportunidad histórica para desplazar la narrativa bolivariana y remplazarla por una democrática y constitucionalista. La épica ciudadana debería ser su punto de partida.
En fin, en las “calles” se está fraguando una nueva versión de la democracia.
No tengo dudas, la política es así.
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