Insistir en la calle

Nelson Acosta Espinoza

Amigo lector la situación conflictiva en el país, lejos de reducirse, tiende a profundizarse. Lo he expresado en escritos anteriores. El oficialismo huye hacia adelante y ahonda sus mecanismos represivos. La semana pasada, a través de la Sala Constitucional de TSJ, el gobierno despojo de su condición de legisladora a María Corina Machado. Le aplicó lo que se conoce en el ambiente doctrinario como "derecho penal del enemigo” que no es otra cosa que un ejercicio del derecho al margen del estado de derecho. La Conferencia Episcopal, por su parte, ha responsabilizado al gobierno por las protestas al intentar imponer el Plan de la Patria “detrás del cual se esconde la promoción de un gobierno de corte totalitario”.

No hay dudas, la cúpula dirigente del socialismo del siglo XXI ha ratificado su política de desconocimiento de la voluntad popular. Enzo Scarano, Daniel Ceballos y, ahora, María Corina Machado son casos que ilustran esta práctica. Otros alcaldes de la oposición están siendo sometidos a esta amenaza de desconocimiento de la voluntad popular que los eligió a través del voto. Se pretende doblegar sus posiciones democráticas con el propósito de achicar el campo para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

En este contexto sería válido preguntarse sobre la posibilidad de éxito que podría tener una estrategia diseñada para implementar mecanismos de diálogo entre las partes en conflicto. En otras palabras, hoy en día ¿es posible el diálogo? Me parece que la repuesta a esta interrogante la proporcionan los acontecimientos del día a día. El gobierno lejos de abrir, mediante acciones políticas razonables y serias, los caminos para el entendimiento persiste en su rol de contendiente: portador de un discurso agresivo, desconocedor de los actores que le hacen oposición e instigador de violaciones al orden constitucional del país.

Me voy a permitir señalar algunas condiciones normativas que deberían orientar un diálogo de carácter democrático. Primero, respetar y fortalecer la institucionalidad democrática y operar con una mirada sistémica de la problemática en cuestión; su objetivo no es intercambiar información, sino transformar, a través del diálogo, el escenario donde se desplazan los actores en conflicto. En fin, debe verse como una herramienta de cambio y de formación de consensos básicos que permitan el equilibrio de poderes en la sociedad. Para alcanzar este objetivo tendría que abrir nuevos canales de acceso y de participación ciudadana.

Desde luego, las señaladas en el párrafo anterior, son condiciones ideales. En las actuales circunstancias su aplicación se enfrenta a innumerables escollos y dificultades. Una apertura, que pudiera conducir a un diálogo sincero y democrático implicaría, por ejemplo, la satisfacción de las demandas exigidas por el movimiento estudiantil y la sociedad civil en general: libertad de los estudiantes presos, castigo a los responsables de los excesos policiales, cese de la persecución a líderes de la oposición y libertad a los presos políticos (López, Scarano, Ceballos y Simonovis). Estas son condiciones indispensables para iniciar conversaciones conducentes a la instalación de una mesa de diálogo y paz.

El diálogo, igualmente, debe pensarse como un instrumento de contención donde los actores de la oposición y del gobierno puedan interactuar con confianza y respeto. Su objetivo estratégico seria alcanzar consensos que permitan obtener tasas de gobernabilidad a futuro.

La duda, brota a flor de piel: ¿existen las condiciones políticas que faciliten alcanzar consensos de esta naturaleza? Mi respuesta no es optimista. Soy de la opinión que es necesario insistir en la calle. Es necesario doblegar la voluntad gubernamental para alcanzar un diálogo democrático sincero.