sábado, 2 de febrero de 2019

GRUPO DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO (GPU) Y LA TRANSICION POLITICA. RESPALDO A LA AN Y AL PRESIDENTE INTERINO.


 

El Grupo de Pensamiento Universitario (GPU), espacio que reúne a profesores en el debate plural de ideas, como contribución ala investigación y la docencia, ya la función rectora que la Ley prevé para las Universidades, actuando en nuestra condición de ciudadanos, en ejercicio del derecho a manifestar nuestra opinión y en cumplimiento de los artículos 2 y 3 de la Ley de Universidades, tomando en consideración la situación de crisis que hoy vive Venezuela, en los ámbitos social, económico y político; en el marco de una conflictividad sin precedentes que ha horadado la necesaria cohesión social, y especialmente ante la actual confrontación en el ejercicio del poder público; hacemos la siguiente declaración pública:

La crisis, expresada en la destrucción de la economía y la infraestructura, y en el deterioro de las condiciones de vida del venezolano, es consecuencia del desarrollo de un proyecto político que privilegia sus intereses corporativos en detrimento del ejercicio de los derechos democráticos. Siendo que, en lo que va de siglo, el rentismo se ha exacerbado con la consolidación de un Estado patrimonialista, prebendario, nepótico y corrupto, de corte militarista y autoritario, al extremo (paradójico) de crear las condiciones para el agotamiento del modelo rentista. Lo que ha derivado en una crisis de gobernabilidad que afecta hasta la sostenibilidad del régimen mismo, con el agravante de la conexión práctica del régimen con sectores de dudosa legalidad fuertemente cuestionados por la comunidad internacional.

A su vez, el deterioro producido por la crisis ha conducido a una inmensa diáspora, motivada por la búsqueda desesperada de mejores condiciones de vida. Proceso de migración masiva que incide de manera preocupante en la situación de países vecinos, afectados por ella. Lo que, en términos de globalidad, convierte el caso venezolano en una importante preocupación para la comunidad internacional.

En tales condiciones, y en vista de la actuación de la Asamblea Nacional (AN), único órgano del poder público que goza de legitimidad, declarando la inexistencia de Presidente electo, por lo cual se hacía imposible la realización del debido acto de juramentación. Y siendo que el ciudadano Nicolás Maduro decidió usurpar el cargo de Presidente de la República, juramentándose ante un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también ilegítimo, considerándose electo en acto írrito realizado el 20 de mayo de 2018, el cual fue convocado por la igualmente ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en el marco de una ruptura de las reglas del juego democrático, la que se expresaen una constante y progresiva violación de la Constitución, desarrollando un paralelismo institucional y estatal que ha derivado en la conformación de un gobierno de facto, paralelo al legítimo que se ha constituido como interino, lo que consolidaun golpe de Estado que venía desarrollándose desde que el Ejecutivo Nacional y el TSJ desconocieron a la AN, quebrantando el necesario equilibrio entre los órganos del poder público. Teniendo en cuenta que ese acto de usurpación implica la ineficacia de la autoridad usurpada y la nulidad de sus actos (art. 138 de la Constitución), declaramos públicamente nuestro respaldo a la Asamblea Nacional y su Directiva encabezada por el Diputado Juan Guaidó.

También reconocemos y respaldamos que, en aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, se hayan asumido interinamente las competencias que corresponden al Presidente de la República, mientras se realizan elecciones libres y democráticas para escoger un nuevo Presidente, quien asumirá el cargo por el resto del periodo constitucional. Interinato que, por las circunstancias del momento político, no durará el tiempo señalado en el artículo 233, aunque será lo más breve posible.

Asimismo, consideramos que el proceso de transición, que se inicia de conformidad con los artículos constitucionales antes señalados, deberá realizarse con el propósito de rescatar la república democrática y emprender la reconstrucción del país en lo económico, social e institucional; atendiendo al desarrollo del denominado Plan País, proyecto que ha de buscar la construcción de una nueva Venezuela, sin restablecer el modelo de la segunda mitad del siglo pasado, pero tomando lo bueno de las experiencias vividas. Proceso que debe incluir la necesaria reconciliación de los venezolanos, para superar los efectos de la conflictividad y emprender la búsqueda de la necesaria seguridad para el bienestar general, sin obviar la nueva correlación de factores en torno aldesarrollo de ese proyecto. Razón por la que tambiéndeclaramos nuestro respaldo a la Asamblea Nacional en la definición de la ruta para la transición con tres fases: 1) cese de la usurpación, 2) gobierno de transición y 3) elecciones libres, las que pudieran desarrollarse sin seguir un orden estricto, debido a las circunstancias del momento político y a posibles acuerdos. Siendo que el desarrollo de esa ruta descansa en la ciudadanía como pilar fundamental para la recuperación de la institucionalidad, el restablecimiento del orden constitucional y del estado de derecho. Lo que requerirá el acercamiento sectores diferentes y cierto grado de consenso, y de allí la importancia, en esta fase, de la ley de amnistía como instrumento para esa reconciliación.

Igualmente, consideramos importante destacar la modalidad asumida para la toma de decisiones en esta coyuntura, impulsando y motivando la participación ciudadana con la convocatoria de los cabildos abiertos, como expresión de asamblea ciudadana, acompañada de una diversidad de movilizaciones y el desarrollo de instancias de discusión vecinal, lo que fortalece el liderazgo de la AN en la conducción del proceso político de transición, y contribuirá al restablecimiento de la cohesión social. Y no hay que olvidar que restablecer el Estado de derecho implica rescatar el respeto de los derechos fundamentales, lo que incluye los derechos políticos.

Finalmente, y en consideración a la obligación institucional que tenemos las Universidades de “…colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales” (artículo 2 de la Ley de Universidades), manifestamos nuestra disposición, como parte de la institución universitaria, a contribuir en la orientación del necesario proceso de reconstrucción del país que ha de iniciarse en esta fase de transición y que habrá de continuar durante el periodo presidencial. Contribución que se haría desde la Universidad y con los órganos que lo requieran.



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