martes, 17 de julio de 2018

EL GRUPO DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO (GPU) ANTE LAS AGRESIONES DE LA QUE HA SIDO OBJETO NUESTRA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

 

 A cien años del manifiesto de Córdova, la frase“La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de Ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla” es un indicio rector del grito de la Universidad frente a la injusticia, al desaliento, al deterioro de las condiciones de vida, a la merma en la protección de los derechos de ciudadanía.

El himno de nuestra casa de estudios, la Universidad de Carabobo,“Jubiloso a la sombra del canto, defenderte sabrá nuestro honor, como escudos: el pecho y el brazo, cual banderas: la mente y la voz”… indica inexorablemente la frontera entre el pensamiento, la producción de conocimientos, la libertad y la autonomía en relación al Estado en su vocación de control y tutelaje de las instituciones universitarias. A cien años del Manifiesto de Córdoba, los argumentos que fundamentan la necesidad permanente de la reforma universitaria siguen vigentes.

Las conquistas históricas de las universidades, tales como cogobierno de estudiantes, profesores y graduados con facultades para elegir al rector y demás autoridades, gratuidad, concursos de oposición, asistencia social a los estudiantes y extensión universitaria, pretenden ser menoscabadas por el gobierno, incluidos losprincipios autonómicos concebidos en el texto constitucional como principios indelegables. En la práctica se viola de una manera sistemática, bien con el ahogamiento financiero y la centralización en la toma de decisiones o por el establecimiento de un paralelismo entre lo público universitario e instituciones subordinadas a las políticas autoritarias, de contenido corporativo y de pensamiento único, que practica y pregona el gobierno nacional.

El desastre de la política económica del gobierno que se resume en una espantosa hiperinflación, así como en la ausencia de políticas públicasque permitan generar los espacios de trabajo con calidad y pertinencia social, son parte de los requerimientos necesarios para sentar las bases de una recuperación sostenible en la universidad, sin abandonar sus principios rectores, sustentados en la autonomía y la libertad académica.

Esta situación de inmensas dificultades que la hacen inviable, se ha venido denunciando reiteradamente en los últimos años.El producto de estas políticas de acorralamiento y de asfixia a las instituciones universitarias, resultan en el agotamiento de sufuncionamiento, haciéndolas insostenibles desde el punto de vista financiero y presupuestario para cumplir con su función rectora, reduciendo su margen de actuación a una suerte de cierre técnico.

Es claro y manifiesto el clima de zozobra e incertidumbre que rodea la existencia de nuestras instituciones universitarias, evidenciado en indicadores de disminución de la calidad de vida de sus integrantes, por el deterioro de sus servicios básicos (salud, transporte, apoyo tecnológico, bibliotecas y comedor entre otros) resultado de la ausencia de recursos financieros, presupuestarios y un abandono sistemático y acelerado por parte del Estado. Adicionalmente se evidencia una precarización de la calidad del empleo y pulverización del salario, determinado por la violación sistemática de los acuerdos laborales, con índices alarmantes de rotación de personas, que ha mermado la capacidad de atención a nuestros estudiantes y la fuga de cerebros, que hace peligrar sus funciones de docencia, investigación y extensión.

Así mismo la Universidad, al igual que el país, observa y denuncia permanentemente como sus espacios de trabajo se ven vulnerados por la existencia de un asalto creciente y preocupante por parte de una delincuencia que técnicamente ha vaciado de operatividad y funcionamiento sus espacios vitales, aunado a una inseguridad creciente, a un abandono de la guarda y custodia de los bienes públicos y de la seguridad pública, responsabilidad del Estado y sus órganos competentes, colaborando con la impunidad generalizada, caldo de cultivo de la delincuencia.

De la misma manera, el sector universitario ha trabajado permanentemente en la activación de sus resortes internos para ampliar el ejerciciodemocrático, con un esfuerzo sostenido por flexibilizar sus estructuras, que posibilite legitima y legalmente desarrollar sus fuerzas de producción de conocimientos y convertirla en un espacio que permita abrir sus fronteras a la internacionalización y transferir su arsenal tecnológico y científico en pro del desarrollo nacional.

La respuesta a tales requerimientos, ha sido por parte del estado más control sin direccionalidad, ahogo sistemático a su voluntad de cambio, con un discurso público de descrédito de la misma, al tiempo de señalarle acciones golpistas, de desestabilización del régimen.

La universidad, como espacio de la conciencia crítica de la sociedad, en su rol rector de la vida pública, no entrega ni enajena su función histórica de elevación de la conciencia nacional y se niega, por principios y doctrina, a ser apéndice de políticas públicas contrarias a la voluntad democrática, al ejercicio de la tolerancia, del respeto a las diferencias, al tiempo que demanda abrir los espacios al dialogo constructivo por una Venezuela de oportunidades y de desarrollo sostenible.

Ese rol no se negocia. La universidad es y será el espacio de defensa de la integridad social, cultural y emocional de los venezolanos. Es el espacio natural en pro de la defensa de los derechos humanos.

La agresión a nuestra institución en la persona de la Rectora Jessy Divo no es un hecho casual. Expresa una política de estado diseñada a golpear a una de las pocas instituciones que aún posee independencia de criterio. Esta autonomía en el plano de las ideas, como ya ha sido señalado, es incompatible con la vocación autoritaria del régimen.

La universidad democrática, popular y gratuita, en la que se estudia y reflexiona sobre los problemas del país, con posturas críticas acerca de su funcionamiento, en la que se debate, se cuestiona y se proponen salidas a la grave crisis de institucionalidad que vive la república, es el espacio de convergencia en el que se practican los principios de ciudadanía comprometida, de solidaridad y justicia social, valores que dibujan el marco de nuestras actuaciones, en defensa de las acciones deliberadamente dirigidas por el Estado, tendentes a menoscabar el espíritu crítico y valiente de nuestra comunidad.

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