Nelson Acosta Espinoza
Bien, contra toda predicción, pareciera que se harán realidad las elecciones regionales para la escogencia de gobernadores y, en un futuro próximo, la de alcaldes. Una decisión de esta naturaleza exige meditar sobre sus objetivos y alcances. Como mínimo, preguntarse las razones que privan para que el gobierno permita la realización de estos comicios. Indagación sensata habida cuenta que el oficialismo, en condiciones normales, saldría derrotado en la mayoría de estas votaciones regionales. Igualmente, parece imperativo examinar cual debe ser la conducta apropiada de la oposición frente a estas circunstancias.
En principio todos los estudios de naturaleza electoral otorgan a la oposición una posición ventajosa. En circunstancias adversas estos pronósticos señalan que la oposición obtendría entre 13 y 21 gobernaciones. Desde luego, si estos comicios se llevarán a cabo en forma correcta y sin fraude. Los efectos de unos resultados de este calado serian desastrosos para el gobierno. Ilustraría, por ejemplo, el carácter fraudulento de la elección de ANC y erosionaría en forma contundente su legitimidad.
No es tarea fácil predecir la conducta del madurismo en estas circunstancias electorales. Máxime cuando estos comicios tomarán cuerpo en condiciones socios económicas cada día más desastrosas. Sería lógico presumir que con el control de las Consejos Legislativos Estadales y el de las asignaciones presupuestarias intentarán reducir a su mínima expresión la gestión de las gobernaciones opositoras. El caso del alcalde metropolitano Antonio Ledezma ilustra claramente el camino probable que tomará el gobierno.
En el marco de estas circunstancias ¿cuál debe ser la conducta electoral apropiada de la oposición? ¿Debe asumir estas elecciones en la forma convencional acostumbrada en estos acontecimientos? ¿Es electoral o Político el sentido de estos comicios? ¿Podría constituir una oportunidad para hacer conocer a la población el proyecto alternativo al chavismo?
En principio es importante subrayar que esta participación electoral no debe verse como contraria de la lucha por la restauración del Orden Constitucional. Por el contrario, la electoral debe implicar presión por la restauración del estado de derecho. Y, desde luego, en su agenda debería incluir la reivindicaciones socio económicas de toda la población.
En otro ángulo, estos comicios pudieran asumirse como una vía de comunicar a la población algunas propuestas alternativas a las que han estado vigentes en este lapso del socialismo del siglo XXI. Me refiero a iniciativas que apunten a recuperar el carácter federal de la república. Sé que suena lejana y abstracta una oferta de esta naturaleza. Sin embargo, creo que la misma pudiera condensar las reivindicaciones sociales, políticas y económicas de la población en sus respectivas regiones. Igualmente, dotaría a estos comicios de una dimensión doctrinaria alternativa a la que ha estado vigente en las últimas décadas.
Una consigna como “trabajo aquí, produzco aquí. Mis impuestos se queda aquí”. Proporcionaría una nueva dimensión a la contienda electoral y pondría contra las cuerdas a este estado centralizador y autoritario. Desde luego, este es un ejemplo con la finalidad de ilustrar la idea descentralizadora.
Contra una opción de esta naturaleza conspiran hábitos electoralistas cultivados a lo largo de los años de democracia. Sin embargo, en esta oportunidad, esas “costumbres” (programas de gobierno, por ejemplo) carecen de eficacia. La coyuntura exige otro tipo de planteamientos. En otras palabras hay que intentar comunicar, más allá del mercadeo electoral, la idea de país y estado que deberían expresar los candidatos.
Parece oportuno hacer el siguiente señalamiento. Estamos ante la necesidad de construir una dirección política que proporcione una nueva alineación a la lucha que ha asumido la ciudadanía. De lo contrario, desafortunadamente, corremos el riego de reforzar lo ya existente.
Sin dudas, la política es así.
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