Ramón J. Velasquez, quien fuera Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado |
Nelson Acosta Espinoza
La reforma del estado no ha sido parte de la agenda pública por dos décadas y media. Sólo a finales de los años ochenta la reflexión sobre la necesidad de acometer cambios importantes adquirió una intensidad inusitada. En 1984 se nombró la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado que produjo numerosos análisis, estudios y propuestas que lograron suscitar consenso en la opinión pública nacional. Sin embargo, estos no fueron implementados debido a la incomprensión del liderazgo político nacional de la época acerca de la profundidad y agotamiento del sistema político democrático.
Es importante destacar la organización y realización de dos eventos cruciales sobre este tema, ambos llevados a cabo en 1985. Uno, en la ciudad de Maracaibo, denominado I Asamblea Nacional para la Reforma del Estado; y el otro, celebrado en Valencia bajo el nombre de Simposio Nacional. La reforma del Estado, la Región y los Nuevos Actores Políticos. En ambos eventos participaron representantes del sector privado, la clase política nacional, gremios, asociaciones, el sector gubernamental y universitario. Se logró generar un consenso sobre la necesidad de llevar a cabo reformas que impulsaran nuestra democracia hacia formas de organización y participación que promovieran una mejor y más eficiente distribución del poder.
Sin embargo, los sucesos posteriores mostraron la poca voluntad de la dirigencia política para embarcarse en la propulsión de cambios que permitieran superar la crisis del sistema democrático. En 1999 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que adoptó una nueva Constitución que contiene importantes reformas institucionales. Estas modificaciones no cuajaron en la propuesta de Reforma del Estado que exigía la democracia venezolana. La constituyente fue utilizada para “constitucionalizar el autoritarismo” y echar las bases de la construcción del llamado Estado Comunal.
Estamos frente a una situación político-electoral definitoria para el futuro del país. A pesar de esta circunstancia, la reforma del estado no ha sido incorporada al debate electoral. Puede resultar comprensible la dificultad que pudiera presentar este tema para su tratamiento publicitario. Se requiere de imaginación y formación política. Hay argumentos, sin duda, insoslayables. Por ejemplo: las relaciones de la sociedad y el estado; el ejercicio de la soberanía por el pueblo; el régimen de derechos y deberes ciudadanos; distribución territorial del poder público; estructuración federal del Estado, etc.
Parece apropiado preguntarse ¿después de las elecciones, qué? En otras palabras, un triunfo electoral no bastaría. Habría que refrendarlo con la capitulación discursiva del adversario y el desplazamiento de conceptos obsoletos que todavía informan prácticas políticas de la oposición. Un antagonismo marca el futuro de nuestra vida republicana: por un lado, la visión que postula la centralización del Estado y un enfoque autoritario de la política; por el otro, la opción que predica la necesidad de distribuir el poder y apostar por un federalismo descentralizado. Esta dinámica proporciona el marco dentro del cual se producirán los desplazamientos en la búsqueda de nuevas formas de ejercer la política que sustituyan las que han prevalecido en nuestro pasado reciente.
La coyuntura política ofrece una oportunidad para ubicar este tema en la agenda política y electoral. Es indispensable incentivar esta discusión y llevarla a la consideración de los actores colectivos, públicos y privados. Dignifiquemos la voluntad ciudadana y evitemos otra frustración de carácter histórico.
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