sábado, 8 de octubre de 2016

La MUD debe rectificar



Humberto García Larralde


Es esta la primera vez que critico abiertamente a la MUD. Me motiva la convicción de que la aceptación de las condiciones para la realización del Revocatorio impuestas por las cuatro rectoras del CNE, aun exigiendo que el 20% de la recolección de firmas sólo puede contabilizarse a nivel nacional por ser éste el circuito electoral pertinente, fue un error.



El intento perverso de la mayoría del CNE por imposibilitar el Referendo Revocatorio en 2016 ha colocado abiertamente al régimen fuera del camino democrático, al violentar todos los procedimientos establecidos para su puesta en vigencia y ultrajar de manera descarada la voluntad popular. Ante esto, la MUD no puede responder como si existiesen reglas de juego propias de una contienda democrática. Tiene que entender que la naturaleza del régimen al que nos enfrentamos es fascista y, como muestra esta decisión, no aceptará ningún convenimiento que amenace su control del poder. Las mafias que se han enquistado en las estructura del Estado han demostrado no tener ningún recato ético, moral, legal o humanitario para atropellar la Constitución y negar los derechos políticos, civiles y humanos ahí consagrados. La decisión de las cuatro señoras del CNE es sólo la gota que reboza el vaso.



El fascismo Madurista tiene 9 meses desautorizando a la Asamblea Nacional con marramucias aprobadas por un tsj absolutamente ilegítimo por no reunir las condiciones básicas que pauta el ordenamiento jurídico para designar a sus miembros. Ambos organismos –tsj y CNE- han mostrado estar conducidos por grupos delincuenciales, al margen de la ley. De manera sistemática se ha vulnerado el Estado de Derecho al ignorar las atribuciones del Poder Legislativo para aprobar leyes, interpelar a funcionarios públicos, evaluar el desempeño de las instituciones del Estado, pedir rendición de cuentas, aprobar el presupuesto nacional y los créditos adicionales, y demás atribuciones que le confiere la ley. Maduro ha convertido a un “estado de emergencia” tramposamente decretado en desafío de las potestades que le confiere la Carta Magna a la Cámara para improbarlo, en patente de corso para continuar con sus atropellos a la cosa pública. Ahora asoma, en esta delictiva campaña, la amenaza de hacerse aprobar un presupuesto para el año 2017 a espaldas del órgano legislativo. Y para acallar protestas, utiliza a los esbirros del SEBIN para desatar una campaña de terror contra militantes y personeros de la oposición, montándoles expedientes fabricados para poderlos condenar, violando derechos humanos fundamentales.



Estamos presenciando un claro golpe de Estado perpetuado por la oligarquía en el poder para liquidar la democracia y las instituciones republicanas. No hay reglas de juego que está dispuesta a aceptar. Son poderosísimos intereses que se están lucrando desaforadamente a expensas del sufrimiento popular, que hará todo cuanto esté a su alcance para preservar el poder. Y ha puesto flagrantemente sus cartas sobre la mesa para enrostrárnoslo.



La mafia fascista dominante no cambiará su actitud por la legalidad, razonabilidad y/o justeza de nuestros planteamientos, sino por la existencia de una correlación de fuerzas lo suficientemente decisiva para obligarla a ceder. La MUD venía logrando, acertadamente, acumular fuerzas contra el régimen al capitalizar el descontento popular y conectarlo con la expectativa de plasmar el ansiado cambio por la vía del RR. Pero con la decisión del miércoles pasado, el terreno de lucha ya no es solo el RR sino la vigencia misma de la Constitución y de las formas republicanas de gobierno.



Levantar las banderas de la defensa de la Constitución tiene que repercutir en el plano militar, único bastión al que apuestan Maduro y su banda para evitar su salida del poder, en ausencia de legitimidad y de apoyo popular. Debería tocar las fibras de los oficiales institucionales preocupados por el destino de la República, hastiados de la situación actual y conscientes de su papel histórico como resguardo, en última instancia, del ordenamiento jurídico que le sirve de sustento. Tal posicionamiento tiene que ser lo suficientemente contundente para mostrarle de manera harto convincente a la minoría de oficiales corruptos que Maduro (y los cubanos) ha encumbrado para hacer de ellos cómplices del desguace nacional, que la voluntad popular está resueltamente volcada a la defensa de sus derechos.



No pueden aceptarse las decisiones del CNE ni las del tsj, tomadas en franca y abierta violación de la Constitución. No es el momento para disquisiciones sobre el derecho electoral; tales dictámenes deben ser simple y llanamente desconocidos. Son anti constitucionales, ilegales e ilegítimos, punto. Pero ello no puede quedarse en un mero pronunciamiento. Tiene que acompañarse de movilizaciones, protestas y acciones que conecten con las penurias por las que atraviesa la población. Tiene que repercutir también a nivel internacional, comprometiendo a la OEA y a otras instancias internacionales con la defensa de la Republica y de sus formas democráticas de gobierno en Venezuela.



Como dijo la MUD hoy, las fuerzas democráticas no aceptarán ninguna decisión que contraríe la Constitución y que impida cumplir con el derecho legítimo de revocar el peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia. Pero ello significa dotar al evento validador de las cuatro millones de firmas de las condiciones requeridas para que en él pueda expresarse de manera libérrima la voluntad soberana. Esto tiene que ser parte de las exigencias irrevocables de la MUD. Porque está cantado que este CNE hará todo lo posible para evitar que ello ocurra este año, como lo revelan el escuálido número de máquinas digitales asignadas y el horario restringido que se quiere imponer –aunado a los previsibles actos de saboteo de las bandas fascistas y la posterior revisión a cuentagotas por parte de la propia banda de las cuatro para “validar” las firmas y autorizar el acto comicial del referendo. Y si pueden aparentar, con las trampas a que nos tienen acostumbrados, que no se recogió el 20% de las firmas, simplemente no habrá RR. Ese es un peine en el que no se puede caer.



Los costos de toda demora en la instrumentación de una salida eficaz crecen día a día: hambre, muertes evitables por no conseguir tratamiento o medicinas, violencia, represión, violación del Estado de Derecho. El gran desafió del liderazgo democrático es saber imbricar la defensa de la democracia y de la República, y la realización este año del RR, con las luchas por enfrentar las penurias antes descritas. Y para ello no puede quedar al margen la propuesta de un nuevo proyecto de país que las pueda articular. No puede ser, simplemente, quítate tú para ponerme yo.



 El fascismo, desesperado ante su notoria debilidad, ha tirado la parada. La respuesta del movimiento democrático debe estar a la altura de este desafío de manera de capitalizar a su favor la superioridad abrumadora de apoyo popular que tiene sobre Maduro y sus acólitos, y el compromiso asumido por ésta con el cambio de gobierno.



De aceptar el último atropello a la soberanía popular podrá entronizarse una dictadura abierta al margen de las instituciones del derecho republicano y acentuarse la gravedad de la crisis. No debe olvidarse el terrible costo que significó, para la humanidad europea, los intentos de apaciguar la amenaza nazi. ¿Se prestará la Fuerza Armada a la defenestración de la Patria defendiendo, contra el ordenamiento constitucional, a una minoría corrupta y cruel empeñada en saquear al país?

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sábado, 1 de octubre de 2016

¿Desertar del revocatorio o asumir la desobediencia civil?




 

Nelson Acosta Espinoza

Bien, amigos lectores, la situación política en el país tiende a deteriorarse en forma apresurada. Las tendencias autoritarias del oficialismo se han acentuado y mostrado con meridiana claridad su recalcada vocación anti democrática. Esta apreciación viene a cuento en relación a los obstáculos que el CNE ha impuesto para entorpecer, por decir lo menos, la recolección del 20% de firmas necesarias para convocar a referéndum en el año 2016.


A continuación voy a resaltar las dificultades más visibles que tienden a impedir recolectar con éxito las firmas requeridas. En primer lugar se encuentra la recolección del 20% por regiones. De entrada, los expertos consultados advierten la dificultad de cumplir con este requerimiento en estados como Apure y Delta Amacuro, por mencionar los más emblemáticos (peritos electorales señalan que en 8 estados la oposición tendría dificultades para cumplir con este requisito). En otras palabras, si la MUD no logra este 20% en una sola de las 24 entidades del país, esta solicitud seria anulada. Desde luego, esta medida es contraria a lo que expresa la Constitución. En su artículo 72 señala que se trata del 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción. En otras palabras, en el caso del Presidente de la Republica se establece un solo circuito nacional y no 24 regionales.


Otro  de los impedimentos para llevar a feliz término la recolección de las firmas es el tema de las maquinas. La oposición solicitud 19.500 dispositivos y el CNE dispuso tan solo 5.392 máquinas, a todas luces insuficientes para atender a los 19.500.000 electores que pueden participar en esta fase del proceso. A los problemas ya señalados, habría que agregar temas de horario restringido, fecha y ubicación de las maquinas. En fin, creo que se podría concluir que es harto difícil revocar al Presidente bajo las condiciones impuestas por el CNE.


En estas circunstancias cual es la conducta apropiada para el sector democrático. ¿Desertar del revocatorio? ¿No asistir a la convocatoria? La MUD ha dado respuestas estas interrogantes. A todo evento, ha señalado que es imprescindible participar en este acto electoral. Hay que acumular fuerzas para enfrentar al oficialismo y transformar al revocatorio en una jornada de rebelión democrática.


En otras palabras, hay que  enlazar este procedimiento con demandas de naturaleza social y política. Por ejemplo, la decisión de la MUD de no acatar el 20% de las firmas por regiones, debería asumirse como una medida de desobediencia civil. Esta rebeldía democrática puede extenderse a otros ámbitos de la vida pública en el país. Hay ejemplos históricos que señalan como “una chispa puede encender la pradera”. Para alcanzar este objetivo (encender la pradera) es indispensable asumir que el revocatorio no es un simple trámite electoral. Hay que dotarlo de significación política y social y, ello pasa, por comprender que este procedimiento pertenece a la ciudadanía. Y, en consecuencia, se encuentra más allá de la MUD.


Me atrevería a señalar que estamos ante una extraordinaria oportunidad histórica. Si se comprende estas nuevas circunstancias y se diseña la política apropiada se estaría dando la batalla final para salir de este régimen. Los obstáculos para evitar el referéndum pueden transformarse en ventajas en la medida que articulemos esta solicitud con demandas de naturaleza social. La población padece hambre, inseguridad, enfermedad por carencia de medicamentos, violencia, etc. Es indispensable, entonces, superar los límites estrictamente electorales y dotar al referéndum de una significación social y política.


En fin, el liderazgo democrático se encuentra frente un gran desafío. Brevemente podría resumirse de la forma siguiente: asumir la defensa de la democracia, dar respuestas a las demandas sociales de la población y condesar estos requerimientos en el procedimiento del RR.


Sin dudas, la política, en estas horas, es así.








Colombia debe dar una oportunidad a la paz



Henrique Fernando Cardozo y Ricardo Lagos*                                   

 


Por primera vez en 52 años, una niña nació en una Colombia en paz. Vino al mundo el 26 de septiembre, minutos después haberse firmado el histórico Acuerdo de Paz. Este es un logro impresionante, porque, después de todo, la vida de cada colombiano vivo ha estado marcada por una guerra de medio siglo. El camino para llegar al acuerdo estuvo lleno de dificultades y lo que viene para el país en orden de asegurar la consecuente paz, será aún más desafiante.

Un reto grande se avecina rápidamente. Los colombianos tendrán que acudir a las urnas para ratificar, en el plebiscito del próximo 2 de octubre, el acuerdo, al que no fue nada fácil llegar. Y aunque tiene algunos defectos –no hay tal cosa como un acuerdo perfecto-, este es, de lejos, el mejor al que se ha llegado con la guerrilla más grande -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP-. Pondría fin definitivo al último gran conflicto armado de América Latina.

Lo que está en juego es mucho más que el regreso a la guerra. El acuerdo de paz incluye grandes reformas e inversiones y podría mejorar la calidad de vida de la mayoría de los colombianos, especialmente los más pobres en las zonas rurales. No sólo reclama reformas agrarias: ofrece, además, un nuevo enfoque para abordar el problema de las drogas ilícitas, incluyendo el restablecimiento de la autoridad gubernamental en áreas antes controladas por las FARC.

Es comprensible que los colombianos tengan prevenciones frente a concesiones a las FARC. Después de todo, más de 220.000 soldados, guerrilleros y civiles han muerto en los combates, y casi siete millones de colombianos han sido desplazados de sus hogares durante el último medio siglo. Existen preocupaciones reales acerca de si la guerrilla entregará todas sus armas con o sin supervisión de la ONU. Tienen motivos para ser cautelosos, este camino lo han recorrido antes.

Podría decirse que la cuestión más delicada tiene que ver con el tema de cómo tratar los crímenes de guerra. Según los términos del Acuerdo de Paz, aquellos que admitan las atrocidades más graves, incluidas las ejecuciones, recibirán penas reducidas de solo cinco a ocho años, con la obligación de prestar servicio comunitario. Y a aquellos implicados en delitos menos graves –como el tráfico de drogas- se les concederá amnistía. Muchas personas sienten que esto deja libres muy fácilmente a los soldados y guerrilleros que han violado derechos.

El tema de la adjudicación de responsabilidad por crímenes de guerra suele ser una de las partes más difíciles en un proceso de paz. Los críticos a menudo presentan el tema como una elección entre paz o justicia. Esa es una falsa dicotomía. Colombia puede lograr ambos. Si las autoridades implementan el acuerdo de paz con cuidado, deberán ser capaces de conciliar los intereses y las necesidades legítimas de las víctimas, con los requerimientos legales de hacer que los criminales respondan por sus delitos.

El coraje y la convicción de los líderes de Colombia no tienen paralelo en la historia reciente. Las negociaciones en La Habana, que empezaron en el 2012, fueron tensas y agotadoras. Sin embargo, los equipos negociadores sacaron el proceso adelante. A todo lo largo del proceso fueron desafiados por un coro de voces hostiles y una creciente polarización en todo el país.
Es por supuesto el pueblo colombiano, incluyendo víctimas y sobrevivientes, el que debe ser reconocido. Cuando el presidente Santos firmó el acuerdo, anunció: “Hoy es el comienzo del fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra”. Son los que han sufrido más, quienes le están dando a la siguiente generación una oportunidad que muchos ciudadanos creyeron nunca se materializaría, la oportunidad de vivir en paz.

*Fernando Henrique Cardoso es ex presidente de Brasil y Ricardo Lagos, ex presidente de Chile.
  El País 30 de septiembre 2016