Nelson Acosta
Espinoza
La situación política
en el país tiende a complicarse aún más. En realidad, este creciente enrevesamiento
alcanza a todas las instancias de la vida nacional. La nación se
dirige en forma apresurada hacia un despeñadero con consecuencias impredecibles.
Perdonen, los amigos lectores, el tono pesimista de este párrafo. Este sentimiento
proviene de los últimos acontecimientos acaecidos en la vida pública del país.
Para la Sala Constitucional de TSJ la Asamblea Nacional no existe. Esta posición ha sido corroborada con la decisión de acuerdo a la cual la aprobación del presupuesto se llevará a cabo mediante su presentación ante esta Sala. Acción que se llevó a cabo el pasado 12 de octubre.
Especialistas en
el tema han formulado diversas interrogantes sobre esta última decisión del
ejecutivo. Veamos. ¿Sobre qué criterio y procedimientos la Sala Constitucional controlará el
presupuesto? ¿Tiene esta instancia la experticia para acometer esta tarea? ¿Es válido
el presupuesto aprobado por la Sala Constitucional? Las respuestas a estas
interrogantes pueden resumirse de la manera siguiente. Primero, de acuerdo a la
constitución nacional esta aprobación carece de validez. Segundo, se trata de
un presupuesto paralelo. “Es decir de un presupuesto que no deriva de la fuerza
del Derecho, sino del conjunto de actuaciones de la Sala Constitucional y del
propio gobierno que han desconocido, jurídicamente, a la Asamblea Nacional”,
¿Qué conclusiones
políticas podemos extraer de esta última violación al ordenamiento legal del país?
Aquí nos enfrentamos ante un dilema. Pareciera que afrontamos a un régimen que
ha decidido quitarse la careta y presentar en forma visible su talante
autoritario. Lo he puesto en forma condicional porque a mi juicio es necesario
matizar esta caracterización. Después de todo, los demócratas tienen una
presencia importante en gobernaciones y alcaldías. Y, desde luego, existe una mayoría
de la población que desaprueba a este régimen.
La prueba de la disposición
de enfrentar cívicamente esta coyuntura la tendremos en la marcha convocada
para finales de este mes de octubre. Se espera que sea masiva y muestre en
forma contundente la voluntad de los ciudadanos de defender su derecho a solicitar
la convocatoria del RR este año 2016. Sin ánimo de equivocarme esta demostración
será vital y abrirá, de ser exitosa, nuevos senderos de expresión para la oposición
democrática.
Voy a finalizar
este breve escrito con una reflexión. Me parece que estamos llegando a un punto
donde sería necesario preguntarse si el antichavismo-madurismo debe seguir
siendo el único vector en la construcción
de la identidad política del sector democrático. ¿No debería la oposición, por
ejemplo, superar esta posición e interpelar a los ciudadanos con un nuevo
relato que marque distancia con los que
han sido dominantes en el país en las últimas décadas?
Entiendo que es
una interrogante que exige una respuesta un tanto compleja. Me parece que
estamos llegando al punto de intentar introducir nuevas formulaciones en la práctica
oposicionista en el país.
Estas
preocupaciones tienen su origen en la constatación del marco discursivo donde
se desenvuelve la mayoría de la oposición del país. Comparten tesis que la
realidad ha probado su inviabilidad y, por ahora, no han podido elaborar una
alternativa que de repuestas a las demandas de la población. Masa de ciudadanos que soportan la tragedia de
este socialismo del siglo XXI.
El rechazo del
modelo político actual no es suficiente. Es vital elaborar una respuesta a partir
de la cual se pueda generar una nueva identidad en los sectores populares del país.
De no trazar y caminar por esta ruta se estaría
expuesto a la tentación restauradora.
Un punto de partida
podría ser politizar el sufrimiento y dolor que sufre la inmensa mayoría de
nuestros compatriotas. Desde luego, proceso este que debería adelantarse con
nuevas claves identitarias.
Sin dudas, la política
es así.
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