Nelson Acosta
Espinoza
A los ojos de
muchos lectores, pudiera parecer exagerada la apreciación que a continuación
voy a señalar. Sin embargo, me atreveré a correr ese riesgo. Después de todo,
de eso se trata el oficio de columnista: intentar formar opinión sobre temas de
actualidad.
Bien, creo es
justo señalar que la dirección política de la oposición ha sido desbordada,
nuevamente, por las acciones de los aparatos jurídicos y electorales del
gobierno. Contrasta, por ejemplo, la celeridad del oficialismo en tomar medidas
contra el referéndum con el sentimiento de “sorpresa” que inundó a sectores de
la oposición democrática al hacerse pública esta decisión. Máxime, cuando ya se
advertía que un fallo de esa naturaleza se estaba cocinando y había sido
anunciado por representantes del gobierno.
El fraude, sin
la menor duda, estaba avisado. Veamos.
El 20%, por decisión de la Sala Electoral, debía recolectarse por estados. En
otras palabras, bastaba no alcanzar el 20% en un estado para que el CNE
suspendiera el acto electoral en todo el país. Se desconocía así la
circunscripción nacional del RR.
El punto
culminante de este proceso continuado de fraude lo constituye el anuncio por
parte de varios gobernadores del sector oficial de sentencias de tribunales
penales anulando el revocatorio. El CNE cierra, con broche de oro, esta estafa al orden constitucional al
anunciar la suspensión de RR en todo el país. Dicho en corto: la nación acaba
de presenciar un golpe de estado de nuevo cuyo: la subversión post moderna del
ordenamiento político vigente.
Ahora bien,
¿Cuáles han de ser los cursos de acción para el sector democrático de la oposición?
¿Pasar de la lucha de movimientos a la
de trincheras?
Voy a intentar
explicar esta última afirmación. La oposición democrática, a mi juicio, ha
agotado todas las vías de naturaleza institucional (guerra de movimientos) para
intentar dar una salida constitucional al conflicto político. La última vía
institucional que quedaba – el referéndum- fue suspendido mediante un fraude a las normas
constitucionales y al estado de derecho vigente en el país. En otras palabras, todos los caminos que dependen de
los Poderes Públicos, y a las cuales se ha acudido para solucionar la crisis
por la que atraviesa Venezuela, han sido cerrados.
Regresemos a la distinción entre los
dos tipos de estrategias mencionados en el párrafo anterior. Soy de la opinión
que la dirección política de la oposición debe volcarse hacia la gente y sus
necesidades. Ahí se encuentran las
“trincheras” que deben cobijar la lucha contra esta dictadura post moderna.
Son distintas, entonces, las reglas
sobre las cuales se deberá organizar las
contiendas futuras. Por un lado, hay que ir al encuentro de las necesidades de
la población. Politizar esas carencias y orientarles hacia el rechazo de los verdaderos
responsables de sus penurias: Maduro y el socialismo del siglo XXI. Y, por el otro, hay que hacer realidad el
precepto de acuerdo al cual la soberanía reside en el pueblo. Y en nombre de
esta soberanía luchar para el restablecimiento de la vigencia de la
Constitución.
Estamos ante una oportunidad de
naturaleza histórica: dotar de significación social la lucha por el
restablecimiento de la normativa constitucional. Pan y derechos se pueden
articular mutuamente. De eso de se trata la guerra de trincheras. Intentar,
desde la sociedad civil, establecer una relación de implicación entre las
luchas de naturaleza reivindicativas (salariales, salud, educativas, calidad de
vida, et,) con las de índole político (vigencia de la constitución).
Desde luego, la tarea no es fácil.
Conspira contra esta forma de lucha una cierta cultura política que hace de la
transacción un objetivo en sí mismo. Esta tendencia ha de ser derrotada. Para
ello sería necesario organizar un vasto movimiento social más allá de la MUD,
Guardando las distancias, una suerte de Frente Popular que involucre a una
diversidad de actores (universidades, sindicatos, federaciones de estudiantes,
asociaciones de vecinos, etc.).
En fin, un frente heterogéneo que
enlace la defensa del orden
constitucional y la lucha por la calidad de vida de la población.
La política, pudiera ser así.
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