MARU MORALES P
Los 25 años del golpe de Estado del 4-F, signados por
aquel “por ahora” reciben al militante oficialista –y al opositor de siempre–
con una nueva consigna: “Aquí no se habla mal de Chávez”. Signos de rechazo y
resistencia a la frase y sobre todo la orden que ella implica, han comenzado a
surgir en los debates cotidianos en el transporte público, en las redes
sociales y en portales antes oficialistas y ahora críticos del gobierno como
Aporrea.com.
“La orden es no hablar nada de las cosas muy malas que
tienen el sello del gobierno y del PSUV. Esa es la orden”, escribió en Aporrea
Amaranta Rojas. Mientras Claudio Domínguez reflexionó: “Si vemos bien, de
Chávez se viene hablando mal desde mucho antes de 1998. Así que cuesta creer
que esta situación que vivimos sea producto de eso y que la solución está en
que en ningún espacio público pueda hablarse mal de Chávez”.
Un lingüista, un constitucionalista y un politólogo
ofrecen sus visiones sobre la transformación del discurso, del modelo y del
gobierno, desde el “por ahora” de 1992 al “aquí no se habla mal de Chávez” de
2017.
¿Contra quién?
Sin dejar de mencionar que entre una y otra frase ha
habido una veintena de eslogans que describen la evolución del gobierno frente
a sus seguidores, Pedro Alemán, experto en Análisis del Discurso de la UCV,
hace una anatomía de ambas expresiones: “El ‘por ahora’ vino de un teniente que
representaba al pueblo y que se responsabilizó de sus actos frente una clase
política que no lo hacía. El ‘aquí no se habla mal’, viene del poder, no de la
base. Desde el punto de vista de los actos de habla, el ‘por ahora’ implicaba
una amenaza velada contra el poder establecido, pero al mismo tiempo una
esperanza para aquellos que comulgaban con las acciones que ocurrieron y que
pensaban ‘vendrá el que me va a redimir’. En este momento, el acto de habla que
subyace es meramente impositivo, una orden ‘o estas conmigo o atente a las
consecuencias’; ahora la amenaza es contra el pueblo, incluyendo el pueblo
chavista, y de paso no hay esperanza ninguna”.
¿Y la ley?
El constitucionalista y profesor universitario Enrique
Sánchez Falcón ve en ambas expresiones el carácter de una dirigencia que
desconoce el marco jurídico. Observa que mientras la frase de 1992 implicaba la
amenaza de volver a intentar subvertir el orden constitucional, en esta
oportunidad cercenan abiertamente los derechos humanos de expresión, opinión,
pensamiento y disentimiento.
“No hay ninguna razón jurídica o política de ningún
orden para impedir la crítica que se pueda hacer de un gobernante actual o
fallecido. Eso forma parte de la libertad de conciencia, de opinión y de
expresión. Los gobernantes son mandatarios de los ciudadanos y los ciudadanos
tienen libertad para criticarlos. En el sistema democrático la ley está por
encima de todo pero para la clase gobernante actual, el derecho es algo que se
puede apartar”, afirma.
64,5% culpa a Chávez
El politólogo y director de Venebarómetro, Edgard
Gutiérrez, revela que en la más reciente encuesta correspondiente a diciembre
de 2016, 64,5% de los consultados responsabilizó a Chávez por los problemas del
país. Afirma que “aquí no se habla mal” es una reacción a esa realidad.
“Del ‘por ahora’ pasamos por ‘¡Viva Chávez!’; ‘Todo el
poder para el pueblo’; ‘Con Chávez manda el pueblo’; ‘No volverán’; ‘¡Uh Ah,
Chávez no se va!’; ‘Socialismo del siglo 21’; ‘Lo extraordinario se vuelve
cotidiano’; ‘Chávez, corazón del pueblo’; y Chávez te lo juro mi voto es
pa’Maduro’. Así llegamos a ‘Venezuela indestructible’ y ‘aquí no se habla mal’,
en un intento de preservar lo que llaman el legado de Chávez, pero los
resultados de empobrecimiento general de toda la población le restan crédito a
ese legado y de ahí que solo 34,2% de la población exculpe a Chávez por la
crisis”, afirmó.
Gutiérrez acotó que la campaña “aquí no se habla mal”
también evidencia la fusión del partido y del Estado: “El vicepresidente del
PSUV dicta una línea por la TV del Estado y en seguida ministerios y oficinas
públicas ponen los carteles. No hay fronteras entre uno
El dato
En 1992 los comandantes golpistas dijeron que se
rebelaban en contra de “las políticas neoliberales de CAP, al inmenso atraso
social, a la corrupción en los altos mandos militares, a la subordinación de
las Fuerzas Armadas a un liderazgo político incapaz y corrupto, al uso de los
militares para reprimir al pueblo, al deterioro de las condiciones
socioeconómicas de la tropa, y al uso de la institución castrense en labores de
repartición de útiles escolares, campañas de vacunación y de arborización”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario