“La Doctrina Betancourt”

Nelson Acosta Espinoza

Bien, amigos lectores, el día miércoles pasado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con su decisión de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, ha dado un golpe de estado en el país.

Esta calificación puede ser vista como exagerada por algunos de nuestros lectores. Esta percepción, si se quiere, es comprensible. Este término, tradicionalmente, ha sido usado para calificar la toma del poder político de un modo repentino y de forma violenta por parte de un grupo de poder. En otras palabras, un coup d´Etat implica vulnerar “la legitimidad institucional en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad nacidas del sufragio y propias de un estado de derecho”. En sentido estricto, esta definición no calza totalmente con lo acontecido recientemente en el país. Entonces, ¿cómo caracterizar la decisión tomada por la Sala Constitucional?

Me voy a permitir un breve ejercicio teórico antes de responder a esta interrogante. Las dictaduras militares que surgieron de los golpes de estado en la década de los cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado en América Latina eran expresiones de una ausencia de modernidad en el ámbito político. Se producían en países que, por múltiples razones, no habían podido acceder a la modernidad democrática y eran presas de la tentación populista.

Nuestro país, por el contrario, desde el inicio de la década de los sesenta había accedido a esa modernidad y constituía un baluarte democrático en el concierto de los países de la región. Esa cultura política enfrentó el golpe de estado que intentó Hugo Chávez y ha puesto obstáculos a la vocación autoritaria del actual gobierno. Véase, por ejemplo, el fallido referéndum revocatorio y el miedo mortal que sacude al régimen en relación a las venideras elecciones.

En fin, las sentencias 155 y 156 que quita las competencias parlamentarias a la Asamblea Nacional, sin la menor duda, dejan sin Estado de Derecho a los venezolanos e implica un desconocimiento a la voluntad popular que eligió el 6 de diciembre a este cuerpo deliberativo. Esta decisión puede ser conceptualizada como un golpe contra la institución parlamentaria y la constitución de la república. Tal como lo señaló el abogado Alberto Arteaga Sánchez “la Sala Constitucional no puede atribuirse las funciones del Parlamento ni constituirse como un poder supremo”. Es en este sentido que lo diferenciamos con los tradicionales golpes de estados del pasado.

Hay un punto que parece necesario subrayar. La tradición e historia democrática venezolana se puso en evidencia en los últimos acontecimientos acaecidos en la Organización de Estado Americanos (OEA). Esta institución, a partir de una solicitud de su Secretario General, se encuentra debatiendo la necesidad de aplicar al gobierno de Maduro la denominada “Doctrina Betancourt”. ¿En qué consiste esta declaración de principios? En forma sencilla implica la suspensión de relaciones con gobiernos que llegasen al poder por vías no democráticas y su expulsión de la Organización de los Estados Americanos.

Así lo definía Rómulo Betancourt: “Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional”.

En el mismo contexto señalaba: “La no intervención no puede ser escudo bruñido detrás del cual se abroquelen y protejan los gobiernos dictatoriales, que son escarnio de un continente nacido para la libertad y los cuales constituyen focos permanentes de perturbación de la paz y seguridad de los regímenes democráticos.”

Resulta irónico que una doctrina, con el nombre de Rómulo Betancourt, castigue el carácter antidemocrático de este régimen y, eventualmente, promueva su expulsión de este organismo representativo de los países del continente americano.

Los contenidos de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, a mi juicio, marcan el agotamiento definitivo de este gobierno y, en consecuencia, abren las compuertas para un venidero tránsito político riesgoso, pero inevitable.

Sin la menor duda, la política es así.