Humberto
García Larralde
Luego de la contundente victoria de las fuerzas
democráticas en las elecciones para la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, el
año 2016 se inició augurando la apertura progresiva de mayores espacios de
libertad y de respeto a los derechos humanos. Con ello, se comenzaría a superar
la terrible situación arrojada sobre la población por las desacertadas políticas
del gobierno, con leyes que estimularían la actividad económica y
restablecerían la confianza. El hecho de que ello no haya ocurrido obliga a
indagar por qué. Ofrezco las siguientes líneas como enseñanzas de lo que, a mi
juicio, fue este Anno Horribilis.
1) El gobierno destapó su carácter no democrático, de
dictadura, al desconocer las potestades constitucionales de la Asamblea
Nacional valiéndose de un TSJ írrito, producto de designaciones fraudulentas de
la AN anterior, en manos chavistas. A ello se le suma la anulación del derecho a
revocar el primer mandatario, el presidio de más de un centenar de venezolanos
por razones políticas, la persecución de personeros de la oposición, la
negación de abrir canales humanitarios para traer medicamentos y muchos otros
atropellos a los derechos humanos, civiles y políticos consagrados en nuestra
Carta Magna. Es decir, no obstante su (cuestionada) legitimidad de origen,
estamos en presencia de un gobierno de facto, dictatorial, que opera al margen
de la Constitución.
2) Esta conducta obedece a la conformación de un Estado Patrimonialista en el cual se
disuelve la distinción entre la hacienda pública y el patrimonio privado de quienes
mandan. Éstos han terminado privatizando los bienes públicos para su usufructo
personal, ¡pero en nombre del socialismo! Central a ello ha sido la destrucción
del entramado mercantil para asignar recursos y satisfacer necesidades, el arrinconamiento
del sector privado y la destrucción del Estado de Derecho, y su reemplazo por
decisiones arbitrarias apoyadas en la fuerza del poder. Los controles de precio
y las regulaciones punitivas han representado una veta sumamente lucrativa para
el arbitraje (reventa de productos,
gasolina o dólares regulados, a precios muy superiores) y la extorsión por parte de funcionarios
militares y/o civiles con incumbencia al respecto en virtud de las normas interventoras
implantadas. Ello se ha afianzado con la impunidad, la ausencia de
transparencia y la no rendición de cuentas, así como con la complicidad desde
las altas esferas del poder. Así lo atestigua la defensa inmediata e irreflexiva
de aquellos acusados de narcotráfico, lavado de dinero y de otras marramucias.
3) Como resultado, se viene consolidando una nueva
oligarquía militar-civil que expolia la
riqueza social, encubierta en una retórica “revolucionaria” que la proyecta
como defensora del “pueblo”. Se inventan enemigos incursos en perversas
conspiraciones contra la “revolución” para echarles la culpa de los desmanes
causados por su negativa a enmendar políticas, su incompetencia y por la desidia
en el manejo de la cosa pública, así como por la corrupción y el robo de los dineros
públicos. En esta visión maniquea de patriotas y revolucionarios contra todo
aquel que discrepe de la “buena nueva”, el gobierno concibe la acción política
como una guerra. No se procura labrar los consensos requeridos para darle piso
a sus iniciativas de política, ni se buscan acuerdos con fuerzas opositoras para
tales fines. Al no reconocer la legitimidad del adversario político desaparece
la política propiamente dicha y se sustituye por la confrontación en contra de
aquél, a veces violenta, incitada por insultos y prédicas de odio desde el
poder. Se acentuó la naturaleza fascista del régimen pero amparada en simbolismos
propios de la retórica comunista. Se dependió cada vez más de los militares y
del terrorismo de Estado contra figuras opositoras para mantenerse en el poder.
4)
La conducta de esta oligarquía trasladó
la dinámica política y el acontecer económico al mundo de lo irracional. Su ideología
ya no pretendió conquistar más adeptos a sus políticas en competencia con otras
representaciones de la realidad, sino galvanizar a sus partidarios con toda
suerte de disparates en preparación de una confrontación final que liquide a
las fuerzas democráticas. Se alimentaron fanatismos para forjar un espíritu de
secta dispuesta a defenderse, con cualquier medio a su disposición, contra lo que
le ha sido señalado como amenaza. Con tal blindaje ideológico se han amparado desde
las filas oficialistas niveles inusitados de crueldad y de agresión contra los
venezolanos. La insania en que ha caído el régimen encuentra expresión en la bochornosa
denuncia del ministro Reverol de que se habían acaparado en galpones suizos y
de otros países europeos los billetes de Bs. 100 para atentar contra la
“revolución” (¡!)[1].
El hecho de que el responsable de asesinar a mansalva a venezolanos humildes
-delincuentes e inocentes- bajo el manto de los Operativos de Liberación (¿Liquidación?) del Pueblo (OLP) -otrora comandante de la Guardia Nacional señalado
por la DEA de estar incurso en tráfico de drogas- acuse a la “ultra-derecha” de
estar detrás de esta presunta conspiración da una idea de cómo la ideología
permite bañar a cualquier gorila de “virtudes izquierdosas”. El país,
definitivamente, ha sido puesto de cabeza.
5) Muchos de los dirigentes de la MUD han evidenciado no entender
a cabalidad a qué nos estamos enfrentando. Los reflejos condicionados adquiridos
por los más veteranos en otra época y las ilusiones de los nuevos, los llevaron
a confiar en que Maduro respetaría el juego democrático. Quienes se sentaron a
dialogar bajo auspicios del Vaticano con representantes del neofascismo pensando
en que la perentoria necesidad de encontrarle salidas a una crisis que ha causado
tanto sufrimiento llevaría a acordar metas mutuamente compartidas, han tenido
que despertar a la desagradable realidad de que éstos no respetan reglas de
juego alguno: no les interesa la suerte de los venezolanos, sólo su permanencia
en el poder para seguir esquilmando a la Nación. Se ha puesto fehacientemente de
manifiesto que lo único que hará retroceder al fascismo es una demostración
contundente de fuerzas. ¡Y los venezolanos favorables al cambio tenemos esa
fuerza! Constituimos más del 80% de la población, nos ampara el orden
constitucional vigente y contamos con el apoyo internacional. Es de presumir,
también, que esta disposición abrumadora por el cambio sea compartida por el
grueso de la Fuerza Armada, que no está conformada por marcianos ajenos a la suerte
de su país. Es cierto que Maduro ha hecho todo lo posible por corromper a los estamentos
de mando para hacerlos cómplices del régimen de expoliación instaurado, pero es
dudoso que ello haya comprometido a cal y canto el respaldo mayoritario de la
fuerza.
6) El desafío que enfrenta la dirigencia democrática en
2017 es cómo conjugar estas distintas manifestaciones de fuerza para lograr un
pronunciamiento decisivo de los militares -único punto de apoyo que le queda al
régimen- a favor de la restitución del orden constitucional. Se trata de activar
a las mayorías a través de movilizaciones, protestas y la concertación de
apoyos internacionales en torno a un programa democrático, que incite la
aparición de ese “Larrazábal II” al que se refirió el Padre Ugalde. En ello
tiene papel central la definición de un proyecto país alternativo al desastre
actual que, por su coherencia, convicción y claridad de propósitos, no deje
lugar a dudas sobre la capacidad y determinación de rescatar a Venezuela de
manos de las mafias que hoy la asfixian, y de enrumbar al país a un futuro posible
de crecientes niveles de bienestar. Si bien la confección de un programa
económico para la transición, actualmente en discusión, es importante, ello
dependerá primordialmente de un liderazgo político valiente, inteligente y
comprometido.
¿Qué reacomodos se requieren para que las fuerzas democráticas logren
el éxito que todos deseamos?
[1] www.lapatilla.com/site/2016/
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