Simón García
Tiene que haber alguna razón
poderosa para que un político responsable y tan apegado al sentido de justicia,
como Julio Borges, haya formulado como su promesa gruesa e inmediata, la
declaratoria del abandono del cargo por parte de Maduro.
Es difícil disentir de la
iniciativa por las desastrosas consecuencias de la gestión presidencial para la
economía y la democracia y ante la angustiosa situación de vida de todos los
venezolanos. Ella va a recibir una alta aceptación pública porque los
venezolanos no quieren a Maduro en el mando.
Hay que ser cuidadosos con la crítica porque al poder le resulta tan ajena que cualquier desacuerdo en el seno de la oposición siempre será aprovechado por unos gobernantes que envilecen todo lo que tocan. El engranaje de manipulaciones del régimen se propone descomponer a la MUD y presentarla como dividida. La pluralidad será tratada como una anomalía y traducida en su mentira por el neolenguaje al que siempre acuden los totalitarismos.
Pero en este caso se trata de
la opinión de un ciudadano, de un acto personal de conciencia y no de la
posición de una colectividad o de una organización. Esta singularidad me anima
a señalar públicamente por qué no apoyo, esta vez, una propuesta que aun
desconozco si proviene de la MUD o si es de la autoría del respetable
Presidente de la Asamblea Nacional. Un amigo.
La fuerza de la tesis es que
expresa el deseo de la mayoría, de una manera tan contundente que logra pasar
por alto la evidencia real de que Maduro está físicamente en la sede del poder,
ejerciendo cotidianamente sus funciones, tratado como Presidente por la
mayoría de las instituciones del Estado y por las Fuerza Armada. Es un
Presidente con un ejercicio contrario a los intereses del país, pero que aún
conserva tras de si al Estado y algo menos de un 20% de los venezolanos.
No ignoro que se trata de un
asunto político y no jurídico. Pero aún así, el éxito del combate a una
dictadura requiere no perder la razón democrática y constitucional. El abandono
del cargo de un Presidente, el último caso fue el del dictador Pérez Jiménez,
supone una verificable dejación. La figura aparece en la Constitución como una
de las formas de la ausencia absoluta. Y ausencia, según el lugar común,
significa estar fuera de un lugar o de unas funciones.
Algunos interpretan el texto
constitucional de un modo que bordea las prácticas del poder actual, lo cual
debilita la condición alternativa exigible a la oposición. La significación
práctica es que se está sustituyendo el debate sobre la colocación fuera de la
Constitución del Presidente, de la Sala Constitucional y del CSE por una
polémica sobre si Maduro ejerce o no el cargo. Tanto lo ejerce que viola
sistemáticamente a la Constitución y junto con los poderes colonizados impidió
con una marramucia el RR y se niega a realizar la elección de gobernadores,
evento que nos haría avanzar en los cambios institucionales y proporcionaría
una decisiva a las fuerzas de oposición.
La declaratoria, en las
condiciones actuales, es una muestra del radicalismo malo, aquel que no
contempla las condiciones para hacer efectiva la decisión, aquel que provoca
repolarización inmediata y que no procura motivar al país para la formación de
un nuevo consenso sobre la transición y para construir condiciones que
permitan, negociación entre las partes de por medio, crear un gobierno de Unidad
Nacional.
A los amigos que van a
preguntarme, con provocación que comprendo, si quiero mantener a
Maduro, les respondo que no voy a seguir girando la tuerca al revés. Por eso y
porque la política no puede ser ilusoria, no puedo acompañar esta jugada.
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